El criminólogo Keymer Ávila enfatiza que la inacción ante las violaciones de los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad puede ser considerada como una política del gobierno que pasa por la tolerancia y el amparo institucional
Autor: Sofía Nederr
La actuación de los organismos de seguridad del Estado durante el gobierno de Nicolás Maduro no puede verse de forma aislada y, en muchos casos, representa un deja vu de los últimos 50 años. Sin embargo, esto no exculpa a la gestión actual de los excesos y las violaciones al derecho a la vida. Así lo enfatiza el abogado Keymer Ávila, especialista en Criminología y Sociología Jurídico Penal y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El experto destaca, en entrevista a TalCual que, desde hace dos décadas, “los actuales gobernantes prometieron una ruptura, un cambio y mejorar la calidad de vida. Dijeron que estaban en contra de la represión de la llamada cuarta república”. Sin embargo, esta oferta no impidió que el Estado se convirtiera en un ente represivo y policial.
Esta situación es descrita en el libro “Uso de la Fuerza Pública y Derecho a la Vida en Venezuela”, que condensa una amplia investigación realizada por el criminólogo conjuntamente con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
– ¿Cuáles son los rasgos más resaltantes al comparar el uso de la fuerza de los organismos de seguridad, hace varias décadas, con lo que ocurre hoy?
–Para decir que algo está descompuesto o echado a perder uno supone que antes funcionaba. Cuando revisamos los trabajos pioneros de comienzos, de los años 90, el centro de la investigación era la debilidad y la precariedad de los controles institucionales, así como el cumplimiento de la ley por parte del propio Estado. Hay una especie de tolerancia con la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Esta debilidad institucional, paradójicamente, alimenta un uso excesivo y arbitrario; en la medida en que el Estado institucionalmente es precario los excesos son mayores. Entonces desde los años 70, hay una cantidad importante de muertes en manos de fuerzas de seguridad del Estado e, incluso, entre la década del 70 y de los 90 había una legislación que de alguna manera generaba la impunidad de este tipo de casos.
Eso no significa en modo alguno aminorar las responsabilidades de las autoridades actuales, ni justificar nada de lo que está sucediendo. No se puede creer que las autoridades actuales inventaron cosas porque antes vivíamos en Disneylandia. Lo que se aspira es que la violencia institucional sea menor o al menos se mantenga controlada. Pero cuando hacemos el contraste el incremento es bárbaro.
-¿En términos concretos, eso qué significa?
– La comparativa de estos años la hacemos por tasa de 100 mil habitantes. A partir el 2013 hay un incremento de muertos en manos de la fuerza pública. En el año 76, por ejemplo, había al menos 60 casos por intervención de la fuerza pública. En estos casos puede haber diversas víctimas. La cantidad de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, en el año 2017, fue de 4998. Esa fue la información que dio el Ministro del Interior y significa que, a finales de 2017, esa cifra representó al menos 26% del total de los homicidios del país. El incremento es muy grande. En el año 2010 el porcentaje de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado no llegaba a 5% y en 2017 llegaba al 26%. En 3 de cada 10 homicidios hay una intervención del propio Estado.
No se pueden comparar casos con la cantidad de personas, pero la cifra puede ayudar visualizar las magnitudes porque el promedio de personas por caso no supera las 2 personas. Hay mayor cantidad de víctimas y, en consecuencia, eso va unido a una mayor tolerancia institucional y amparo institucional. El Estado tiene dos deberes: tiene el deber de proteger a las personas, proteger derechos. Es un deber positivo, de obtener derechos humanos. Y, al mismo tiempo, tiene un deber negativo de no violar derechos. Si uno observa que en el país no solamente se incrementan los homicidios sino también muertes por seguridad del Estado y ocupan un mayor porcentaje, eso es un indicador negativo.
-¿Los casos de violación del derecho a la vida ponen en entredicho la legitimidad del Estado?
