Calixto Ávila, consultor de derechos humanos y representante de Provea en Europa, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro tiene interés en colaborar con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para ganar un poco de credibilidad ante la comunidad internacional
“La visita a Venezuela por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se debe entender como parte de un proceso en el que el Estado venezolano se ha visto obligado a aceptar el deber que tiene de colaborar con el sistema de las naciones unidas y en consecuencia permitir el acceso de la oficina de la alta comisionada, recordemos que ya hubo una visita preliminar en marzo y ahora la visita de la alta comisionada personalmente y acompañada del equipo de su oficina es un paso positivo y un logro de las organizaciones de derechos humanos”.
Así lo aseguró Calixto Ávila, representante de la organización no gubernamental Provea en Europa, quien sostuvo que el hecho de que Bachelet haya venido a Caracas es resultado del trabajo continuo de las organizaciones venezolanas de derechos humanos que han venido solicitando que el sistema de las Naciones Unidas se aboque a la situación de Venezuela y no por una simple invitación que le hiciera el Ejecutivo a la funcionaria.
Ávila aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro tiene interés en dar de pasos para ganar credibilidad en las Naciones Unidas en este momento, y resaltó que juega en contra del mandatario la opacidad que, a su juicio, caracteriza al gobierno porque no es una gestión que tenga data transparente.
Procedimiento
En entrevista con la alianza TalCual-Provea, Ávila explicó el proceso que sigue la oficina de la Alta Comisionada para los DDHH y que puede llegar a unas acciones específicas en septiembre del presente año, pero adelantó que lo enérgico que han sido los pronunciamientos preliminares de la funcionaria sobre la situación venezolana hacen prever que se está ante el posible escenario de la instalación en Venezuela de una oficina de seguimiento.
– Inmediatamente luego de anunciarse la visita de la Alta Comisionada se produjo la excarcelación del diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro. ¿Este tipo de acciones puede estar ligado a la venida de Bachelet?
-Sí. De hecho, un periodista que cubre la fuente de Ginebra hablaba de (la posibilidad de) ese tipo de actos por parte del Estado venezolano y que estarían dirigidos a mostrar pasos hacia adelante en el cumplimiento de los DDHH. También existe el riesgo de que este tipo de actos sean de maquillaje que permitan falsear un poco la situación; pero se supone que la oficina de la Alta Comisionada tiene una serie de condiciones para constatar en sus visitas hasta dónde ciertos actos son maquillaje o cambios sustanciales en el fondo de la situación, como por ejemplo tener acceso total e irrestricto a las instituciones y territorio nacional, además garantizar que no existan represalias a las personas que sean entrevistadas. Esas condiciones permitirían constatar si ese tipo de acciones son actos de maquillaje o pasos para cambiar políticas de Estado.
– Bachelet ya tuvo un pronunciamiento donde fue bastante fuerte contra la situación de los DDHH en Venezuela, ¿Qué podrá añadir esta visita personal a su diagnóstico de la situación?
– La visita es parte de un proceso que empezó con el informe de agosto de 2017 donde la oficina de la Alta Comisionada elaboró un informe sobre los hechos del 1° de abril al 31 de julio de ese año, donde ya se refería a situaciones de violaciones generalizadas a los DDHH, hablaba de patrones y uso sistemático de fuerza excesiva contra la población. Ese documento fue seguido por un segundo informe en junio de 2018, actualización del anterior, donde habló del tema de la responsabilidad del Estado y la rendición de cuentas, el acceso a la justicia por parte de las víctimas de los hechos de abril a julio de 2017 y también empezaron a abordarse muchos más temas relacionados con derechos económicos, sociales y culturales, como a la salud y educación y los derechos civiles y políticos.
Ávila continuó explicando que posteriormente vino la resolución 39.1 de septiembre de 2018, donde se le otorga el mandato por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la Alta Comisionada para que realice un informe exhaustivo por escrito que es el que va a ser presentado en el próximo período de sesiones (41) y que fue precedido por el informe al que te refieres, un informe oral presentado el 20 de marzo (durante el 40 período de sesiones) y que va a ser seguido por otro informe oral en septiembre durante el siguiente período (42). «El informe oral es bastante fuerte, se refiere a toda una gama de violaciones a los derechos civiles y políticos y a los económicos, sociales y culturales y agrega elementos como el de un inquietante factor de desestabilización regional”, destacó.
