En Perú cuando se dice “Derechos Humanos” la primera persona que viene a la mente es Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), fundada en 1983. Soberón y Aprodeh tuvieron una actuación destacada en la resistencia democrática contra la dictadura fujimorista, denunciando los casos graves de violación de derechos humanos ante instancias internacionales. Con Soberón conversamos en Lima sobre la situación peruana en esos años oscuros, los paralelos con Venezuela y la situación de los migrantes que llegan al país.
– Fundas Aprodeh en 1983 y 7 años después deben enfrentar el fenómeno llamado Alberto Fujimori. ¿Cómo describes tu trabajo en ese tiempo?
– En primer lugar tenemos que decir que la estrategia antisubversiva del estado Peruano fue la misma de 1983, cuando los militares entraron a la región de Ayacucho, hasta que terminó el gobierno de Fujimori. Es decir la doctrina de la Seguridad Nacional, con todo lo que eso implicaba: Tierra arrasada, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Quizá el matiz que le dio Fujimori fue la sistematicidad y generalidad de los casos de violaciones a derechos humanos. Podemos decir que su régimen, sobre todo después del autogolpe de 1992, fue más de carácter selectivo y por eso fue que cobró tanta fuerza el Destacamento Colina, como grupo de inteligencia operativa del ejército, vinculado al Servicio de Inteligencia Nacional y por tanto a la cúpula de poder de ese entonces que eran Fujimori, el general Nicolás De Bari Hermosa, que era el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, y Montesinos como el jefe informal de inteligencia. Esa fue la variante. Por un lado se desarrollaron estos crímenes de lesa humanidad selectivos y por otro las detenciones arbitrarias, algunas injustas, acusaciones abusivas por parte de terrorismo a población civil. Fue en ese momento cuando encontramos la relación entre derechos humanos y democracia. El autogolpe marcó un hito: concentración de poder, avallasamiento del congreso, incluso con la popularidad que gozó Fujimori con el autogolpe, porque recién veníamos de la catástrofe de la hiperinflación del gobierno de Alna García, entonces todo lo que pudiera ser señal de autoridad era valorado y reconocido por la opinión pública. Fujimori implantó con toda fuerza la política del Consenso de Washington: privatizó, vendió y corrompió todo; desmanteló todo el aparato de los trabajadores estatales, se calcula que más de un millón de trabajadores fueron despedidos en esos años; Se introdujo la concepción de que para que un Estado fuera eficiente debería ser pequeño; Se abolió la bicameralidad; Se produjo la concentración de los medios de comunicación, el surgimiento la llamada prensa “chicha”, prensa amarilla que tenía 12 medios, que servían sobre todo para impactar en la opinión pública; el espionaje telefónico. Todo esto fue ayudando en nuestra maduración para la contextualización de las violaciones de DDHH ante los mecanismos internacionales, ante la Unión Europea (UE) y también ante la administración norteamericana y Canadá, aunque jugaran doble, porque supimos después que estaban en conocimiento de lo que hacían los aparatos de inteligencia. Además, en su política de lucha contra las drogas Montesinos fue su aliado. Por un lado eran receptivos a las críticas al Fujimorismo, pero por otro lado le daban soporte a todo lo que era su concepción de guerra contra las drogas y apoyo militar del Estado peruano.
– ¿Qué obstáculos tuvieron durante esos años para operar como organizaciones de DDHH?
– Hubo amedrentamiento de diverso tipo: Amenazas telefónicas, mensajes subliminales, campañas de terror a todo lo que tuviera que ver con DDHH. Una de las cosas más osadas que hicieron fue colocar en nuestro local de Aprodeh una ofrenda mortuoria con el nombre de doce activistas de DDHH. También hubo atentados contra parlamentarios de izquierda que levantaron el tema de DDHH. Hubo también atentados con sobres bomba contra periodistas y abogados vinculados a Sendero Luminoso y el MRTA. Por otro lado las organizaciones que habíamos llamado la atención sobre las acciones de Sendero Luminoso, teníamos que estar muy atentos cuando viajábamos a Bruselas, París, Estocolmo, Madrid o Londres, porque había organizaciones muy activas que les daban soporte y en nuestras presentaciones aparecían para sabotear o amenazar. Fue una época donde la población civil estaba bajo fuego cruzado entre los grupos subversivos y los organismos de seguridad del Estado peruano.
Dictaduras modernas
– ¿En qué momento comenzaron a calificar al gobierno de Fujimori como una dictadura? ¿Cuál fue la repercusión de ese calificativo dentro de las organizaciones sociales y de DDHH de la región?
