Más de 130 organizaciones nacionales e internacionales nos pronunciamos para exigir Justicia para los 33: ser LGBTIQ+ no es delito

Pronunciamiento de Organizaciones venezolanas e internacionales sobre el caso de los 33 hombres detenidos por su orientación sexual y cese a la criminalización contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela.

Más de 130 organizaciones venezolanas e internacionales abajo firmantes rechazamos la detención arbitraria e irregular de 33 hombres gays/bisexuales en una sauna del estado Carabobo, Venezuela, el escalamiento de la política de Homofobia de Estado y de algunos medios de comunicación contra las personas LGBTIQ+.

El domingo 23 de julio de 2023 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana allanaron de manera arbitraria e irregular una sauna privado para hombres homosexuales/bisexuales localizado en una zona comercial de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, donde detuvieron sin orden judicial ni de captura a 33 hombres adultos gays/bisexuales, alegando que supuestamente habían recibido denuncia anónima por contaminación sónica. 

Durante el allanamiento no se encontraron menores de edad ni ningún tipo de sustancias ilícitas, según el acta policial. Varios de los detenidos denunciaron que algunos funcionarios policiales les exigieron el pago  de 500 a 1000 dólares americanos para ser liberados en ese momento.

El lunes 24 de julio la policía no les garantizó la protección de la privacidad, identidad e integridad a los 33 detenidos, puesto que les sometieron al escarnio público por ser homosexuales, mostraron públicamente sus rostros, nombres y apellidos, cédulas de identidad, fotografías, celulares y condones, informaron que uno de los detenidos tenía el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que algunos teléfonos personales mostraban contenido sexual, como pruebas del supuesto delito cometido, lo que fue difundido por redes sociales de varios medios de comunicación y periodistas. 

Estos hechos ocasionaron críticas, discriminación, estigma y señalamientos públicos que dañaron de manera irreversible la dignidad de estas personas y sus familiares.

La detención de estos  33 hombres adultos superó las 48 horas en la Delegación de Los Guayos en Valencia, en cuyo lapso no se les permitió tener contacto con sus familiares y abogados.

La noche del miércoles 26 de julio la jueza Marialba Villarreal del tribunal del Palacio de Justicia del Estado Carabobo admitió la imputación del Ministerio Público con los delitos “Ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica”, liberando solo a 30 de los 33 hombres con el régimen de presentación cada 30 días, en el lapso de 6 meses para efectuar el juicio y otorgar libertad plena. Los otros 3 hombres que quedaron detenidos  y trasladados a una celda con delincuentes comunes, les exigen la presentación de fiadores para su liberación.

Destacamos que un grupo de personas adultas mayores de edad con el consentimiento de las partes que se reúnan en un lugar privado de manera privada con fines lícitos, de expansión e incluso sexuales, donde no se evidencie el ofrecimiento de material grabado de forma pública y a la venta, NO constituye delito alguno, por lo tanto no se considera ultraje al pudor ni tampoco agavillamiento.

Esta nueva arremetida de criminalización por parte del Estado venezolano se suma a la lista de violaciones de derechos humanos de las personas LGBTIQ+, quien ha evidenciado incumplir sus obligaciones constitucionales de garantizar la igualdad de todas las personas ante la ley y la no discriminación por ningún motivo, como respuesta a los hechos de odio y estigmatización motivados por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

Todas esta situaciones contradicen lo expresado por el representante de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos ONU Señor Emilio Barroeta, durante la 53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el debate del informe del Experto Independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género (junio 2023), quien afirmó “La erradicación de toda práctica discriminatoria y el empoderamiento de los grupos vulnerables para el pleno ejercicio de sus derechos como las personas sexo diversas constituyen una prioridad para el Estado venezolano” y el cumplimiento de “la orden ejecutiva Nro. 6 del año 2016 en la cual se reafirma la igualdad y el pleno goce de los derechos humanos de las personas LGBTI+ sin discriminación alguna”. 

Alertamos que las detenciones arbitrarias e irregulares y la judicialización de los 33 hombres en Venezuela motivadas por la orientación sexual se pudieran convertir en un patrón criminalizador de la población LGBTIQ+, que contradice lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y los acuerdos y tratados sobre derechos humanos suscritos por la Nación en el sistema internacional de derechos humanos.

Perseguir y discriminar con base en la orientación sexual e identidad de género viola las garantías constitucionales y constituye una violación a derechos humanos. Todas las personas son iguales ante la ley y al mismo tiempo somos distintas de manera individual.  No existe una única forma de sentir y amar, y tal diversidad no constituye delito, ni podría justificar detenciones arbitrarias, violencia o negación de derechos.

La constante persecución contra la comunidad LGBTIQ+ también son hechos de persecución contra toda la sociedad porque significa un importante retroceso de las libertades en Venezuela.

En Venezuela los medios tienen responsabilidad en no fomentar la discriminación por vivir con VIH, tal como lo señalan los artículos 1, 3, 7, 8, 9 y 13 de la Ley para la promoción y protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus familiares.

Por lo anterior, las organizaciones venezolanas e internacionales abajo firmantes se pronuncian para:

1.- Expresar solidaridad a los 33 hombres detenidos quienes deben estar con libertad plena, puesto que no cometieron ningún delito y extender esta solidaridad a familiares y amigos de las víctimas.

2.- Exigir al Estado venezolano garantice la protección, integridad física y psicológica y el otorgamiento de libertad plena a los 33 hombres gays/bisexuales detenidos, así como el sobreseimiento a la causa penal, investigación al fiscal y juez de la causa e investigación contra funcionarios policiales involucrados en este caso.

3.- Exigir al Estado venezolano garantice el artículo 332 de la Constitución venezolana (CRBV) que establece que los cuerpos de seguridad ciudadana deben respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación. 

4.- Exigir al Estado venezolano cese a la HOMOFOBIA DE ESTADO, a la criminalización, hostigamiento y extorsión a personas LGBTIQ+ de Venezuela.

5.- Solicitar a todas las agencias y órganos de las Naciones Unidas y organismos competentes activen los mecanismos de protección y seguridad a las personas LGBTIQ+.

6.- Respaldamos el pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas  sobre el caso de los 33 detenidos, donde exhortan a sus miembros a “observar el Código de Ética del Periodista” que considera como “mala praxis profesional el sensacionalismo, el trato indigno, la violación del derecho al honor, entre otros”, además que “replicar informaciones estigmatizantes y que denigran a los implicados también es una violación de los DDHH. Un periodista ético evita emitir opinión ni prejuzgar los hechos que reporta”.

Organizaciones que suscriben este pronunciamiento: