Del 14 al 28 de septiembre 2008

Boletín electrónico Nº 207

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE OCTUBRE

Concesión del Premio Nóbel de la Paz
01 Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad
02 Día Interamericano del Agua
03 Día Mundial del Hábitat (1er. lunes)
04 Día Interamericano de la Radiodifusión
10 Día Mundial Contra la Pena de Muerte
10 Masacre de Cantaura, Edo. Anzoátegui (1982)
10 Día Mundial de la Salud Mental
12 Día Nacional de la Resistencia Indígena
15 Día Internacional de la Mujer Rural
15 Día Internacional de Reducción de Desastres (2do. miércoles)
15 Aniversario de Provea
16 Día Mundial de la Alimentación
17 Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo
24-30 Semana del Desarme
27 Primera elección universal, directa y secreta en Venezuela (1946)
28 Día Nacional del Alfabetismo
29 Masacre de El Amparo, Edo. Apure (1988)

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS
Del 25 de agosto al 13 de septiembre 2008

Boletín electrónico Nº 206

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

08 Día Internacional de la Alfabetización
09 Día de la Agricultura
11 Aniversario de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
16 Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono
18 Día Mundial de las Playas
21 Día Internacional de la Paz (3er. martes)
26 Día Mundial del Corazón
28 Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS
Del 8 al 22 de enero 2000

Boletín electrónico Nº 205

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO

04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 18 de julio al 05 de agosto 2008

Boletín electrónico Nº 204

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE AGOSTO

04-08 Semana Mundial de la Lactancia Materna
09 Lanzamiento de la Primera Bomba Atómica sobre Hiroshima (1945)
09 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
12 Día Internacional de la Juventud
15 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
18 Promulgación del Decreto de Garantías que, entre otras cosas, eliminó la pena de muerte y el destierro (1863)
29 Día Internacional del Árbol
30 Día Internacional de los «Desaparecidos»

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL «EL AMPARO: 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 01 al 17 de julio 2008

Boletín electrónico Nº 203

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO

03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ESPECIAL: «EL AMPARO, 20 AÑOS DE IMPUNIDAD»

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 17 al 30 de junio 2008

Boletín electrónico Nº 202

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO

03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

INVITACIÓN A EVENTOS

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 02 al 16 de junio 2008

Boletín electrónico Nº 201

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JULIO

03 Día Universal de la Cooperación (1er. sábado)
05 Celebración de la Declaración de la Independencia de Venezuela (1811)
07 Día de la Conservación del Suelo
09 Día Internacional para la Destrucción de Armas de Fuego
11 Día Mundial de la Población
17 Día Mundial de la Justicia Internacional

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

INVITACIÓN A EVENTOS

ARTÍCULOS
Del 15 de mayo al 01 de junio 2008

Boletín electrónico Nº 200

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE JUNIO

01 Aprobación de Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente en Venezuela
04 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
08 Día Mundial de los Océanos
12 Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
14 Día Mundial de la Donación de Sangre
17 Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
20 Día Internacional del Refugiado
21 Día Internacional de la Educación No Sexista
21 Día por una América Latina Libre de Transgénicos
26 Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS
Del 18 de abril al 10 de mayo 2008

Boletín electrónico Nº 199

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MAYO

01 Día Internacional de los Trabajadores
03 Día Mundial de la Libertad de Prensa
04 Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
08 Día de la Cruz Roja Internacional
08 Conmemoración de la Masacre de Yumare, Edo. Yaracuy (1986)
10 Día Nacional de la Afrovenezolanidad
11-17 Semana Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Gaceta Oficial del 08.10.97)
15 Día Internacional de la Familia
15 Día Internacional de la Objeción de Conciencia
17 Día Mundial de las Telecomunicaciones
17 Día Mundial Contra la Homofobia
21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
25-31 Semana de Solidaridad con los Pueblos de Todos los Territorios Coloniales que Luchan por la Libertad, la Independencia y los Derechos Humanos
28 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
29 Día Nacional del Árbol
29 Día Nacional del Adulto Mayor

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS
Del 2 al 16 de abril 2008

Boletín electrónico Nº 198

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL

04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
14 Día del Panamericano
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS
Del 15 de marzo al 1 de abril 2008

Boletín electrónico Nº 197

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL

04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
14 Día del Panamericano
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
23 Día Internacional del Libro y de los Derechos del Autor
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS

NOVEDADES EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS
Del 28 de febrero al 14 de marzo 2008

Boletín electrónico Nº 196

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE FEBRERO

08 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
14 Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida
15 Promulgación del voto directo, universal y secreto para hombres y mujeres mayores de 18 años en Venezuela (1946)
21 Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial
21 Día Mundial de la Poesía
21 Día Forestal Mundial
21-27 Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan Contra el Racismo y la Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
24 Ejecútese de Ley de Abolición de la Esclavitud en Venezuela (1854)
24 Asesinato del Obispo Oscar Arnulfo Romero (1980)

CONTEXTO

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTÍCULOS

DOCUMENTOS
Del 28 de marzo al 07 de abril de 2005

Boletín electrónico Nº 153

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ABRIL

04 Asesinato de Martin Luther King (1968)
07 Día Mundial de la Salud
07-14 Semana de la Salud en Las Américas
08 Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial
11 Golpe de Estado contra presidente Hugo Chávez Frías (2002)
13 Día de la Movilización Nacional
19 Celebración de la Declaración de Independencia de Venezuela (1810)
19 Día Panamericano del Indio
22 Día Mundial de la Tierra
24-30 Semana de la Vacunación en Las Américas
28 Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo
29 Día Internacional de los Trabajadores Muertos y Heridos en Accidentes Laborales

CONTEXTO

La frecuencia con la cual, en los últimos años, activistas y dirigentes del movimiento campesino nacional han venido siendo asesinados representa una grave situación que obliga al Gobierno Nacional a presentar una respuesta adecuada y oportuna, señalaron diversas organizaciones de derechos humanos articuladas en el Foro por la Vida.

Según las denuncias de organizaciones campesinas, más de 80 campesinos han sido asesinados en los últimos 8 años. La modalidad utilizada es el sicariato y, a pesar de que no se ha desarrollado una investigación seria que determine la responsabilidad material e intelectual, hay suficientes indicios para presumir que tras buena parte de estos hechos se encuentran sectores interesados en boicotear el proceso de reforma agraria que viene adelantando el Gobierno Nacional.

El más reciente caso ocurrió el pasado 19.03.05, en la población de Santa Bárbara, Edo. Barinas, donde fue asesinado Luis Enrique Pérez, integrante de la cooperativa “Agualinda 6”, la cual esperaba el decreto final para obtener la legalidad de las tierras del Hato “Agualinda”, solicitadas al Instituto Nacional de Tierras (INTI).

Según el Foro por la Vida, “los hechos de violencia ocurridos en el campo venezolano reflejan una ineficiente política de seguridad y ponen en evidencia una responsabilidad estatal por omisión. Si bien altos funcionarios públicos han expresado su preocupación por estos sucesos, las meras declaraciones resultan insuficientes. Se requiere una política que facilite las investigaciones, garantice protección a los campesinos y sus líderes y, en general, el mejoramiento de la seguridad ciudadana en el campo” (Foro por la Vida, 06.04.05,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np060405.pdf).

Igualmente resultan preocupantes, para el Foro por la Vida, los limitados avances que el Ministerio Público (MP) y los órganos de investigación lograron para establecer responsabilidades e iniciar los procesos penales correspondientes. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos exigen a los distintos entes y órganos del Estado “acelerar y mejorar las investigaciones sobre los asesinatos ocurridos, establecer responsabilidades y sancionar a los culpables” (Foro por la Vida, Ídem.).

En otras oportunidades el Foro por la Vida señaló que “la seguridad ciudadana es un derecho de la población y, por tanto, una obligación estatal que no puede ser privatizada” (Foro por la Vida, Ídem.). Por ello, “rechaza la iniciativa planteada por distintos voceros públicos, en el sentido de entrenar y armar al campesinado para delegarles esta tarea estatal. Tal propuesta es ilegal, además de contraproducente para los fines buscados, pues puede conducir a la constitución de grupos paramilitares que incrementarían y diversificarían las formas de violencia ya establecidas” (Foro por la Vida, ídem.).

“El Estado debe conservar el monopolio de la fuerza pública y hacer un uso adecuado de ella en beneficio de la población” (Foro por la Vida, Ídem.). Para ello, el Foro por la Vida considera forzoso e imperioso y con carácter de urgencia que el Ejecutivo Nacional convoque y escuche la opinión y recomendaciones de las organizaciones campesinas y de derechos humanos, para diseñar una política de seguridad pública que, en lo inmediato, garantice una adecuada seguridad en el campo venezolano, de acuerdo con lo establecido en la constitución y tomando especialmente en cuenta la vulnerabilidad del sector campesino en esta materia.

Suscriben: Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI); Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB); Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Margarita; Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela; Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) ; Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE); Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui; Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Red de Monitores Populares de Derechos Humanos del Estado Táchira; Servicio Jesuita a Refugiados (SJR).

A propósito de la citación recibida por el Dr. Carlos Ayala Corao; asesor y amigo de Provea; para que comparezca ante Luisa Ortega Díaz, fiscala del Ministerio Público (MP) a objeto de imputarlo por hechos relacionados con el golpe de Estado del 11.04.02, Provea se pronuncia en los siguientes términos:

  1. El 12.04.02, Provea condenó el golpe de Estado ocurrido el día antes. Desde entonces, ha cuestionado la impunidad de esos hechos, pues considera que es una situación que avala nuevas rupturas del hilo constitucional, al tiempo que una violación continuada de los derechos a la autodeterminación, a la democracia, a elegir y a ser elegido. En tal sentido comparte plenamente la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresada el 07.10.02, por su entonces presidente, Dr. Juan Méndez, en el sentido de que esos hechos ”no deben quedar impunes De acuerdo a la experiencia de la CIDH respecto a hechos de violencia y de quebrantamiento del orden institucional en distintos países del continente, la impunidad no hace más que propiciar la repetición de actividades contrarias a la democracia y a los derechos humanos” (Dr. Juan Méndez, ex presidente de la CIDH, 07.10.02).
  2. Provea ha señalado que la investigación sobre el golpe de abril de 2002 debe hacerse de manera adecuada y ajustada a derecho. Provea tiene conocimiento de hechos ocurridos en el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que implican la existencia de filtración de información por parte del Ministerio Público, lo que estaría afectando los principios de independencia e imparcialidad del proceso. Estos hechos dan pie a interpretaciones que apuntan a vincular la investigación con la intención de presionar al Dr. Ayala para que se inhiba de seguir accionando ante ese sistema. En tal sentido, Provea exige al Ministerio Público que corrija cualquier irregularidad que afecte negativamente el desarrollo de esta investigación y el derecho al debido proceso del Dr. Ayala.
  3. Provea da fe de que el 12.04.02, el Dr. Ayala, junto otros activistas y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Provea, acudió a la sede de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) para velar por la vida, integridad y libertad del, para entonces, diputado Tarek William Saab (Movimiento Quinta República), quien se encontraba arbitrariamente privado de su libertad. Igualmente, da fe de que fue receptora de los cuestionamientos del Dr. Ayala al Decreto Nº 1 del Gobierno de Facto del Dr. Pedro Carmona Estanga.
  4. Provea manifiesta su solidaridad con el Dr. Ayala y señala que velará por el pleno respeto de sus garantías procesales (Provea, 07.04.05).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El pasado 31.03.05, más de 600 representantes de las comunidades indígenas Wayúu, Barí y Yukpa, originarias del Edo. Zulia, acompañados por cientos de activistas de movimientos populares, ambientalistas y de derechos humanos, marcharon desde la plaza Morelos hasta las inmediaciones de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, y posteriormente hasta las cercanías del Palacio de Miraflores, en protesta por la explotación del carbón en la sierra de Perijá.

Álvaro Acontacai, líder Barí que encabezó la marcha, explicó que el objetivo de la misma fue entregar a Hugo Chávez Frías, Presidente de la República, “un pronunciamiento formal en el que expresan su rechazo a la explotación del carbón en la sierra de Perijá, donde muchos trabajadores de las empresas mixtas Carbones de Guasare y Carbones de la Guajira han resultado afectados por neumoconiosis, entre otras enfermedades, producto de la actividad extractiva practicada en esa zona” (El Universal, 01.04.05, http://www.eluniversal.com/2005/04/01/pol_art_01104F.shtml).

Acontacai también se refirió a “los constantes accidentes viales originados a lo largo de las carreteras por donde se transporta el carbón mineral, desde las minas hacia los terminales de embarque, a orillas del lago de Maracaibo. Relató que todo este recorrido está lleno de polvo y de partículas de carbón, al igual que centros poblados aledaños a los terminales de embarque en Santa Cruz de Mara, El Bajo de San Francisco, La Ceiba y La Cañada de Urdaneta” (El Universal, Ídem.).

Calificó la situación generada por la explotación carbonífera en ese sector como “una tragedia que amenaza a todos los indígenas, así como a parcelas agrícolas, haciendas y el agua de la Sierra, y a los ríos Catatumbo y Zulia” (El Universal, Ídem.).

Una trascripción de la lectura hecha por Acontacai de este pronunciamiento ante los asistentes a la marcha, puede ser consultado bajo el título «Nos oponemos a las condiciones actuales de administración de nuestro territorio y pedimos la revisión de las políticas de concesiones mineras» en la sección DOCUMENTOS de esta edición.

Una comitiva de la marcha fue atendida por el Vicepresidente Ejecutivo José Vicente Rangel, que se comprometió a hacerle llegar sus señalamientos al Presidente Chávez.

Por su parte, la Sociedad Homo et Natura, la Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (AMIGRANSA) Secretaría de la Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch, y Provea, frente a las medidas gubernamentales orientadas a aumentar de manera sustancial, la extracción de carbón en el Edo. Zulia y el número de concesiones mineras otorgadas a empresas transnacionales en territorios indígenas, zonas protegidas y cuencas de ríos, se pronunciaron mediante un comunicado público en los siguientes términos:

  1. El Protocolo de Kyoto, cuya ley aprobatoria fue sancionada por la Asamblea Nacional el 22.07.04, señala entre las obligaciones de los Estados Parte: ‘promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero’. Resulta evidente que toda medida orientada a aumentar la producción de carbón, uno de los combustibles fósiles que generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero, es incompatible con la obligación asumida por el Estado venezolano.
  2. El artículo 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), señala que: ‘todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural’. Sin embargo, no existe en el presente, ningún estudio concluido que permita una discusión democrática sobre el impacto de las nuevas concesiones carboníferas en el Estado Zulia.
  3. El artículo 127 de la CRBV señala que ‘toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado’. No obstante, existen numerosas denuncias recopiladas y documentadas por activistas y académicos del Zulia, que señalan daños a la salud de los habitantes de la sierra de Perijá, ocasionados por las partículas del carbón que quedan circulando en el aíre, durante las etapas de extracción y transporte.
  4. El mismo artículo 127 de la CRBV señala que ‘es una obligación fundamental del Estado garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua sean especialmente protegidos’. La Observación General 15 del Comité de de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité de Desc de la ONU), agrega que: ‘la polución incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los Estados Partes deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico’. Existen análisis bien documentados, de académicos e incluso funcionarios públicos regionales, que permiten señalar que el aumento de la explotación del carbón, en las cuencas de los ríos de la sierra de Perijá, puede afectar negativamente las fuentes de suministro de agua más importantes de la entidad.
  5. La Disposición Transitoria Duodécima de la CRBV señala que ‘la demarcación del hábitat indígena se realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución’. Por su parte, el Comité de Desc de la ONU, ya en sus observaciones a Venezuela, formuladas en el año 2001, mostró preocupación por ‘las consecuencias negativas de actividades económicas relacionadas con la explotación de los recursos naturales, como las minas de carbón en la sierra de Perijá, para la salud, el entorno y el modo de vida de las poblaciones indígenas de esas regiones’. El lapso otorgado a los poderes públicos, por el poder constituyente, se venció hace más de 2 años, sin que los territorios colectivos sean efectivamente demarcados con participación indígena. Ello facilita la realización de proyectos desarrollistas en sus territorios, como la extracción del carbón, lo que genera una cadena de otras violaciones a los derechos de estos pueblos, cuya cultura y modo de vida están absolutamente asociadas a la naturaleza.
  6. El artículo 120 de la CRBV señala que ‘el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas’. No obstante, las diversas manifestaciones públicas realizadas recientemente, evidencian que sectores mayoritarios de los pueblos Yukpa, Barí, Wayúu, entre otros afectados, rechazan los proyectos de explotación del carbón y que su voz no está siendo escuchada adecuadamente por las autoridades, lo que constituye una violación del derecho a la participación y del principio democrático de protagonismo popular.
  7. El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es ley nacional desde el 28.01.78, señala que ‘todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural’. Por otra parte, el Gobierno nacional ofreció diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo endógeno, en sintonía con el derecho a la autodeterminación y a un modelo de desarrollo no expoliativo. Sin embargo, los planes de aumento de la extracción carbonífera en el Zulia se insertan dentro de estrategias exógenas que debilitan la autodeterminación, y que, además, están en sintonía con el modelo económico y productivo hegemónico en el mundo, que identifica desarrollo con expansión económica y con aumento del consumo de energía. Por estas razones, exigimos:
    1. Que el Presidente de la República inicie inmediatamente las gestiones necesarias para anular, según lo establecido en el ordenamiento legal venezolano, las concesiones del carbón entregadas en el Estado Zulia.
    2. Que el Ejecutivo proceda, con celeridad, a dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Duodécima de la CRBV, realizando, junto a los pueblos indígenas, una adecuada demarcación de sus territorios colectivos.

Además de ello, proponemos que, con la participación de los pueblos indígenas, organizaciones sociales, académicos y otros sectores movilizados por el derecho al agua, a la salud, los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, se realice un debate nacional sobre ‘Otra Integración Posible’, basada en los derechos humanos, la unión de los pueblos latinoamericanos, la búsqueda de soluciones conjuntas a los graves problemas sociales similares y desde una perspectiva que reivindica la participación de los sectores excluidos, la dignificación de los pueblos indígenas, la autodeterminación y el resguardo de la vida para las presentes y futuras generaciones”. (Provea, 31.03.05, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2005/cp_010405.pdf).

El pasado 17.03.05, Provea, en representación de la Asociación de Vecinos Urbanización Yulesca I, interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una demanda por intereses colectivos contra las actuaciones y omisiones del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), que afectaron los derechos de las personas propietarias de la mencionada urbanización, ubicada en Barcelona, Edo. Anzoátegui.

En 1997 se construyó esta urbanización compuesta por 270 viviendas, con el financiamiento de FONDUR. Sin embargo, a escasos 2 años de su entrega se presentaron problemas como agrietamiento en las paredes; hundimiento de los techos; columnas de soporte de metal fuertemente oxidadas; e, irregularidades en la construcción de las áreas comunes de la urbanización, entre otros.

Según explicó María Gabriela Martínez, integrante del Área de Defensa de Provea, “tales irregularidades debieron ser evaluadas en su momento por FONDUR, porque aún cuando los graves vicios presentes en las construcciones tuvieron que ver con la actuación culposa de la empresa constructora, FONDUR era quien tenía la obligación de garantizar una efectiva supervisión de la obra. El incumplimiento de los deberes de vigilancia que le impone su marco normativo, derivó en la violación de derechos constitucionales”.

Agregó la abogada que “en un Estado democrático y social de derecho no es coherente que sean las personas afectadas quienes paguen las consecuencias de los errores cometidos por FONDUR. Por otra parte, pretender que la responsabilidad es sólo del constructor es obviar que FONDUR tenía la obligación de adoptar y ejecutar medidas para que el constructor entregara estas viviendas en condiciones apropiadas”.

Provea instó a la Sala Constitucional del TSJ que declare a FONDUR violador, por acción y por omisión, del derecho a una vivienda adecuada de las personas propietarias de la urbanización Yulesca I. También solicitó que ordene a FONDUR que en un lapso no mayor a 6 meses, restablezca el derecho a una vivienda adecuada a las personas afectadas, garantizando la participación de la comunidad en todas sus fases.

En tal sentido, solicitó que la creación de una mesa técnico-social con participación de FONDUR, la asociación de vecinos, sus representantes legales y la Defensoría del Pueblo, cuyo cumplimiento deberá supervisar la Sala Constitucional. Esta mesa diseñaría un cronograma mediante el cual FONDUR determinaría los arreglos necesarios en la infraestructura de la urbanización o, en su defecto, otorgaría una compensación adecuada a las personas afectadas.

Además, la organización de derechos humanos planteó a la Sala Constitucional exigirle a FONDUR iniciar una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades disciplinarias, administrativas, civiles y/o penales de los funcionarios involucrados en la aprobación, evaluación y verificación de esta urbanización.

Finalmente, destacó la representante de Provea que “todos los integrantes de la comunidad afectada se organizaron en una de las tantas formas de organización comunitaria que la Constitución fomenta para hacer efectivo el principio de democracia participativa y protagónica”.

Conviene recordar que el derecho a la vivienda adecuada se encuentra reconocido en el artículo 82 de la Constitución, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11) (Provea, 17.03.05, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np170305.pdf).

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en 2da. discusión efectuada el pasado 17.03.05, la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (LRPVH), uno de los 6 regímenes prestacionales que componen el sistema de seguridad social contemplado en la Ley Orgánica de Sistemas de Seguridad Social (LOSSS).
Según informó una fuente periodística, la decisión fue apoyada por las bancadas de la Causa R, Convergencia, Primero Justicia, Acción Democrática y las organizaciones políticas comprendidas por el Bloque del Cambio (Globovisión, 18.03.05,
http://www.globovision.com/nacionales/2005.03/18/leyhabitat/index.php).

Propuesta por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la AN, el instrumento tiene por objeto “garantizar la satisfacción progresiva a todas las personas residentes en el país de su derecho a una vivienda y hábitat dignos a través de un régimen prestacional de carácter social, conforme a la Constitución, a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y a los tratados y declaraciones internacionales suscritos y ratificados por la República en materias concurrentes” (Asamblea Nacional, 28.03.05, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=594).

Otra fuente periodística pronosticaba en vísperas de la aprobación de esta ley, que el régimen de política habitacional quedaba derogado y la banca privada perdía la facultad de decidir quién recibe los financiamientos con recursos del Fondo Mutual Habitacional (FMH), adjudicándosele ese poder al nuevo Banco Nacional de la Vivienda (BANAVI) (El Nacional, 30.03.05, pág. A/20).

