El coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo» (CSMM), Pablo de la Vega, aseguró que, aunque aún tienen un escenario “doméstico”, llevarán los casos de violación a los derechos fundamentales ante el Sistema Interamericano de Justicia
Este sábado 12 de octubre se cumplen diez días de protestas masivas ininterrumpidas en Ecuador. La chispa de las manifestaciones, como en otros países de América Latina donde se han producido fenómenos similares, fue el incremento del precio de la gasolina, que se traduce en alzas de los costos del pasaje y el transporte en general, lo que contribuye a la carestía de productos y servicios.
El estallido de las manifestaciones, de las que han participado los movimientos sociales y, especialmente, los indígenas del Ecuador, se produjo en el marco de la aplicación de un conjunto de ajustes económicos que el gobierno del presidente Lenín Moreno a partir de un préstamo por 10 mil 200 millones de dólares acordado con el Fondo Monetario Internacional en marzo del presenta año.
En opinión de Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación de DDHH «Segundo Montes Mozo» en Ecuador, las medidas han causado un fuerte impacto para los derechos económicos, sociales y culturales de la población y esto fue lo que propició el estallido de las protestas.
Ése es el contexto de las actuales movilizaciones que ha generado una respuesta masiva sobre todo del movimiento sindical, ciudadanía en general y pueblos indígenas del Ecuador. El Estado además, percibiendo como respuesta a las primeras movilizaciones sociales ha decretado un Estado de excepción que restringe una serie de derechos en el territorio nacional, circunstancia no muy aceptada por las organizaciones y activistas de los DDHH a pesar que la Corte Constitucional acaba de dar su visto nuevo, su aval, sobre ese decreto, que ha sido utilizado, sobre todo por parte de las Fuerzas Armadas para crear y contribuir a una fuerte tensión entre la población en general en medio de estas protestas ciudadanas”, explicó el activista de DDHH en entrevista exclusiva con la alianza TalCual-Provea.
Sostiene de la Vega que se pueden identificar cuatro grandes segmentos donde la población ha visto vulnerados sus derechos. “Primero el ambiente de represión y abuso de autoridad. (Ha habido) Innumerables casos de represión brutal por parte de la Policía Nacional en todo el territorio nacional, no solo en las urbes sino también en las carreteras y zonas rurales desde donde la población ha salido en caminatas largas hasta la ciudad de Quito y hasta las grandes ciudades y capitales provinciales. Innumerables casos que han sido reportados por las organizaciones de DDHH en relación a un abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza”.
Como segundo segmento señaló la violación a la libertad personal. “Este es un momento en que manifestantes y presuntos vándalos habrían cometido presuntos delitos contra la propiedad privada, pero hay un hilo muy delgado que resulta bastante difícil de identificar. Hemos visto en medios de comunicación intentos de saqueos, pero la fuerza policial ha reprimido tan duramente que en este momento las cifras oficiales arrojan el número de 676 personas detenidas, probablemente son muchas más».
Considera el activista que la situación se torna muy compleja sobre todo para el acceso de las personas a las garantías que establece la propia Constitución ofrece. “Esto es, garantías mínimas para el debido proceso, el acceso a justicia y (saber) cómo el sistema de administración de justicia está procesando estos casos supuestamente en flagrancia. Allí hay un cuello de botella que el sistema de administración de justicia tiene que ir resolviendo”, advirtió.
El tercer segmento que identifica lo constituyen las agresiones a periodistas por parte de la fuerza pública, específicamente de la Policía Nacional. De la Vega indicó que existen casos de periodistas y camarógrafos que han sido agredidos salvajemente y de manera impune por las fuerzas policiales, y que el gobierno ante las evidencias ha anunciado que habrá investigaciones. “Estos casos han sido cometidos y no hay una respuesta sobre si en este marco de estado de excepción habrá un tipo de investigación para las sanciones correspondientes” apuntó.
Sobre el último segmento, manifestó su preocupación por la militarización a territorios indígenas. “El mismo Estado de excepción ha abierto las puertas para que los territorios indígenas sean militarizados, situación que ha contribuido a agudizar las tensiones entre los movimientos sociales y la fuerza pública y las autoridades del Estado. Ahora mismo en la ciudad de Quito, han llegado a miles y miles de indígenas que pertenecen a organizaciones de base y que están articuladas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. En este momento están alojados en algunas universidades que han prestado sus instalaciones, pero se registran fuertes enfrentamientos en los edificios, y zonas aledañas a edificios públicos. La Asamblea Nacional, la contraloría general del Estado y enfrentamientos muy fuertes en zonas cercanas al Palacio Nacional”, detalló.
Pablo de la Vega expresó que los pronunciamientos que ha emitido Lenín Moreno desde que mudó la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil reflejan una gestión un tanto desconcertada frente al movimiento social e indígena que está desarrollando las protestas.
-¿Cuál es la labor que están haciendo los activistas de DDHH en este momento? ¿Están recopilando toda la información? ¿Qué acciones que deben tomar?
-Los defensores de DDHH están abocados a procesar la información de manera directa en el terreno acompañando a las organizaciones, a dirigentes sometidos a las mismas vulnerabilidades y riesgos. El Estado ecuatoriano ha cifrado en un número de 80- 87 los policías heridos pero no dice absolutamente nada sobre casos de extrema gravedad de civiles heridos y fallecidos durante la represión. Hay un ocultamiento de cifras reales sobre esos hechos. Los defensores de DDHH están tratando de tener acceso al sistema de administración de justicia y patrocinar casos en defensa de estas centenas de personas privadas de libertad.
“Este momento es de mucha tensión y lo que se pretende básicamente es encontrar un camino a un potencial diálogo entre las fuerzas sociales y las autoridades gubernamentales, circunstancia que es bastante compleja dada a la radicalización de posturas y las declaraciones inclusive del ministro de Defensa Nacional que ha mostrado un corte más bien militarista frente a las movilizaciones y protestas ciudadanas”, expresó de la Vega.
-¿Tienen cifras sobre detenciones y fallecidos?
– Aunque debemos ratificar que no hay acceso a cifras oficiales y probablemente el número de víctimas entre población civil y movimientos sociales es considerable, por lo menos se habla de cinco fallecidos, cuatro identificados y uno sin identificar, y decenas de heridos. Desafortunadamente no hay cifras oficiales. 676 detenidos es la cifra oficial.
-¿Esa cifra la da el gobierno?
-Las da el ministerio de gobierno. Probablemente sea mayor la cifra, no hay acceso a cifras alternativas. Las organizaciones de DDHH estamos tratando de cruzar las cifras disponibles, pero no ha sido posible. Probablemente esa cifra crecerá mucho más.
-¿Estamos ante qué situación? ¿Qué procede legalmente?
-En este momento tenemos pronunciamientos de la Comisión Interamericana de DDHH. Se ha pronunciado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH para el tema de los periodistas heridos, el relator para la libertad de expresión de la CIDH así lo ha informado. Todavía en este momento tenemos un escenario de carácter doméstico con posibilidad de llevar algunos casos para empezar, al Sistema Interamericano de DDHH. Desafortunadamente este modelo de represión ha sido una práctica tradicional a lo largo de los últimos años que lamentablemente se ha agudizado a raíz de esta incapacidad del actual gobierno para enfrentar esta crisis.
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Alianza Tal Cual-Provea
