Óscar Calles, Prensa PROVEA | La aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela ha sido reconocida como una señal inicial para la reinstitucionalización democrática, un camino con muchos pendientes, como desmontar el aparato represivo que ha sido usado sistemáticamente para perseguir a la disidencia. Defensoras de derechos humanos, activistas y familiares de presos políticos advierten que la ley deja por fuera a sectores de la persecución política y que, sin reformas estructurales profundas, no puede considerarse un paso suficiente hacia la justicia.
Así lo plantearon cuatro mujeres: Andrea Santacruz, abogada y defensora de Civilis Derechos Humanos; Martha Lía Grajales, fundadora del Colectivo Surgentes; Katiuska Camargo, fundadora del Movimiento Ciudadano Uniendo Voluntades; e Yris Medina, sobreviviente y fundadora de COFACIV, desde la 14.ª edición de Encuentros Feministas titulada “Sin mujeres no hay paz”, celebrada el pasado viernes 6 de marzo, un espacio de reflexión sobre justicia transicional, género e interseccionalidad en el contexto venezolano.
Una ley con exclusiones estructurales
Para Martha Lía Grajales, la Ley de Amnistía es una medida necesaria pero insuficiente, identifica al menos tres sectores que quedaron fuera: trabajadores y trabajadoras judicializados por su actividad sindical, campesinos y campesinas perseguidos por exigir la democratización de la tierra y militares acusados por delitos políticos que no involucran graves violaciones a derechos humanos.
“Es una ley que es insuficiente, dejó a distintos sectores que han sido perseguidos políticamente en el país por fuera”, señaló Grajales, quien también mencionó a las mujeres criminalizadas por ejercer autonomía sobre sus cuerpos como otro grupo excluido. Para la activista, estos casos son razón suficiente para sostener que la ley debe ampliarse: “Tenemos que seguir empujando para que esa ley incorpore a todos los sectores que están por fuera.”
Desde esa perspectiva, Grajales subraya que la amnistía no puede ser el punto de llegada y advierte que Venezuela necesita avanzar en medidas estructurales, como el desmantelamiento de los grupos parapoliciales que han participado en la represión, una reforma profunda a los cuerpos de seguridad del Estado y una transformación del sistema de administración de justicia.
Katiuska Camargo, fundadora del Movimiento Ciudadano Uniendo Voluntades, fue más directa en su valoración: “Es una ley totalmente injusta”. Camargo subrayó la dimensión del daño que la ley omite reparar, aseverando que las personas detenidas arbitrariamente no tienen nada de qué pedir perdón, y llamó a la sociedad civil a ir al encuentro de las víctimas y sus familias sin esperar a que sean ellas quienes busquen apoyo.
Justicia transicional con enfoque de género: más allá de la reparación individual
El análisis de la insuficiencia de la ley no puede separarse de la pregunta sobre cómo la persecución política afecta de manera diferenciada a las mujeres. Esa fue la contribución central de Martha Lía Grajales al debate, quien retomó el marco teórico de la justicia transicional transformativa, desarrollado en el contexto colombiano, para aplicarlo al caso venezolano.
La justicia transicional, explicó, se sustenta en cuatro pilares que van desde el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición. Pero para que esos pilares respondan a la realidad de las mujeres, deben reconocer que la violencia política no surge en el vacío, sino que es una extensión de la violencia estructural y patriarcal preexistente: “No se trata simplemente de que las mujeres participemos en el proceso de negociación o que nos reparen las graves violaciones a las que hemos sido sometidas durante el conflicto. Por supuesto que eso debe estar, pero se trata además de que debe ser una justicia transformativa”, señaló.
Esa justicia transformativa implica reconocer y desmantelar las jerarquías de poder sobre las que se sostiene la violencia contra las mujeres, muchas de ellas anteriores al conflicto político, y no reducirse a una indemnización económica.
Para aterrizarlo al contexto venezolano, Grajales trazó una distinción entre dos grupos de mujeres afectadas, comenzando por las presas políticas, sometidas a condiciones de reclusión que incluyen violencias contra su cuerpo y su sexualidad; y las mujeres en los entornos de los detenidos (madres, hermanas, parejas) que han cargado con el peso del sostenimiento afectivo, logístico y económico de sus familiares encarcelados.
Entre los casos que ilustran esa violencia contra el cuerpo de las presas políticas, Grajales mencionó el de Emirlendris Benítez, comerciante del estado Lara detenida en 2018 estando embarazada, acusada de participar en un atentado contra Nicolás Maduro. Durante su reclusión fue sometida a torturas que derivaron en un aborto espontáneo. Su detención preventiva superó el máximo de tres años establecido por la legislación venezolana. En 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas determinó que su detención es arbitraria y exigió su libertad inmediata.
Las mujeres que sostuvieron a los presos postelectorales
Ese segundo grupo fue el centro del testimonio de Yris Medina, sobreviviente y fundadora de Cofavic. Medina describió lo que vivieron las mujeres que acompañaron a los detenidos tras las protestas postelectorales de 2024: madres que durmieron frente a los centros de reclusión de Tocorón y Tocuyito, que pagaron $30 mensuales por un cuarto, que cocinaron en condiciones precarias y que se turnaron para proveer alimentos tanto a ellas mismas como a sus hijos detenidos.
“Somos madres, somos hermanas, somos todas. Somos las mujeres, la principal fuente de ayuda y la que siempre va a estar ahí en la búsqueda de justicia para nuestros seres queridos”, afirmó Medina, quien destacó que ese peso recayó principalmente sobre mujeres provenientes de distintos estados del país (Zulia, Mérida, Nueva Esparta) que no tenían la posibilidad de regresar a sus hogares sin perder el contacto con sus familiares.
Medina también reivindicó el rol de Cofavic en llevar las historias de las víctimas ante fiscalía y tribunales: “Eso ha sido lo primordial y ha sido en lo que yo me siento sumamente orgullosa, de saber que he podido dejar un mensaje, de saber que en la memoria de Venezuela todavía está la historia de Cofaciv”
Venezuela aún no está en transición: la ruta que falta
Para Grajales, hay una precisión que no puede ignorarse, ya que alerta que Venezuela no está en un proceso de justicia transicional porque la transición todavía no se ha completado: “Mientras no estemos en una transición, todavía no podemos hablar de justicia transicional. Aquí no estamos en un proceso de justicia transicional ‘aún’”, advirtió.
Eso no implica parálisis, sino claridad sobre la ruta. Una comisión de verdad, que debería ser independiente del gobierno, con alta legitimidad y participación protagónica de las víctimas, es una de las metas hacia las que debe orientarse el esfuerzo colectivo. El camino hasta allí depende de la capacidad de la sociedad organizada de sostener sus demandas.
El llamado de Andrea Santacruz, abogada y defensora de Civilis Derechos Humanos, fue en esa dirección, no permitir que el discurso de una recuperación económica parcial postergue las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición. Katiuska Camargo fue más tajante con el imperativo ciudadano: “No podemos estar en silencio. Si ustedes tienen la oportunidad de poner en sus redes sociales ‘liberen a todos los presos políticos’, háganlo.”
Según cifras de Foro Penal, más de 500 presos políticos permanecen injustamente detenidos en Venezuela. La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática es, en la lectura compartida de estas cuatro mujeres, un primer paso. Lo que Venezuela necesita es una ruta más larga, más profunda y que no deje a nadie atrás.
Óscar Calles | Prensa PROVEA