A juicio de esta fuente, “este hecho supone una perspectiva distinta para los futuros propietarios, toda vez que la banca privada no será la que decida a quién se le otorgarán los créditos con recursos del Fondo Mutual Habitacional.

Néstor Noguera, gerente general del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP), explicó a la fuente que la LRPVH le devolvería al BANAVI la potestad de decidir cuáles son los proyectos que se financian, en razón de que los aportes de los trabajadores dejan de ser ahorros privados y pasan a tener carácter parafiscal. Ello implicará que las solicitudes para créditos hipotecarios con recursos del FMH no sólo serán sometidas al análisis financiero de la banca privada, sino que también deberán pasar a una segunda instancia, que incluye la aprobación de los funcionarios del BANAVI.

Destacó la misma fuente que aún cuando no se ha aprobado el reglamento que establecerá las condiciones para los préstamos hipotecarios, se sabe que las comunidades organizadas tendrán prioridad frente a las personas naturales. En ese sentido, la fuente señaló que para el otorgamiento de los créditos habrá un proceso de postulación, en el que las comunidades indígenas, los damnificados, los mayores de 60 años, las mujeres solas y las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos serán sujetos a un trato preferencial.

Con respecto a dicho reglamento, la fuente indicó que la AN tiene un lapso de 120 días para redactar el reglamento de la LRPVH. “Hasta ahora, sólo existe el titular en materia de Vivienda y Hábitat, en la persona de Julio Montes, pero no posee cartera propia. En ese sentido, en el proyecto se propone la creación del Vivienda y Hábitat, integrado por el Viceministerio de Planificación de Políticas Habitacionales y el Viceministerio de Ejecución. Con la entrada en vigencia de la nueva ley de Vivienda y Hábitat todos los organismos gubernamentales en materia habitacional, como el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y el Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR), y otros más, serán liquidados y sólo existirán 2 instituciones: el Ministerio de Vivienda y Hábitat y el BANAVI” (El Nacional, Ídem.).

Noguera también señaló a la fuente que los beneficiarios de los financiamientos serán aquellos que acepten la asistencia técnica del Estado, en lo que respecta a la selección del terreno, elaboración del proyecto, escogencia de los contratistas y supervisión de la obra. Ello conllevará a promover la movilización hacia el interior del país. “Va a haber un mecanismo que incentive la movilización territorial. Pensamos establecer una regionalización de los subsidios. A la gente que decida un proyecto en un eje endógeno podrá tener más subsidios que aquella que desee vivir en Caracas. Eso es posible y está previsto” (El Nacional, Ídem.). En opinión de Noguera, “los cambios que plantea el nuevo instrumento legal pretenden eliminar las distorsiones que existían en el anterior régimen de política habitacional. Mencionó que la banca tendía a rechazar los proyectos de las comunidades organizadas” (El Nacional, Ídem.).

Conviene recordar que la LRPVH fue aprobada en primera discusión el 29.01.04, es decir que permaneció fuera de la agenda legislativa casi 14 meses. En esa condición aún se encuentra la Ley de Régimen Prestacional de Empleo, aprobada en primera discusión el 18.11.03, y la Ley del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, aprobada en primera discusión el 01.06.048. Los restantes proyectos de ley relacionados con los regímenes prestacionales de salud, pensiones y seguridad, y salud en el trabajo, se encuentran en revisión en la Comisión de Desarrollo Social Integral, y aún no han sido sometidos al debate parlamentario. Dada esta situación, el Parlamento no ha cumplido con la agenda legislativa relacionada con los proyectos de ley de la seguridad social. Y, como lo recuerda Provea en su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre 2003/septiembre 2004, “esto afecta al conjunto de la población que espera la puesta en ejecución del nuevo paradigma de la seguridad social” (Provea, 04.04.05, http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/4seguridadSOCIAL.pdf).

Según una fuente periodística, Julio Montes, titular del Ministerio de Vivienda y Hábitat (MVH), admitió recientemente que hasta la fecha el Gobierno Nacional no dispone de desarrollos residenciales para atender a las familias que devengan menos de 20 unidades tributarias (588.000 bolívares): “no hay viviendas para el grupo de personas que ganan menos del sueldo mínimo. Pero pudiéramos comprar inmuebles en el mercado secundario con los recursos del Fondo de Aportes del Sector Público” (El Nacional, 03.04.05, pág. A/22).

Por su parte, Néstor Noguera, gerente general del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP), reconoció que se requiere una inversión de 6 billones de bolívares por 17 años para acabar con el déficit de vivienda acumulado que supera las 1,6 millones de unidades. Indicó que para esto es necesario activar diversos programas de viviendas como el de producción de vivienda nueva, transformación de barrios, programa de ampliación y mejora de viviendas para que «podamos pensar en la solución del déficit” (El Universal, 04.04.05,
http://www.eluniversal.com/2005/04/04/eco_ava_04A547845.shtml).

Resaltó Noguera que «el déficit habitacional no se va a resolver por la vía del financiamiento para adquisición de viviendas en el mercado secundario» (El Universal, Ídem.). Y precisó que desde que se estableció el subsidio directo a la compra de viviendas se han otorgado 250 créditos. «Tenemos recursos por 374.000 millones de bolívares lo cual da capacidad para entre 18 y 20.000 subsidios que se pueden otorgar con estos recursos sólo en año 2005″(El Universal, Ídem.). Afirmó que este programa es sostenible en el tiempo porque el Gobierno Nacional está dispuesto a destinar los recursos necesarios.

El pasado 15.03.05, José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo de la República, entregó el documento «Cumpliendo las Metas del Milenio», a David Mc Lachlan-Karr, coordinador Residente de los organismos del Sistema de Naciones Unidas con representación en Venezuela y representante del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) (Agencia Bolivariana de Noticias, 15.03.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=4207).

En el acto de entrega de dicho documento, efectuado en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el funcionario destacó que el informe suministrado contiene los criterios políticos ejecutados por el Gobierno Nacional para realizar la inclusión y la participación como “pleno ejercicio de la democracia y la libertad” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).

El documento íntegro puede ser consultado y/o descargado en la dirección-e:
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/docMgr/sharedfiles/Metas_Milenio.pdf.

En el marco de la 292ª sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) efectuada entre el 03 y el 24.03.05, este órgano ejecutivo aprobó el 336 informe del Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT, que examinó 30 de los 134 casos presentes ante el CLS.

Uno de estos casos es la queja elevada contra el Estado venezolano por la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) por presunta injerencia del Consejo Nacional Electoral en las elecciones sindicales de esta organización sindical efectuado el 26.03.02. La CLAT alegó que el ente comicial “impuso al sindicato querellante nuevas elecciones (parciales); la sede sindical fue tomada de forma violenta por los cuerpos de seguridad; se impidió el acceso a la sede sindical a los integrantes de una de las listas de candidatos, y la Guardia Nacional (GN) con militantes del partido de Gobierno asignaron indebidamente más de 300 votos a otra lista de candidatos” (Organización Internacional del Trabajo, 06.04.05, http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb292/pdf/gb-8.pdf).

Con respecto a este caso, el Consejo “destacó que en ocasiones anteriores había objetado el papel asignado por la Constitución y la legislación al Consejo Nacional Electoral (CNE) como organizador y supervisor de elecciones sindicales, incluso con el poder de suspender las elecciones pidió al Gobierno abstenerse de esas interferencias, y destacó que la organización de las elecciones debería ser un asunto que compete a los sindicatos involucrados, y que el poder de suspender las elecciones debería ser ejercido sólo por un tribunal independiente” (Organización Internacional del Trabajo, 24.03.05, http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2005/18.htm).

Situación Mensual de la Fuerza de Trabajo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Notas: (*) Datos extraídos de El Universal, 23.03.05, http://www.eluniversal.com/2005/03/23/eco_art_23156A.shtml.
(**) Panorama, 23.03.05, pág. 1/16.

Según datos del INE, el principal incremento en la tasa de ocupación se observa en el sector público, que desde febrero de 2004 a febrero de 2005 contrató a 227.201 personas, mientras que el sector privado registró la ocupación de 24.609.

Por otra parte, el sector femenino de la fuerza laboral venezolana sigue siendo el más afectado por el desempleo: la tasa de desocupación de febrero en el grupo de los hombres alcanza 14,4% (1.048.577), mientras que el grupo de las mujeres reportó una tasa de desocupación de 17,3% (795.893), es decir, un 2,9% por encima del sector masculino.

El pasado 28.03.05, en Consejo de Ministros N° 419, el Ejecutivo Nacional aprobó el proyecto de Decreto N° 3.546 por medio del cual se prorroga la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector privado y público, desde el 31.03 hasta el 30.09.03 (Agencia Bolivariana de Noticias, 28.03.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=5103).

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial N° 38.154, del 29.03.05 y puede ser consultada en el sitio web del Ministerio de Comunicación e Información (MINCI)
http://www.mintra.gov.ve/noticias/marzo/inamovilidad2005.htm.

Este decreto continúa la medida contemplada en el Decreto N° 3.154, de fecha 30.09.04 (ver edición N° 145 de este boletín electrónico en
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_145.htm#10) y sería la 6ta. vez consecutiva que el Gobierno Nacional la implementa desde el 28.04.02, alcanzando un total de 1.117 días de inamovilidad laboral (El Mundo, 29.03.05, pág. 2).

Ricardo Dorado, Viceministro del Trabajo, destacó que la medida de extensión de la inamovilidad plantea la protección de los sectores laborales que pueden ser víctimas de despidos y de reducción de personal. Señaló que la prolongación de la inamovilidad laboral va dirigida a asegurar la eficacia y el cumplimiento de las medidas de salario mínimo que pronto serán formalizadas. Asimismo, dijo que dicha decisión se adoptó luego de que el Gobierno nacional sostuviera reuniones con representantes de los empleadores y trabajadores (Agencia Bolivariana de Noticias, 30.03.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=5182).

El funcionario explicó que los beneficiarios de la medida son las personas que devenguen un salario inferior a 633.600 bolívares para la fecha de entrada en vigencia de la misma y quedan excluidos aquellos empleados de dirección, los que ocupen cargos de confianza, quienes tengan un período de labores menor a 3 meses y los empleados públicos sometidos a un régimen especial de estabilidad absoluta y que se regulan por la Ley de la Función Pública.

Detalló que el tope salarial de 633.600 para los beneficiarios es el mismo desde que se implementó esta medida en el año 2002. Para ese entonces, la cifra sumaba 4 salarios mínimos, mientras que ahora sólo representa 2 salarios mínimos (Últimas Noticias, 30.03.05, pág. 19).

Sin embargo, precisó Dorado que “no siempre se cumple la premisa de que la inamovilidad supone generación de desempleo, dado que las cifras anteriores así lo demuestran” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).

Pedro Arturo Moreno, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), profundizó esta observación señalando que, pese a que la CTV apoya la extensión de la inamovilidad laboral, el decreto es discriminatorio para los trabajadores con salarios superiores al tope: “es un error considerar como alto un ingreso superior al tope establecido en el decreto de inamovilidad laboral, pues quienes ganan estos sueldos igualmente se ven afectados por la pérdida del poder adquisitivo.” (El Nacional, 01.04.05, pág. A/24).

Sostuvo Moreno que “el ingreso de estos trabajadores es insuficiente para adquirir la canasta básica, cuyo costo supera el millón de bolívares. De 4,2 millones de trabajadores formales, apenas 10% gana más de 1 millón de bolívares al mes” (El Nacional, Ídem.).

Asimismo, destacó que la inamovilidad laboral “no es suficiente si no va acompañada de un plan de empleo con salarios decentes, de allí la necesidad de dar estímulos a las empresas que incrementen sus nóminas y la pronta implantación de los programas de construcción de vivienda anunciado por el Ejecutivo” (El Nacional, Ídem.).

«El Gobierno por su parte, ha anunciado 10 planes de empleo en seis años, algunos de ellos basados en el incentivo fiscal a las empresas para que aumenten sus nóminas, y otros basados en capacitación laboral, pero no se han llegado a alcanzar las metas anunciadas Ante este escenario el Gobierno ha optado por aumentar su capacidad como empleador en el país. La ocupación en el sector público, en el lapso de 3 años, aumentó 2 puntos porcentuales. La creación de empresas del Estado, como CVA Azúcar, CVA Cereales y Oleaginosas, o CVA Lácteos, aumenta la participación del Estado como generador de empleo. A esto se suma toda la red de cooperativas que ha comenzado a financiar el gobierno a través de la Misión Vuelvan Caras” (El Universal, 30.03.05, http://www.eluniversal.com/2005/03/30/eco_art_30154A.shtml).

Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo, formuló en una comunicación remitida el pasado 18.03.05 a Ricardo Dorado, Viceministro del Trabajo, una serie de consideraciones en torno a la política de fijación del salario mínimo obligatorio que ha practicado el Ejecutivo Nacional en los últimos años.

En la misiva, mencionó el Defensor del Pueblo que los cálculos basados en el costo de la canasta básica, a partir de los cuales se determina el costo del aumento anual del salario mínimo, deben complementarse con una corrección de los posibles desequilibrios ocasionados por la reciente devaluación aplicada por el Ejecutivo Nacional del bolívar en aproximadamente un 12% de su valor (Defensoría del Pueblo, 29.03.05, http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=549&plantilla=1). En ese sentido, Mundaraín estimó que «lógica y necesariamente deberá fijarse un salario mínimo nacional que supere el costo de la canasta alimentaria -incluyendo el promedio de la variación esperada para ese indicador en el presente año-, pudiendo tomarse como referencia para el análisis, su comportamiento en años anteriores, a fin de que al corto plazo, no nos encontremos nuevamente rezagados respecto de este importante indicador» (Defensoría del Pueblo, Ídem.).

El funcionario también resaltó que «el ajuste del salario mínimo necesariamente tendrá que tomar en consideración el Índice de Variación de Precios al Consumidor acumulado desde el 01.08.04 hasta el presente -tomando como referencia dicha fecha por corresponderse con la del último ajuste salarial-, incluyendo igualmente las estimaciones que de este indicador económico se hayan establecido para el presente año; de tal manera que al término del mismo podamos realmente apreciar una recuperación efectiva del poder adquisitivo del trabajador, lo cual encuentra su plena justificación si observamos el extraordinario crecimiento económico que ha experimentado nuestro país en el último año, y el cual se aspira se mantenga, dado los actuales niveles de la renta petrolera” (Defensoría del Pueblo, Ídem.)

.Por otra parte, Mundaraín señaló que “conjuntamente con el ajuste del salario mínimo, deben fortalecerse los programas sociales que coadyuvan a robustecer el salario del trabajador, tales como el programa de Mercado de Alimentos (MERCAL); el programa de atención primaria de la salud, Barrio Adentro; así como el otorgamiento de becas para estudio a través de los programas de educación Misión Rivas y Misión Sucre” (Defensoría del Pueblo, Ídem.).

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
Nota: (*) Banco Central de Venezuela, 01.04.05,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=4014&Operacion=2&Sec=False

El resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo de 2005 fue producto de variaciones de 1,4% en los rubros no controlados y 1% en los bienes y servicios sujetos a control y regulación. Ambos componentes del mercado se vieron afectados, en parte, por los incrementos de precios derivados de la modificación del tipo de cambio oficial y por la mayor demanda estacional de algunos rubros típicos de la temporada de Semana Santa.

La variación del Núcleo Inflacionario (1,6%) fue mayor que la del IPC global (1,2%), por efecto de los mayores crecimientos relativos de precios registrados en los Servicios no administrados (2,1%) y en los bienes manufacturados distintos de alimentos y textiles (1,8%). Es importante destacar el efecto atenuante que han seguido presentando los rubros alimenticios, impulsado por el aporte de las redes alternativas de distribución, lo que ha contribuido a mantener las variaciones del IPC por debajo del núcleo en los últimos 2 meses.

Fuente: Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) El Nacional, 01.04.05, pág. A/20.

La variación de la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT) de marzo de 2005 se debió fundamentalmente al alza de los precios en los rubros pescados (7%), verduras (5,2%), grasas y aceites (1,9%), bebidas no alcohólicas (0,8%) y carnes y sus preparados (0,2%). Mientras que los siguientes componentes de la cesta: leche, quesos y huevos (4,7%), frutas y hortalizas (1,8%) y granos (0,8%) bajaron. Azúcar y similares no mostraron variación.

Por su parte, Joseph Saade, presidente de Datos Information Resources, indicó que una muestra del retroceso observado en indicadores de la situación nacional actual del ingreso y del poder adquisitivo se aprecia cuando se revisa que “en 1984 con un salario mínimo de 1.250 bolívares mensuales el venezolano podía comprar 4,5 cestas típicas de alimentos, en la que también se incluye el costo de una taza de café, el pago de un taxi u otros gastos puntuales sin agregar servicios, educación o salud. Actualmente con el salario mínimo de 321.235,20 bolívares sólo se pueden costear 2,1 cestas típicas” (El Nacional, 04.04.05, pág. A/18).

En un estudio realizado por el Centro de Investigaciones en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, hecho público en el I Foro de Alimentación y Nutrición: Retos y Compromisos, efectuado el 14.03.05 en Caracas por la Fundación Bengoa, se afirma que en Venezuela se registra un importante retroceso nutricional, vinculado con cambios significativos sucedidos en los hábitos alimentarios del ciudadano común. El estudio muestra que, según datos del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (INN-SISVAN), para el año 2003 los índices de desnutrición registrados en el Edo. Carabobo se ubicaron en 13,6% en lactantes; 25,4% en niños y niñas entre 2 y 6 años; y, 26,7% en niñas, niños y adolescentes entre 7 y 14 años; mientras que un 52,3% presenta alguna forma de parasitosis (El Carabobeño, 14.03.05, pág. A/11).

La tendencia mostrada por dicha investigación se repite en el estudio presentado en el año 2004 por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y Fundacredesa en los Edos. Cojedes, Guárico y Portuguesa, el cual reveló que 70% de los niños menores de 2 años padece de anemia.

María Nieves García, investigadora del Centro de Medicina Experimental y del Laboratorio de Fisiopatología del IVIC, señaló que 40% de las mujeres embarazadas y 32% de la población en general también sufren de anemia.

La investigadora indicó que los/as niños/as anémicos en sus primeros 2 años de vida, aunque logren recuperar los niveles de hemoglobina, desarrollan fallas neurológicas que los acompañarán por el resto de sus vidas: estos pequeños en su edad escolar tendrán déficit de atención y bajo rendimiento escolar, y al llegar a adultos, presentarán una disminución en su capacidad de trabajo que muchas veces es confundida con simple flojera” (Últimas Noticias, 15.04.05, pág. 8).

García acotó que el índice de anemia en los adolescentes hasta 15 años también alcanzó su nivel más alto, afectando actualmente a 37% de esta población, un 28% por encima del año 1994, cuando se ubicó en 9%. “Los niveles de anemia de hoy día son incluso mayores que antes de iniciarse el programa de fortificación de las harinas (de maíz y de trigo para la panificación, enriquecidas con hierro), en 1992, cuando este indicador se presentaba en 19% de los jóvenes” (Últimas Noticias, Ídem.).

Comentó la especialista que es posible que el cumplimiento de este programa se haya relajado: «hemos tomado muestras aleatorias de las harinas que se venden en Mercal y hemos encontrado que no están fortificadas con hierro. Sin embargo, es a los organismos oficiales a los que les corresponde vigilar que las harinas estén enriquecidas en todo caso, el programa de fortificación de las harinas con hierro nunca ha estado enfocado a la atención de los/as niños/as menores de 2 años. Para esa población es necesario enriquecer productos como los cereales, pero son muy costosos» (El Nacional, 15.03.05, pág. B/16).

Señaló que la situación es preocupante y que es necesario promover la reunión de mesas de trabajo que propongan algunas medidas para atender a los grupos vulnerables: «hay que preguntarse si nuestro problema se debe a falta de consumo calórico o a deficiencia de hierro. También hay que tomar en cuenta que nuevos hallazgos científicos apuntan a que la carencia de ácido fólico podría tener también un papel en la aparición de la anemia» (El Nacional, Ibíd..).

Advirtió, además, que se percibe una deficiencia del 30% de ácido fólico en las mujeres embarazas, mientras que el déficit de la vitamina B12 -asociada generalmente a la etapa de la vejez- afecta a 11% de la población venezolana, pero en el caso del Edo. Vargas llega a 21% (Últimas Noticias, Ibíd.).

Bethania Blanco, consultora en el área de salud del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Venezuela, señaló que cualquier programa a implementarse para luchar contra esta situación debe estar dirigido principalmente a los/as preescolares, lo cual no quiere decir que se limite a la red escolar, porque “probablemente a quienes debe atenderse prioritariamente no están escolarizados. De allí la importancia de tomar en cuenta la red de guarderías y de hogares de cuidado diario para la distribución de alimentos” (El Nacional, Ídem.).

Por su parte, Carlos Alvarado, Viceministro de Desarrollo Social, refutó los datos observados por el IVIC. Detalló que no “pueden sacarse conclusiones generales sobre una muestra de tan sólo 18.000 niños en 5 estados y elaborada en los años 2001-2002 Debe actualizarse para hacer un análisis que represente la situación nacional en materia nutricional en relación con deficiencia de ácido fólico y hierro en niños/as” (Últimas Noticias, 17.03.05, pág. 6).

Alvarado admitió que su despacho no posee estadísticas actualizadas de la anemia en el país, y que las está solicitando a las direcciones regionales de salud (El Nacional, 17.03.05, pág. B/19). Sin embargo, explicó que en los últimos 10 años el índice de desnutrición crónica en niños de 2 a 6 años disminuyó de 15% a 10%, mientras que en menores de 2 años pasó de 16% a 12%, según un estudio realizado en un universo poblacional de 5 millones de menores (Últimas Noticias, 17.03.05, Op. cit.).

Mencionó que una de las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional para atacar la desnutrición es la suplementación de hierro y ácido fólico a través de la Misión Barrio Adentro, tanto a mujeres embarazadas como a niños/as. Agregó que a través de la Misión Mercal se está garantizando la distribución de la canasta básica “a 80% de los sectores más excluidos”.

Raiza Mendoza, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Nutrición (INN), por su parte, dijo que “constantemente el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) están monitoreando la fortificación de alimentos a fin de disminuir la desnutrición” (Últimas Noticias, Ídem.). Entre las medidas que desarrolla este ente estatal la funcionaria nombró el programa de suministro de un nuevo Alimento Estratégico, compuesto de hierro (Ácido Fólico) y vitamina B12, nutrientes fundamentales para mantener y proteger la salud, principalmente desde las primeras etapas de la vida, es decir, en el embarazo donde son necesarias para el normal crecimiento y desarrollo fetal (Gobierno en Línea, 29.03.05, http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=32162).

