El vocero del partido Unamos Héctor Mairena califica de farsa las elecciones convocadas para el 7 de noviembre en el país centroamericano y describe la situación social y política, que atribuye a la vocación totalitaria del presidente sandinista
El domingo 7 de noviembre y en medio de un profundo conflicto social y político, Nicaragua tiene previsto un proceso electoral para escoger los cargos de Presidente, 92 diputados a la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Centroamericano.
Más de seis millones de nicaragüenses tienen la posibilidad de votar, pero el proceso hacia los comicios ha sido fuertemente cuestionado por la comunidad internacional, países de la Unión Europea, EEUU y organismos como la Organización de Estados Americanos, por las acciones llevadas a cabo por parte del presidente Daniel Ortega, quien busca la reelección.
A partir de las protestas realizadas en 2018, el gobierno de Ortega ha ejercido una fuerte represión sobre la población y la dirigencia política opositora, ha encarcelado a siete aspirantes opositores a la presidencia: Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre e ilegalizado partidos políticos de oposición.
De igual manera se han cerrado medios de comunicación independientes del Estado y perseguido dirigentes gremiales y sindicales, por lo cual, la dirigencia opositora ha manifestado que los comicios constituirán un gran fraude electoral para otorgar la reelección a Daniel Ortega.
Héctor Mairena es vocero del partido Unión Democracia Renovadora (Unamos), que hasta 2020 se conoció como el partido Movimiento Renovador Sandinista y es una de las principales organizaciones de la oposición, que forma parte de la Coalición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Él asegura que las elecciones constituyen una farsa, aboga por una acción más contundente por parte de la comunidad internacional frente a las acciones del mandatario de Nicaragua y resalta que una eventual aplicación de la Carta Democrática de la OEA tendría unos efectos demoledores sobre el régimen de Ortega.
Nicaragua sufre una represión total, asegura Héctor Mairena
“Hay un estado de sitio de facto, la dictadura de los Ortega Morillo es un régimen totalitario, nos referimos a que controla todos los poderes del Estado y a través de ellos han instalado un Estado de sitio de facto en el que la Policía se ha convertido en el principal instrumento represión, mientras el Ejecutivo ejerce el control de la AN, y del Poder Judicial, lo que hace que la población sufra una represión total”, expresa Héctor Mairena, quien advierte que en ese contexto es sumamente difícil realizar unas elecciones justas.
Recordó que la oposición planteó desde mayo del presente año que las elecciones del 7 de noviembre fueran una oportunidad para conquistar la democracia, si se dieran condiciones que llaman “habilitantes”, entre las que señalan el cese de la represión, la restitución de las libertades y también unas reformas electorales mínimas que permitan una competencia transparente, pero nada de eso se ha dado.
Añade que la demanda de los sectores opositores es que sean liberados los presos políticos y se realicen unas elecciones libres, pero lo que va a resultar de la farsa que no tiene ninguna legitimidad.
—¿Por qué se dice que en Nicaragua se avanza hacia fraude masivo?
—Por disposición constitucional, en Nicaragua toca hacer elecciones el primer domingo de noviembre de este año, pero desde 2018 Nicaragua vive una profunda crisis política, como resultado de una represión criminalizada que la dictadura de Ortega desató ante una rebelión cívica ciudadana que se activó en abril de ese año y que llevó a contar más 350 asesinados, comprobado por organismos de DDHH, particularmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que la Comisión de Expertos Independientes que llegó al país ese mismo año señaló que el gobierno de Ortega cometió crímenes lesa humanidad.
Al día de hoy han pasado por las cárceles de la dictadura más de 1.200 nicaragüenses, de acuerdo a cifras oficiales más conservadoras, y en este momento hay 150 presos políticos.
La represión ha provocado que se dé un exilio masivo atendiendo a las cifras de la población nicaragüense que ahora mismo y desde 2018 llega a más de 120 mil personas, que para una población de seis millones de habitantes que tiene Nicaragua es bastante.
La dictadura de los Ortega Morillo, a finales de mayo desató una escalada represiva, que lleva en estos momentos más de 150 presos políticos, entre ellos 39 líderes gremiales y empresariales, junto con dirigentes políticos, periodistas encarcelados entre finales de mayo y ayer (viernes 22 de octubre), se mantiene un Estado de sitio de facto; tres partidos políticos de la oposición fueron despojados de personalidad jurídica. El orteguismo aplicó normas electorales contrarias a lo que se le había solicitado y afianzó el control sobre la autoridad electoral. Todo eso da un carácter de farsa electoral al proceso de 7 de noviembre, es que ni siquiera llega a fraude.
