Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son el blanco de un ataque sistemático por parte del gobierno de Nicolás Maduro que no oculta que las considera una piedra en el zapato. El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, subraya que el gobierno invierte el principio constitucional de la presunción de inocencia al aplicar la Ley contra el Terrorismo y pedir la data de estas organizaciones, pero además se pretende poner en riesgo estigmatizar a los beneficiarios de los programas
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas son el blanco de un ataque sistemático por parte del gobierno de Nicolás Maduro que no oculta que las percibe como una piedra en el zapato.
Con múltiples frentes para la persecución, el más reciente es la «Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo», mediante la cual el gobierno busca hacerse con información de las ONG y con información confidencial de los beneficiarios de los programas que son atendidos en medio del desamparo del Estado en varios aspectos, entre ellos, los derechos humanos, la salud y la educación.
Para el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, está claro que el objetivo del gobierno no es simplemente obtener información, por cuanto maneja el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), pero si arreciar su patrón de acoso con el objetivo de ilegalizar a las organizaciones de la sociedad civil.
En entrevista para la alianza Provea-TalCual, Daniels apunta que el gobierno revolucionario es diestro en el empleo pernicioso de las listas, con lo cual no habría ninguna garantía para los beneficiarios de las ONG. De allí que para estas organizaciones no hay nada que las haga cambiar su negativa a entregar información a los funcionarios de Maduro.
¿Cuál es el alcance esta normativa nueva del gobierno para el registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo?
El origen de esta providencia administrativa, que tiene fecha el 30 de marzo, pero no fue publicada hasta el 10 de abril, es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Lucha contra el Terrorismo de 2012. En la ley se dice que se tiene que hacer un registro sobre los sujetos obligados, y esto incluye a las ONG, pero no se había hecho ninguna acción sobre este registro hasta ahora. La ley no decía nada de cómo se tenía que conformar el registro, ni cuáles eran los requisitos, ni que información iban a pedir.
¿Según la providencia qué información deben consignar?
De acuerdo con esta providencia, firmada por un general de Brigada (Randy Gregorio Rodríguez Espinoza), que es el jefe de la Oficina Antiterrorismo, todas las ONG están obligadas a consignar el acta constitutiva y con señalamiento de los miembros de la organización, quiénes son los donantes de esa organización y, lo más grave y lo más peligroso, quiénes son los beneficiarios de las actividades de estas organizaciones. Allí está el peligro, la alerta porque el público en general podría pensar que eso solo puede afectar a Provea y otras organizaciones que denuncian las torturas, pero eso tiene un espectro más amplio.
Si usted tiene un programa de ayuda a las mujeres que han sufrido violencia, donde la confidencialidad es un factor no clave, sino esencial, básico, bueno usted está obligado a dar el nombre de estas mujeres, poniéndolas en peligro. Si usted tiene un programa para atender a las personas, darles retrovirales, con VIH, usted tiene que dar el nombre de esas personas. El peligro es que quieren convertir a las ONG en una especie de patriotas cooperantes.
Pero ustedes han anunciado que no entregarán la información y que no detendrán su trabajo
No nos vamos a prestar. Con toda la información que piden quieren estar actuando invirtiendo el principio constitucional de la presunción de inocencia, es decir, son las organizaciones las que tienen que demostrar que no están limpiando capitales, que no son terroristas, cuando el derecho humano fundamental, que está en la declaración universal y en nuestra Constitución, señala que el Estado que tiene sospecha fundada, debe demostrarlo. Allí vemos que se vulneran los derechos de las víctimas, sino también de las propias organizaciones al considerarse de inicio que somos violadores de la Ley de Legitimación de Capitales y de la Ley Contra el Terrorismo. El gobierno quiere la data, la información de las ONG para criminalizarlas, pero los criminales son otros.
¿Aparte de poner en peligro a los beneficiarios, entregar una lista con sus datos, significaría una revictimización?
Claro, sí. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un programa de dar comida en los barrios, imaginaste que le da la lista al gobierno de quienes son los beneficiarios. Si algo nos ha enseñado este gobierno es lo que puede hacer con una lista, esa lista si se entrega al gobierno, puede llegar hasta los representantes de una junta comunal, esas personas pueden ser estigmatizadas que es otra característica que es normal en este gobierno. Entonces pueden ser revictimizadas, ya sufren hambre, ya eso las hace víctimas y, además van a ser señaladas como aquellas personas que reciben la ayuda del imperio y pueden servir para agredir a las comunidades. Les van a decir: ‘Ajá, estos son los que reciben la comida y ustedes no la reciben. Entonces, es una información que puede tener un uso sumamente perverso en perjuicio de quienes ya son víctimas del Estado.