Mendoza añadió que el INN también impulsa estrategias educativas desde, en y con las comunidades mediante los Talleres Regionales de Micronutrientes, en los que se “conjugan la corresponsabilidad entre la comunidad organizada y el Estado venezolano en el diagnóstico de la situación de micronutrientes de la localidad y el establecimiento de herramientas para prevenir y controlar las deficiencias detectadas, basadas fundamentalmente en la difusión de la información, la organización y participación efectiva y el ejercicio de la contraloría social” (Gobierno en Línea, Ídem.).

No obstante, días después de haberse encendido esta polémica, el despacho de la Salud publicó las cifras de mortalidad infantil correspondiente al año 2003, las cuales revelaron que por 2do. año consecutivo, este indicador registró un incremento. Las estadísticas indican que en el lapso 2000 y 2001, se mantuvo en 17,7 decesos por cada 1.000 niños/as nacidos/as vivos/as; en el año 2002 saltó a 18,2 y cerró 2003 con 18,5, mientras que entre 1997 y 2001 se mantuvo una tendencia hacia la baja (Ultimas Noticias, 30.03.05, pág. 4).

Marino González, miembro de la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar (USB) e integrante del Proyecto Pobreza, precisó que en 2003 murieron 10.276 niños y niñas menores de un año, el año anterior fueron 8.949, lo que se traduce en un aumento de 14,82%. “En los menores de 28 días, la mortalidad ha aumentado entre 2001 y 2003, en 1,77%, pero mucho más en los/as niños/as entre uno y 11 meses. En este grupo, en el 2003 llegó a 16% La desnutrición ahora es tan frecuente como era en 1998” (Ultimas Noticias, Ídem.).

Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entre el año 2002 y 2003 muestran el mayor salto: la tasa de mortalidad registrada de 1 a 4 años subió de 0,86 por cada mil nacidos/as vivos/as a 1,15, esto representa un ascenso de 33,72%.

No obstante, según Maureen Riveros, investigadora del derecho a la salud de Provea, la mortalidad infantil sostiene tasas similares en los últimos 5 años y evidencia un notable descenso con respecto al inicio de la década. En 1994 la tasa fue de 24,5 por 1.000 nacidos vivos registrados, disminuyendo progresivamente hasta 2003 con 18,5. Entre 2000 y 2001 se registró la tasa más baja de la década con 17,7, incrementándose luego en el 2002 y 2003 pero lejos de las tasas iniciales de 1994. Para la lectura de estas cifras hay que tomar en cuenta que estos datos corresponden al 2003 y que con la implementación de una mayor cobertura de atención primaria en salud, a través del Plan Barrio Adentro, esta situación tendría que mejorar. Igualmente para una correcta lectura y análisis de los datos se debe tomar en cuenta el descenso en la natalidad y el incremento en el registro de la información (Provea, 07.04.05).

Agregó González que “no hay un sistema de protección nutricional para esas poblaciones vulnerables” (El Nacional, 30.03.05, pág. B/17). Según el análisis que el investigador ha hecho de los indicadores del MSDS, indican que en el año 2003 murieron 443 niños/as (entre 1 y 11 meses de edad) por desnutrición, en el 2002 los decesos fueron 308 y en 2001, 294. En ese lapso se registró un incremento de 43,8% de fallecimientos por mala o ninguna alimentación. Y en el año 2003, refiere González, la mortalidad por diarreas aumentó 33,3% (de 738 muertes en 2002 a mil 110 en 2003) y por neumonía 37,2% (Ultimas Noticias, 30.03.05, Op. cit.).

Entre el 17 y el 20.03.05 se realizó en Ginebra, Suiza, el Foro Alternativo Mundial del Agua 2005 (FAME), con la asistencia de más de 1.000 representantes de redes y organizaciones sociales (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.03.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=4323).

FAME 2005 dio continuidad al foro efectuado en Florencia, Italia en marzo de 2003, simultáneo al oficial sobre el mismo asunto celebrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Kyoto, Japón. Este evento tiene su origen en el proceso de construcción de redes temáticas mundiales y en el cual el Foro Social Mundial de Porto Alegre juega un papel clave.

Alberto Velazco, presidente del comité de organización de la FAME 2005, recordó que FAME está estructurado en base a 3 principios fundamentales: el reconocimiento del agua como bien común planetario; la integración del derecho al preciado líquido en la legislación internacional; y la implementación de una gestión democrática del agua y el financiamiento público de esa vital recurso natural.

Teniendo en cuenta los intereses económicos que se mueven alrededor del agua, que las 2 terceras partes de los habitantes del planeta no tienen acceso a instalaciones sanitarias y que 1.500 millones de personas carecen de agua potable, comentó Velazco, hay que reiterar el valor universal del agua como un bien no sujeto a la privatización.

Velazco también denunció la carrera privatizadora que se da en muchos países por el control del agua estimulada por instituciones financieras internacionales: “no debe promoverse el concepto de moda de contrapartes público-privado en los proyectos ligados al agua, tal como lo promueve el Banco Mundial Bajo ninguna circunstancia pueden aceptarse beneficios privados sobre ese bien público, algo que se quiso impulsar en varios países del sur y que no dio buenos resultados, como lo demuestran los conflictos vividos en Bolivia” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ìdem.).

Entre las propuestas de FAME para contrarrestar los intentos de privatización del líquido se encuentran el Contrato Mundial del Agua, centrado en la alianza de movimientos sociales, ejecutivos y legislativos locales. La otra iniciativa es la promoción de una Convención Internacional de Naciones Unidas que establezca, entre los Estados, el concepto del derecho inalienable al agua.

En el ámbito nacional, y con motivo del inicio del Decenio del Agua, la organización ambientalista venezolana Vitalis, la Asociación Mundial del Agua, a través del Comité Técnico Asesor para América del Sur (GWP SAMTAC, según sus siglas en inglés) y el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) iniciaron la captación de organizaciones y personas interesadas en aportar voluntariamente su experiencia y conocimientos en la creación de un grupo de trabajo dirigido a apoyar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en coordinación con el MARN (Lista Electrónica Ambientalista, 18.03.05, [email protected]).

Diego Díaz, Presidente de Vitalis y representante de GWP en Venezuela informó que “la misión de este grupo de trabajo, será apoyar en la gestión sustentable de sus recursos hídricos de Venezuela, conociendo y divulgando los principios de la gestión sustentable de recursos hídricos, estimulando a los principales actores del país para identificar y atender las necesidades críticas dentro de los recursos humanos y financieros disponibles; apoyar la acción local, nacional, regional o a nivel de las cuencas hidrográficas que siguen los principios de la gestión sustentable de recursos hídricos y fortalecer los mecanismos para intercambiar información y experiencia, entre otras acciones” (Lista Electrónica Ambientalista, Ídem.).

Vitalis invita a las personas interesadas en participar en este grupo de expertos a contactar a Oralyn Caldera a través del teléfono 0212 267 25 17 o el correo-e: [email protected] o por medio del sitio web: http://www.vitalis.net/GWPSAMTAC.htm.

Sobre la materia del derecho al agua, Provea recomienda la lectura del documento de Naciones Unidas Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Nº 15 (2002), en el sitio web de Provea: http://derechos.org.ve/instrumentos/desc/ObsGral_15.pdf.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El pasado 31.03.05, Provea realizó en el Ateneo de Caracas el Foro «Los derechos de las personas privadas de libertad. Herramientas para la acción», bajo el auspicio de la Embajada de Finlandia en Venezuela.

El objetivo de la actividad fue compartir con las personas interesadas el resultado de la investigación que culminó con la publicación del libro “Los derechos de las personas privadas de libertad. Marco Teórico Metodológico Básico”.

Esta publicación recopila las principales bases normativas del derecho determinando su contenido mínimo; establece las principales obligaciones del Estado y las más comunes formas de violación en Venezuela. Además, presenta una propuesta de indicadores para el seguimiento y la evaluación de la situación de esos derechos y las medidas estatales a ellos vinculadas. También ofrece una guía para buscar información sobre cada indicador propuesto y varios instrumentos jurídicos relevantes. Asimismo, da a conocer la situación del derecho en Venezuela, planteando algunas propuestas para su fortalecimiento.

Participaron como ponentes Vicmar Morillo, integrante del Área de Investigación de Provea, quien realizó una presentación de los principales aportes de la publicación; y, Andrés Antillano, Criminólogo, quien expuso una síntesis de la situación de los derechos de las personas privadas de libertad.

El texto puede ser adquirido en la sede de Provea (Bulevar Panteón, Puente Trinidad a Tienda Honda, Edificio Centro Plaza Las Mercedes, Planta Baja, Local 6, Carmelitas, Municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas), y actualmente puede consultarse y/o descargarse gratuitamente en el sitio web de Provea: http://derechos.org.ve/publicaciones/marcos/index.htm.

Clare K. Roberts, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el pasado 11.03.05, su preocupación sobre la administración de justicia en Venezuela. Dijo que está profundamente preocupado por la situación de provisionalidad en que se encuentra un número importante de jueces y fiscales en el país porque incide negativamente sobre los derechos laborales de los magistrados y los fiscales en términos de la estabilidad en los cargos, «en consecuencia a la garantía de su independencia y autonomía perjudica seriamente el derecho de la ciudadanía a una adecuada administración de justicia» (El Nacional, 12.03.05, pág. A/10).

En una conferencia de prensa efectuada al cierre del 122º período ordinario de sesiones de la CIDH, efectuado entre el 28.02.05 y el 04.03.05 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 15.03.05, http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2005/8.05.htm), Roberts estimó que «esta tendencia no refleja los parámetros internacionales de protección a los derechos humanos, la jurisprudencia del sistema interamericano en la materia, ni las recomendaciones que la CIDH ha venido señalando desde su visita al país en el año 2002” (El Nacional, Ibíd.).

Por otra parte, el presidente de la CIDH reiteró su preocupación por «la situación de riesgo y estigmatización de la cual son objeto los defensores de derechos humanos en Venezuela y por el clima de hostilidad que enfrentan las organizaciones dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos» (El Nacional, Ibíd.).

Asimismo, Roberts indicó que los esfuerzos de la CIDH por notar los problemas de derechos humanos en Venezuela «han tenido algún impacto» (El Nacional, Ibíd.).

Durante este período de sesiones, la CIDH aprobó 51 informes sobre casos y peticiones individuales, celebró 43 audiencias relativas a casos y peticiones individuales, a medidas cautelares y a situaciones generales y específicas de derechos humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ibíd.).

Igualmente, la instancia hemisférica revisó 30 proyectos de informe sobre admisibilidad y 14 sobre el fondo, finalizó la aprobación de su Informe Anual en el que da cuenta del trabajo realizado durante 2004 (Organización de Estados Americanos, 18.03.05, http://www.oas.org/OASpage/esp/ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp).

En este informe de la CIDH se resalta la admisibilidad de 3 casos individuales contra el Estado venezolano denominados Johan Alexis Ortiz Hernández (P12.270); Narciso Barrios y otros ( P204/04); y, Ana Ruggeri Cova, Perkins Rocha y Juan C. Apitz (P282/04). Por otro lado, pasaron a ser archivados los casos de los venezolanos: José A. Linarez Rodríguez y Freddy Enrique Linares (P.10.599); Luis Antonio Parra Cano y otros ( P.10.600); y, Juan Carlos Jaspe Sánchez (P.12.015). Y de los casos contenciosos sometidos por la CIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cabe destacar el de Víctor Jesús Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), que se reseña a profundidad en el siguiente título (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ibíd.).

Según reportó una fuente periodística, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado venezolano por la masacre del Retén de Catia, ocurrida el 27.11.92, durante los sucesos enmarcados en la 2da. intentona golpista de ese año contra el 2do. gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Sobre este caso el Estado venezolano había solicitado el año pasado a la CIDH continuar con el procedimiento de solución amistosa, el cual debía producirse mediante contacto directo entre las organizaciones representantes de los familiares de las víctimas, es decir, el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (ver Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre 2003/septiembre 2004 en:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/23organismosINTERNA.pdf).

Sin embargo, este contacto nunca se materializó y COFAVIC y CEJIL solicitaron el 10.02.04 a la CIDH la declaratoria de incumplimiento por parte del Estado venezolano y la publicación del respectivo informe de incumplimiento. El 15.06.04, COFAVIC envió a la CIDH una comunicación donde manifestó no aceptar someterse al proceso de solución amistosa, a lo cual esta instancia respondió, en agosto de 2004, que según el Reglamento seguiría con el trámite del caso (Provea, Ídem.). Esto supuso el abandono del proceso de solución amistosa y la elevación ante el máximo tribunal hemisférico de este caso en fechas recientes por parte de la CIDH (El Nacional, 30.03.05, pág. A/4).

Vale recordar que “el 03.03.00, el Estado venezolano y las organizaciones peticionarias de este caso suscribieron un acuerdo amistoso ante la CDH, en virtud del cual no transcurriría más de un año para concluir las investigaciones y sancionar a los culpables de los homicidios cometidos, así como para adecuar la legislación a efectos de evitar la represión excesiva de motines carcelarios. Según ese acuerdo, en un plazo perentorio de tres meses, el Estado presentaría ante la CIDH un plan de reparación integral a las víctimas, y a más tardar, en el 1er. semestre de 2001 comenzaría a funcionar un organismo de verificación de quejas sobre el sistema penitenciario venezolano. Nada de eso se cumplió y 4 años después Venezuela enfrenta la 4ta. demanda en su contra ante la Corte IDH” (El Nacional, Ídem.).

Con esta medida se abre otro capítulo del largo proceso abierto desde agosto de 1994, y que implicará la participación en esta querella de la CIDH, en apoyo de las organizaciones peticionarias. En detalle, se acusa al Estado venezolano “por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, a través del uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios de la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y vigilantes del extinto penal capitalino así como al derecho a la protección judicial, pues hasta el presente los crímenes cometidos se encuentran en la más absoluta impunidad” (El Nacional, Ídem.).

Liliana Ortega, directora ejecutiva de COFAVIC, recordó que con el caso del Retén de Catia ya son 4 los casos por los cuales el Estado venezolano ha sido demandado ante la Corte IDH: la masacre de El Amparo, el Caracazo y las desapariciones forzadas durante la tragedia de Vargas.

“Ortega aspira a que la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Retén de Catia sea el punto de partida para la elaboración y ejecución de una efectiva política penitenciaria, ajustada a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos” (El Nacional, Ídem.).

Para más detalles sobre este caso, puede consultarse el sitio web de COFAVIC:
http://www.cofavic.org.ve/casos.htm.

Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida el 01.03.05, en el marco de su LXVI período ordinario de sesiones celebradas entre el 28.02 y 15.03.05 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 05.04.05, http://www.corteidh.or.cr/aldia/sesiones.html), requirió al Estado venezolano mantener y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de Liliana Ortega, Hilda Páez, Maritza Romero, Aura Liscano (Lizcano) y Alicia de González, integrantes del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30.03.05, http://www.corteidh.or.cr/seriee/ortega_se_04.doc).

El máximo tribunal hemisférico, además, reiteró al Estado venezolano su obligación de mantener informados a los beneficiarios sobre el cumplimiento de estas medidas; investigar los hechos que motivaron la adopción de las mismas, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes; implementar las medidas provisionales y de presentar los informes requeridos, con la periodicidad que indique la Corte IDH; tomar las providencias necesarias, en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la creación de un mecanismo apropiado para coordinar y supervisar las medidas provisionales; e, informar a la Corte IDH sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de esta presente Resolución, a más tardar el 01.04.05; continuar informándole cada 2 meses sobre el cumplimiento de estas medidas adoptadas, y requerir a los beneficiarios y a la CIDH que presenten sus observaciones a los informes bimestrales del Estado ((Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

En su resolución, la Corte IDH advirtió que el Estado no ha cumplido con la obligación de informar sobre la adopción de las medidas de protección a la vida y la integridad personal de los beneficiarios.

Estas medidas provisionales fueron otorgadas al personal de COFAVIC el 27.11.02 y es la 4ta. resolución que emite la CIDH con respecto a la organización que dirige Liliana Ortega (ver Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre 2003/septiembre 2004 en: http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/23organismosINTERNA.pdf).

Según destacó una fuente periodística, luego de hacer pública esta resolución, el Estado venezolano exigió a la Corte IDH la suspensión de tales medidas, a lo cual el m{aximo tribunal hemisférico respondió que: “el Estado no podía suspender las medidas ordenadas por la Corte, pues éste era el tribunal competente para decidir sobre la permanencia o levantamiento de una medida provisional por ella ordenada” (El Nacional, 12.03.05, pág. A/4).

Según una fuente periodística, un informe estadístico elaborado por la Oficina de Participación Ciudadana del Circuito Penal del Distrito Capital señaló que el 37% de los 639 juicios con escabinos realizados el año pasado en Caracas no se celebraron debido a la inasistencia de los fiscales del Ministerio Público, mientras que sólo el 5,7% debieron ser postergados por la no comparecencia de las personas llamadas a decidir sobre la culpabilidad o inocencia de la persona que está siendo enjuiciada por algún delito.

El reporte indicó que la ausencia de los escabinos ocupa el 5to. lugar de la lista que recoge los 12 motivos por los cuales los procesos mixtos programados no se celebraron. “El ranking lo encabezan las inasistencias de los fiscales, las cuales obligaron a suspender 237 juicios. El 2do. lugar lo ocupa el incumplimiento del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) a trasladar de los reos hasta los tribunales (116 casos), mientras que en el 3er. y 4to. puesto están la no comparecencia de los defensores privados (87) y de los acusados (54), respectivamente” (El Universal, 10.03.05, http://www.eluniversal.com/2005/03/10/pol_art_10107C.shtml).

La fuente también resaltó que “en la Sala Penal del TSJ reposa un recurso de interpretación del artículo 164 del COPP, el cual establece que si luego de realizadas 5 convocatorias los escabinos no acuden, entonces el acusado podrá pedirle al juez que lo juzgue solo. La magistrada Blanca Mármol de León deberá interpretar por tercera vez esta norma, pues anteriormente la Sala Constitucional, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera (22-12-03), señaló que si los escabinos no acudían al segundo llamado, el juicio se realizaría sin ellos, pero meses después el hoy magistrado jubilado José Delgado Ocando (19-0304), estableció que el juicio unipersonal sólo se realizará si al quinto intento los seleccionados no acudían”.

Con la publicación de la Gaceta Oficial N° 38.148, el pasado 16.03.05, entró en vigencia la Reforma Parcial del Código Penal (CP) aprobada en 2º discusión el 09.12.04 y sancionada definitivamente el 03.03.05, luego que la Asamblea Nacional (AN) adoptara algunas de las observaciones hechas por el Ejecutivo Nacional (Asamblea Nacional, 28.03.05, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=559).

La reforma entra en vigencia después que el Presidente Hugo Chávez hiciera varias objeciones al texto, especialmente en lo relativo a la eliminación de los beneficios procesales (ver edición Nº 515 de este boletín electrónico en http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_151.htm#16).

Entre las principales modificaciones hechas al proyecto de ley de reforma parcial se observa la tipificación de la injuria, la difamación, los cacerolazos, el secuestro, las invasiones y se atenúa la pena para el hurto famélico. Según una fuente periodística, respecto a la injuria, establece que “todo individuo que en comunicación con varias personas, juntas o separadas, hubiere ofendido de alguna manera el honor, la reputación, el decoro de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a un año y multa de 50 a 100 unidades tributarias” (Cadena Global, 18.03.05,
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=85409&Sec=5).

En cuanto al robo de algún mueble y su sanción, el texto plantea que “todo el que se apodere de algún objeto mueble será penado con prisión de uno a 5 años. Si el valor de la cosa sustraída no pasare de una unidad tributaria, la pena será de prisión de 3 meses a 6 meses. Respecto al hurto famélico establece que no se eliminarán los beneficios procesales cuando la cosa sustraída sea medicamentos o alimentos, siempre que en el juicio se demuestre que estuvieron destinados a aliviar el dolor o el estado de extrema necesidad de persona o personas, relacionadas con el imputado o de si mismo, siempre y cuando éste no sea reincidente. Sobre los secuestros, el nuevo Código fija penas de 10 a 20 años de prisión. La norma establece que ‘quienes utilicen cualquier medio para planificar, incurrir, propiciar, participar, dirigir, ejecutar, colaborar, amparar, proteger o ejercer autoría intelectual, autoría material, que permita, faciliten o realicen el cautiverio, que oculten y mantengan a rehenes, que hagan posible el secuestro, extorsión, cobro de rescate, que obtenga un enriquecimiento producto del beneficio del secuestro de personas, por el canje de estas por bienes u objetos materiales, sufrirán pena de prisión no menor de 15 años ni mayor de 25 años, aun no consumado el hecho’. Sobre las invasiones a propiedades privadas, plantea prisión de 5 a 10 años y multa de 50 a 200 unidades tributarias para los invasores. La pena establecida se aumentará hasta la mitad cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zonas rurales” (Cadena Global, Ídem.).

Otra fuente detalló que la reforma “mantiene las penas para quienes incurran en los llamados ‘delitos políticos’, como el de traición a la patria, pero elimina cualquier beneficio procesal a los involucrados y clarifica cómo se llega a cometer dicha falta. Por ejemplo, el artículo 128 que castiga con 20 a 30 años de cárcel el delito de traición a la patria, se modificó para dejar esclarecido que se aplicará al venezolano o extranjero que facilite la actuación directa o indirecta de una república extranjera, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos en territorio nacional para conspirar contra las instituciones. Además de conservar los años de cárcel, el Parlamento le añadió un parágrafo para dejar asentado que quienes resulten implicados en el citado delito, no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena. En el artículo 140 también se hace alusión a que ‘asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos’, que provean dinero o armas a cualquier ciudadano serán castigados con 10 a 15 años de prisión, sin beneficios procesales. Antes se castigaba con 1 a 5 años de cárcel. Al igual que en el pasado, las ofensas al Presidente de la República se pagarán con prisión de 6 a 30 meses. Para quienes interrumpan el tránsito la pena sigue siendo de 4 a 8 años de prisión, al igual que sus variantes: de 6 a 10 años a quienes causen interrupción de las vías mediante voladuras ; de 8 a 16 para quienes asalten o ilegalmente se apoderen de buques. La novedad en este caso sigue siendo la eliminación de los beneficios legales para quienes sean procesados por tales delitos. Si bien los caceroleadores no son castigados con cárcel, se les aumenta la multa que antes era de ‘hasta 25 bolívares’, a 100 Unidades Tributarias (UT). Al cambio actual esto sería de 2.940.000 bolívares. Es decir, el doble de la multa que aplicarían a quienes invadan terrenos o inmuebles ajenos” (Últimas Noticias, 18.03.05, pág. 10).