– Aparte de haber cerrado el Congreso, se pudo evidenciar el copamiento de las otras instituciones del Estado y la actuación intensiva, en el período 91-93, del Grupo Colina, lo cual tuvo repercusión nacional e internacional, sobre todo por las operaciones encubiertas de Fujimori realizadas en Lima y sus alrededores. Todo esto comenzó a salir a la luz en 1994. A pesar del copamiento de los medios por parte del Fujimorismo aún quedaban medios independientes de alcance nacional, e incluso alguno de provincia. Eso permitió, en el ámbito internacional, la conformación en red de comités de solidaridad con el Perú en países como Alemania, Suecia, Francia, España que de alguna manera contrarrestaban lo que hacía Sendero Luminoso y eso nos ayudaba a incidir sobre los gobiernos.
– Haciendo los paralelismos y viniéndonos al presente ¿Crees que son correctas las comparaciones que se hacen del gobierno de Fujimori y el proyecto bolivariano en Venezuela?
– A la luz de lo que se ha venido definiendo nos quedó claro desde un comienzo al movimiento de DDHH peruano, porque vivimos la experiencia de esa “democradura fujimorista”, no lo que fue el proyecto original de Chávez y su constitución, que hoy es la que se quiere abolir. No cabe la menor duda que al final del gobierno de Chávez, y ahora con más claridad con el gobierno de Maduro, que lo que se está produciendo en Venezuela es una dictadura. Acá quisiera hacer un paréntesis. Luego de haber tenido simpatía por el régimen inicial de Chávez, tuve siempre una percepción crítica de la forma como se comportó en el ocultamiento de Vladimiro Montesinos. No sé si Hugo Chávez sirvió con Montesinos en la Escuela Militar de Chorrillos, pero han sido contemporáneos de alguna manera y creo que ahí prevalecía ese compañerismo de carrera militar por encima de cualquier otra consideración y por eso ese encubrimiento. El otro momento que me convenció fue cuando la Corte Penal Internacional decide dar la orden de captura contra el dictador de Sudán y Chávez fue el primero en salir a defenderlo. Lo otro a resaltar es que los peruanos vivimos los regímenes de Velazco y de Morales Bermúdez con sus matices diferentes, uno progresista y el otro con el Plan Cóndor y por eso he tenido, tengo y tendré desconfianza de la casta militar y te lo dice alguien que es hijo de un militar. Cuando empecé a ver el proceso venezolano se me vino a la mente todo el corporativismo del gobierno de Velasco con toda esa cooptación y creación de una estructura adscrita al Estado. Eso no es una visión progresista. Para mí el PSUV se me presenta con todas las características de un partido corporativista que desplegaba su influencia sobre estructuras autogeneradas, pero bajo su control en todos los espacios.
– ¿Qué enseñanza podemos tener los venezolanos, especialmente las organizaciones de DDHH de lo que hicieron los peruanos bajo Fujimori?
– Un primer nivel, que siempre lo realzamos, es la importancia de tener un nivel mínimo de articulación del movimiento de DDHH y de toma de decisiones por consenso. Lo otro es que la incidencia en las acciones las buscábamos como colectivo, no como organizaciones individuales. Eso nos dio mucha potencia nacional e internacional. El tener un espacio como referente, construyendo de menos a más, fue un factor decisivo para encarar los diez años de Fujimori y también para encarar la frustrada transición. Lo otro es la utilización de todos los instrumentos internacionales y jurisprudencia en materia de DDHH los cuales nos ayudaron, y nos siguen ayudando, en la persecución y condena de culpables en materia de violación de DDHH.
– Hablas de una articulación local con apoyo internacional ¿Por qué crees que hay miradas tan disímiles de la comunidad regional de DDHH sobre el tema venezolano?
– Creo que ahí persiste, y concuerdo con lo dicho por Edgardo Lander, que la izquierda latinoamericana es de una solidaridad automática, sin capacidad de crítica. Eso ha predominado en muchos sectores que han influenciado la agenda de derechos humanos en América Latina, principalmente por organizaciones que tuvieron su origen en la izquierda, lo cual ha enturbiado la mirada sobre el caso venezolano.
Migración y crisis humanitaria
– ¿Cuál es tu opinión sobre la política migratoria del Perú, especialmente sobre los migrantes venezolanos?
– Creo que ha sido satisfactoria. Me parece un paso positivo el darle estatus especial, aunque por corto plazo, porque no es una política concertada a nivel latinoamericano, sino una política transitoria. Creo que hay que movilizar a la OEA, a la ACNUR y todas las redes de migrantes para que haya incidencia, mayor seguridad y más garantías. Hasta ahora hay acceso de los niños en las escuelas públicas, hay acceso al sistema de salud. Creo debería también dar acceso a estudios universitarios o tecnológicos.
– Nuestra última pregunta tiene que ver con la crisis humanitaria y la falta de acceso a medicamentos y alimentos ¿Recuerdas algún caso parecido en América Latina? ¿Cómo debe tratarse este tema?
