Bogotá – Ginebra, 30 de junio de 2021 | Tras dos meses de protestas mayoritariamente pacíficas en Colombia, agentes de las fuerzas armadas siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de forma generalizada, como se detalla en este dossier. Las organizaciones de derechos humanos colombianas y miembros del Grupo NGO-LAC en Ginebra, respaldadas por más de 300 organizaciones de todo el mundo hacen un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se lleva a cabo actualmente en Ginebra, para que condene la brutal represión hacia las y los manifestantes y pidan investigaciones independientes. La declaración conjunta es la segunda después de un llamado global a la actuación de la comunidad internacional al inicio del Consejo por parte de organizaciones de derechos humanos.
“La violencia policial no es nueva en Colombia, como se evidenció en septiembre de 2020, cuando policías torturaron y mataron a un civil indefenso y luego mataron a otros 13 en los días siguientes” dijo Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas. “Lo que no tiene precedentes es la escala de la represión y la crueldad de las actuaciones de los agentes de la fuerza pública que incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y la desaparición forzada de cientos de manifestantes pacíficos» añadió Oscar Ramírez, abogado de la Campaña Defender La Libertad: un asunto de todas.
De acuerdo a la Campaña Defender La Libertad, desde el inicio de las protestas el 28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios, que incluyen al menos 27 víctimas a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Un número significativo de muertes atribuidas a civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las fuerzas armadas del Estado. 80 personas han sufrido lesiones oculares y otras 114 heridas de bala. Alrededor de 3.200 manifestantes han sido detenidos arbitrariamente sin garantías a su derecho a un debido proceso, lo que los ha expuesto a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de la Campaña y documentan estas violaciones a los derechos humanos también han registrado golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación. Muchas de estas conductas no se están investigando y, para aquellas graves irregularidades donde sí hay investigaciones, estas están en manos de la justicia penal militar o no avanzan con la transparencia y la celeridad que las víctimas necesitan para obtener justicia.
Un hecho particularmente preocupante es la práctica de la desaparición forzada que se presenta cuando las personas detenidas son trasladadas a centros irregulares de detención, como centros comerciales, escuelas y estaciones de transporte público, y permanecen incomunicadas hasta por 36 horas. A la fecha, 327 personas continúan desaparecidas y las autoridades niegan la ocurrencia de aproximadamente la mitad de estas desapariciones.
Los ataques se han dirigido especialmente a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como indígenas, miembros de la comunidad LGBTIQ, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personal médico que atiende a manifestantes heridos. Incluso una misión de verificación de organizaciones de derechos humanos, acompañada por funcionarios de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, recibió amenazas y disparos por parte de policías en Cali, el pasado 3 de mayo.
Otra práctica muy peligrosa es el uso indiscriminado de armas de letalidad reducida como el sistema Venom de lanza proyectiles, que puede tener efectos letales.
“Las movilizaciones sociales recientes tienen sus raíces en la pobreza, niveles extremadamente altos de desigualdad y racismo sistémico”, dijo Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), organización miembro del Grupo ONG-LAC. “En lugar de buscar una solución pacífica a la situación, el Gobierno ha negado la mayor parte de los abusos por parte de la fuerza pública y se ha centrado en deslegitimar a los manifestantes, incluso comparándolos con terroristas. Esto, junto con la militarización de la respuesta y la participación de civiles armados, recuerda las horas más difíciles del conflicto en Colombia”.
Más de 300 organizaciones de derechos humanos piden hoy a los Estados reunidos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que convoquen una investigación e insten a las autoridades colombianas a tomar las medidas necesarias para respetar y garantizar el derecho a la vida y los derechos fundamentales en el contexto de las protestas.
Declaración conjunta aquí
JOS_Colombia_IDEJK_HRC47-SP-