En otra fuente se trata la materia de las invasiones de terrenos o inmuebles públicos y privados: “el reformado Código Penal, aunque castiga el delito con prisión de 5 a 10 años y multa de hasta 200 Unidades Tributarias (UT), exime de responsabilidad penal al invasor si éste desaloja voluntariamente el bien invadido La norma es severa para el promotor o director de la invasión, quien deberá pagar hasta 20 años de cárcel En el antiguo CP ese mismo artículo, incluido en el capítulo VI (‘de las usurpaciones’) estipulaba una pena de cuatro a 15 meses para quienes alteren los linderos de algún inmueble con el propósito de sacarle provecho” (Últimas Noticias, 19.03.05, pág. 21).

En torno al delito de violación “los reformadores aumentaron la pena, que antes era de 5 a 10 años y ahora es de 10 a 15 años de cárcel. Conservaron el mismo texto pero describen con mayor precisión el delito: ‘quien por medio de violencia haya constreñido a alguna persona a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, se le introduzca un objeto que simulen objetos sexuales’. Los violadores tampoco tendrán beneficios procesales, así como secuestradores y atracadores de acuerdo a la nueva versión del CP Pese a que los parlamentarios eliminaron los beneficios procesales para los delitos considerados graves, por ser castigados con más de 8 años de presidio (secuestro, violación y robo a mano armada) también lo hicieron para con uno leve como el del 360: ‘quien produzca daño a los puertos, muelles, oleoductos postes, cables’ (Últimas Noticias, Ídem.).

A juicio del penalista José Luis Tamayo, quien participó en la elaboración del anteproyecto de reforma del CP elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la coordinación del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, “la observación que el Presidente Chávez le hizo a los parlamentarios sobre la inconveniencia de eliminar 100% los beneficios procesales a los presos por delitos graves no fue escuchada por los diputados y ello traerá hacinamiento en las cárceles, donde un grueso número de presos esperan por dichos beneficios” (Últimas Noticias, Ídem.).

El abogado Fernando Fernández, quien coordinó el equipo de asesores de la comisión de la AN encargada de la reforma del CP, se pronunció negativamente sobre la reforma vigente. Consideró que el aumento de las penas establecido en esta reforma parcial evidencia “tendencias superadas que nada tienen que ver con el derecho penal contemporáneo, pues hoy en día ningún demócrata podría negar que los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado; que el Estado se debe al ciudadano y no a la inversa” (El Nacional, 03.04.05, pág. A/7).

Fernández insistió en que la penalización de la crítica al desempeño de los funcionarios públicos, conocida como leyes de desacato, es “anacrónica y no tiene cabida en el derecho internacional de los derechos humanos. Además este tipo de legislación fue draconianamente empleada por las dictaduras del Cono Sur” (El Nacional, Ídem.).

Según el jurista, el aumento de las penas es desproporcionado y sin ninguna justificación. Como caso emblemático, refirió el delito de injuria “el límite mínimo creció 60 veces y el máximo 45,6 veces” (El Nacional, Ídem.). A este respecto recordó que la reforma del CP realizada en 2000 se limitó al incremento de penas y que, hasta el presente, no se ha percibido un efecto positivo de disminución y prevención del delito.

En cuanto a la eliminación de los beneficios procesales, Fernández explicó que el error comienza con la incomprensión del nuevo proceso penal: “en el sistema acusatorio que rige desde el 01.07.99, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), la libertad es la regla, por tanto, las diversas opciones de cumplimiento de la pena fuera de las cárceles no constituyen beneficios, es decir, concesiones graciosas del Estado, sino derechos. Posteriormente, ello adquirió rango constitucional” (El Nacional, Ídem.). Finalmente, Fernández sugiere como una posibilidades de enfrentar la reforma al Código Penal, su impugnación ante la Sala Constitucional del TSJ o elevar una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). A las voces críticas contra la reforma del CP se sumó Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, quien lamentó que la AN acogiera la tendencia dirigida al “aumento desmedido de la represión” (El Nacional, 31.03.05, pág. A/6).

Comentó Rodríguez que “resulta falso creer que a mayor represión habrá menor índice de criminalidad, ni que con más represión disminuirá el fenómeno criminal Por el contrario, lo que se logra es destinar más esfuerzos y más recursos para perseguir a los más vulnerables socialmente, a los más pobres, mientras quedan impunes los grandes poderes económicos implicados en el delito. De esta manera, lo que se logra es sancionar a quienes tienen menor acceso y defensa de sus derechos, que son precisamente aquellas personas más expuestas a la arbitrariedad del sistema policial y judicial Además lo que se logra es aumentar la desconfianza en la capacidad del Estado para atender el fenómeno criminal, se menoscaban los derechos humanos y se contribuye con el debilitamiento del Estado como estructura mediadora y pacificadora frente a la conflictividad social” (El Nacional, Ídem.).

En su opinión, “pareciera que no se busca aprender de nuestra propia realidad, sino más bien copiar las tendencias a la maximización del control penal de Estados Unidos, que exporta hacia nosotros sus mal llamadas políticas de seguridad No hacemos nada con leyes simbólicas apartadas de nuestro contexto social y de nuestra propia realidad, toda vez que, como lo afirman los datos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por cada persona recluida, el Estado puede alfabetizar a 17 ciudadanos” (El Nacional, Ídem.).

A su juicio, en esta oportunidad, “la AN habría sido impactada ideológicamente por una ‘cultura de la emergencia’ y, en definitiva, la facultad punitiva del Estado se ensañaría contra los más pobres, contra los más débiles” (El Nacional, Ídem.). Como ejemplo de esto, señaló que la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos es de las más altas del mundo: 800 personas por cada 100.000 habitantes, cuando la media es de 100 personas por cada 100.000. Mientras que en Noruega, son 56 personas por cada 100.000 habitantes y en Paraguay 60 personas por cada 100.000 habitantes: “nos olvidamos que en los grandes centros del capitalismo esa maximización de las penas no ha resuelto el fenómeno de la criminalidad” (El Nacional, Ídem.). Sobre Venezuela, sólo indicó que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha aumentado vertiginosamente desde 1983: de 11 a 44 personas por cada 100.00 habitantes.

En opinión del Fiscal, la AN no recogió a plenitud las observaciones que fundamentaron el veto presidencial al nuevo instrumento jurídico y recordó que el Primer Mandatario expresó su desacuerdo con la eliminación de los beneficios procesales y las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, pues ello es violatorio de los artículos 19 y 272 de la Constitución, referidos al principio de progresividad en la protección de los derechos humanos y a las condiciones indispensables del sistema penitenciario para que, en verdad, permita la rehabilitación social del reo.

Una versión digital de este instrumento puede ser consultada o descargada del sitio web de Provea: http://derechos.org.ve/instrumentos/sisnacional/reformaparcial_CP.pdf.

Según una fuente oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en el directorio realizado el pasado 01.04.05, una resolución que apoya el cumplimiento de los principios de igualdad de género en la participación política en cumplimiento a los artículos 21, 22 y 23 de la Constitución de 1999 (Gobierno en Línea, 04.04.05, http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=32479).

Jorge Rodríguez, presidente del organismo comicial, explicó que dicha resolución dicta que el CNE tendrá como función exigir la postulación de candidatas y candidatos a los cuerpos deliberantes nacionales, municipales y parroquiales, de forma paritaria y alternativa. Igualmente, las organizaciones políticas que no cumplan con esta resolución quedarán a la orden del poder electoral. Esta resolución persigue acabar con la discriminación que predominaba en la designación de puestos para las listas electorales presentadas por partidos o grupos electorales en los procesos electorales.

Con esta medida, el Poder Electoral se pone al día con las demandas hechas recientemente por distintos sectores del movimiento femenino venezolano (ver edición Nº 152 de este boletín electrónico en sitio web de Provea: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_152.htm#16), con la Constitución y con la Meta del Milenio relativa a equidad de género en los cargos de representación pública.

Con relación a esto, el informe presentado el pasado 15.03.05 por el Ejecutivo Nacional a David Mc Lachlan-Karr, coordinador Residente de los organismos del Sistema de Naciones Unidas con representación en Venezuela y representante del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) (ver en sección DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de esta edición el título Ejecutivo Nacional presentó informe sobre cumplimiento de las metas del milenio),indica que el país muestra un atraso en cuanto a la participación política de las mujeres y por ende con el cumplimiento de estas metas asumidas en el año 2000 (El Nacional, 30.03.05, pág. B/17).

Entre los datos más preocupantes mencionados en el documento, está la distribución por género de los curules en la Asamblea Nacional (AN): “de 165 diputados, sólo 17 son mujeres, pese a que 50,2% de la población venezolana es del género femenino. Asimismo, luego de las últimas elecciones regionales los hombres ocupan ahora 90% de las gobernaciones, alcaldías y concejos legislativos” (El Nacional, Ídem.).

INVITACIONES A EVENTOS

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz invita a los profesionales de la comunicación social y a los medios de información al bautizo de su nueva publicación titulada, “De la escuela derechita a una escuela con derechos”, en el que sistematiza la experiencia creadora del proyecto educativo integral comunitario desarrollado por el Colegio Niño Jesús de Praga de Catia, Caracas.
Fecha: Lunes, 11 de abril de 2005
Hora: 10:00 AM
Lugar: Sede del Colegio Niño Jesús de Praga, en la calle El Carmen del sector Los Frailes de Catia, frente al Liceo Luis Espelozín. A 3 cuadras al norte de la Avenida Sucre de Catia, a la altura del Centro Comercial del Oeste (metro Agua Salud)

ARTÍCULOS

«Vecinos de la parroquia El Valle, en Caracas, habitantes del edificio Residencias “Los Jardines” sufren graves daños y perjuicios en sus apartamentos, a consecuencia de la negligencia del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) que no concluyó los trabajos de reparación, principalmente los de impermeabilización.

En situaciones como estas, donde los/as vecinos/as han hecho innumerables denuncias y no son escuchados por las autoridades, las personas afectadas pueden demandar al ente público por los daños y perjuicios causados, solicitando que un juez ordene la reparación de las viviendas y que el ente pague una indemnización por los agravios.

No se adecua a los criterios vigentes en un Estado de derecho que por la negligencia de los entes gubernamentales, los propietarios tengan que sufrir el deterioro progresivo de sus viviendas, llegando incluso a situaciones de grave riesgo para sus vidas.

La ley permite ejercer varias acciones, entre ellas, las demandas contra el Estado por los daños y perjuicios causados a consecuencia de su acción u omisión» (Provea, 16.03.05, [email protected]).

«Cuatro miembros de la familia Barrios, en el poblado de Guanayén, en el estado Aragua, murieron a manos presuntamente de efectivos de la policía regional. El hecho, de por sí dramático, tiene varias aristas reveladoras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras conocer que una vez asesinadas dos de estas personas, otros miembros de la familia recibieron amenazas, otorgó unas medidas cautelares, para protegerlos. Evidentemente no se cumplieron a cabalidad y la lista de muertos en esta familia sumó dos más.

María Auxiliadora Monagas, agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aseguró a fines de febrero que no es responsabilidad oficial el que las dos últimas personas hayan sido asesinadas, aún cuando gozaban de medidas de protección. Es más, dice que no puede responsabilizarse a agentes policiales de Aragua porque ‘los que dispararon estaban de civil’. No contenta con ello, reprende a la familia Barrios por haberse quejado de la protección que le dio el Estado a través de uniformados policiales. Paradoja cruel, la ‘protección’ vendría de aquellos de donde provenían las amenazas, pero esto no resulta contradictorio a los ojos de Monagas.

No es un hecho aislado. La prensa de forma regular reporta los casos de ‘enfrentamientos’, en los cuales operan al menos dos niveles de lectura. Por un lado, el reporte periodístico se hace eco de la versión policial que criminaliza a los fallecidos, usualmente colocados en la categoría de lacra social, por ser delincuentes con gran prontuario policial y/o buscados por tal o cual delito. El discurso sobre estos hechos, por otro lado, tiene como soporte una increíble eficiencia de los uniformados, pues es mínima la proporción de agentes de seguridad que resulta alcanzado por las armas de fuego delictivas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Acaso tenemos la mejor policía del mundo o sencillamente está operando un mecanismo sistemático de ejecuciones?

La respuesta parece estar a la vista: tomando como válidas las cifras aportadas por la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, están registradas casi dos denuncias diarias –en promedio– por asesinatos presuntamente cometidos por funcionarios de cuerpos de seguridad entre el 1º de agosto de 2000 y el 28 de febrero de 2005. Escaso 5%, de un total de 3.655 expedientes, está en fase de juicio, mientras tanto la geografía nacional ratifica su color, con puntos rojos en el mapa, pero ahora debido a la cantidad de personas muertas en ejecuciones.

Nos acostumbramos a los reportes de esos enfrentamientos, esos en los que todos los presuntos delincuentes opusieron resistencia y por tanto murieron, mientras que los uniformados salieron sin un rasguño. Hace algún tiempo resonaban los casos de Portuguesa, luego nos perturbamos con Anzoátegui y Lara, pero también estallaron escándalos en Aragua y más recientemente en Guárico. La antigua PTJ, hoy escudada en la impronunciable sigla de CICPC, tiene el récord, según la Fiscalía, de tener como cosecha propia 796 casos, en el período ya comentado. ¿Alguien ha escuchado que esto provocara un escándalo en este cuerpo? No, ni dentro del cuerpo, ni siquiera en una entidad que debería tener la batuta en estos temas, como la Defensoría del Pueblo.

Germán Mundaraín, flemático defensor del pueblo, habló hace poco ante la Asamblea Nacional, para hacer un balance de su gestión durante 2004. Le cito: ‘Entre las situaciones de derechos humanos más preocupantes detectadas, nos encontramos nuevamente con la actuación de las policías, sobre todo en lo que se refiere a las denuncias por ejecuciones extrajudiciales’. Ello es evidente. Sí, defensor, estamos ante uno de los problemas más graves, pero además en el área de competencia de su despacho. Remata el tema diciendo: ‘Si bien durante el presente periodo se puede apreciar una considerable reducción en el registro de los casos, en comparación con el año anterior, las cifras evidencian la necesidad de adoptar medidas mucho más contundentes para resolver el problema’. Sobre lo primero se puede discutir.

En el balance que hace Provea de los derechos humanos en el lapso que va de octubre 2003 a septiembre 2004, se asegura que aumentaron 40% los casos de víctimas a manos de cuerpos de seguridad, en relación con similar período anterior, y de estos 87% se encuadran dentro del patrón de ejecuciones. Sobre lo segundo, tal vez la Defensoría del Pueblo podría hacer recomendaciones concretas. No, no las hay. Tampoco hay más nada sobre este espinoso tema en el resto del discurso. De las 2767 palabras que tiene la versión electrónica de esta intervención del defensor, sólo 70 las dedicó al asunto. Tal vez eso lo dice todo» (El Nacional, 15.03.05, pág. A/9).

«A pesar de la insistencia de muchos tenia tempo en no escribir mis notas, hoy amanecí con ganas de hablar del desastre en que se esta convirtiendo el derecho penal y la tristeza que esto nos embarga, sobre todos los que tenemos la responsabilidad de educar a los futuros abogados de este país. No quería tocar este tema hasta no tener en mis manos la Gaceta Oficial donde apareciera, al fin la famosa reforma parcial al Código Penal, porque el veto presidencial nos había dado esperanzas de que las cosas podían cambiar, pero que va, fue un vulgar teatro, cuando uno revisa el texto en muy pocas cosas ha cambiado para no decir ninguna.

Me atrevo a decir y por esto tal vez me sigan un proceso judicial, por mis opiniones del nuevo Código Penal que los legisladores, no tenían idea de lo que escribían y no buscaron expertos que le dijeran que hacer, para como no alargar esto quiero que la gente sepa y sobre todo los que se encuentran en las cárceles y sus familiares que las medidas sustitutivas a la prisión, un derecho de nuestros reclusos no fueron eliminadas continúan en una cantidad de delitos como el robo a mano armado, por el que hay el mayor numero de reclusos en nuestras cárceles, por homicidio intencional, secuestro y para muchos de los nuevos delitos que crearon que coartan libertades Constitucionales, lo que en caso de eliminarse el articulo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, el gran sueño de nuestros presos no haría nada en beneficio de estos, pues la gran mayoría de delitos allí establecidos están ya en el Código Penal etiquetados como que no se les pueden dar medidas sustitutivas es decir tienen que cumplir su pena completa, en eso que aquí llamamos cárceles pero que no son mas que depósitos de seres humanos.

Le pedimos en su oportunidad al Presidente de la Republica Hugo Chávez Frías que revisara el proyecto de reforma parcial al Código Penal aprobado por la Asamblea Nacional y viera los errores tanto de técnicas legislativas así como el choque entre este y la Constitución Nacional que convertían a la mencionada reforma en violatoria de normas contenidas en el mencionado instrumento así como de principios básicos de derechos humanos, reconocidos en el ámbito mundial, vimos con agrado por la voluntad del Presidente Hugo Chávez de escuchar nuestros planteamientos y vetar la mencionada reforma y así lo hizo publico. Ahora vemos con extrema preocupación como el Fiscal General de la Nación declara a los medios que la Asamblea no le hizo caso al veto presidencial, no modifico nada y además alega que la reforma es violatoria de principios básicos de derechos humanos. Lo extraño es que lo diga muchos días después de publicada la decisión y entrada en vigencia la Reforma, por lo que allí entra una expresión muy Venezolana ‘piaste tarde pajarito’.

La pretendida reforma al Código Penal es un retroceso en materia de derechos humanos en nuestro país al eliminar la obtención de medidas sustitutivas a la prisión por parte de los hombres y mujeres privadas de libertad, además de crear un aumento sustancial a las penas ya establecidas aunado a la creación de nuevos delitos en su mayoría violatorios a la Constitución Nacional. Ahora descubrimos que el veto presidencial fue solo de unos pocos artículos y sin hacerle caso al veto presidencial, lo que hace que el problema continué y ahora agravado, pues uno de los compromisos con los reclusos además de eliminar esta reforma, fue la de suprimir los artículos 493, 502 y 508 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual es un imposible porque la reforma hecha tacha como medios de no obtención de medidas sustitutivas a la mayoría de estos delitos allí tipificados, lo cual es un nuevo engaño a la población penitenciaria y sus familiares ante los acuerdos firmados y si a esto le sumamos la aprobación y publicación del Código Penal, estamos claros en el engaño a la población penitenciaria y sus familiares.

Estoy convencido que esta situación es de extrema gravedad porque ocasionara un nuevo conflicto penitenciario, sin olvidar que solo el fin de semana murieron por violencia carcelaria 8 personas en nuestras cárceles. Que lastima que nuestros presos sen pobres sino hubiesen marchas por todos lados protestando esta situación. En Venezuela no hay cárceles, hay solo depósitos de seres humanos y lo peor es que a la mayoría de seres humanos que se hacen llamar sociedad civil, esto lo tiene sin cuidado, total ellos están en su casa felices y con sus tres comidas. Ojala no tengan que sufrir por esta situación alguna vez, aunque con el nuevo Código Penal, usted, su esposa, sus hijos y hasta yo mismo pronto podríamos estar tras las rejas de una cárcel venezolana» (Una Ventana a la Libertad, 02.04.05, [email protected]).

«El debate actual sobre la presencia de guerrilla en Venezuela está impregnado de intereses poco claros, quizás mezclados con mezquinos intereses políticos de esos a los que nos tienen acostumbrados los políticos profesionales de esta hora. Desde una perspectiva de la vivencia en las fronteras, esas zonas periféricas abandonadas y mal vistas por los grandes enclaves urbanos centrales donde se asienta la formalidad del poder del Estado, el asunto se mira desde otra perspectiva.

Quienes hemos vivido en las zonas periféricas de frontera tenemos una convivencia con los factores degradados del conflicto armado colombiano, que no queda reducido solo al tema de las guerrillas sino que involucra también a las mafias traficantes de drogas, gasolina, ganado o armas. Las formaciones sociales ubicadas en el espacio social fronterizo se encuentran atravesadas por múltiples y complejas relaciones conformando un macro tejido compuesto de variados microtejidos, donde por supuesto entran los elementos degradados del conflicto armado colombiano, y muchas veces configuran y determinan esas relaciones, y aunque parezca atroz, permite resolver la vida en sus dimensiones fundamentales. Estas dinámicas relacionales no son nada nuevas, están asociadas al proceso histórico de conformación de esos espacios.

La presencia de los factores degradados del conflicto armado colombiano en los espacios sociales fronterizos no es un asunto reciente, su presencia en la zona puede contarse por décadas. Son factores muy arraigados en esas sociedades, para bien y para mal. Contar con una acción enérgica de parte del Estado venezolano para el combate y erradicación de las guerrillas, llevará mucho tiempo y habría que contar con la extinción de las mismas ya sea por negociación en el espacio colombiano o derrota militar, escenario nada factible en el mediano plazo.

La discusión por tanto debe orientarse en el sentido de la responsabilidad del Estado para con todos los pobladores en esas áreas periféricas y no sólo por la presencia de los elementos degradados del conflicto armado colombiano y su impacto en las zonas periféricas de frontera. Los espacios fronterizos deben ser pensados y asumidos de manera integral y no desde la posición discursiva de salvaguarda de la soberanía por cuanto ello solo comporta una visión exclusiva de seguridad nacional garantizada por el componente militar del Estado, olvidando lo más fundamental, las personas que allí habitan.

En este debate asumir la postura de si se permite o no la presencia de las guerrillas es asumir una postura que deja por fuera la complejidad de la situación, tomando uno de los elementos confortantes olvidando la configuración geográfica de la zona, la extensión del límite territorial de unos 2.219 Km2, las relaciones históricas de convivencia entre colombianos y venezolanos en el espacio social fronterizo visto como espacio de interrelación y no de separación (perspectiva de las sociedades centrales), el abandono por parte del Estado de esos espacio evidenciado por un apolítica de atención sostenida en el tiempo.

El reto que tenemos por delante, como sociedad, es incorporar los espacios sociales fronterizos para que tengan un desarrollo armónico con el conjunto y poder superar la inserción precaria en el Estado nación» (El Nacional, Urbe et Orbi, 27.03.05)

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Año: 2004
Editorial: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Sinopsis:
«Este informe presenta un diagnóstico sobre el contexto económico, político y social de cada país; en el marco jurídico y constitucional del derecho a la salud; una reseña del sistema de salud vigente; una descripción estadística y analítica que evidencia el estado del derecho a la salud de la población; la conflictividad social que hoy se presenta en torno a este derecho; el vinculo entre el proceso de globalización y el derecho a la salud; las perspectivas de lucha de los movimientos sociales y los principales retos de articulación y acción a corto, mediano y largo plazo»
([email protected]).

