Prensa PROVEA (CC) | No son hechos aislados, hay una política sistemática de represión. Eso fue lo que denunció el pasado 20 de septiembre la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, la Misión de la ONU sobre Venezuela, en la presentación a la prensa internacional de su 4.º informe sobre la grave situación de los derechos humanos que comete el gobierno de Nicolás Maduro en el país.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, detalló que documentaron 43 nuevos casos de violaciones a los derechos humanos, afectando a 72 personas individualmente. Al menos 58 personas fueron detenidas arbitrariamente por Nicolás Maduro: sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), opositores y personas percibidas como críticas fueron las principales víctimas.
La Misión también denunció que, como consecuencia, los pilares fundamentales del espacio cívico y democrático de Venezuela han sido gravemente restringidos gracias a una cultura de miedo, desconfianza y autocensura y las tácticas de represión implementadas.
El modelo represivo fue descrito con mecanismos de represión “duros y blandos” desplegados en el país a través de privaciones arbitrarias de la vida (ejecuciones), detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles que el Estado puede activar o desactivar en cualquier momento, a voluntad de acuerdo a la naturaleza y fortaleza de la disidencia del momento.
La Misión también concluyó que tras la “disolución” por presión internacional de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se creó la “nueva” Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, la continuación de facto de las FAES. Un cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos, con 10 puestos de mando ocupados por antiguos altos cargos de la extinta FAES y señalados de crímenes de lesa humanidad.
Desde PROVEA conversamos con Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, sobre este nuevo informe de las políticas lesivas del Estado a la dignidad humana, la colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, las cadenas de mando, el papel de las instituciones del Estado y más.
El informe detalla una serie de denuncias, desde la descripción del modelo represivo del Estado hasta casos recrudecientes como los ataques a las organizaciones, sindicalistas y sociedad civil de Venezuela, ¿para ustedes qué es lo más grave de todo lo documentado?
Lo más grave es que el aparato opresivo del Estado siga operando y se va adaptando a las diferentes formas de ejercicio de la disidencia o de crítica al Gobierno para encontrar manera de anularlas.
Los diferentes mecanismos de represión utilizados por el Estado y documentados en nuestro informe son todos graves porque se complementan, están a la disposición del Estado y van siendo utilizadas por éste en la medida en que estime necesario.
Su trabajo de denuncia ha sido alentado por diferentes organizaciones, entre ellas PROVEA, por lograr un efecto inhibidor en las masivas violaciones de derechos humanos en el país, pero estas violaciones se han ajustado a un modelo selectivo contra voces disidentes, ¿cómo ven la evolución de estas tácticas ante un panorama electoral y de impunidad interna?
El hecho de que las detenciones arbitrarias, a veces acompañadas de desaparición forzada de corta duración y de actos de tortura u otros malos tratos, incluida la violencia sexual y de género, siguen siendo utilizadas de modo más selectivo contra voces disidentes, es muy preocupante porque constituyen además una amenaza muy real a cualquier persona que se atreva a manifestarse públicamente o expresar sus opiniones contrarias al Gobierno.
La impunidad persistente por este tipo de actos, así como por las privaciones arbitrarias de la vida que ocurrieron en contra de manifestantes en el pasado, agravan el temor de las personas a participar de manera pública en actos que puedan ser vistos como críticos del Gobierno. Esto coarta la posibilidad de que las personas participen de forma libre y segura en el debate público que debería existir en cualquier sociedad democrática y pluralista.
Toda esta documentación demuestra un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en Venezuela a manos del Estado, ¿cómo se encuentra su colaboración con la oficina del Alto Comisionado y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional?
La Misión sigue dispuesta a compartir información con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional conforme al acuerdo de cooperación realizado entre la Corte y las Naciones Unidas, y de acuerdo con el consentimiento que la Misión recibió de sus fuentes para que la información que nos proporcionaron pudiese ser compartida con la Corte.
Por otra parte, por el momento y desde la creación de la Misión, no hay intercambio de información sustantiva entre la Misión y la Oficina del Alto Comisionado, de modo a preservar la separación entre ellas.