– Hay un incremento de la violencia institucional cuando vemos casos del uso de la fuerza arbitraria. Cuando el Estado entra en crisis, cuando hay crisis de gobernabilidad, económica, política, institucional; cuando bajan los precios del petróleo, en nuestro caso como país rentista, cuando se acaba el dinero para seguir repartiendo se reduce la política social, se reduce el Estado social para implantar el Estado policial y represivo. A finales de los años 80 había graves problemas económicos, crisis de desabastecimiento, de seguridad de Estado, de corrupción y no se creía en los partidos políticos, ni en las instituciones y hubo protestas populares. A veces creemos que estamos inventando el agua tibia o que esto nunca había pasado, esto no significa que sea igualito. Tenemos décadas de este deterioro institucional, entonces los efectos de la violencia institucional son mucho más extendidos. Son contextos similares pero la ausencia de controles institucionales se han prologado por décadas, entonces, la violencia institucional es mucho mayor y ahora aflora más.
– ¿La represión de los organismos de seguridad ocurre bajo la anuencia del Estado?
– La inacción ante las violaciones de los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad puede ser considerada como una política de Estado y lo hace responsable. Cuando observamos las cifras y no sucede nada se ve entonces que hay una política al menos de tolerancia. Pero luego cuando vemos, en los discursos oficiales, como se produjeron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y no hay ningún tipo de condena hacia estos hechos, y por el contrario se legitiman estas acciones, se ve que hay una aquiescencia del Estado, porque además pareciera que es parte de su capital político.
El Estado ya no se sostiene por la vía electoral, por la consulta popular, por los votos. Pero además no existe Estado social o un Estado que satisface las necesidades de la población. No existe transporte público, ni salud pública. Pareciera que lo único público que está quedando es la fuerza de seguridad. Pareciera que el Estado no actúa por interés público sino por intereses grupales. La única función que está cumpliendo es el uso de la fuerza. El Estado ha sido sumamente efectivo en términos de usar la fuerza para conservar el poder. Pero esto no tiene nada que ver con un Estado moderno y de derechos. La pregunta es hasta cuándo eso puede ser sostenible.
– ¿Cuáles son las fuerzas públicas que más aplican la fuerza letal en Venezuela?
– Tradicionalmente la fuerza de seguridad del Estado a la que se le adjudica la mayor cantidad de víctimas es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Desde los años 70, el Cicpc siempre tiene los primeros lugares, estamos hablando de aproximadamente el 40%. Esto es muy grave porque es la policía que debe investigar los casos. Los análisis que se hacen sobre los homicidios comunes es que la impunidad en términos de personas detenidas vinculadas de alguna manera con esos casos es superior en 90%, imagínese la impunidad cuando los actores son las propias fuerzas de seguridad del Estado. Históricamente, hasta el año 2008, la Policía Metropolitana era la policía del Estado que más fallecidos tenía, ese lugar lo ha venido ocupando de una manera muy vertiginosa, dado que es reciente, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que es responsable de al menos el 30% de las muertes por el uso de la fuerza letal.
Esto se vincula mucho con el protagonismo del FAES. En tercer lugar, se encontraría la Fuerza Armada Nacional, en la mayoría de los casos de la Guardia Nacional (GN), pero también se registran casos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Las policías estadales matan, porque además son las más numerosas, las municipales también. Esto no se puede identificarse con una sola fuerza de seguridad.
-¿Cuándo se incrementa el registro del uso letal de la fuerza contra los ciudadanos?
– Hay un número importante de casos que se realizan en actuaciones conjuntas, donde actúan diversos cuerpos de seguridad del Estado. No es el único pero es uno de los factores que se utilizan para garantizar impunidad porque los resultados son muy difíciles de adjudicar no solo institucionalmente sino también individualmente. Cuando en esa actuación conjunta está la GN el porcentaje de los cuerpos actuantes se duplica. Este componente militar puede tener un 14% de los casos actuando solo, pero cuando se cuentan con otros cuerpos ese 14 puede convertirse en 28%. Además la GN participa en casi todas las acciones conjuntas.
– ¿Cuáles son los patrones más utilizados en el contexto del Estado policial que describe?