Autor: Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre
Año: 2004
Editorial: Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre
Sinopsis:
«En esta publicación se presentan pautas metodológicas que promueven un proceso participativo de construcción colectiva del saber, de manera positiva y critica. Es una propuesta formativa dirigida a la formación, participación y liderazgo en instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y grupos de base» ([email protected]).

Autor: Centro Carter
Año: 2005
Editorial: Centro Carter
Sinopsis:
«Este informe registra las contribuciones del Centro Carter al proceso de construcción de paz entre junio del 2002 y Febrero de 2005, y complementa el informe sobre la Observación Electoral.
Incluye cada una de las actividades, en orden cronológico, realizadas por la Mesa de Negociación y Acuerdo. El Informe sobre la Observación Electoral, también disponible en nuestra sala de consultas» ([email protected]).

DOCUMENTOS

Las personas y organizaciones abajo firmantes, manifiestan su más profunda preocupación por la investigación que ha emprendido la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela contra el profesor y defensor de derechos humanos Carlos Ayala, quien se desempeña como presidente de la Comisión Andina de Juristas (CAJ), es peticionario en varios casos que cursan en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde el año 2001, Carlos Ayala ha acompañado a varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en sus presentaciones generales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, durante las audiencias de los períodos ordinarios de sesiones de la CIDH. Siendo la más reciente la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, llevada a cabo ante la CIDH, el día 03.03.05. En virtud de diversas amenazas que ya se habían recibido, en el comunicado de prensa emitido al término de sus sesiones, la CIDH advirtió con relación a Venezuela: “La Comisión reitera su preocupación por la situación de riesgo y estigmatización de la cual son objeto los defensores de derechos humanos en Venezuela y por el clima de hostilidad que enfrentan las organizaciones dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos, especialmente aquellos defensores de derechos humanos que asistieron a las audiencias de la Comisión y de aquellos que trabajan en zonas fronterizas de dicho país”.

El Dr. Ayala apoya jurídicamente a diversos grupos de derechos humanos en Venezuela y en el hemisferio, que actúan ante el sistema interamericano y el sistema universal, así como en las instancias internas, y participa como miembro consultivo en varios grupos pro-derechos humanos en el país. Desde una perspectiva integral e independiente, ha asumido la defensa de diversos casos de violaciones de los derechos humanos, que abarcan los derechos a la vida, a la integridad personal, el debido proceso, la libertad de expresión, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a una vivienda digna, entre otros.

Concretamente es abogado en el caso de las desapariciones forzadas de Oscar Blanco y otros acaecidas en el Edo. Vargas en 1999, petición que fue sometida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 30.06.04. Asimismo, ha colaborado con las ONG peticionarias en el caso de la masacre del Retén de Catia que fue recientemente interpuesto ante la Corte IDH. También, es peticionario de las medidas cautelares y provisionales a favor del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), caso conocido como Liliana Ortega y otras; en el caso Carlos Nieto Palma; en el caso del Sr. Luis Uzcátegui, hermano de una persona presuntamente asesinada por grupos parapoliciales en el Edo. Falcón, y en casos de agresiones contra periodistas, entre otros.

Carlos Ayala es miembro del Directorio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, profesor en pregrado y postgrado de esta rama del Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y en la Universidad Central de Venezuela (UCV) desde 1983. Se ha desempeñado también como profesor de “Derechos Humanos y Constitucionalismo en las Américas” en Georgetown University en 1999; y de “Protección Internacional de Derechos Humanos” en American University, Washington College of Law.

Según las informaciones disponibles, el Dr. Ayala fue citado de manera irregular a fin de que compareciera el 05.04.05, ante Luisa Ortega Díaz, fiscal 6ta. con Competencia Nacional del Ministerio Público (MP), a objeto de “imputarlo por los hechos que investiga esta representación fiscal. Igualmente se le informa que deberá comparecer en compañía de un abogado de su confianza”. El Dr. Ayala, acudiendo al llamado efectuado por el MP, hizo acto de presencia en la sede de la prenombrada Fiscalía el día 05.04.05, y luego de varias horas de espera, fue informado por uno de los asistentes del Despacho que la Fiscal tenía actividades preferentes y no podía atenderle y por ello se le haría una nueva citación, la cual se fijó para el día 14.04.05.

El Dr. Ayala, a través de su representante legal, solicitó en este acto que se levantara un acta donde se dejara constancia de la comparecencia del mismo y que la decisión de postergar el acto de imputación se debía exclusivamente al Ministerio Público. Levantada el acta, el Dr. Ayala solicitó copia de la misma, la cual le fue negada.

El Dr. Ayala permanece hasta la fecha en total incertidumbre frente a los cargos que se le imputan, situación que prolonga el MP hasta tanto se materialice el acto para el cual fue citado, lo cual atenta contra el derecho a un debido proceso y promueve una mayor angustia e inseguridad jurídica para el Dr. Ayala.

En las puertas del MP ante un nutrido número de representantes de la prensa, se pronunciaron diversos voceros de las ONG de derechos humanos rechazando de manera categórica la situación por la que atraviesa el Dr. Ayala, entre las cuales destacan la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, el Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), COFAVIC, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Ventana para la Libertad y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas.

Las organizaciones y personas abajo firmantes consideran que con estas medidas se pretende criminalizar abiertamente la defensa de los derechos humanos, y en particular limitar e inhibir el uso de las instancias interamericanas de protección de los derechos fundamentales. Esta delicada situación coloca en grave riesgo las libertades públicas, la independencia y el natural desempeño de los y las defensoras de derechos humanos en el país, en violación a las Declaraciones sobre Defensores de Derechos Humanos adoptadas tanto en la Organización de Naciones Unidas (ONU) como en la Organización de de Estados Americanos (OEA).

Este tipo de acciones contribuyen a crear un clima de intolerancia hacia los y las defensoras de derechos humanos, debilita de manera contundente las garantías de trabajo de las ONG de derechos humanos y de sus integrantes. Estos hechos constituyen un claro amedrentamiento dirigido a las ONG que activamente monitorean la situación de derechos humanos en Venezuela.

ACCIONES RECOMENDADAS

  1. Dirigir comunicaciones al Dr. Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República expresando preocupación por la posible imputación contra el Dr. Carlos Ayala Corao y solicitando el cese de las acciones intimidatorias contra él y demás defensores de los derechos humanos. Las comunicaciones pueden enviarse a la dirección electrónica: [email protected];
  2. Enviar copias de sus comunicaciones a las siguientes direcciones: Vocería del Foro por la Vida: CDH UCAB: [email protected]; SJR: [email protected]; Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI): [email protected]; María Auxiliadora Monagas, Agente del Estado Venezolano para los Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, fax (212) 806-4566 y 806-4567; Oficina de la Organización de Estados Americanos en Caracas, fax: (212) 992-1480; Débora Benchoam, Abogada, CIDH, Washington, [email protected]; Unión Europea, Programa Andino de Derechos Humanos y Democracia, Oficina de coordinación regional, Bogotá, [email protected];
  3. Acompañar al Dr. Carlos Ayala Corao el jueves 14.04.05 a las 10:30 AM. a las puertas de la sede del MP (avenida Urdaneta, esquinas de Animas a Platanal) para expresar la solidaridad en su caso;
  4. Dar la más amplia difusión a esta acción urgente entre otras organizaciones que puedan adherirse a la misma.

Suscriben esta solicitud: Monseñor José Angel Divasson, Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; Suilvida Rausseo, Humana Dignitas; José Gregorio Guarenas, Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas; Liliana Ortega, COFAVIC; Ligia Bolívar, CDH UCAB; Alfredo Infante Sj., SJR.

Caracas, 06.04.05.

A continuación la trascripción hecha por la Asamblea Popular Revolucionaria (Aporrea) y es no literal de las declaraciones de uno de los caciques de las comunidades indígenas que marcharon hacia el palacio de Miraflores el pasado 31.03.05 contra la explotación del carbón, por los derechos de los pueblos indígenas, por el agua y por la vida en Perijá y regiones del Zulia amenazadas por concesiones mineras a las transnacionales sin consentimiento de los pueblos originarios.

«Presidente Chávez … Están decretadas las concesiones carboníferas en la Sierrra de Perijá, del Cocuy, del Cachirí y del Guasare ¿Cómo están viviendo los hermanos Wayuú, la gente del Cocuy, del Guasare? La marginalidad, la pobreza. Todo eso ha sido la consecuencia. Con este ejemplo -la marcha contra la explotación del carbón- nosotros la rechazamos rotundamente hoy.

Yo no quiero… que hablemos de negocios. No, el gobierno tiene que enterarse en el día de hoy, que si bien estamos agradecidos, de que compartamos nuestra vida, nuestra confianza, porque yo soy del pueblo; ellos (se refiere a los funcionarios gubernamentales) cambian y burocratizan toda esta gestión que esta haciendo el Presidente, desde allá.

Nosotros rechazamos… todo lo que es anticonstitucional, pedimos de ahora en adelante, que se nos consulte todo lo que tenga que ver con la administración de nuestro territorio ancestral, y nos oponemos a las condiciones actuales de administración de nuestro territorio y pedimos la revisión de las políticas de concesiones mineras en nuestro territorio ancestral. Vamos a entregar un documento al gobierno nacional donde se le va a realizar un petitorio, donde se le dice que la minería tiene que consultar a los pueblos indígenas y pedirles autorización para cualquier actividad por pequeña que sea, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional.

Las compañías mineras violaron el derecho a nuestro territorio y los derechos que consagra la Constitución Nacional, por eso el Presidente Chávez tiene que sancionar a las empresas mineras y vamos a la lucha» (Aporrea, 02.03.05, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=58299).

Del 26 de febrero al 10 de marzo de 2005

Boletín electrónico Nº 152

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE MARZO

08 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer
08 Día de la Paz Internacional
14 Día Mundial de Acción Contra las Represas, a Favor de los Ríos, el Agua y la Vida
15 Promulgación del voto directo, universal y secreto para hombres y mujeres mayores de 18 años en Venezuela (1946)
21 Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial
21 Día Mundial de la Poesía
21 Día Forestal Mundial
21-27 Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial
22 Día Mundial del Agua
24 Ejecútese de Ley de Abolición de la Esclavitud en Venezuela (1854)
24 Conmemoración del asesinato del Obispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero (1980)

CONTEXTO

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el pasado 25.02.05, la creación de la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y sobre la Discriminación Racial.

Esta nueva relatoría especial se dedicará a estimular, sistematizar, fortalecer y consolidar la acción de la CIDH en lo referente a dicha materia. Desde esta perspectiva, sus principales objetivos incluirán el trabajo con los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para generar conciencia del deber Estatal de respetar los derechos de los afrodescendientes y la eliminación de todas las formas de discriminación racial; analizar los desafíos que actualmente enfrentan los países de la región en esta materia, formular recomendaciones para superar los obstáculos, e identificar y compartir las buenas prácticas en la región; además de observar y ofrecer cualquier asistencia técnica que sea requerida por los Estados miembros en la implementación de las recomendaciones en el ámbito interno, tanto en el derecho como en la práctica.

Dentro de la CIDH, la relatoría trabajará con miras a estimular, sistematizar, fortalecer y consolidar la acción de dicho órgano en lo referente a los derechos de las personas afrodescendientes y la discriminación racial; cumplirá con los mandatos de la Asamblea General de la OEA a la CIDH relacionados con las personas afrodescendientes, el racismo y la discriminación racial; apoyará el trabajo de la CIDH en lo relacionado con afrodescendientes y discriminación racial; preparará informes y estudios especiales sobre los derechos de las personas afrodescendientes y, mas ampliamente, estudios sobre la eliminación de la discriminación racial; analizará quejas sobre racismo y discriminación racial recibidas por la CIDH e informar a dicho órgano la correspondiente opinión y recomendaciones; formulará recomendaciones a la CIDH respecto a las audiencias a ser otorgadas durante las sesiones ordinarias y participando en la discusión de las presuntas violaciones. La Relatoría Especial trabajará igualmente con las partes para buscar la solución amistosa a los asuntos sometidos a la CIDH en esta materia; preparará consultas y recomendaciones a los Estados miembros sobre la modificación de normas vigentes y disposiciones referentes a los derechos de las personas afrodescendientes y la discriminación racial; acompañará a la CIDH en sus visitas in loco a los países de la región; preparará proyectos de informe sobre admisibilidad, fondo, solución amistosa; y colaborar en la preparación de informes temáticos, sobre la situación en países de la región, y en los informes anuales de la CIDH.

La relatoría fue asignada al Comisionado Clare K. Roberts, recientemente elegido Presidente de la CIDH. En este cargo, el comisionado trabajará con las otras Relatorías Especiales de la CIDH en las materias que se entrelazan con el tema de afrodescendientes y la discriminación racial, y los mandatos respectivos.

La relatoría enfocará su trabajo también en diseminar en la región el conocimiento de las garantías y mecanismos que el sistema interamericano de derechos humanos ofrece para la protección de los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial.

Asimismo, la relatoría mantendrá una base de datos sobre la información más reciente que se hubiera recibido a través de su red hemisférica relacionada con los derechos de las personas afrodescendientes y la discriminación racial en los Estados miembros, o el progreso alcanzado en esta materia; promoverá la participación en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, del cual forma parte la CIDH, mediante su en actividades de educación y adiestramiento, así como seminarios, conferencias y foros, entre otros.

Finalmente, la nueva relatoría trabajará en colaboración con los órganos pertinentes de la OEA, lo que incluye el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Grupo de Trabajo sobre afrodescendientes, y el Relator Especial sobre Discriminación Racial. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 02.03.05, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2005/3.05.htm)

De acuerdo con la resolución Nº 1/05 hecha pública por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 08.03.05, la instancia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos resolvió “reiterar el compromiso ético y legal que tienen los miembros de la CIDH de no participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la Comisión, si fuesen nacionales del Estado objeto de consideración general o específica, de acuerdo a la estricta práctica de la CIDH sobre la materia y a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Comisión” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 09.03.05, http://www.cidh.oas.org/resolution1.05.pdf).

Tales observaciones fueron realizadas con motivo de algunas expresiones públicas efectuadas por el abogado venezolano Freddy Gutiérrez, quien desde junio del año 2003 viene ejerciendo el cargo de Comisionado de la instancia hemisférica (Provea, 09.03.05, http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_119.pdf).

Entre las declaraciones que preocupan a la CIDH, la resolución destacó las efectuadas en febrero de 2005 en Oaxaca, México, donde Gutiérrez señaló que el gobierno de esta ciudad no está en la obligación de acatar las medidas cautelares dictadas por la CIDH “porque son sólo observaciones que se han tomado desde la Secretaría, no desde la comisión, ante lo cual se tiene que revisar muy bien este caso, pero por ahora no implica que el Gobierno tenga que cumplir con las observaciones” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.). Estos señalamientos fueron desarrollados por el abogado venezolano con detenimiento ante el diario mexicano El Imparcial.

Según la resolución, tales opiniones fueron expuestas por Gutiérrez a propósito de unas medidas cautelares adoptadas a favor de peticionarios originarios de esta ciudad mexicana, con el voto mayoritario de los integrantes de la CIDH.

En su resolución, la CIDH indicó que las declaraciones de Gutiérrez provocaron que los peticionarios elevaran ante esta instancia su “profunda preocupación” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.) e informaran que como consecuencia de las mismas, su beneficiario decidiera abandonar Oaxaca por temor a que las medidas no fueran cumplidas por las autoridades locales y para evitar que se comprometiera más su vida e integridad personal.

La instancia hemisférica observó que estas apreciaciones de Gutiérrez se suman a otras “que ha venido haciendo públicamente en el sentido de desacreditar o desautorizar aspectos centrales de su trabajo de promoción y protección de los derechos humanos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

Cita por ejemplo, que en noviembre de 2004, Gutiérrez señaló “que las medidas cautelares no son obligatorias, precisamente en el país con el mayor número de medidas cautelares que protegen a cientos de personas, en un contexto en el que el Estado nunca se ha opuesto a la obligatoriedad de cumplimiento de las medidas, y respecto a las cuales el propio Tribunal Constitucional colombiano ha señalado la obligatoriedad de su cumplimiento” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

También destacó que, a pesar de las “diversas oportunidades que la Comisión le ha otorgado consideraciones respecto a pronunciamientos de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.), Gutiérrez no ha brindado explicaciones de tal conducta, que la instancia hemisférica cataloga como contradictoria con relación a su “estricta práctica sobre la materia y de lo contemplado en el artículo 17 del Reglamento de la Comisión” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

Según la resolución, esta situación obligó a la CIDH a informar a los Estados miembros, a los órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la sociedad civil, así como “a responder públicamente los conceptos emitidos por el Comisionado Freddy Gutiérrez” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

La instancia hemisférica reiteró que, pese a los señalamientos de Gutiérrez, “las medidas cautelares son un importante mecanismo de trabajo que ha contribuido a salvar numerosas vidas en todo el hemisferio” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.). Además insistió en que “la independencia de sus miembros, es la mayor garantía para los Estados miembros de la OEA, y para las personas bajo su jurisdicción” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

Por estas razones, subrayó la CIDH que “la situación creada por el comisionado Freddy Gutiérrez es profundamente lamentable. La CIDH considerará estos hechos y decidirá los mejores cursos de acción para asegurar el eficaz cumplimiento de su mandato de proteger y promover los derechos humanos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

Finalmente, la instancia hemisférica acordó “reafirmar la obligación internacional que tienen los Estados miembros de la OEA de cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

Por su parte, el abogado venezolano lamentó que sus homólogos de la CIDH “hayan negado su derecho a disentir y los exhortó a ‘corregir’ la resolución” (El Nacional, 11.03.05, pág. A/3).

A través de una nota oficial enviada desde Washington, sede de la instancia hemisférica, Gutiérrez señaló que desde el momento de su designación como comisionado ha tenido una conducta “cónsona con los valores, principios y normas establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos No es cierto que participé de modo directo o indirecto de los debates en lo que esté concernida la República Bolivariana de Venezuela. Jamás he tratado de influir en la voluntad de algún comisionado para que favorezca o desfavorezca alguna causa que esté siendo debatida en el seno de la comisión. Tampoco he tratado de influir en el secretario Santiago Cantón para que tramite, impulse o concluya alguna causa venezolana. De hecho, ha transcurrido 1 año o más de mi gestión y no he tenido ninguna conversación que pudiese haber durado más de 20 minutos con ese este señor Por otra parte, no me está impedido en el Pacto de San José dictar conferencias en mi país de origen, disertar sobre temas variados o declarar sobre el espíritu, propósito o razón de una norma o la interpretación jurisprudencial de la norma misma” (El Nacional, Ídem.).

En su comunicado, Gutiérrez no negó que haya dicho que la CIDH es un órgano “virtual”. Sin embargo, aclaró que sus homólogos saben muy bien que de esa forma se refiere sobre la conveniencia de crear una comisión permanente, de modo que las contingencias que pudieran comprometer los derechos humanos protegidos sean atendidas directamente y no a través comunicaciones electrónicas: “La abdicación de su condición permanente ha provocado que un secretario determine las más importantes orientaciones de la comisión en lo que respecta a los derechos humanos” (El Nacional, Ídem.).

Respecto a sus comentarios hechos públicos en Oaxaca sobre el carácter vinculante de las medidas cautelares que dicta la CIDH, Gutiérrez indicó: “he dicho y reiterado hasta la saciedad que las medidas cautelares tienen un enorme valor y que no pueden seguir disminuidas en una norma sublegal, reglamentaria, contenida en un instrumento operativo de la comisión. Comenté en Oaxaca la importancia de elevar las medidas cautelares a un rango mayor que el que tienen actualmente, llevándolas a un protocolo adicional al Pacto de San José, toda vez que representan una necesidad sentida para los Estados que han asumido un compromiso serio con los derechos humanos En Oaxaca también pedí apoyo para impulsar ese tratado internacional que consagre el carácter vinculante de las medidas cautelares cuando se verifiquen situaciones de gravedad y urgencia. Entonces, resulta de una irresponsabilidad sin límites y absolutamente temerario derivar una relación de causalidad entre mis opiniones y los hechos específicos y delimitados respecto del caso planteado en la resolución (El Nacional, Ídem.).

Finalmente, Gutiérrez dijo que aspira a que “tanto la resolución del resto de los comisionados como la correspondiente réplica abran las puertas a un debate profundo en el hemisferio, despojado de prejuicios y maquinaciones fraudulentas o intemperancias que aturden” (El Nacional, Ídem.).

El pasado 08.03.05, Día internacional de la Mujer, se realizó en Sao Paulo, Brasil, se efectuó el lanzamiento de la Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad. Esta iniciativa fue aprobada el 10.12.04, en Kigali, Rwanda, durante el V Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. “Es un texto fundador del mundo que las mujeres de la Marcha Mundial quieren construir, un mundo sin explotación, opresión, intolerancia y exclusiones, en el que se respete la integridad, la diversidad, los derechos y libertades de todas y todos. Este mundo se basará en cinco valores: igualdad, libertad, solidaridad, justicia y paz. La Carta se articula alrededor de 31 afirmaciones que describen los principios esenciales y básicos para construirlo. Las sucesivas versiones de la Carta fueron elaboradas en un amplio proceso de consulta” (Agencia Latinoamericana de Información, 01.03.05, [email protected]).

A partir del 08.03.05, la Carta circulará de país en país, “en una especie de carrera de postas. Esta movilización irá acompañada de acciones de sensibilización e información sobre su contenido. Las mujeres interpelarán también a sus gobernantes y a la opinión pública. Junto con la Carta, circulará una manta de retazos que va a ser construida con la colaboración de todas las mujeres del mundo. Cada retazo que se vaya añadiendo simbolizará los aportes y la visión que cada país tiene de la Marcha El relevo pasará por 53 países, finalizando el 17.10.05, Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza, en Burkina Faso. Este país fue elegido por ser uno de los países más pobres del planeta, donde las mujeres están sometidas a violencias específicas (violencia doméstica, matrimonios forzados, matrimonios precoces, levirato y mutilaciones genitales). Ese mismo día, las mujeres del mundo entero llevarán a cabo una jornada denominada 24 Horas de Solidaridad Feminista” (Agencia Latinoamericana de Información, Ídem.).

