Condenamos la criminalización de la defensa de los derechos humanos en Venezuela
Tras más de 96 horas de silencio oficial, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reconoció en la tarde del martes 13 de mayo que el defensor de derechos humanos, Eduardo Torres, está detenido bajo custodia del Estado venezolano.
El fiscal no dio información sobre la fecha, hora, lugar ni cuerpo de seguridad que ejecutó la detención de Eduardo Torres. Tampoco informó sobre la existencia de alguna orden de aprehensión, menos aún, sobre la Fiscalía que estaría a cargo de la investigación ni el lugar de detención.
Sobre esto es fundamental precisar:
- El reconocimiento vía Instagram del Ministerio Público sobre la detención del abogado y miembro de PROVEA, Eduardo Torres, se produjo tras más de 96 horas de desaparición del activista, en las que su familia, nuestro equipo, y organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, denunciaron los hechos.
- La última comunicación que Torres sostuvo con su familia fue el viernes 9 de mayo a las 4:00 p.m., cuando informó que se dirigía a su casa, pero desapareció. Desde la mañana del sábado 10 de mayo, su esposa Emiselys Núñez, en compañía de miembros de PROVEA, recorrió varios centros de detención en Caracas (sedes DGCIM, SEBIN y PNB) pidiendo información sobre Eduardo, pero la respuesta de los funcionarios policiales y/o militares fue negar su reclusión en estos sitios, lo cual fue difundido en las redes de PROVEA y amplificado por medios de comunicación nacional e internacional.
- Si para ese momento las autoridades, incluyendo al fiscal general, tenían conocimiento de la detención de Eduardo Torres, ¿por qué no lo informaron o propiciaron la comunicación del activista con sus familiares y/o abogados?
- Si cursaba una investigación contra Torres, la omisión de información a sus familiares sobre la detención y el paradero del abogado constituyó una abierta aceptación de la comisión del delito de desaparición forzada.
- En la declaración difundida el martes, el fiscal se limitó a señalar que Torres estaba detenido, pero no ofreció información sobre el sitio de detención o sus condiciones de reclusión. Por ello, aunque se haya reconocido la detención, reafirmamos que Torres se encuentra en desaparición forzada, toda vez que sus familiares y abogados de confianza no han podido constatar su paradero y condiciones de salud conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Constitución.
- Sin ofrecer detalles sobre tiempo y lugar, el fiscal general afirmó que Torres “fue presentado conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa”. Pero tras más de 96 horas de silencio oficial, y dado el recurrente patrón de violación al debido proceso, para familiares y abogados es imposible tener certeza sobre el cumplimiento de estos lapsos, aunado a que no se ha permitido abogado de confianza, lo que cercena su derecho a la defensa.
- El domingo 11 de mayo, Emiselys Núñez y el equipo de PROVEA esperaron por más de 7 horas que Torres fuera presentado en Tribunales. Ese día, el activista no fue presentado en el Palacio de Justicia de Caracas y, además, a su esposa no le fue recibido un escrito de hábeas corpus por la ausencia de una “autorización superior”.
La situación de desaparición forzada en la que se encuentra Eduardo Torres constituye un riesgo para su integridad física y mental.
Reafirmamos nuestro derecho a exigir derechos y, en particular, los de nuestro compañero de labores.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) es una organización no gubernamental fundada en Caracas en 1988 por los defensores Ligia Bolívar, Dianorah Contramaestre y Raúl Cubas, con el objetivo de documentar, educar y visibilizar sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Venezuela, sin dejar de lado la universalidad de todos los derechos humanos.
