La internacionalista María Alejandra Aristeguieta, indicó que, por ser elaborado por expertos independientes el documento tiene un peso enorme y propiciará dinámicas como las que sugirió el secretario general Antonio Guterres, quien exhortó a Nicolás Maduro y su gobierno a tomar el informe muy en serio
El pasado 16 de septiembre, la Misión Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer su informe sobre la violación de DDHH en Venezuela, con el que calificó los abusos cometidos como delitos de lesa humanidad y señaló la responsabilidad de Nicolás Maduro y dos de sus ministros, Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, siendo la primera vez que esto sucede con respecto al país y que abre así la posibilidad de procedimientos penales.
El informe es producto de un año de investigación por parte de los integrantes de la Misión, quienes lograron recabar testimonios de víctimas y funcionarios, que sustentan el documento de más de 500 páginas que puede determinar el inicio de una investigación penal a nivel internacional. .
La internacionalista María Alejandra Aristeguieta, aseguró que el documento tiene tal contundencia que abre el camino para que se asegure llevar a la justicia a los responsables de los hechos.
“El documento es contundente y además lo elaboraron Expertos en derecho penal internacional, o sea que se aseguraron de que tenga los elementos claves para que se inicien procedimientos de cara a la CPI. Ahora queda de los Estados presentarlo, como se hizo con el informe de la OEA”, expresó María Alejandra Aristeguieta.
Se cumplió con objetivo de fijar responsabilidades
-Generalmente los informes sobre DDHH establecen responsabilidades contra los Estados, pero en esta ocasión se personalizó la responsabilidad en la comisión de los delitos. ¿Cuál es la trascendencia de esta característica del informe?
-La trascendencia radica en que se le pidió expresamente a los Expertos que establecieran esas responsabilidades personales para poderlos llevar a la justicia: asegurar la plena rendición de cuentas de los perpetradores. Para lograr eso, hay que señalarlos con nombre y apellido. Ahora se abren dos vías, la jurídica, a través de la Corte Penal Internacional o la Justicia Universal, en los países donde aplique, y la política.
#FFMVenezuela encontró motivos razonables para creer que las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas planificaron y ejecutaron graves violaciones y crímenes. Algunas conductas constituyen crímenes de lesa humanidad.
Informe: https://t.co/DZHUOkMpNN#
DerechosHumanos https://t.co/ykmHg13Y5M — HRC SECRETARIAT (@UN_HRC) September 16, 2020
-¿Qué incidencia dentro de la ONU puede tener el informe? Muchas veces se ha hablado de la posibilidad de activar mecanismos como el R2P, pero el escollo es el poder de veto de Rusia. ¿Qué puede hacer el organismo a partir de la presentación de este informe?
En el sistema de Naciones Unidas, un informe de Expertos Independientes tiene un peso enorme, por su trayectoria, credibilidad y reputación, lo que digan los Expertos son palabras mayores. Pero estamos claros que las víctimas y la realidad no necesariamente van a movilizar dinámicas meramente ideológicas y políticas. Antes de entrar en esas dinámicas “suma-cero” se deben abrir otras vías y tender puentes como el que propuso Guterres cuando dijo que tomaran muy en serio el informe. Hay muchos procesos de negociación que transcurren de manera silenciosa, y creo que por ahí debe ir nuestra estrategia.
Las dificultades que encontró la Misión
-¿Qué nos puede decir de la aprobación del informe? ¿Cómo se desarrolló el proceso?
-Este informe no necesita ser aprobado por los miembros. Más bien surge como consecuencia del agudo y creciente deterioro de la protección a los derechos humanos en Venezuela, y luego de constatar a través de varios informes hechos por la Secretaría, que se requería de un instrumento más robusto para avanzar.
“Para dar un poco de contexto –prosiguió María Alejandra Aristeguieta, el Grupo de Lima preparó una propuesta de resolución en la que se pedía al Consejo de DDHH que se estableciera una Comisión de Investigación. Esto se encontró con mucha resistencia de parte de los europeos (Grupo de Contacto de la Unión Europea), porque se interpreta como la instancia más elevada de investigación independiente y algunos aliados del madurismo querían dejar un espacio al entendimiento, lo que encontró a su vez, como es natural, mucha resistencia por parte del Grupo de Lima. En resumen, el juego se trancó, así que hubo que encontrar un espacio de compromiso por lo que me correspondió negociar con ambas partes para que prevaleciera un mandato sólido, que atendiera las necesidades de las víctimas a ser escuchadas y conseguir reparación, así se le diera un nombre distinto al instrumento que se creaba. Lo importante es el contenido, no el empaque”.
Mandato claro desde el comienzo
Detalló María Alejandra Aristeguieta que el mandato que se aprobó por los Estados miembros del Consejo de DDHH fue la actuación por un año de una misión internacional independiente de determinación de los hechos, cuyos miembros serían designados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, y que se envíe urgentemente esa Misión a Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
El objetivo de esa investigación, que también figura en el mandato, era asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.