La difusión mundial comienza en Brasil y seguirá luego en Argentina, para pasar luego a Bolivia y subir por la costa del Pacífico a Perú, Ecuador y Colombia (Agencia Pulsar, 07.03.05, http://www.pulsar.amarc.org/nota.php?id=3967)

El texto de la carta puede consultarse o descargarse en versión PDF (32kb) desde el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/carta_mujeres.pdf.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la inconstitucionalidad de la omisión de la Asamblea Nacional (AN), por no haber dictado, en un plazo razonable, una ley especial que regulara el Régimen Prestacional de Empleo. La ponencia correspondió al magistrado Pedro Rondón Haaz y fue hecha pública el pasado 02.03.05.

En su fallo, la instancia ordenó al Legislativo que, en un plazo máximo de 3 meses, prepare, discuta y sancione una ley sobre la referida materia y adapte las regulaciones constitucionales en materia de seguridad social y trabajo, o en su defecto, un régimen transitorio que solvente la situación lesiva al derecho constitucional a la seguridad social (Tribunal Supremo de Justicia, 02.03.05,
http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1815).

Como se recordará el 28.04.03 Provea introdujo ante dicha sala una acción jurídica mediante la cual le exigía que resolviera la situación de inconstitucionalidad en la que incurrió la AN al derogar el Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Paro Forzoso y Capacitación Laboral, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5392, del 22.10.99 (Provea, 08.03,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2003/npProvea_03.pdf).

Dicho Decreto fue derogado en su totalidad cuando entró en vigencia la LOSSS, el 31.12.02, por disposición expresa de su artículo 138, sin que estableciera un régimen transitorio (Provea, Ídem.).

Con esta omisión, el cobro mensual de las contribuciones especiales que realiza el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a los trabajadores y empleados para procurar el beneficio de paro forzoso quedó sin base legal, perdiendo el carácter obligatorio que antes tenía. Este limbo jurídico afectaba negativamente el beneficio de paro forzoso que percibían los trabajadores despedidos, desprotegiéndoles de sus derechos laborales y a a seguridad socia adquiridos y lesionando los principios de irrenunciabilidad y de progresividad de los derechos humanos (Provea, Ídem.).

Con su dictamen, la sala no sólo declara la omisión de la AN, sino que le ordena la “pronta terminación” (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.) de esta situación de mora legislativa a través del urgente sancionamiento de una Ley Reguladora del Régimen Prestacional de Empleo.

Igualmente, en su fallo, la sala acordó implementar una medida cautelar “mediante la cual se suspenden los efectos del artículo 138 de la LOSSS hasta tanto la AN ponga fin a la situación de mora legislativa” (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.). De manera que se restablece la vigencia de las tasas de cotización establecidas en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley antes mencionado.

A pesar de la larga espera a la que el TSJ sometió su decisión (23 meses), Provea valora como positiva la jurisprudencia que asienta el fallo a favor de la doctrina de los derechos humanos y de la protección de los DESC, al observar que ésta impide el eficiente ejercicio de derechos fundamentales, especialmente del derecho a la seguridad social.

El Estado venezolano acordó avanzar hacia una solución amistosa a favor de las personas jubiladas y pensionadas de Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (VIASA). El acuerdo quedó registrado en una acta de compromiso suscrita junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea, en representación de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de VIASA (ANTJUVIASA). El compromiso se alcanzó en una reunión de trabajo convocada en el marco del 122º período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada el 02.03.05 en la sede del organismo hemisférico (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 03.03.05,
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2005/2.05.htm).

Maria Auxiliadora Monagas, Agente del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, expresó la voluntad del Gobierno Nacional de avanzar hacia una solución amistosa para favorecer a las personas jubiladas y pensionadas de VIASA, quienes en septiembre de 2001 elevaron ante dicho organismo hemisférico su queja por el incumplimiento del mandato judicial que les restituía su derecho a la jubilación.

Mediante un compromiso refrendado por ante el Comisionado de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro y que contó con la aprobación de Olga Lucía Pérez, del CEJIL y Marino Alvarado, coordinador del Área de Defensa de Provea, ambos en representación de ANTJUVIASA, la funcionaria convino en ejecutar las siguientes gestiones en el plazo de los próximos 4 meses:

  1. Pagar el 100% de las pensiones adeudadas hasta la fecha de la cancelación;
  2. Adoptar un mecanismo de cobro de pensiones de jubilación a partir del momento del pago de lo adeudado;
  3. El pago, en un lapso adicional de 2 meses, de 6.000 dólares o su equivalente en bolívares, por concepto de indemnización de daños morales y materiales a las personas afectadas o a sus familiares.
  4. Adelantar medidas orientadas a satisfacer las peticiones de carácter no pecuniario consistentes en:
    1. Reconocer la responsabilidad del Estado venezolano por los efectos que sobre los derechos adquiridos por las personas jubiladas y pensionadas tuvo la privatización de VIASA, ocurrida en el año 1992;
    2. Publicar en un diario de circulación nacional un desagravio para las personas jubiladas y sus familiares;
    3. Realizar un programa especial de televisión en el canal oficial en homenaje al jubilado fallecido Jesús Manuel Naranjo, presidente de ANTJUVIASA, y en reconocimiento a la perseverancia de las personas jubiladas en la lucha por sus derechos;
    4. Realizar un programa educativo en el que se den a conocer los derechos y beneficios de las personas jubiladas en Venezuela.

Por su parte, el vocero de Provea saludó esta expresión de buena voluntad del Gobierno Nacional que puso de manifiesto su propósito de resolver este caso en corto plazo y de acuerdo a las exigencias planteadas por los denunciantes.

Recordó Alvarado que “la lucha de las personas jubiladas de VIASA data de 1998 cuando, a raíz de la privatización de VIASA, se les obligó a sus jubilados/as a renunciar a su derecho a la jubilación. Desde esa fecha 6 afectados fallecieron esperando que el Estado venezolano cumpliera la sentencia del Juzgado 7mo. de 1ra. Instancia del Trabajo de Caracas, a través de la cual se resarcía su situación” (Provea, 03.03.05, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np030305.pdf).

No obstante, los peticionarios aclararon que sólo suscribirán el acuerdo amistoso con el Gobierno Nacional “si éste concreta los pasos acordados en esta acta. El solo compromiso de que cumplirán en un breve lapso con el pago, no es suficiente. En experiencias similares con otros acuerdos amistosos, el Estado no cumplió lo acordado. Por eso es necesario que no sólo pague la deuda acumulada hasta ahora, que esta por el orden de los 600 millones de bolívares, sino que cumpla con los otros aspectos expresados en el documento” (Provea, Ídem.).

En una audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a distintas organizaciones venezolanas de derechos humanos, Provea informó a los comisionados sobre los aspectos positivos y negativos de la actual situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Venezuela. La audiencia se efectuó el 03.03.04, en la sede de este órgano hemisférico.

A juicio de Provea, la disminución de la conflictividad política, vista luego del resultado del referéndum presidencial que ratificó en su actual cargo al Presidente Chávez, tuvo un efecto importante sobre la economía, lo que ha impactado favorablemente en la situación de algunos indicadores de derechos laborales, tales como empleo y salario justo.

El coordinador del Área de Defensa de Provea, Marino Alvarado, presentó un informe sobre la situación de los DESC en el país y las medidas estatales a ellos vinculadas que actualiza el reporte presentado por Provea a la CIDH en su sesión pasada de octubre de 2004 (Provea, 04.03.05,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2004/np221004.pdf).

En el mismo, Provea señala que “existe voluntad política favorable a este conjunto de derechos por parte de los principales órganos del Estado” (Provea, 02.03.04,
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/1au_CIDH_2005.doc). En este sentido, identifica elementos como: el fortalecimiento del rol del Estado como responsable de los derechos sociales; el diseño de políticas públicas nacionales para cada derecho; el estímulo a la participación y a la organización de los sectores populares; y, la asignación de recursos extraordinarios a través de una institucionalidad paralela conocida como “Misiones”.

No obstante, Provea advierte que pese a la aplicación de tales medidas, catalogadas como positivas, puede asegurarse por una parte, que la situación de violación estructural de los DESC de las mayorías pobres no fue sustancialmente alterada (la cifra oficial de pobreza alcanza el 48,1%); y, por otra, que las políticas públicas adolecen de incoherencias en diversos ámbitos: déficit de gestión y ausencia o debilidad de mecanismos contralores.

Asimismo, el informe identifica 3 temas de preocupación, a saber: que las Misiones no tengan continuidad y no superen la lógica de “operativo de emergencia”; que la ausencia de contraloría sobre su desempeño pueda estar facilitando la corrupción administrativa; y, que las políticas sociales sean presentadas como dádivas de la fuerza política que controla el Ejecutivo Nacional y no como la satisfacción de derechos a la que está obligada el Estado.

En este primer período ordinario de sesiones de 2005, iniciado el 23.02.05, la CIDH celebra 44 audiencias con peticionarios individuales y representantes de los Estados, y evalúa la situación de los derechos humanos no sólo de Venezuela sino de distintos Estados miembros de la OEA, a fin de cumplir el mandato de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contemplado en el parágrafo b, Artículo 41 de su Capitulo VII sobre la CIDH.

Finalmente, Provea invita a las personas interesadas a conocer el documento presentado a los comisionados, que puede consultarse o descargarse de su sitio web en las siguientes direcciones: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/1au_CIDH_2005.doc (versión Word); o http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/1au_CIDH_2005.pdf (versión PDF) (Provea,
02.03.05, http://www.derechos.org.ve/actualidad/comunicados/notas_prensa_2005/np020305.pdf).

La Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) aprobó el informe para la 2da. discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado el Protocolo de San Salvador.

En su informe, la instancia parlamentaria destacó que con la sanción de este instrumento el estado venezolano da un paso a favor de “un desarrollo progresivo de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA)” (Asamblea Nacional, 04.03.05,
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6801).

Recuerda el informe que el Protocolo de San Salvador “surgió con el propósito de ampliar y hacer específico el contenido del artículo 26, capítulo III, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que se suscribió en esa ciudad el 22.11.69” (Asamblea Nacional, 04.03.05, Ídem.).

El proyecto de la instancia parlamentaria “tiene 22 artículos y un preámbulo en el que se subraya la necesidad de reafirmar los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales para lograr la consolidación del continente de un régimen de libertad personal y justicia social, sobre la base del respeto integral a los derechos de las personas, a la democracia representativa, al desarrollo de los pueblos y a la libre determinación de sus riquezas y recursos naturales” (Asamblea Nacional, 04.03.05, Ídem.).

Destacó el informe de la comisión parlamentaria que este instrumento “no sólo incluye los derechos que deban tutelar los Estados. Establece medidas que crean mecanismos de control a través de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), por los que estipula que las naciones están obligadas a presentar informes periódicos a esa instancia, la cual transmitirá los mismos al Consejo Interamericano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y cuando proceda, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)” (Asamblea Nacional, 04.03.05, Ídem.).

Con esta noticia se espera que el Estado venezolano esté próximo a cumplir con una de las propuestas/exigencias que Provea viene expresando recurrentemente desde la edición octubre 1999/ septiembre 2000 de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela (ver en sitio web de Provea:
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1999_00/propuestas_pod_publicos.htm#22), es decir, la ratificación del mismo.

Las personas interesadas pueden consultar o descargar este instrumento internacional desde el sitio web de Provea: http://www.derechos.org.ve/instrumentos/desc/desc_03.pdf.

Situación Mensual de la Población Económicamente Activa

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Notas: (*) datos extraídos de El Nacional, 26.02.05, pág. A/18.
(**) datos extraídos de Gobierno en Línea, 28.02.05, http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=30890

Elías Eljuri, presidente del INE, explicó que el incremento observado en enero de 2005 de la población desocupada es el reflejo de un comportamiento estacional del mercado de trabajo: “De acuerdo con este patrón, se ha venido evidenciando en los últimos años una reducción de la población ocupada en el mes de enero, una vez que concluye la temporada navideña, excepto el período diciembre 2002–enero 2003 cuando la Encuesta de Hogares por Muestreo no se llevó a cabo”, (El Nacional, 26.02.05, pág. A/18).

Las cifras del INE señalan que la tasa de desempleo de enero de 2005 se redujo en contraste al 19,1% del mismo mes del año pasado, cuando 1,3 millones de individuos estaban sin empleo de manera forzosa (El Nacional, Ídem.).

El estudio oficial indica un crecimiento de 4,5% (255.342 personas) de la población ocupada entre el primer mes del presente año e igual lapso de 2004 (El Nacional, Ídem.).

En el sector informal, el INE reveló un descenso de 3,5% en la comparación interanual enero 2004-2005 (Gobierno en Línea, Ídem.).

La población económicamente activa total (fuerza de trabajo) del país se ubica en unos 12 millones de trabajadores (El Nacional, Ídem.).

Fuentes: Banco Central de Venezuela (BCV)
Notas: (*) Banco Central de Venezuela, 01.03.05, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=11&Operacion=2&Sec=False
(**) Banco Central de Venezuela, 02.12.04, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3755&Operacion=2&Sec=False
(***) Banco Central de Venezuela, 02.09.04, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3577&Operacion=2&Sec=False
(****) Banco Central de Venezuela, 02.09.04,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=3375&Operacion=2&Sec=False

Según el Banco Central de Venezuela, en el IV trimestre de 2004, el Índice de Remuneraciones de los Asalariados (IRE) registró un aumento de 0,9% inferior al del trimestre anterior (3,6%) y de 2,5% con respecto al observado en el mismo período del año 2003 (5,2%).

A juicio del ente emisor, este “resultado está relacionado principalmente con el 2do. aumento del 15% (01.10.04) previsto en el tabulador de los docentes del Sector Público, autorizado por el Ministerio de Educación y Deporte (MED) en el IV Convenio de Contratación Colectiva 2004/2006, vigente desde el 01.06.04. También, influyó el aumento salarial acordado en la Convención Colectiva de Trabajo para la Industria de la Construcción 2003/2006, el cual contempla un 2do. incremento de 25% a partir del 01.12.04, además de los incrementos por contratación colectiva en las industrias manufactureras del calzado y a las políticas de mérito y nivelación de sueldos aplicado por algunas empresas” (Banco Central de Venezuela, 01.03.05, Op. cit.).

Por otra parte, el análisis de los resultados por actividad económica del Sector Público, detecta que las únicas categorías ocupacionales que reflejaron aumentos fueron: Personal directivo de las empresas (7,5%), Técnicos y profesionales del nivel medio (7,4%) y Profesionales, científicos e intelectuales (4,9).

En el Sector Privado, muestran que los mayores incrementos se registraron en: Construcción (8,3%) e Intermediación financiera (2,7%). Por grupos ocupacionales, las remuneraciones del Sector Privado reflejaron mayores incrementos en las agrupaciones: Oficiales, operarios y artesano (4,1%), Trabajadores no calificados (2,8%), Personal directivo de las empresas (1,9%) y Profesionales, científicos e intelectuales (1,6%).

Por otra parte, la variación acumulada del IRE, hasta el IV trimestre del año 2004, se situó en 21,3% a nivel general, y por sectores alcanzó 40,5% en el Sector Público y 15,0% en el Sector Privado.

Finalmente, la comparación de la evolución del Índice de Remuneraciones de los Asalariados (IRE) con respecto al Índice de Precios al Consumidor del área metropolitana de Caracas (IPC), refleja que el IRE se ubicó un 13,2% por debajo del IPC. Es importante señalar que los distintos acuerdos establecidos en las convenciones colectivas de algunos sectores impidieron que el poder adquisitivo de los trabajadores sufriera mayor deterioro con respecto al trimestre anterior (pasó de 87,1 a 86,8).

Representantes del Ministerio del Trabajo (MINTRA), Educación y Deportes (MED) y Economía Popular (MEP) acordaron actualizar un convenio que procurar la inserción laboral de la población de las personas con discapacidades.

Mery Vielma, directora del Centro de Formación Profesional para Personas con Discapacidad (Cefpropdisc), organismo adscrito al MINTRA, informó que “en esta oportunidad se evaluaron los criterios técnicos, líneas políticas, e inclusive un programa de acción ligado a un cronograma de encuentros nacionales, entre los meses de abril a noviembre, como instrumento para evaluar los resultados de este convenio” (Ministerio del Trabajo, 04.03.05,
http://www.mintra.gov.ve/noticias/marzo/economia_popular.htm).

La funcionario destacó que «lo interesante de este convenio es que participan tanto el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), que ahora pertenece al MEP, así como al MED y a MINTRA, de donde parten unas líneas bien puntuales, como lo son el desarrollo de un censo nacional, la definición de criterios en la sistematización de datos de dicha población y la presentación de propuestas gubernamentales, para decretar políticas de Estado y sociales que incluyan a esta población, ya sea por la vía de la inserción directa, establecida por la Constitución, o por medio de cooperativas que permitan el desarrollo de su capacidad productiva» (Ministerio del Trabajo, Ídem.).

Este convenio estaba vigente desde 1997 y fue establecido entre el MINTRA y el INCE, para entonces adscrito al MED. Recordó Vielma que el mismo estuvo a punto de ser derogado, «pero fue ratificado, en beneficio de una población que bien puede integrarse a la productividad del país, y el objetivo de este encuentro es, pues, apuntalarlo hacia lo que es el diseño de esa política de inclusión de este desasistido sector humano» (Ministerio del Trabajo, Ídem.).

Otro objetivo de la reunión fue ampliar la participación de otros entes, como el MEP y el Consejo Nacional de la Pequeña Industria (CONAPI), agregó Vielma.

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV)
Nota: (*) Banco Central de Venezuela, 01.03.05,
http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?Codigo=8&Operacion=2&Sec=False

Según el BCV, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró en el mes de febrero la variación intermensual más baja obtenida en los últimos 17 años (Banco Central de Venezuela, Ídem.).

La desaceleración del indicador de inflación en febrero, de 1,9% en enero a 0,2%, es atribuible a la menor variación de precios observada tanto en la categoría de los rubros que se rigen por el libre juego de la oferta y demanda, de 2,7% a –0,3%, como en la de los sometidos a control de precios, que pasaron de 1,1% en enero a 0,7% en este mes.

La contracción de precios observada en los no controlados obedece, básicamente, al descenso de 3,5% en el precio promedio de los bienes alimenticios, específicamente los de origen agrícola vegetal (-6,9%), los cuales venían mostrando alzas significativas de precios en los tres meses previos. El resultado más favorable de la categoría de rubros sujetos a control de precios también se debió al efecto de los productos alimenticios, especialmente los de origen agroindustrial, tales como: carnes de res, pollo, cerdo, leche pasteurizada y quesos.

El descenso promedio en el precio de los alimentos determinó que los bienes, en su conjunto, registraran una caída promedio de 0,7%, mientras que los servicios crecieron en 1,0%.

Para el mes de febrero, el Núcleo Inflacionario presentó una disminución en su tasa de variación, al pasar de 1,8% a 0,8%. La reducción de un punto porcentual en la tasa de variación de este indicador obedece a la desaceleración registrada en todos sus componentes, especialmente en textiles y prendas de vestir (de 1,9% a 0,1%), alimentos elaborados (de 1,9% a 0,3%) y bienes industriales (de 1,5% a 0,7%). Es de hacer notar que para el cálculo del Núcleo Inflacionario se excluyen de la canasta del IPC tanto los rubros que responden a factores estacionales como los bienes y servicios administrados. La variación anualizada del IPC para el período febrero 2005 / febrero 2004, se ubicó un 5% por debajo de la registrada en igual período del año anterior (21,9%).

En otro orden de ideas, Elías Eljuri, presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), anunció que su despacho está trabajando en conjunto con el ente emisor y otros organismos para que el indicador del IPC trascienda la medición que tradicionalmente lo ha determinado al área metropolitana de Caracas y sea representativo de los valores de la canasta de alimentos en todo el ámbito nacional.

Explicó Eljuri que el propósito fundamental es efectuar un sondeo nacional sobre presupuestos familiares para obtener información primaria que permita definir la canasta o muestra de bienes y servicios representativos del consumo familiar: “cuando se obtiene la suma de todos los hogares investigados, se saben los gastos en el ámbito nacional, y esos productos y ponderaciones permitirán construir un índice” (Agencia Bolivariana de Noticias, 08.03.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=3561).

Aclaró el funcionario que “la canasta que actualmente mide el IPC data del año 1997, y con todo lo que ha pasado en el país ha influido en en los patrones de consumo que deben reflejarse” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).

Eljuri indicó que “para febrero del año entrante tendrán la canasta de alimentos a investigar con su respectiva ponderación, y en marzo se irán a los sitios donde la muestra revele que las personas hacen sus compras, para estudiar los productos y sus precios. Posteriormente se calcula un promedio con esas cotizaciones, y se compara, con lo cual se tendrá una variación, en la que pueden haber productos que bajarán y otros que subirán de precio” (Agencia Bolivariana de Noticias, Ídem.).

Fuente: Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 2 salarios mínimos mensuales (321.235,20 bolívares x 2 = 642.470,40 bolívares).
(**) Datos extraído de El Nacional, 02.03.05, pág. A/16.

De acuerdo con el CENDAS, el rubro de la cesta básica con mayor incremento fue salud (1,5%). Le siguieron los rubros vestido y calzado – aumentó 1,4% – y los artículos de higiene personal y limpieza del hogar, que incrementaron sus precios 1,2%.

El CENDAS refiere que no variaron en los 2 primeros meses del año los costos del los servicios públicos básicos, educación (útiles escolares, uniformes) y vivienda, para mantenerse en 165.058, 125.548 y 400.041 bolívares, respectivamente.

Fuente: Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) Datos extraído de El Nacional, 02.03.05, pág. A/16.

Con respecto al indicador Canasta Alimentaria (CA), el CENDAS señaló que los rubros con mayor alza fueron azúcar y similares (de 16.518 a 17.270 bolívares) y productos alimenticios como la mayonesa y la salsa de tomate que se movieron de 9.084 a 9.304 bolívares.

Los granos avanzaron de 14.632 a 14.075 bolívares. Igual comportamiento registraron la leche, quesos y huevos, y carnes y sus preparados, que subieron de 125.279 y 116.248 bolívares a 126.799 y 117.385 bolívares, respectivamente.

Las verduras, pescados y mariscos, cereales y sus productos derivados, y grasas y aceites registraron alzas de 0,6%, 0,3% y 0,1%, respectivamente, entre enero y febrero pasados. El precio de las frutas y hortalizas bajó 0,9%, mientras que el café, té y similares mantuvieron el mismo precio de 11.300 bolívares.

Fuente: Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) Tal Cual, 02.03.05, pág. 10.