– Usualmente las operaciones se realizan en horas de la mañana, de la madrugada, un número de funcionarios entre 15 y 20, generalmente actúan de manera conjunta, según el relato de los testigos: hay simulaciones de enfrentamientos y luego se presentan ante la opinión pública a estos fallecidos como delincuentes para justificar que están muertes como si la pena de muerte existiera en el país, pero si existiera eso es una decisión jurisdiccional. En esta investigación no nos concentramos en la justificación o no de esas muertes, no hablamos de ejecuciones extrajudiciales porque para hacerlo tienen que existir pruebas de que esa actuación no fue ajustada a derecho y que no hubo un enfrentamiento.
-¿Hay un perfil de las víctimas?
– El objetivo de estos operativos son los jóvenes que viven en su barrio, identificamos 70% de las víctimas con el nombre, el apellido o el apodo. Los casos que llegan a la prensa no son mayores al 30% de lo que ocurre. El 98% son hombres, una edad promedio de 26 años, se desplazaban a pie, el promedio de victimas por caso es de 1 a 2 personas y son jóvenes, morenos, en los barrios más empobrecidos. Como no tienen ningún tipo de reclamo social estos sectores, no van a salir las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a darles rostro, nombre y apellido a esos muchachos, los medios de comunicación no se van a unir paras hacer campaña por ellos; por el contrario, se terminan legitimando las acciones. La violencia es selectiva y mucho más letal con los pobres y esto sirve como caldo de cultivo para lo que sucedió, en enero de 2019, cuando fueron atacados los muchachos del oeste que salieron a protestar. En el 2017 hubo violencia contra los jóvenes de clase media que salieron a manifestar pero no en la magnitud que se ha dado en los barrios.
En un Estado que proteja a los ciudadanos se aspira que cada vez haya menos muertes violentas, que el Estado mate menos gente. Vemos que las cifras por enfrentamientos son excepcionales y que los días cuando mueren la mayor cantidad de civiles no son las mismas que cuando mueren los policías. Entonces no son durante los operativos. Todos esos son un claro uso excesivo de la fuerza letal, mayor violación de derechos humanos y del derecho a la vida.
-Esa violencia selectiva sucede mientras han fracasado los planes de seguridad
-La inseguridad es una excusa para extender la violencia institucional, para inocular el miedo y el terror. En nombre de la inseguridad se sacrifican derechos, y en la práctica se incrementa la inseguridad de todos. Después de las OLP se dispararon los homicidios, los robos, los secuestros. En los barrios donde se aplicó se mantuvieron los enfrentamientos armados con los grupos delictivos, pero además se incrementan los delitos cometidos por los propios funcionarios. Si tenemos miles de hombres armados sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de rendición de cuentas, sin ningún tipo de contención, tienen patentes de corso. Eso lejos de brindarnos seguridad, merma la seguridad de todos. Si puedes matar pero sin ningún tipo de consecuencia.
-¿Esa patente de corso es la misma que utiliza los colectivos?
-El tema de los colectivos es difícil de abordar en el contexto de una investigación. Pero he observado que, en primer lugar, colectivo es un concepto cajón de sastre. El colectivo puede ser cualquier cosa, la categoría colectivo no nos dice nada, pueden haber colectivos culturales, artísticos, deportivos y otros. Cuando observas que muchos de los que están allí son funcionarios públicos y hay muchos que son funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado actuando como civiles, de alguna manera se está invisibilizando la responsabilidad directa que tiene el Estado, actúan bajo el amparo y la tolerancia.
Nada de esto puede darse sin la anuencia del Estado, porque quien arma a las fuerzas de seguridad del Estado es el Estado, quien no actúa luego de los excesos es el Estado. Hay dos formas de ser responsables, por acción o por omisión. Por acción, los armas cuando les das órdenes, aun si no se puede comprobar que hay instrucciones específicas, la inacción ante las violaciones de los derechos humanos por parte de los organismos de seguridad puede ser considerada como una política de Estado y lo hace responsable.