—Reporteros Sin Fronteras asegura que se ha servido un cóctel de censura en Nicaragua ¿Cuál es la situación de los medios?
—Los medios independientes en Nicaragua han venido sufriendo, desde que se instaló el gobierno, distintas formas de represión. Ha sido una característica desde que está este gobierno la falta de acceso a la información en los entes del Estado, así como el impedimento a los medios y periodistas de acceder a las fuentes oficiales e incluso a eventos. Hay una falta de información a los medios, que es una manera de boicotear el trabajo, y en las protestas ciudadanas que se han venido dando, medios y periodistas independientes sufrieron agresiones físicas, así como daños a sus instrumentos de trabajo y vehículos de transporte.
La escalada a partir de mayo tiene como uno de sus propósitos callar las voces independientes, eso ha conllevado a que el número de periodistas exiliados ande por el centenar. En diciembre de 2018 dos destacados periodistas, de 100% noticias, fueron encarcelados por nueve meses, Miguel Mora, que en los últimos meses se metió en la política habiendo dejado jefatura de canal, ahora está preso.
Esta muestra de radicalización de represión contra los medios, hace 70 días las instalaciones del diario La Prensa, principal diario de Nicaragua, cerca de 90 años de fundado, fueron allanadas militarmente y sus gerentes están ahorita presos.
Sostiene Héctor Mairena que ante esta situación los medios independientes han tenido que optar las redes sociales para derrotar la censura, pero definitivamente dentro de Nicaragua no es posible ejercer la libertad de prensa.
“Ayer han sido impedidos de ingresar al país periodistas extranjeros que vienen a cubrir las llamadas elecciones”, indica.
—La OEA aprobó una resolución en la que pide la liberación de presos políticos y respetar los principios de la Carta Democrática
—OEA y UE han venido planteando la necesidad de realizar elecciones libres desde 2018 y han sido contundentes al rechazar las violaciones de DDHH en los últimos tres años; esto ha llevado a la Unión Europea a emitir cinco resoluciones con pronunciamientos categóricos del Servicio Exterior y del señor Josep Borrel, y que 14 funcionarios del régimen de Ortega y Rosario Murillo hayan sido sancionados. La OEA ha emitido distintas resoluciones y en junio 2019 en Asamblea General realizada en Bogotá resolvió solicitar un conjunto de condiciones para que las elecciones de noviembre fueren consideradas tales para que Ortega las impulsara, pero no lo hizo, hizo una reforma electoral contraria a lo que se demandaba.
Con esta actitud, desafiante hacia la comunidad internacional, ¿Qué importancia tiene la resolución del Consejo Permanente? Se mantiene un altísimo nivel de rechazo por parte de este foro a la dictadura, ningún país votó en contra de la resolución. El régimen de Ortega se ausentó de la sesión.
La OEA advierte que la resolución puede continuar con aplicar la Carta Democrática, recordemos que poco después de las elecciones, los días 10,11 y 12 se realizará una Asamblea General y se va a tomar alguna decisión.
—¿A qué podría conducir la aplicación de la Carta Democrática?
—Las sanciones que hasta ahora se han aplicado por parte de la Unión Europea, EEUU, Reino Unido y Suiza ha sido contra individuos, no contra el Estado, aunque también instituciones, como la policía orteguista y algunas instituciones financieras. ¿Qué puede resultar? El compromiso democrático en los Estados americanos está consignado en la suscripción de la Carta Democrática; obviamente regímenes como los de Venezuela y Nicaragua no lo cumplen. Por ello el foro americano tiene la potestad y facultad de excluir a un gobierno, o a un Estado, depende del artículo que se aplique, del sistema interamericano. Esto no exime al Estado de cumplir sus responsabilidades; es una censura del sistema interamericano.
Obviamente eso va a tener consecuencias en otros ámbitos, financieros, el de los beneficios del sistema interamericano y con la comunidad internacional, de la que demandamos una actitud más enérgica hacia el gobierno de Ortega. Es hora de hacer más.