El pasado 27.02.05, en su programa habitual de los domingos que se emite por las emisoras radiales y televisivas estatales Aló, Presidente Nº 214, el Presidente Hugo Chávez, anunció que el Ejecutivo estudiará las posibilidades de decretar un aumento del salario mínimo mensual cercano a los 400.000 bolívares para el próximo 1ro. de mayo, Día del Trabajador. El aumento salarial se ejecutará en 2 fases, la 1ra. tendrá un recargo en el salario de 20% para mayo; la 2da. se realizará en octubre por el orden del 10% (Gobierno en Línea, 28.02.04,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=30862).

Desde una perspectiva jurídica, Provea vuelve a señalar que el Ejecutivo Nacional repite el desacato de lo estipulado en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), que ordena al Ministerio del Trabajo (MINTRA) “solicitar la opinión de las organizaciones de patronos y de trabajadores de la industria o rama correspondiente”, antes de “decidir el nombramiento de una Comisión de salarios mínimos”, así como también lo contemplado en los artículos 168, 169 y 170, que explican el procedimiento para la conformación de dichas comisiones (ver ediciones Nº 75, 91, 116 y 137 de este boletín electrónico en el sitio web de Provea, http://www.derechos.org.ve).

El pasado 27.02.05, en la edición Nº 214 de su programa dominical Aló, Presidente, el Presidente Hugo Chávez, anunció que el Ejecutivo contempla la construcción de “120.000 viviendas en el 2005 y 200.000 más en el 2006 como parte del Plan Bolivariano de Hábitat y Vivienda (PBHV)” (Tal Cual, 28.02.05, pág. 3).

En la misma ocasión, el Primer Mandatario adelantó la acogida de 2 tipos de tasas de intereses sociales preferencial por debajo del 11,36% estipulado en la Ley del Deudor Hipotecario. Explicó que una tasa será de 5,68% para las familias con ingresos menores a 588.000 bolívares, las cuales podrán “acceder a a un crédito de 19.000.000 de bolívares y el Gobierno subsidiará 19.000.000 adicionales, lo que quiere decir que el crédito será de 38.000.000 de bolívares» (Gobierno en Línea, 28.02.04, http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=30862), y de 8,52% para aquellas que ganen hasta 1.617.000 bolívares.

Además, informó que la banca privada deberá destinar el 10% de su cartera crediticia hipotecaria para los préstamos hipotecarios a un interés máximo de 11,36%.

Por su parte, Néstor Noguera, Director del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), señaló que los ajustes realizados a las tasas sociales de los préstamos hipotecarios regirán para los créditos vigentes y los nuevos. Agregó que, con los ajustes en las tasas, los préstamos máximos para personas con ingresos menores a los 1.610.000 de bolívares será 35.000.000 de bolívares (El Universal, 01.03.05,
http://www.eluniversal.com/2005/03/01/eco_art_01154A.shtml).

Noguera apuntó que «con estos cambios, los préstamos que recibirán las personas serán mayores y así tendrán posibilidades de adquirir una vivienda de mayor costo» (El Universal, Ídem.).

Las tasas de 5,68% y 8,52% serán para los préstamos que se están pagando, pero que estén dentro de la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, eso significa que los créditos tienen que haberse dado con recursos del Fondo Mutual Habitacional (FMH) “en ese sentido los préstamos otorgados y por otorgarse con esos recursos tienen que ajustarse a las nuevas condiciones» (El Universal, Ídem.). Noguera aseguró que al sector beneficiado con tasas del 5,68% “se les dará 3 años de gracia para la cancelación de su deuda” (Tal Cual, 28.02.05, pág. 10).

Para los casos de las personas que tienen ingresos menores a los 1.610.000 de bolívares pero su crédito es con recursos de la banca, éstos tendrán que seguir pagando sus cuotas sobre la base de la tasa de 11,36%.

Explicó Noguera que los préstamos con las nuevas tasas sociales podrán tramitarse tanto en el Banco Hipotecario Latinoamericana (BHL) como en el resto de las instituciones financieras, “el CONAVI instruirá a todas las entidades a atender esas modalidades” (El Universal, Ídem.).

No será sino después que el Banco Central de Venezuela (BCV) revise las tasas que los nuevos intereses se publicarán en Gaceta Oficial. Una vez que la normativa entre en vigencia, los bancos tendrán que ajustar nuevamente las cuotas mensuales. Cuando se comenzó a aplicar la tasa de 11,36% las entidades tuvieron que revisar los giros, ahora tienen que hacerlo, pero solamente para los casos de las personas cuyos ingresos sean menores a 1.610.000 de bolívares (El Universal, Ídem.).

Estimaciones del CONAVI detallan que quienes tengan ingresos de 588.000 bolívares podrán dar una inicial mínima de 36% de su ingreso mensual “pero las autoridades recomiendan que la inicial sea más elevada ante los precios que registran los inmuebles” (El Universal, Ídem.). Para quienes se encuentran en el segmento de 588.000 / 1.610.000 de bolívares, el tope máximo de préstamo será de 35.000.000 de bolívares y al sumarse el subsidio de 16.100.000 de bolívares, las personas contarán con 51.100.000 de bolívares. Para dar financiamientos especiales se cuenta con 374.000.000 de bolívares de la cuenta del Fondo de Aportes de Sector Público (FASP). Los préstamos que se otorguen con esos recursos serán tramitados en el BHL. Las entidades privadas usarán el dinero depositado en el FMH. Para ampliaciones y mejoras de las viviendas, el CONAVI prepara otra resolución, la cual entrará en vigencia antes de abril. En la norma publicada en noviembre de 2004 los subsidios para remodelaciones se fijaron entre 5 y 7 millones de bolívares, en la nueva resolución el CONAVI deberá aclarar los detalles para la entrega de esos mecanismos (El Universal, Ídem.).

Además de asumir medidas financieras, otro frente que el PBHV encarará, según acotó el coronel (Ej.) Henry Rangel, presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), es el impulso de la participación ciudadana: «partiendo de la tesis de que el problema habitacional es algo que afecta de manera directa a las comunidades, el Ministerio de Estado decidió incluirlas en el PBHV» (Gobierno en Línea, 01.03.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=30961). Según Rangel, hasta ahora se están evaluando “250 barrios de todo el territorio nacional para intervenir en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes”.

Al respecto, Rangel afirmó que “el Gobierno Nacional favorecerá la autoconstrucción y para esto organizarán talleres de formación para constructores populares y distribuirán 500.000 ejemplares del Manual del Constructor Popular, que servirá de orientación a aquellas personas que desean construir sus viviendas, pero que, muchas veces, no cuentan con la preparación técnica para hacerlo» (Gobierno en Línea, Ídem.)

En otro orden de ideas, cabe destacar que, en la Gaceta Oficial Nº 38.140, publicada el 04.03.05 (consultar en sitio web del Tribunal Supremo de Justicia:
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Marzo/040305/040305-38140-13.html), el CONAVI divulgó una resolución por la cual se fija en un 10% el porcentaje mínimo sobre la cartera bruta de crédito que, con carácter obligatorio, deben colocar los bancos, instituciones financieras y cualquier otro ente autorizado por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras en el otorgamiento de créditos hipotecarios en las condiciones establecidas en la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda. La medida apunta, entre otros aspectos que el sector financiero deberá destinar 7% a créditos de corto plazo (para proyectos de construcción) y 3% a créditos de largo plazo.

De esa gaveta hipotecaria quedan excluidos los préstamos que se dan a través de la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional (El Universal, 08.03.05,
http://www.eluniversal.com/2005/03/08/eco_art_08154A.shtml).

En la resolución, además, se apunta que «el presidente del CONAVI verificará y monitoreará el cumplimiento por parte de los bancos, velará porque los créditos se adecuen a las condiciones establecidas en la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario y propondrá y promoverá nuevos instrumentos para asegurar el cumplimiento de la norma» (El Universal, Ídem.).

Por su parte, la Superintendencia de Bancos se encargará de aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de la cartera. En enero de 2006, el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda aprobará el porcentaje mínimo de cartera que regirá para ese período (El Universal, Ídem.).

De acuerdo a las últimas cifras del sistema financiero, al 31.12.04 esto representaba 2 billones de bolívares que se destinarían de manera obligatoria al financiamiento de proyectos de construcción y adquisición de vivienda (Cadena Global, 08.03.05,
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=84812&Sec).

Según una fuente periodística, cifras del Sistema Integrado de Indicadores Sociales (SISOV), ente adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), señalan que en el 2003 el gasto destinado a la construcción de soluciones habitacionales fue 1% del Producto Interno Bruto (PIB), y que en el 2004 bajó hasta el 0,6% del PIB, siendo el porcentaje más bajo registrado en 9 años (El Universal, 08.03.05,
http://www.eluniversal.com/2005/03/08/eco_art_08154A.shtml). Agregó la fuente que “los egresos en términos reales fueron 539,5 millardos de bolívares, mientras que en el período anterior estuvieron en 782,4 millardos” (El Universal, Ídem.).

También el gasto destinado por habitante presentó un descenso. Los datos del SISOV indican que en 2004, los ingresos previstos por persona fueron 20.746 bolívares, mientras que en 2003 estuvieron en 30.625 bolívares. Además, la inversión disminuyó 32,3%, en 2004, siendo una de las más bajas en 5 años.

La fuente destacó que la reducida inversión en el sector de la vivienda se debió a que “los fondos programados en cada presupuesto se redujeron. A lo que se sumó que los recursos previstos tardaron en transferirse a los entes y el dinero desembolsado presentó problemas con su ejecución” (El Universal, Ídem.).

Acotó la fuente que, datos del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) detallan que “entre 1999 y 2004 se programó la construcción de 158.772 unidades, sin embargo de ese monto se ejecutó 59%, lo que representó 94.000 viviendas. El organismo en un informe presentado al Parlamento el año pasado admitía que los retrasos en la entrega de los recursos aprobados en los presupuestos para el Fondo de Aportes del Sector Público (FASP) impactaron la ejecución de las obras en 2 sentidos: en los plazos de terminación de las obras y en la reducción de las metas por el impacto del incremento de los costos. En el mismo reporte la institución señalaba que ‘el volumen de necesidades demostraba la insuficiencia de recursos para enfrentar la magnitud del problema’, y en ese marco indicaba que la inversión tenía que ser mínima de 3,1 billones. Al haber menos recursos para el sector los problemas aumentaron y por ende las deficiencias ascendieron” (El Universal, Ídem.).

Por su parte, la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) presentó recientemente algunos datos sobre el déficit habitacional, el cual ubican en 1,6 millones de unidades. “De esa cantidad, 960.000 soluciones habitacionales corresponden a familias que no poseen vivienda y viven en casas de sus familiares compartiendo con otros núcleos en condiciones de hacinamiento. Mientras que 640.000 viviendas no cumplen con las condiciones mínimas indispensables de una solución digna, eso significa que están construidas con materiales de desecho” (El Universal, Ídem.).

También las cifras publicadas en la memoria y cuenta de 2004 del Ministerio de Infraestructura (MINFRA) manifiestan un significativo descenso en los recursos utilizados para este sector en relación con lo inicialmente asignado por este despacho.

Fuentes periodísticas señalan que “la memoria y cuenta indica que el gasto acordado fue 3,9 billones de bolívares, siendo lo comprometido 2,9 billones de bolívares, de ese monto solamente se ejecutó 70%, que fueron 2,7 billones de bolívares, quedando un saldo pendiente de 1,01 billones. Si bien no se usó la totalidad de los recursos, el incremento que registró la asignación de Infraestructura no incidió en el área de vivienda, debido a que a los organismos ejecutores se les transfirió la cantidad de recursos programados” (El Universal, 09.03.05, http://www.eluniversal.com/2005/03/09/eco_art_09154C.shtml).

En el documento se indica que para este año el presupuesto de Infraestructura será de 3,3 billones de bolívares, de ese monto 59,72% se distribuirán a los entes adscritos al despacho, 20,3% serán para los gastos del Ministerio y 19,89% serán la inversión en vivienda.

Afirmó la fuente que “aunque existe un Ministerio de la Vivienda y el Hábitat, los recursos los maneja MINFRA debido a que el despacho no tiene cartera. Es así que este despacho se encarga de realizar las transferencias a los organismos ejecutores» (El Universal, Ídem.).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El pasado 08.03.05, los integrantes del Consejo Moral Republicano (CMR) – Defensoría del Pueblo (DP), Ministerio Público (MP) y Procuraduría General de la República (PGR) -, órgano rector del Poder Ciudadano (PC), hicieron entrega de sus respectivas Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional (AN), de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución. ”Estos informes fueron remitidos a las comisiones permanentes de Contraloría y Política Interior, para su evaluación” (Asamblea Nacional, 08.03.05, http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=6825).

“Cada funcionario tuvo la oportunidad de dirigirse a la plenaria durante 10 minutos para hacer un balance general” (El Nacional, 09.03.05, pág. A/2). Aquí sólo se reseñarán los aspectos vinculados a los derechos humanos que el Defensor del Pueblo y el Fiscal General de la República trataron en sus respectivas exposiciones.

Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo, en la presentación ante el parlamento de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Venezuela año 2004, titulado Derechos Humanos en Venezuela: Avance con Clarososcuros, expuso que su despacho “recibió y procesó 48.451 casos, entre solicitudes y denuncias. De esa cantidad, 18.914 casos señalaban situaciones relacionadas con los derechos humanos; 1.641 reflejaban situaciones sobre la prestación de los servicios públicos; y 27.896 se referían a situaciones entre particulares que no involucraban a instituciones del Estado ni a empresas prestadoras de servicios públicos” (Defensoría del Pueblo, 09.03.05,
http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=540&plantilla=1).

Señaló que entre las situaciones de derechos humanos más preocupantes detectadas por la DP se encuentra la actuación de las policías vinculada con las denuncias por ejecuciones extrajudiciales. Le siguen las denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos, así como las de detenciones arbitrarias.

Otro de los problemas señalados por el funcionario es la situación penitenciaria. Destacó que, a pesar del decreto de emergencia carcelaria puesto en vigencia en 2004, el balance siguió siendo negativo: “ya que se evidenciaron pocos avances en las condiciones físicas de los penales, en la disminución del retardo procesal, en la clasificación de los reclusos, en los traslados a los tribunales y sobre todo en la disminución de los índices de violencia en los internados judiciales” (Defensoría del Pueblo, Ídem.).

A juicio de Mundaraín, estos problemas se arraigan “en la ineficiencia de algunas estructuras del Estado, y en una cultura, arraigada entre los funcionarios públicos, de desapego a la legalidad, o más claramente, de abuso de autoridad” (Defensoría del Pueblo, Ídem.).

Al respecto, el funcionario aseguró que, si bien existen “importantes omisiones en el desarrollo de políticas dirigidas a superar los comportamientos abusivos arraigados en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” (Defensoría del Pueblo, Ídem.), no consideraba que hubiera “en el país una política o estructura diseñada y orientada a violar los derechos humanos” (Defensoría del Pueblo, Ídem.). Mundaraín también señaló el papel de la impunidad en la línea causal de las violaciones a los derechos humanos, como elemento que permite la recurrencia de los abusos.

El Defensor destacó en su exposición que en contraste a esta situación, el panorama de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) es alentador. Nombró algunos de los esfuerzos realizados por el Estado para modificar situaciones estructurales que atentan contra las condiciones de vida de la población “en especial, las misiones destinadas a atender las deficiencias del sistema de salud y del sistema educativo la Misión Mercal, las llamadas Casas de Alimentación” (Defensoría del Pueblo, Ídem.).

La DP también valoró favorablemente la lucha por erradicar el latifundio. Sin embargo, observó en su discurso, que “aunque la violencia contra líderes sociales o campesinos ha disminuido notablemente, el problema no ha sido erradicado” (Defensoría del Pueblo, Ídem.).

El Defensor tampoco dejó de nombrar algunos episodios que enturbiaron la escena política nacional (“protestas violentas” y “dispositivo terrorista”) sin que lograran impedir la realización del referéndum revocatorio, gracias al cual “el escenario político cambió sustancialmente” (Defensoría del Pueblo, Ídem.).

Otro aspecto tratado en su discurso ante el parlamento fue el desarrollo institucional. Aseguró que como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ocurrida en julio del año 2004, su despacho vio su consolidación “reflejada en el proceso de formación de sus funcionarios, en la adquisición de su infraestructura física y en la profundización de sus esfuerzos por crear una cultura de derechos humanos entre los ciudadanos” (Defensoría del Pueblo, Ídem.). Explicó Mundaraín que para su funcionamiento durante el año 2004, la DP contó con un presupuesto aprobado de 31.333.700.000 bolívares “del cual se invirtió el 55% en gastos de personal y el 17% en activos reales” (Defensoría del Pueblo, Ídem.). Un presupuesto, que según su opinión “no se corresponde con las necesidades reales de la Institución” (Defensoría del Pueblo, Ídem.).

Entre tanto, Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República, informó que desde el período de transición del extinto Código de Enjuiciamiento Criminal hasta el nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el MP recibió más de 14.000.000 de expedientes que se encontraban pendientes por decisión o sentencia, de los cuales se han resuelto 1.400.000 casos. “Después de la entrada en vigencia del COPP se han recibido 2.000.000 de nuevas causas, que aún no han sido resueltas” (Asamblea Nacional, Ibíd.). Añadió Rodríguez que “con el COPP el país debió asumir un nuevo modo de regular y de pensar la relación Estado-ciudadano en la esfera de los hechos y procesos penales” (Aporrea, 09.03.05, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=57299). Como un ejemplo de esto resaltó que “la justicia sigue siendo escrita en lugar de oral, como lo estipula el COPP, por lo que a su juicio debe invertirse en esta rama para hacerla más eficaz y eficiente y colocarla a tono con las nuevas exigencias” (Asamblea Nacional, Ibíd.).

En su discurso, reiteró que el presupuesto asignado a su despacho no ha sido suficiente. Al respecto, Rodríguez advirtió que los cambios legales destinados a sustituir las prácticas injustas y agresoras del anterior sistema procesal no se podrán traducir en cambios reales “si apenas disponen de un poco menos de la mitad de los recursos que el Ministerio Público ha solicitado” (Aporrea, Ibíd.). Detalló que la diferencia entre el presupuesto que solicitó para el presente año y el que aprobó la AN está un 55.82% por debajo de su petición. Acotó que el presupuesto del MP ocupa un 0,53 % del presupuesto global de la nación y representa sólo el 3.66% del presupuesto asignado al sector justicia: «el presupuesto es 39 veces menor que el de 1 de los ministerios del Poder Ejecutivo Esa es la razón por la que los usuarios tienen de nuestra justicia y de las instituciones que la administran, una percepción negativa y pesimista. Ese es el desafío al cual hay que dar la cara» (Aporrea, Ibíd.).

Precisó que esta situación ha implicado la superación “de la carga institucional de los trabajadores de justicia hasta el punto que no existe ni la respuesta debida ni oportuna a las denuncias sociales del país, lo cual ha generado una crisis cuya dimensión no ha sido debidamente percibida por nuestros gobernantes” (Asamblea Nacional, Ibíd.). Apuntó Rodríguez, que por ejemplo, “cada fiscal se ocupa de, al menos, 2.800 casos” (Últimas Noticias, 09.03.05, pág. 18). Destacó que en Venezuela, a diferencia de otros países, “existen apenas 575 fiscales para atender 25.000.000 de habitantes” (Últimas Noticias, Ídem.). Adelantó que para este año emplearán casi 1 millardo de bolívares en capacitar a 6.400 funcionarios.

En ocasión de conmemorarse el pasado 08.03.05 el Día Internacional de la Mujer, organizaciones dedicadas a la lucha por los derechos de la mujer se pronunciaron a favor de la consolidación del derecho a la participación política de la mujer.

Magdalena Valdivieso, directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), informó que envió una carta a Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), exigiéndole al Poder Electoral que proteja el derecho constitucional de las mujeres de igualdad real y efectiva ante la ley: “cumplan con su deber y hagan respetar la medida positiva en relación con la cuota de 50% hombres y 50% mujeres con alternabilidad de los puestos en todas las listas electorales que los diversos partidos y grupos electorales les presenten” (El Nacional, 02.03.05, pág. A/5).

En su misiva, Valdivieso recordó que la medida de garantizar a las mujeres la mitad de las postulaciones fue una recomendación de todas las autoridades electorales en una reunión efectuada el año pasado en Ecuador: “Además, es respaldada por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) y todo el movimiento de mujeres de Venezuela” (El Nacional, Ídem.).

Una propuesta similar efectuó ante la plenaria la diputada Flor Ríos (Movimiento Quinta República) para que en los puestos en las listas electorales se tomara en cuenta el el 50/50 a favor de las mujeres con alternabilidad de los puestos.

A estos planteamientos dieron respuesta Jorge Rodríguez, Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Oscar Battaglini, Rector Principal del CNE, en una rueda de prensa efectuada el 08.03.05, en la que brindaron su apoyo irrestricto.

Elvira Ávila, presidenta (E) del INAMUJER y María del Mar Álvarez de Lovera, Defensora Nacional de los Derechos de la Mujer, en una rueda de prensa fijaron posición sobre la decisión adoptada por el partido oficialista Movimiento Quinta República (MVR) de incorporar a la mujer en sus listas electorales, según consta en los artículos 15 y 18 del Capítulo III de su reglamento electoral (Aporrea, 08.03.05,
http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=57260).

En ese sentido, ambas funcionarias en representación de sus organizaciones, exhortaron a todos los partidos políticos a seguir este ejemplo e incorporar a la mujer en la inscripción de las candidaturas a las distintas instancias de representación, donde se debería prever que los porcentajes correspondientes a mujeres expresen su condición de ciudadanas en igualdad de derechos con los hombres, eso quiere decir 50 y 50% (Aporrea, Ídem.).

En una carta redactada por Liliana Ortega, Directora Ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y recibida por Provea el 08.03.05, la defensora de los derechos humanos manifestó su “más honda preocupación por una serie de sucesos que nos colocan en riesgo y que se han intensificado en los últimos días, lo cual estimamos que han ocurrido como consecuencia directa de nuestra última intervención pública el pasado 27.02.05, fecha en que conmemoramos la creación de COFAVIC y ofrecimos una conferencia de prensa sobre el balance general de la situación de los derechos humanos en el país” (Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, 08.03.05, [email protected]).

La vocera de COFAVIC recordó que en la realización de su labor como defensores de derechos humanos, algunos de las personas que integran la organización han “enfrentado diversos actos de hostigamiento y amedrentamiento, los cuales se agravaron considerablemente en el año 2002”. Enumeró varias amenazas y acciones de intimidación, materializadas en correos-e, llamadas telefónicas anónimas en las líneas de COFAVIC y teléfonos celulares particulares, declaraciones de altos voceros gubernamentales, agresiones personales, informaciones publicadas en medios de comunicación con falsas acusaciones y difamaciones personales, publicaciones sistemáticas de informaciones inexactas y acusaciones graves que pretenden criminalizar como golpistas o instigadores de una campaña internacional contra el gobierno a nuestros integrantes, publicadas en sitios web presuntamente oficialistas o en panfletos distribuidos públicamente.

