El trabajador de la estatal Corpoelec, Geovany Zambrano Rodríguez, nuevamente ha sido reportado como desaparecido. Zambrano, trabajador de Edelca – Corpoelec en la planta Macagua de Ciudad Guayana, fue detenido arbitrariamente y está en situación de desaparición forzada por segunda vez entre el 11 y 13 de marzo de 2019.
Luego de participar en una rueda de prensa realizada por trabajadores de la estatal el pasado 18 de febrero, en la que se denunció la crítica situación del sector eléctrico, a Zambrano Rodríguez se le aplicó una jubilación forzosa (con 54 años de edad) y el lunes 11 de marzo se informó que se encontraba desaparecido desde las 6:00 de la tarde de ese día. Sus familiares habían perdido contacto con él desde esa hora y testigos aseguraron que había sido interceptado por una camioneta gris marca Toyota, modelo Tundra, en el sector Alta Vista de la ciudad de Puerto Ordaz en el estado Bolivar.
A las 3:00 de la madrugada del 12 de marzo se conoció que el trabajador había sido detenido arbitrariamente, sin orden judicial, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, lugar en el que fue interrogado y posteriormente liberado.
8:20 am| #12marzo Familiares me informan que el trabajador de #Corpoelec, Geovany Zambrano, fue liberado a las 3:00 am.
— Clavel Rangel J. (@ClavelRangel) 12 de marzo de 2019
Posteriormente, a las 4:00 de la tarde del 12 de marzo, Zambrano Rodríguez fue nuevamente detenido arbitrariamente en el sector Alta Vista de Puerto Ordaz. Testigos afirmaron que fue interceptado por los mismos funcionarios a bordo de un vehículo con las mismas características que el anterior. Transcurridas más de 5 horas de la detención arbitraria, se informó a Provea la revictimización del trabajador debido a que se desconoce aún con certeza su paradero. Algunas informaciones, no confirmadas por autoridad alguna, indican que Zambrano se encontraría nuevamente detenido en la sede del SEBIN en Puerto Ordaz.
Es notorio el aumento de los casos de desapariciones forzadas de personas en el marco del aumento del terrorismo de Estado. Al repertorio represivo mostrado por la dictadura, se ha sumado en los últimos 3 años el aumento de los casos de personas detenidas arbitrariamente y posteriormente sometidas a largos períodos de incomunicación en los que familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, desconocen el paradero o las condiciones de reclusión y respeto a la vida e integridad de las personas detenidas.
La desaparición forzada es una estrategia dirigida a generar terror en las víctimas, extendiendo esta sensación a su circulo de familiares y amigos. No sólo afecta al desaparecido, genera un profundo temor e incertidumbre en sus familiares, por lo que prolonga el sufrimiento e inhibe a la sociedad, quien se siente amenazada ante tales prácticas. En su Informe «Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017», el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó: «El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha subrayado que ´no existe un tiempo mínimo, por breve que sea, para considerar que se ha producido una desaparición forzada´, y que ´se debe facilitar sin demora a los familiares información exacta sobre la detención de toda persona privada de libertad y sobre su lugar de detención´.
Los ataques de la dictadura de Maduro contra el movimiento obrero se han intensificado en los últimos meses, con el claro objetivo de silenciar las protestas y las legítimas demandas de los trabajadores, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que ha pulverizado el ingreso y condena al hambre a millones. En 2018, las denuncias registradas por Provea sobre episodios de amenazas y hostigamiento, tuvieron como principales víctimas a los trabajadores que se movilizaron a lo largo del año para exigir respeto a las convenciones colectivas; salarios dignos, o para denunciar las precarias condiciones de la infraestructura de salud, electricidad, educación, entre otros. Estas violaciones al derecho a la integridad personal fueron protagonizadas en su mayoría por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el SEBIN. Sumado a esto, entre los meses de noviembre y diciembre del 2018, quince trabajadores de las empresas básicas de Guayana fueron detenidos por la DGCIM, presentados en tribunales y encarcelados por haber participado en protestas reclamando derechos.
Provea y el movimiento sindical venezolano exigen el respeto a la integridad y la vida de Geovany Zambrano Rodríguez, su aparición inmediata sano y salvo y su liberación sin ningún tipo de obstáculos. Recordamos que la persecución por motivos sociales y/o políticos; la desaparición forzada de personas y el encarcelamiento -de forma masiva y sistemática-, podría configurarse dentro de los supuestos de crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma.
Prensa Provea