“Se le solicita a la misión que presente un informe con sus conclusiones al Consejo de DDHH al año siguiente. Y ese informe es el que estamos viendo hoy, y será presentado formalmente el día 23. Luego de presentarlo habrá un ‘dialogo interactivo’ de los estados Miembros del Consejo y la Sociedad Civil, con los Expertos”, detalló la internacionalista.
Informe proviene del más alto nivel
-Ya la Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet había asegurado en un informe que en Venezuela existía la violación sistemática de DDHH. ¿En qué cambia que el informe de la Comisión califique estas violaciones como delitos de lesa humanidad?
-Hay muchas diferencias entre los informes que ha presentado el antiguo Alto Comisionado Zeid, o la actual Alta Comisionada, Bachelet y este informe independiente. Lo primero es el nivel. No es lo mismo que lo haga la Secretaría, que, si bien trabajan en estos temas, debe atender una multiplicidad de áreas que a que se designe un instrumento específico que con la designación de expertos internacionales de probada reputación y trayectoria. Hablamos del más alto nivel.
“Luego, los informes de los Altos Comisionados revisaron y documentaron periodos específicos, cortos: por ejemplo, el primero que se hizo, sobre las protestas del 2017, lo hicieron durante unos tres meses y recolectaron toda la información posible sobre ese momento histórico. Lo mismo cuando fue la Alta Comisionada Bachelet a Caracas el año pasado, su equipo se quedó por unas semanas para poder recolectar y documentar casos”, detalló la experta.
Cuatro áreas de investigación
Añadió María Alejandra Aristeguieta que, al contrario que la labor de la Alta Comisionada, esta Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos está investigando un periodo muy largo, que va desde el 2014 en adelante, y sobre las cuatro grandes áreas señaladas. “Se trata de áreas, por cierto, que ya se habían identificado justamente en los informes de la Secretaría como los más apremiantes. La Misión Independiente trabaja, además, con una metodología específica, reconocida internacionalmente, con apoyos y recursos con los que normalmente no contaría la Secretaría de la Oficina de la Alta Comisionada”.
Resaltó que la Misión Independiente, gracias a la documentación previa, tuvo acceso a la fuente primaria, es decir a las víctimas, familiares y testigos, e incluso a perpetradores o representantes de las fuerzas de seguridad del Estado. “Lo más importante, es que hay un objetivo claro que se busca con los resultados de este informe y es establecer los hechos con miras a identificar si se han cometido crímenes y asegurar el establecimiento de las responsabilidades penales y la justicia para las víctimas.”
Salida política menos costosa
-El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a tomar en serio el informe. En su opinión ¿qué acciones debería tomar la administración de Nicolás Maduro que se traduzcan en que está tomando en serio el informe?
-Efectivamente, puede tomar muchas acciones, pero la más corta y menos costosa para él y sus, ya lo podemos decir con propiedad, secuaces, es buscar una salida, es aceptar un proceso electoral general con condiciones y observación internacional.
-¿Qué perspectivas se abren para el caso venezolano luego de la presentación de ese informe? ¿Puede citar algunos casos de otros presidentes y ministros que hayan sido calificados como se hizo con Nicolás Maduro, Néstor Reverol y Vladimir Padrino?
-Casos de personas especificas no, porque no he leído con detenimiento otros informes de otros países, pero sí puedo decir que se han llevado a cabo Misiones de Determinación de Hechos en Myanmar, en Yemen, en la República Democrática del Congo, en Sudan del Sur, en Libia, en Siria, en Irak, … esa es la deplorable compañía en la que estamos y todos sabemos quien es Bashar Al Asad o Muamar El Gadafi.
Nueva vía jurídica internacional
-Conocemos de sectores de la oposición que consideran que el informe no fue lo suficientemente fuerte. ¿Cuál es su apreciación sobre el mismo?
-No entiendo cómo puede no ser suficientemente fuerte cuando los Expertos expresan que se deben establecer responsabilidades penales individuales, nombra a perpetradores de crímenes, pide a los Estados de la Comunidad Internacional que se lleve el informe a la CPI y exigen a Maduro que pare inmediatamente de cometer tales violaciones a los derechos humanos, que, en suma, por su patrón sistemático y generalizado, evidencian crímenes de lesa humanidad.
“Esto abre una nueva vía jurídica universal, que ya no son las ONG venezolanas, ni es un organismo regional como la OEA, sino el propio sistema de Naciones Unidas el que está dando la pauta”, acotó María Alejandra Aristeguieta.
Para finalizar, la internacionalista resaltó la labor de años por parte de la Sociedad Civil, que calificó de encomiable. “Muchos, trabajando con las uñas y en medio de las condiciones más adversas, han continuado defendiendo, apoyando a los afectados, y documentando los casos, pero lo que más me conmueve es la valentía de las víctimas, que contra viento y marea han seguido luchando por que haya justicia. A pesar del desamparo y la persecución, ellas perseveran en dar su testimonio. Todo mi reconocimiento para ellas y mi gratitud con todos, porque con ese país es con el que me identifico, y el que quiero reconstruir”.