—El secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó la Carta Interamericana en contra de Venezuela, pero la misma no se aplicó, ¿cuál cree que sea la diferencia para que se aplique en Nicaragua?
—Hay que recordar que el régimen de Nicolás Maduro sacó a Venezuela del sistema interamericano, es un camino que puede tomar también Ortega. Ya las relaciones están muy pobres, casi inexistentes, el gobierno siempre está cuestionando (la actuación de la OEA), pero son argumentos que no tienen ninguna validez, a estas alturas todos sabemos que el tema de los DDHH va más allá de las fronteras.
Lo central de todo esto es que Nicaragua no tiene posibilidad de sobrevivir como país con sus recursos naturales, entonces una exclusión del sistema interamericano tendría mayores repercusiones negativas de la que podría tener Venezuela y eso tiene consecuencias para la economía nicaragüense, sencillamente al abismo a donde nos habrá llevado Ortega.
Ayer fue capturado el presidente del principal organismo que aglutina a las cámaras empresariales, Michael Healy, el que representa a la empresa privada, un hombre que lo que ha hecho es su función gremial, también el presidente de la Federación de Ganaderos de Nicaragua. Ortega está intentando burlarse de la comunidad internacional. Por eso decimos que se necesitan acciones más contundentes, ya ha dicho no va a reconocer lo que resulte de la farsa electoral.
—Ya una vez Ortega accedió a avanzar hacia la democracia y eso llevó al triunfo de Violeta Chamorro ¿Qué cree que le impide ahora avanzar de nuevo en ese sentido?
—Ortega no es demócrata, no quiere recuperar la democracia. Él sabe que, con mínimas condiciones de movilización, ante cualquier candidato de la oposición unificada pierde cualquier evento electoral. Hace algunos días salió una encuesta seria, CID Gallup, que otorga 7% al Frente Sandinista y 19 % a Ortega y prácticamente cualquier candidato de la oposición lo derrotaría. Ortega lo ha sabido siempre, por eso encarceló a los siete precandidatos, despojó de personalidad jurídica a tres partidos políticos opositores que pudieran representar una oportunidad y encarceló a 40 líderes políticos, ¿qué le impide? Su vocación totalitaria, su naturaleza antidemocrática, pero eso va a tener sus costos, tarde o temprano, estoy seguro más temprano nicaragüenses van a tener la reivindicación de tener elecciones libres.
—Cuando la revolución sandinista llegó al poder derrocando la dictadura de Anastasio Somoza en 1979, lo hizo enfrentando un régimen totalitario y defendiendo la justicia social, ¿Cuál es su reflexión de que haya derivada en algo como el actual régimen de Ortega?
—El derrocamiento dictadura fue una gesta del pueblo nicaragüense y existió la oportunidad después del 79 de construir una Nicaragua próspera, integrada en el sistema de naciones democráticas, pero hubo una concatenación de factores y errores que cometió aquella acción revolucionaria que fue la de polarizar al país. Esa comisión revolucionaria colocó a Nicaragua en el tablero de la Guerra Frías tomando partida por los países liderados por la URSS, y esa radicalización y polarización innecesaria fue llevada al interior y desembocó en una guerra civil que desangró a Nicaragua y en la que se involucró la administración (del presidente de EEUU, Ronald) Reagan.
En 1990, en elecciones libres, el pueblo optó por la democracia y Ortega tiene ese trauma. Muchos de los que estuvimos en los 80 con la revolución aprendimos la lección de que no se puede hablar de justicia, de libertad, de beneficios sociales a la población si no hay democracia, y entonces, a partir de 1995, un grupo que provenía del Frente Sandinista propusimos una reflexión autocrítica sobre lo que había pasado y encontramos que la vocación autoritaria de Daniel Ortega se comenzaba a manifestar, nos separamos y es lo que ahora es el partido Democracia Renovadora
Hay que aprender del pasado, del anterior y del reciente, no creemos que pueda haber una reconstrucción de Nicaragua sin democracia y sin justicia. Ha habido impunidad y la misma ha sido caldo de cultivo para que existan nuevas dictaduras. Por eso defendemos una democracia con justicia
“El régimen de Daniel Ortega se presenta ante la opinión pública internacional como un régimen de izquierda, pero la verdad es que no tiene nada de izquierda, es una dictadura pura y dura”, puntualizó Héctor Mairena.
Alianza Provea-TalCual
