Este miércoles 20 de noviembre, el Coordinador General de Provea, Oscar Murillo, compareció ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tras ser citado por el organismo debido a una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y la delegación municipal del CICPC de San Cristóbal, estado Táchira por la supuesta “comisión de un delito contemplado en la LEY CONTRA EL ODIO, POR LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y LA TOLERANCIA”.
Esta situación se produce en medio de una vertiginosa escalada de abusos registrada con posterioridad a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio donde denunciamos más de 2000 detenciones arbitrarias, al menos 25 personas asesinadas, desapariciones y un clima de terror y miedo bajo la “Operación Tun Tun” tras la masiva represión contra opositores, activistas, periodistas y la población general en el país.
Además de actos de hostigamiento y amenazas encabezadas por el nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, contra personas y organizaciones que solicitamos una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del activista social Edwin Santos en el estado Apure, reportada el pasado 25 de octubre.
El 30 de octubre de 2024, Diosdado Cabello, nuevamente cuestionó la labor de Provea en su programa televisivo Con el mazo dando. Allí se pronunció sobre la denuncia del presunto asesinato del líder opositor Edwin Santos.
Recordamos que, de acuerdo a distintos testimonios, el dirigente social desapareció el 23 de octubre. Este hecho fue expuesto públicamente por sus familiares a través de un video elaborado por su esposa Loliveth Álvarez y el sacerdote jesuita, Gerardo Rosales. Luego, la familia de Edwin Santos confirmó su muerte el 25 de octubre, noticia que tuvo una gran repercusión a nivel internacional.
Estos hechos fueron documentados y divulgados por Provea y al trascender la noticia exigimos una investigación al Estado. No obstante, Douglas Rico -director del CICPC– sostuvo a través de un comunicado que el señor Santos había fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito.
Acompañado de ONG, activistas, medios de comunicación y líderes sindicales, Óscar Murillo compareció durante cinco horas en la sede principal del CICPC en la avenida Urdaneta de Caracas, donde fue interrogado sobre el trabajo de documentación y divulgación que Provea ha realizado de manera ininterrumpida durante 36 años, una trayectoria que, como hemos afirmado en reiteradas ocasiones, no constituye ningún delito y, por el contrario, es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y amparado por los principios y estándares internacionales que asisten a los defensores de Derechos Humanos.
En sus 36 años, Provea ha atendido a más de 5.000 víctimas, apoyado a sindicatos, comités de víctimas, y publicado 35 informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país.
Murillo fue informado que el 07 de noviembre pasado, ocho días después de las amenazas hechas por Diosdado Cabello el Ministerio Público conducido por Tarek William Saab, inició esta investigación basada en la aplicación de la Ley contra el Odio, aprobada en noviembre de 2017 por la asamblea nacional constituyente. Como hemos señalado y ha sido denunciado por diferentes organismos internacionales, el Ministerio Público venezolano no es un poder independiente, se ha convertido en un instrumento clave de Maduro para la criminalización y judicialización de las personas y organizaciones que hacen denuncias sobre los graves abusos contra los derechos humanos en Venezuela.
El artículo 132 de la Constitución Nacional indica que “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”. Además, la Declaración de los defensores de los derechos humanos de Naciones Unidas estipula la necesidad de “proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el contexto de su labor”.
Este tipo de citaciones genera un efecto intimidatorio en la sociedad civil venezolana por la labor de denuncia que continuamos haciendo en el terreno. Exigimos que se detenga la criminalización, el hostigamiento y la persecución hacia las ONG en Venezuela.
Enfatizamos que ninguna circunstancia de amenazas, hostigamiento o actos de persecución por parte de las autoridades venezolanas, apartará a Provea de su labor ininterrumpida de acompañamiento a las víctimas, de documentación, investigación y difusión pública de los graves abusos contra los Derechos Humanos en Venezuela.
Seguiremos, junto a las víctimas, exigiendo investigación, rendición de cuentas a los responsables de abusos y ayudando a preservar la memoria para avanzar en la construcción de un régimen de derechos que brinde garantías de no repetición de los crímenes ocurridos en el presente.
Prensa Provea.