Opacidad
El representante de Provea en Europa resalta que la tendencia de los informes ha sido bastante adversa para el gobierno venezolano, del cual insiste en que se encuentra entrampado en sus propias características. “Es un gobierno bastante opaco donde no existe información, las memorias y cuentas hace tiempo que no son públicas y esa falta de información ha llevado a que los informes sean mucho más sólidos, porque las fuentes de información de las Naciones Unidas provienen de distintas áreas ya que las informaciones oficiales del Estado brillan por su ausencia”.
Añadió que la visita de la alta comisionada se enmarca en ese proceso, donde hay una resolución del Consejo y donde la visita es parte de los elementos de investigación con los que cuenta la oficina. La visita es un mecanismo de investigación que está acompañado por otras fuentes de informaciones, entre las que se cuentan las ONG y las organizaciones internacionales de DDHH e inclusive las organizaciones del Sistema Interamericano de DDHH.
Complejidad
– ¿Qué se puede esperar en cuanto a acciones concretas luego de emitido el informe definitivo? Tomando en cuenta que el gobierno de Nicolás Maduro niega la violación de DDHH y la existencia de presos políticos
– Lo primero que hay que decir es que el gobierno ha tendido a ser cerrado, en la medida que el monitoreo de los DDHH por parte de las organizaciones multilaterales como el sistema interamericano, el de Naciones Unidas es dificultado por parte del Estado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el Estado venezolano decidió retirarse del sistema interamericano y en consecuencia el sistema de Naciones Unidas adquirió una preponderancia vital para Venezuela. Difícilmente el gobierno venezolano puede tener una estrategia similar a la que tuvo en el sistema interamericano, donde literalmente pateó el tablero. Con el sistema de las Naciones Unidas el juego es mucho más complejo. El gobierno de facto de Nicolás Maduro debe dar muestras de buena voluntad frente a las Naciones Unidas.
“Lo primero que podemos esperar es un cambio en temas claves que seguramente están siendo discutidos por la Alta Comisionada con el gobierno de Nicolás Maduro como la liberación de presos políticos, el desmontaje de las estructuras paramilitares, de colectivos, el desmontaje de las FAES, y además que se inicien procesos serios de administración de justicia”
“El segundo punto tiene que ver con lo que pueda pasar en las Naciones Unidas. El informe debe ser discutido en un diálogo interactivo en el seno del Consejo de Derechos Humanos; sesiones que son entre junio y julio y pueden resultar en alguna resolución del Consejo que establezca algún mecanismo de seguimiento. Eso está todavía por verse. En ese período de sesiones (42) en septiembre, se va a iniciar un proceso de discusión que lleve a la adopción de una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos que puede generar un mecanismo de seguimiento permanente a la situación venezolana”.
Mecanismos
Ávila explicó que, en ocasión de adoptarse un mecanismo de seguimiento permanente a lo que sucede en Venezuela, se estará ante dos escenarios, uno que se cree en este país una oficina de la Alta Comisionada, que tiene 14 oficinas en todo el mundo, con un mandato muy claro de monitoreo, supervisión y denuncia de violación a los derechos humanos y que se cree, que también puede coexistir con la anterior, una comisión de expertos que pueda visitar el país y con un mandato muy específico del Consejo, investigar y realizar informes sobre la situación de DDHH en Venezuela; los mecanismos están abiertos, la discusión va a seguir adelante y no va a parar con la visita de la Alta Comisionada.
– ¿A qué se expone Nicolás Maduro de no acatar las recomendaciones de la Alta Comisionada?
– La Alta Comisionada es la institución más importante de DDHH dentro del sistema de Naciones Unidas. Se considera una entidad principal, fue creada en 1993, pero es una institución con una tradición muy grande. Está acompañada por el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, que tiene 47 miembros actualmente, Venezuela no es miembro, y es el Consejo quien debe fortalecer los resultados del informe de la Alta Comisionada, es el que debe decidir sobre el seguimiento de ese informe y sobre las recomendaciones que pueda hacer al Estado venezolano. Vamos a ver qué mecanismos se pueden adoptar, pero evidentemente habiéndose retirado del sistema interamericano, el gobierno venezolano se debate ante el hecho de negarse a cooperar con el sistema de Naciones Unidas, lo que le significaría un precio político a nivel internacional muy alto.
Lea también: Gobierno insiste en achacar la crisis del país a las sanciones impuestas por EEUU
Realizada por: José Luis Carrillo Alianza Talcual-Provea
