Durante la tarde de este 20 de octubre de 2016 cinco tribunales penales de Venezuela, de los estados Aragua, Bolívar, Apure, Monagas y Carabobo, anularon el acto de recolección del 1% de manifestaciones de voluntad presentadas por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para la activación del mecanismo constitucional de referendo revocatorio presidencial, correspondiente a dichas entidades del país.
Este 1% de las firmas –primer paso para activar el mecanismo refrendario- había sido auditado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), quien había pautado para los días 26, 27 y 28 de octubre la recolección del 20% de firmas del padrón electoral, segundo paso para la activación del derecho consagrado en el artículo 72 de la Carta Magna. A escasas horas de conocerse la decisión de los referidos Juzgados regionales, el CNE emitió un comunicado en su sitio web en donde afirmó que acataba “Las medidas cautelares ordenadas por los tribunales”, por lo que habría “girado instrucciones de posponer el proceso de recolección hasta nueva instrucción judicial”.
Provea alerta a la comunidad internacional y a los órganos de protección de Derechos Humanos sobre las amenazas existentes para quienes solicitaron la activación del mecanismo de revocatorio presidencial
La sentencias, proferidas simultáneamente por diferentes tribunales con competencia en materia penal -quienes no poseen atribuciones legales para suspender procesos electorales-, y su acatamiento casi inmediato por parte del máximo árbitro electoral del país, revela la existencia de un plan coordinado desde el propio Poder Ejecutivo para impedir que la ciudadanía pueda evaluar la gestión del primer mandatario, a través del mecanismo de referendo revocatorio.
El Ejecutivo Nacional, valiéndose de la erosionada institucionalidad y el control político que ejerce sobre el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral, ha obstruido el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, cerrando los espacios para la resolución pacífica de la crisis, y colocando al país en el umbral de una situación de alto riesgo, al estimular la confrontación violenta entre los venezolanos. Las consecuencias de esta situación será responsabilidad de quienes hoy están al frente del Poder Ejecutivo y de las autoridades de los poderes públicos que han abandonado la independencia en su gestión.
Provea alerta a la comunidad internacional y a los órganos de protección de Derechos Humanos sobre las amenazas existentes para quienes solicitaron la activación del mecanismo de revocatorio presidencial. Altos voceros del Ejecutivo y del partido oficial han alentado abiertamente la comisión de represalias contra los solicitantes de la consulta popular, lo que anuncia el inicio de episodios de persecución, hostigamiento y posibles detenciones contra dirigentes y activistas políticos vinculados a sectores de la oposición política. El diputado y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, declaró en la noche de este 20 de octubre “Esperamos que ahora se busque a los responsables, se ordene su detención y vayan a prisión por el engaño que han hecho”. Durante la mañana de este jueves Provea emitió un comunicado rechazando las declaraciones del ministro Ricardo Molina en las que anunciaba que las personas que participaran en la recolección del 20% de las firmas iban a perder derechos sociales.
En medio de este complejo escenario, exhortamos a toda la ciudadanía que desee ejercer su derecho a la manifestación debido a la suspensión de la solicitud de referendo revocatorio presidencial, a hacerlo de manera pacífica. Igualmente, exigimos a las autoridades del Estado venezolano abstenerse de imponer restricciones indebidas al ejercicio del derecho a la reunión y asociación pacíficas, y a cumplir y respetar el mandato que le imponen el marco legal nacional e internacional vigentes que consagran la garantía de estos y otros derechos humanos.
Provea