Ustedes han señalado a las cadenas de mando de las FAES y DAET como responsables de graves violaciones ¿será posible que veamos una nueva identificación de otros presuntos responsables en las cadenas de mando en próximos informes?
La Misión seguirá realizando sus investigaciones sobre las estructuras del Estado que la Misión tiene motivos razonables para creer han estado involucradas en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales y, siempre que la información obtenida lo permita, identificará a personas dentro de dichas estructuras que han contribuido a esas violaciones y delitos.
Esta es una parte fundamental para la Misión en cumplimiento de su mandato de contribuir a procesos de rendición de cuentas, incluyendo la investigación y enjuiciamiento de los autores mediatos y materiales de los delitos.
En su extenso informe se detalla la inacción entre los poderes públicos como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo frente a los abusos, ¿qué significa esto para las víctimas de violaciones? ¿cuál es el impacto en el derecho a la justicia?
Instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo tienen un rol constitucional de garantía de los derechos fundamentales y están obligados, además, como instituciones del Estado, a actuar con la debida diligencia en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Venezuela.
Cuando no cumplen con su mandato y sus obligaciones dejan a las víctimas en una situación de vulnerabilidad y desprotección. Además, hacen que el Estado incurra en responsabilidad estatal. Las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen un derecho reconocido internacionalmente a un acceso efectivo a la justicia.
La situación de DDHH en Venezuela continúa deteriorándose, para muestra todo lo que han documentado y denunciado, ¿qué le dicen a una comunidad internacional que cada vez parece estar desviando su mirada a otros conflictos?
Es fundamental que la comunidad internacional mantenga su escrutinio sobre la situación de derechos humanos y que su actuación con relación a Venezuela esté informada por la documentación rigurosa y completa de los avances y retrocesos en el respeto de los derechos humanos en el país.
También es muy importante que la comunidad internacional siga apoyando a la sociedad civil y a las víctimas dentro de Venezuela.
¿Desde la Misión tienen algún enfoque a destacar para los próximos informes?
Estaremos prestando mucha atención al uso de los mecanismos de represión del Estado tal como fue documentado por la Misión en su informe de este año y en los anteriores, sobre todo a medida que se acerquen las elecciones presidenciales previstas para 2024.
Continuaremos también nuestras investigaciones sobre las estructuras del Estado involucradas en la comisión de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, sus cadenas de mando y responsabilidades asociadas.
¿Qué relación ven ustedes con la vulneración generalizada de derechos civiles y políticos y su conexión con los derechos sociales, económicos y culturales de los venezolanos?
Los casos documentados por la Misión en todos sus informes demuestran de forma muy evidente que la vulneración de derechos civiles y políticos que la Misión ha venido documentando está, en muchos casos, intrínsecamente vinculada a reclamos por la vulneración de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de los y las venezolanas.
Muchas de las personas que fueron detenidas arbitrariamente, sujetas a malos tratos, u otras que fueron vigiladas y acosadas, acusadas de forma infundada en medios de comunicación o sujetas a procesos judiciales arbitrarios plagados de violaciones al debido proceso; estaban reclamando por los derechos sociales, económicos y ambientales del pueblo venezolano, incluso por el derecho a la salud, el derecho a un ambiente limpio y sano, a la alimentación y al acceso a medios necesarios para una vida digna.
Último comentario, su aporte a la lucha por la justicia y la verdad es y será invaluable, quedará en la historia de Venezuela y las víctimas, ¿cómo se sienten con todo este proceso?
Nuestro móvil al hacer este trabajo es que contribuya a un proceso genuino de rendición de cuentas, de cambio de prácticas y al cese de las violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, de lograr una justicia efectiva para las víctimas, incluso a través de asistencia y reparaciones integrales.
Nuestro deseo es que todas las víctimas, así como todos y todas las defensoras de derechos humanos puedan continuar su proceso de lucha por la verdad y justicia.
Prensa PROVEA (CC)