– Recuerdo y he tenido la experiencia, a finales de los 70´s, de la migración del Cono Sur que llegaban por el Perú, pero no era de manera masiva, pues muchos seguían su viaje a otros lados. En esa época teníamos el Servicio Universitario Mundial que era un sistema de becas, que estaba orientado para dirigentes sociales y políticos. Eso duró algunos años y era una beca de sobrevivencia para el refugiado y su familia.
– Es decir que no tienes conocimiento de ningún país de Latinoamérica con el nivel de crisis actual de Venezuela…
– Realmente no recuerdo. En esa época lo que evoco es un mecanismo coordinado por las Iglesias Evangélicas de carácter progresista, que tenían un programa de apoyo a los refugiados, articuladas con Iglesias Evangélicas de Argentina y Chile, las cuales tenían algunos programas complementarios de apoyo social para las familias de los refugiados, pero no era de manera masiva como lo que se ve hoy en día. Creo que el Programa Mundial de Alimentos debería ir pensando en algún mecanismo de atención a la población migrante debidamente censada, que les permita acceder a algún tipo de bolsa de alimentos para las personas que se está empezando a instalar en otro país para que pueda resolver sus problemas inmediatos.
– ¿Hay responsabilidad de la comunidad internacional frente a la crisis humanitaria venezolana?
– La hay. Hay que exigir, en principio, alguna responsabilidad a la comunidad nacional, pero si viene acompañada de la internacional, le da legitimidad. Así aparecería ante la nacional que la ayuda se basa en un apoyo internacional ante una crisis verdaderamente humanitaria.
Un defensor de toda la vida
Soberón nos relató cómo se interesó en la defensa de los derechos humanos cuando el tema era desconocido para la opinión pública y los gobiernos:
“En la década de los 80´s ingresé más decididamente a atender el trabajo de los Derechos Civiles y Políticos en el contexto del conflicto armado en el Perú. Por mi formación en sociología rural estuve metido en los temas agrarios. Salí egresado de la Universidad Católica en plena Reforma Agraria de Velasco Alvarado, en otro contexto, otros temas de agenda. En el año 1980 se desata la guerra subversiva de Sendero Luminoso. Estaba en Cuzco en ese año y regresé a Lima a seguir trabajando en el área rural cercana a Lima, y en el 81 comienzo a activar una Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, porque comenzaron a conocerse graves casos de violaciones de derechos humanos en Ayacucho, después de la aparición de Sendero Luminoso y como respuesta particularmente de la Policía Nacional del Perú y de un escuadrón antiterrorista que existía en esa época, que eran los Cinchis. En 1982 comenzamos a concebir la creación de Aprodeh y empezamos a trabajar en la azotea del edificio de la Asociación Nacional de Comerciantes, en pleno centro de Lima. Ninguno tenía experiencia previa en materia de DDHH y menos en una situación de violencia y conflicto armado.
– ¿Cuáles fueron los primeros trabajos de Aprodeh en medio de ese aprendizaje?
– Lo primero fue darle asistencia legal a los casos, darle interpretación jurídica, presentar algunas acciones de Habeas Corpus, denuncias ante el Ministerio Público. La otra área tenía que ver con la necesidad de difundir, con un equipo mínimo que pudiera presentar información a los medios y la otra área era el centro de documentación. Legalmente nos constituimos en 1983 y arrancó el trabajo. En 1985 decidimos convocar a un encuentro nacional de organizaciones de DDHH, para conocer quienes estaban trabajando en la diversas zonas del país. De ese encuentro nace la Coordinadora Nacional de DDHH. Al año decidimos constituirnos sobre algunos principios básicos: la Democracia es el régimen político que permitía garantizar los DDHH, rechazo a todas las formas de violencia, rechazo a la pena de muerte, autonomía de los partidos políticos, la adopción de los instrumentos internacionales de DDHH. En el primer encuentro tuvimos un zanjamiento con Sendero Luminoso, porque llegaron al encuentro un grupo que se llamaba “Abogados Democráticos”, que eran los que asumían la defensa de los detenidos y acusados por acusaciones subversivas o de terrorismo cuando empezó a tipificarse el delito. Querían ser correa de transmisión de los principios de Sendero Luminoso y terminaron retirándose porque no aceptábamos su visión, ya que se reclamaban como defensores de los derechos de los pueblos, no de los DDHH. Decían que los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario era creación de las grandes potencias. En el año 1983 recibimos la visita de Americas Watch, luego llamada Human Rights Watch. En 1984 estuvo también Amnistía Internacional, que hizo el primer informe sobre desapariciones forzadas en el Perú. Comenzamos a conocer todo el entramado internacional en materia de DDHH y nos quedamos con el Sistema Interamericano de DDHH ya que el que nos dio mayor soporte, hasta que conocimos a la Corte Interamericana de DDHH.
Rafael Uzcátegui / Luis Silva