Las ONG solicitan reunirse con los representantes de la Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos y no entregarán la información. ¿La normativa prevé algún tipo de sanción por no consignar lo solicitado?
Hasta donde vimos en la ley, las sanciones son de tipo monetario, son multas. Pero el tema es que eso es lo menos importante, el asunto es que ya vimos un caso, que es el de Azul Positivo, en el cual sin esta providencia, ya se imputó a una organización por legitimación de capitales. Esto es un verdadero peligro. Esta normativa deja las puertas abiertas para que el Estado escoja a qué ONG va a perseguir, puede ser una suerte de lotería. Nos expone a todos y quedamos a que el dedo del Estado sea el que decida contra quién va a ir, ya imaginamos que detrás de esta resolución ya hay algunas ONG que están preseleccionadas y es fácil saberlo a través de “Con el Mazo Dando” y que serán las primeras a las cuales se les aplicará esta normativa.
Esa data que manejan las ONG ha nutrido las denuncias sobre violación de los derechos humanos del gobierno de Maduro y eso es algo que ellos buscarían quitarse de encima
– Eso es lo que está realmente detrás de todo esto, ellos saben que detrás de las denuncias de la Alta Comisionada, del informe de la Misión de Determinación de Hechos, que detrás de las conclusiones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, están las denuncias de las ONG. Entonces esa es la verdadera razón de evitar que esa información llegue a esas instancias y se haga pública la violación de los derechos humanos en el país. Esa es la verdadera razón de la persecución.
Además, es una situación que ya ha sido registrada
Entonces, esto es una paradoja. El año pasado, las mayores afectaciones a la imagen del gobierno no vinieron de la oposición política, sino justamente de las ONG a través de estos mecanismos internacionales. Por eso el gobierno responde a esa afectación con esta criminalización.
La nueva normativa forma parte de una persecución sistemática contra las organizaciones de la sociedad civil, pero parece que se ha acrecentado desde 2020
Obviamente, esto es un patrón, no es la primera vez. En 2020 está la famosa circular de Sudeban exigiendoles a los bancos que monitoreara las cuentas de las ONG, luego está la persecución a los compañeros de Azul Positivo, a Alimenta La Solidaridad, a los cuales también se les abrió un procedimiento, pero no llegó a concretarse la detención y en este año está la inclusión en la agenda legislativa de la ley de cooperación internacional, esta medida no es aislada. Una serie de medidas para cercar a las ONG. También la sede de algunas ONG ha sido allanada como ocurrió con Acción Solidaria y Prepara Familia, entre otros. Como el gobierno abre múltiples frentes, la página de Acceso a la Justicia fue y se mantiene bloqueada, también atacan a Fundaredes, a Provea, entre otras.
Lamentablemente este es un guión de los gobiernos afines al oficialismo y en Nicaragua, por ejemplo, ilegalizar no dice lo que ocurrió. Allí a las ONG se les quitó personalidad jurídica, es decir, dejaron de existir un día para otro. Los bienes que tenían algunas, pasaron a ser propiedad del Estado, por vía de confiscación y las computadoras que tenían con información fueron tomadas por el gobierno, este es el guión que, tristemente, parece que el gobierno está tomando y que nos preocupa porque al final las víctimas no somos nosotros, las víctimas son los beneficiarios de estos programas que están tratando de paliar la emergencia humanitaria compleja.
A finales de 2020, HRW denunció la persecución a las ONG y planteó que estas organizaciones suplen al Estado en medio de una crisis humanitaria compleja y un deterioro institucional
Justamente ese es el problema, se están supliendo actividades que corresponden al Estado. Por ejemplo, Susana Raffalli tiene un programa para ayudar a niños con desnutrición, entonces tiene una información que al gobierno no le conviene, Rafalli dijo que, entre 2019 y 2020, se había duplicado la desnutrición aguda en niños menores de tres años. Entonces, el gobierno no quiere que esa información salga a la luz porque pone en evidencia su incapacidad, y eso se puede multiplicar por todas las organizaciones que hacen actividades parecidas y que tienen información que desdicen al gobierno.
¿Tienen algún registro de cuántas ONG hay en el país?
Ni idea, hay muchísimas, yo diría que miles. Y esto afecta desde una escuela de canto en Carora hasta Provea, es una dimensión demasiada grande para calcular su afectación.
Para la alianza Provea-TalCual
