Este 17 de mayo el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que sería aplicado el «Plan Zamora» en su segunda fase en el estado Táchira, para contener las protestas que se han desarrollado en dicha entidad por el retorno a la democracia y en rechazo a la iniciativa constituyente que ha promovido Nicolás Maduro. Padrino López informó que serían enviados 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 600 tropas de operaciones especiales, y aunque no detalló esto último, podría tratarse de componentes de la Fuerza Armada entrenados en especialidades anti-subversivas y contraterroristas, sin preparación en control del orden público y gestión de manifestaciones. El pasado 13 de mayo el Ministro Padrino López había calificado como «una insurgencia terrorista armada» las manifestaciones realizadas desde el pasado 01 de abril
La dictadura de Nicolás Maduro ha insistido en construir y promover un relato según el cual las manifestaciones realizadas en la mayor parte del territorio nacional, exigiendo el respeto a la Constitución Nacional y el retorno a la democracia, forman parte de una estrategia terrorista. Desde campañas de odio promovidas a través del sistema nacional de medios públicos, hasta falsificación de imágenes para calificar como violentas las manifestaciones, han sido las estrategias empleadas por la dictadura para justificar el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes; encarcelar a dirigentes políticos y activistas sociales; y aplicar de forma inconstitucional la jurisdicción militar para procesar a civiles detenidos en el contexto de las protestas.
El 18 de abril, previo a la jornada de movilización convocada para el 19 de abril, el Ejecutivo Nacional anunció la firma de un decreto para la aplicación del “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora”, en su fase verde. Este plan había sido anunciado en diciembre de 2016 como una herramienta “para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha” según afirmó Nicolás Maduro. En opinión de varias ONG venezolanas, el «Plan Zamora» constituye la consolidación de la militarización de las labores de gestión de manifestaciones y seguridad ciudadana, y la institucionalización de la participación de civiles armados y agrupaciones paramilitares para reprimir manifestaciones
Con la aplicación de la segunda fase del Plan Zamora la dictadura escala la represión a niveles superiores, que implican severos riesgos para el derecho a la integridad y la vida de cientos de miles de ciudadanos que protestan en las calles de Venezuela. Desde el pasado 6 de abril hasta la publicación de este escrito, 45 personas habían fallecido en este nuevo ciclo de protestas, superando la cifra total de fallecimientos registrado en el contexto de las protestas ocurridas entre febrero y junio de 2014. La mayoría de los fallecidos (31) fueron asesinados por armas de fuego; en al menos 8 casos el Ministerio Público ha confirmado la participación de agentes de la fuerza pública en dichas muertes, y en otros 5 casos se presume la vinculación de efectivos militares y/o policiales en la comisión de los hechos. Reiterar la militarización de las actividades de gestión de manifestaciones e incorporar a componentes de la FANB, sin ningún tipo de entrenamiento, para estas labores y equipados con munición potencialmente letal, puede devenir en un aumento exponencial en los casos de violaciones a la integridad personal y el derecho a la vida.
En 2014, en sus observaciones finales sobre el tercer y cuarto informes periódicos de la República Bolivariana de Venezuela, el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas expresó: «Preocupan también al Comité los informes concordantes que denuncian el uso indebido de armas de fuego y material antidisturbios contra manifestantes y zonas residenciales. Asimismo, el Comité nota con preocupación la participación de efectivos militares, como la Guardia Nacional Bolivariana, en el control de las manifestaciones, pese a que su función no es el mantenimiento del orden público», el CAT recomendó al Estado venezolano: «Asegurar que los órganos que se ocupan del mantenimiento de la seguridad ciudadana sean de carácter civil, tal y como prevé el artículo 332 de la Constitución del Estado parte, y modificar las disposiciones legales, normativas y los planes que autoricen la participación militar en el mantenimiento del orden público».
Por su parte el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas expresó en sus Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela: «El Comité nota con preocupación los informes relativos a violaciones a los derechos humanos presuntamente perpetradas en el contexto de manifestaciones. Al respecto, y si bien tiene en cuenta la información de que algunos manifestantes habrían recurrido a la violencia, le preocupan los numerosos informes relativos a las violaciones a los derechos humanos que se habrían perpetrado en el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar durante los primeros meses de 2014, incluyendo casos de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, tortura o malos tratos, detenciones arbitrarias, e inobservancia de las salvaguardias legales fundamentales. El Comité, mientras toma nota de la información proporcionada por el Estado parte respecto a las investigaciones que están llevándose a cabo, observa con preocupación que hasta la fecha sólo se ha condenado a siete funcionarios. Asimismo, le preocupan los informes relativos a la participación de efectivos militares en el control de reuniones públicas y manifestaciones (arts. 2, 6, 7, 9, 10, 14, 19 y 21)». Asimismo, recomendó «seguir adoptando medidas para prevenir y eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden, especialmente en el contexto de manifestaciones, entre otras cosas reforzando la capacitación en materia de derechos humanos y uso adecuado de la fuerza»
La dictadura de Nicolás Maduro también actúa de espaldas al exhorto realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en su sentencia sobre «El Caracazo» proferida en agosto de 2002 que señaló: «Las características de los hechos de este caso, revelan que los cuerpos armados y los organismos de seguridad del Estado no estaban preparados para encarar situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. Es menester impedir a toda costa que vuelvan a repetirse las circunstancias descritas. El Estado debe adoptar todas las providencias necesarias para ello y, en particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se pueden invocar pretextos de mantenimiento de seguridad pública para violar el derecho a la vida. Debe, asimismo, el Estado, ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos. Y debe finalmente, el Estado garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal».
En su Informe Anual 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró al Estado venezolano el deber de emplear la fuerza “exclusivamente a fin de cumplir con su obligación de proteger a las personas y a los miembros de las fuerzas de seguridad, y sólo utilizando la fuerza que sea estrictamente necesaria, conforme a los principios internacionalmente reconocidos”. El órgano hemisférico ha enfatizado en que es necesario separar el concepto de defensa de la nación del concepto de seguridad ciudadana, toda vez que bajo la justificación de la lucha contra el “terrorismo”, se ampara la militarización de las labores de seguridad ciudadana y gestión de manifestaciones y la comisión de cientos de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública. La dictadura insiste en amplificar la visión del enemigo externo e interno -propia de la doctrina de seguridad nacional- y en reforzar la lógica belicista y la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales, para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos. Según ha dicho la CIDH “Los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el Hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia”.
Provea recuerda a las autoridades del Estado, los altos mandos y medios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales del país y a los funcionarios militares y policiales, que las graves violaciones de derechos humanos no prescriben en el tiempo; además no se podrá alegar la «obediencia debida» para eludir las responsabilidades penales por la comisión de abusos contra los derechos humanos.
Prensa Provea