Estos actos de hostigamiento y amenazas no han cesado a pesar de que la Corte IDH beneficiara a Ortega y a demás integrantes de la organización con las medidas provisionales antes mencionadas. Como un ejemplo de esta situación, Ortega destacó la cobertura que la Agencia Bolivariana de Noticias. (ABN), medio comunicacional estatal, efectuó de la rueda de prensa que COFAVIC celebró el pasado 27.02.05 con motivo de la conmemoración del Caracazo. Relató la defensora de derechos humanos que en esa ocasión, “la reportera de ABN, Beatriz Colina inquirió a la directora ejecutiva de COFAVIC sobre el monto exacto de dinero que recibieron en indemnización las víctimas del Caracazo por parte del Estado Venezolano, sobre si COFAVIC tenía financiamiento de los Estados Unidos y sobre si los trabajadores de COFAVIC devengaban su sueldo en dólares” (Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, Ídem.).

Al día siguiente en la página de inicio del sitio web de dicho medio gubernamental, apareció publicado un trabajo anónimo que afirmaba, entre otras cosas que “con el transcurrir de los años (COFAVIC) ha desarrollado un crecimiento, que se ha acelerado por el aporte que recibe de varios países. De hecho todos sus trabajadores reciben si salario en dólares Sobre la cooperación económica que asegura la existencia de la organización, también fue consultada la presidenta Hilda Páez, quien no descartó la posibilidad de que COFAVIC haya recibido algún tipo de financiamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos” (Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, Ídem.). Aseguró Ortega en su carta que “esta información fue copiada en su totalidad en las páginas web de la emisora oficial, Radio Nacional de Venezuela, y en la página web: http://www.aporrea.org, un sitio en internet identificado como la Asamblea Popular Revolucionaria y donde se exponen informaciones oficialistas” (Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, Ídem.).

Además, el 01.03.05, la oficina de Análisis de Medios del Ministerio Público (MP) envió a las redacciones de los medios de comunicación una nota de prensa titulada Es falsa y tendenciosa declaración de COFAVIC sobre actuación del Ministerio Público en investigaciones del 27-F (http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2005/prensamarzo2005.asp), en la que expone informaciones incorrectas y tergiversadas sobre el trabajo de COFAVIC. Un día después la misma fue publicada por los medios de comunicación nacionales. Ese mismo día, acotó Ortega, COFAVIC preparó una réplica titulada COFAVIC insiste en que los familiares del Caracazo aún esperan por justicia, en la que “desvirtúa punto por punto los señalamientos de la Fiscalía. Esta nota de prensa enviada por COFAVIC a las redacciones de los medios de comunicación salió publicada el día 03.03.05 en los medios de comunicación que publicaron la nota de la Fiscalía” (Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, Ídem.).

En la misiva, Ortega resaltó que ”estos hechos ocurren en un complejo contexto político y de violencia que se ha venido incrementando progresivamente. En este sentido, vale destacar que el papel de los defensores de derechos humanos, cualquiera que sea la situación política existente siempre expone a sus actores a amenazas o intimidaciones Los hechos demuestran que en las circunstancias actuales nuestras garantías de trabajo en Venezuela se han debilitando de manera contundente y estos actos intimidatorios constituyen un obstáculo para el pleno desempeño de nuestras funciones a favor de la defensa de los derechos humanos” (Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989, Ídem.).

El pasado 04.02.05, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dirigió una comunicación oficial a María Auxiliadora Monagas, Agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, mediante la cual “recordó que Venezuela no ha acatado cabalmente la sentencia que ordena la reparación integral a las víctimas del Caracazo y que, ni siquiera, ha cumplido con su deber de dar cuenta de todas las medidas que habría adoptado a tales efectos. Para ello tenía plazo hasta el pasado 31 de enero” (El Nacional, 27.02.05, pág. A/4).

Según la misiva, el 17.11.04 la Corte IDH dictó una resolución mediante la cual precisa que el Estado venezolano todavía sigue en mora en cuanto a las reparaciones no pecuniarias contempladas en su sentencia del 29.08.02 (ver Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre 2001/septiembre 2002 en sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2001_02/gestiones_org_int.htm).

La fuente periodística destacó que entre las medidas que el Estado venezolano no ha implementado se encuentran: i) la investigación efectiva de los hechos, lo cual incluye la identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales, así como de eventuales encubridores, con suficientes garantías de participación de los familiares de las víctimas y sus abogados a los respectivos procesos judiciales; ii) la localización, exhumación, identificación y entrega a los familiares de los restos mortales de 18 víctimas; iii) la adopción de medidas para evitar que se repitan los hechos y circunstancias del caso; es decir, capacitación de funcionarios de los cuerpos de seguridad sobre principios y normas de derechos humanos y los límites de su actuación represiva, así como el ajuste a las normas del derecho internacional de los derechos humanos de los planes operativos diseñados para encarar alteraciones del orden público.

A la luz de estos señalamientos, conviene recordar que el dictamen de la máxima instancia hemisférica incluía no sólo las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989, que “efectivamente se realizaron entre el 04 y el 05.02.04” (El Nacional, 27.02.05, pág. A/4), sino también la ejecución de las medidas antes mencionadas por parte del Estado.

Recuerda esta fuente periodística que “la mayoría de los asesinatos y desapariciones forzadas no ocurrió durante la revuelta popular y los saqueos, sino como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado”, después de la suspensión de las garantías constitucionales por parte del Gobierno que presidía Carlos Andrés Pérez. ”Nadie ha sido condenado y no se han cumplido con las exigencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para impedir que se repita este tipo de tragedia” (El Nacional, Ídem.).

Sobre esta materia, puede consultar en la sección DOCUMENTOS de esta edición el comunicado redactado por el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) a propósito del aniversario del Caracazo, titulado: «COFAVIC insiste en que los familiares del Caracazo aún esperan por justicia».

En el marco del LXVI período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), realizadas entre el 28.02.05 y el 15.03.05 (Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10.03.05, http://www.corteidh.or.cr/aldia/sesiones.html), se efectuó una audiencia dedicada a dar cuenta de la actuación del Estado venezolano ante el caso de la familia Barrios, del Edo. Aragua (El Universal, 28.02.05, pág. 1/4).

Según la fuente periodística, Eloísa Barrios acompañada de Luis Aguilera, representante de la organización venezolana de derechos humanos Comisión de Derechos Humanos de Justicia y de Paz, asistieron el pasado 08.03.05 ante la sede de la máxima instancia hemisférica ubicada en San José de Costa Rica (sobre este caso ver edición Nº 151 de este boletín electrónico en el sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_151.htm#15).

La familia BARRIOS ha perdido 4 miembros (Benito, Narciso, Luis Alberto y Rigoberto Barrios) en hechos que presuntamente involucran la acción de funcionarios adscritos al cuerpo policial que depende de la Gobernación, “que registra 1150 muertos sea por enfrentamientos, ajusticiamiento o uso excesivo de la fuerza” (El Universal, Ídem.).

Destacó también la fuente que “el caso Barrios se diferencia del resto porque contiene elementos colaterales que lo han llevado a la Corte IDH: entre cada fallecimiento han mediado presuntas amenazas que trajeron como consecuencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligara al Estado venezolano a brindar medidas de protección a favor de los Barrios. Aún así, murieron 2 de ellos a pesar de beneficiarse de medidas de protección dictadas por un tribunal de control a petición de la CIDH”.

En una entrevista publicada por la fuente periodística, María Auxiliadora Monagas, Agente del Estado ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, “asegura que la medida de protección sí fue cumplida”. La funcionaria “admite que se presentaron fallas en la implementación de la medida de protección”, pero que, sin embargo, en una visita que realizó a Guanayén, Edo. Aragua, comunidad donde habita la familia Barrios, pudo constatar que “el Estado venezolano no ha hecho caso omiso de las medidas preventivas dictadas por la CIDH”.

Aseguró Monagas que la medida adoptada por la Corte IDH permanece vigente, a pesar de que la fiscalía Superior de Aragua, a cargo de Olga Adames, aún no haya podido determinar “cuáles son las situaciones de ajusticiamiento o de enfrentamiento Y mientras no se tenga dilucidada la investigación hay que dar cumplimiento igualmente a las medidas de protección porque vienen de la Corte y son de obligatorio cumplimiento para el Estado,” (El Universal, Ídem.).

Señaló la funcionaria que para evitar que se repitan las situaciones que antes facilitaron la muerte de los 2 integrantes de la familia Barrios el Estado decidió “adoptar varias medidas entre las que se encuentra la conformación de una brigada de funcionarios que dependerán de mi despacho, la Agencia del Estado por los Derechos Humanos, y que velará por el cumplimiento de las medidas provisionales de protección y así garantizar la vida y los derechos humanos de los ciudadanos”. Respecto a la conformación de esta brigada, la funcionaria señaló que, si bien “todavía se encuentra en etapa de conformación. Probablemente sean estudiantes universitarios pero siempre serán brigadistas que formaremos muy íntegramente pues tendrán que confirmar si los agentes policiales responsables de cumplir con las medidas de protección realmente lo están haciendo Uno de nuestros funcionarios vigilará, en forma periódica, el cumplimiento de la medida. Lo mismo hará un miembro de la Fiscalía General de la República y otro del Ministerio del Interior y Justicia, del viceministerio de Seguridad Ciudadana. Los tres despachos articularemos un equipo supervisor” (El Universal, Ídem.).

Esta medida fue presentada por Monagas a la Corte IDH y los peticionarios para lograr el efectivo cumplimiento del Estado. Comentó la Agente que esta propuesta cuenta con el apoyo total de Jesse Chacón, titular del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), de Mayerling Rojas, encargada de la División de Derechos Humanos del MIJ, del Fiscal General Isaías Rodríguez y de Alix Boscán, de la División de Derechos Humanos del Ministerio Público (El Universal, Ídem.).

En cuanto a las otras víctimas y familiares de víctimas de hechos similares, la Agente del Estado anunció que piensa implementar la misma estrategia planteada para el caso Barrios. Comprometió a la Agencia del Estado a velar “por cada una de ellas en todo el territorio nacional, a través de estos mecanismos. Ya las brigadas se están conformando, y nos encontramos estableciendo la normativa para que puedan operar sin violar la competencia de que tiene la policía, la fiscalía e Interior y Justicia. Yo aseguro que la Agencia del Estado estará pendiente de que se cumplan las medidas preventivas. Si los funcionarios que dependen de este despacho detectan cualquier irregularidad, nosotros tomaremos medidas inmediatas para subsanarlas” (El Universal, Ídem.).

Con respecto a los procesos judiciales que se efectúan sobre estos casos, Monagas acotó que «muchas de las acusaciones realizadas se encuentran en etapa de averiguación y la reserva sumarial debe respetarse. E, insisto, será la investigación la que determine si se trató de ajusticiamientos o enfrentamientos. No corresponde a nadie más determinarlo y por eso, no deberían manejarse cifras» (El Universal, Ídem.).

Además, resaltó que su despacho “ha encontrado una manera de fortalecer el respeto a los derechos humanos. Junto con el MIJ y el MP dictaremos talleres intensivos a funcionarios policiales para que, en el ejercicio de sus funciones, tanto en la calle como en detenciones e interrogatorios que realicen, no violen los derechos humanos le hemos solicitado al Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) una sede para dictar esos cursos, invitando a ponentes internacionales y especialistas en el tema” (El Universal, Ídem.).

Agregó que estas medidas las están llevando a cabo en el contexto de la conformación de la Agencia del Estado para los Derechos Humanos, como estructura jurídica, impulsada por el Ejecutivo Nacional.

Según una fuente periodística, hasta ahora, algunas investigaciones sobre los sucesos que hace un año provocaron la muerte de, al menos, 14 personas, heridas a 1.750, 9 torturados y múltiples destrozos a patrimonio público y privado, “se encuentran engavetadas, según denuncian las mismas víctimas, pues hasta la fecha no se ha emitido alguna sentencia que castigue a los responsables de los hechos y mucho menos se ha indemnizado a los afectados” (El Mundo, 01.03.05, pág. 19).

Como se recordará, los hechos se iniciaron en Caracas el 27.02.04, iniciados con la desmedida actuación de la Guardia Nacional (GN) frente a una marcha convocada por sectores de la oposición y que desembocó en la multiplicación de manifestaciones en varias ciudades del país, algunas de ellas pacíficas y otras violentas, como el caso de las “guarimbas” (ver edición Nº 134 de este boletín electrónico en el sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_134.htm#01).

Precisó la fuente que las averiguaciones de los homicidios “están encabezadas por 17 fiscales del Ministerio Público (MP) y por la misma comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que lleva las pesquisas de los sucesos del 11.04.02” (El Mundo, Ídem.).

La fuente también señaló que sólo en los casos de Evangelina CARRIZO, asesinada en Machiques, Edo. Zulia el 05.03.04 y de Freddy Dugarte, mortalmente herido en la ciudad de Mérida, Edo. Mérida, se observan algunas imputaciones y avances sobre su investigación.

Del caso Carrizo, puede señalarse que resultó imputado el teniente de la GN Juan Carlos Casaña, pero Humberto Cubillán, Juez 9° de Control del Edo. Zulia, dictó una medida sustitutiva de libertad contra el efectivo en noviembre de 2004 (ver edición N° 148 de este boletín electrónico en el sitio web de Provea: http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_148.htm). Mientras que por la muerte de Dugarte, fueron imputados Alexis Duque e Ider Flores, quienes también recibieron medida sustitutiva de libertad por parte del tribunal 4ª de Control del Edo. Mérida (El Mundo, Ídem.).

Además, la fuente resaltó que, “a pesar de la rigurosidad con la que cercanos a los asesinados, heridos y torturados realizaron postrámites y las denuncias pertinentes ante el MP los fiscales no han solicitado que se reactiven las investigaciones, por lo que los funcionarios de la comisión de la CICPC no han retomado las pesquisas necesarias para llegar a los implicados en cada una de las muertes y las lesiones causadas” (El Mundo, Ídem.).

INVITACIONES A EVENTOS

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, a través de su Área de Educación, abrió las preinscripciones para su Curso de Formación en Derechos Humanos para Promotores Comunitarios, el cual ya ha realizado en 10 oportunidades anteriores (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 04.03.05, [email protected]). Este nuevo ciclo del proceso formativo se iniciará con el objetivo de lograr que las comunidades conozcan los derechos humanos y asuman una actitud proactiva en la promoción y defensa de los mismos.

El curso, que comenzará el 16.02.05 y se extenderá hasta el 31.07.05, tendrá una duración de 200 horas académicas distribuidas en 12 talleres, que se realizarán cada 15 días, durante 7 fines de semana. En el proceso formativo se combinarán estrategias teórico-practicas, que le permitirán a las personas participantes diseñar y ejecutar un proyecto comunitario que, desde la perspectiva de los derechos humanos, dé respuesta a necesidades locales. Esta actividad formativa está dirigida a todas las personas que quieran organizarse para la promoción y defensa de los derechos humanos.

Las jornadas se desarrollarán en las instalaciones del Colegio Niño Jesús de Praga, ubicado en Los Frailes de Catia, Caracas (estación de metro Gato Negro), los sábados y domingos, entre las 8:00 AM y las 6:00 PM. Incluye refrigerio excepto el almuerzo, que será responsabilidad del/ la participante). Como único requisito para participar se exige que las personas interesadas desempeñen actualmente trabajos comunitarios en sus respectivas comunidades. Es recomendable la participación de 3 o más personas por cada comunidad.

El Proceso de preinscripción estará abierto durante todo el mes de marzo en la sede de la Red de Apoyo (ubicada en el Edificio Caroata de Parque Central, Nivel de Oficina 2, Oficina 220) o a través de sus números telefónicos 0212- 574.80.05 y 574.19.49, o por el correo-e : redapoyo-educació[email protected].

El proceso formativo es totalmente gratuito, sin embargo se valorará la asistencia puntual a todas las sesiones. Entre los contenidos que serán impartidos en el curso destacan los principios básicos de los derechos humanos; la legislación nacional e internacional en esta materia y las características de los derechos ciudadanos, así como la evolución histórica y la integralidad de los derechos humanos.

Esta actividad formativa busca también capacitar a los/as participantes en aspectos legales de la organización comunitaria; resolución de conflictos en las relaciones comunitarias; mecanismos jurídicos y comunitarios para la defensa de los derechos humanos; educación en derechos humanos; así como, sobre derechos sociales, económicos y culturales y el papel del Estado y la comunidad, en relación con la defensa y promoción de los DDHH.

El Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ofrece la oportunidad de estudiar temas relacionados con la Teoría Feminista y los diversos mecanismos nacionales e internacionales disponibles para la protección de los derechos humanos de las mujeres a través del programa de Diploma de Postítulo «Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica».

Este programa, diseñado para 25 participantes, ofrece 20 becas completas y parciales para abogadas y abogados cuyo trabajo o actividades actuales demuestren su capacidad de defender y promover los derechos humanos de las mujeres en sus países de origen. Los postulantes deben provenir de países de América Latina (sean nacionales o residentes permanentes).

El programa tendrá una duración total de 24 semanas, comenzando el 1 de agosto de 2005 y concluyendo el 13 de enero de 2006. Consistirá en actividades docentes y académicas en Santiago de Chile (2 semanas en agosto y septiembre de 2005 y 1 semana en enero de 2006) y clases online (21 semanas). El cumplimiento con los requisitos académicos del curso dará lugar al otorgamiento de un Diploma de Postítulo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El Diploma de Postítulo tiene como principal objetivo capacitar a abogados/as en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la adecuada defensa nacional e internacional de casos que tengan en su base la discriminación en razón del sexo. De esta manera se pretende contribuir a la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres a través de la creación y proyección de un espacio de formación y defensa jurídica en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Además, este programa busca generar un espacio de sistematización de jurisprudencia y experiencias de defensa de casos en materia de derechos humanos de las mujeres y sentar las bases para la creación de una comunidad jurídica regional para la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Se estima que, aparte del período de clases presenciales, los participantes deberán dedicar una cantidad aproximada de 10 – 13 horas semanales, incluyendo lecturas, redacción de breves ensayos, contactos por correo-e con profesores y compañeros de curso, participación en foros electrónicos y otras actividades. Se calcula que el número total de horas de trabajo es de 350 a 400 horas.

Para información sobre los requisitos de postulación u otros aspectos de interés, se recomienda visitar el sitio web de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en la siguiente dirección: http://www.derecho.uchile.cl/cdh/diplomados/dipmuj/index.html.

ARTÍCULOS

“En esta columna y en atención al Día internacional de la Mujer deseamos relevar una exigencia del movimiento de mujeres a favor de la equidad de género. Se trata de exigir que todos los partidos políticos incorporen a mujeres en un porcentaje igualitario con el hombre (50% y 50%) en las distintas instancias de representación, lo cual expresaría su condición de ciudadanas en igualdad de derechos con los hombres.

Esta es una antigua reivindicación del movimiento nacional por los derechos de las mujeres y pretende combatir un antiguo prejuicio que sostiene que el ámbito propio de la mujer es el doméstico y que la vida pública es solo para los hombres.

Exigir una representación igualitaria en los cargos de representación es favorecer la equidad de género. Si las mujeres somos algo más de la mitad de la población ¿por qué somos tan pocas las que asumimos lo público? ¿No será porque hemos sido históricamente discriminadas? (Provea, 10.03.05, [email protected]).

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Defensoría del Pueblo. República Bolivariana de Venezuela
Año: 2004
Editorial: Defensoría del Pueblo
Sinopsis:
«Este anuario busca presentar a la comunidad nacional e internacional un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el país, a partir del trabajo desplegado por la institución durante el 2003.
La estructura del anuario contempla nueve grupos de derechos constitucionalmente reconocidos. Cada subcapítulo parte de la base doctrinaria del derecho y su marco normativo nacional. Seguidamente se analizan los cambios e iniciativas legislativas, así como las políticas públicas planificadas para el periodo en torno a cada materia. Todos los elementos anteriores convergen con la actuación de las diferentes instancias de protección y defensa para presentar un panorama de la situación específica de cada derecho» ([email protected]).

Autor: Comisión de Estudios de Postgrado; Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela
Año: 2004
Editorial: Comisión de Estudios de Postgrado
Serie: Cuadernos de Postgrado, Nº 18
Sinopsis:
«En esta publicación se presentan los resultados de las actividades investigativas y de análisis de la ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), sancionada por la Asamblea Nacional en su sesión del 06-12-2002, promulgada el 30-12-2002 y publicada en Gaceta Oficial de igual fecha. De igual forma, está orientada a contribuir con una mayor comprensión de la seguridad social a través del debate creador y de la comunicación como rasgo esencial de la educación»
([email protected]).

Autor: Centro Carter
Año: 2005
Editorial: Centro Carter
Sinopsis:
«El referendo revocatorio presidencial fue introducido en la Constitución de 1999. Esta fue la primera vez que se ejerció en Venezuela el derecho de los ciudadanos a revocar a un Presidente. Como no existía ley que regulara los procesos de referendo, hubo que desarrollar reglas para administrar el proceso, y el recién nombrado CNE tuvo que aprender y adaptarse a lo largo de un contexto volátil y altamente politizado. A Continuación se presenta un resumen de las principales actividades del Centro Carter junto con cada una de las recomendaciones presentadas en el marco de este importante evento electoral» ([email protected]).

Autor: Acción Ecológica
Sinopsis:
«Las fumigaciones afectaron lo grande y lo pequeño, lo macro y lo micro, la selva y la célula humana. Han hecho insostenible la vida de los campesinos e indígenas de la frontera, pero más aún han quebrado la unidad más íntima de los seres humanos, su ADN, el material que ha de ser heredado, el que contiene la esencia de las personas.
Este documento es un informe que recoge el estudio de salud encargado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en el que se demuestra, con análisis de sangre a un grupo representativo de mujeres afectadas por las fumigaciones, la presencia de daños en el material genético. Daños que no presentaron otro grupo de mujeres no expuestas a la contaminación por plaguicidas ([email protected]).

DOCUMENTOS

«En el próximo mes de agosto se realizarán elecciones de Concejos Municipales y Juntas Parroquiales, y en diciembre se elegirán los diputados a la Asamblea Nacional. Ambos procesos revisten especial importancia por ser, los primeros, organismos de representación relacionados con la gente y con los asuntos de sus comunidades, y en el caso de la Asamblea Nacional por tratarse de uno de los poderes públicos fundamentales.

Ojo Electoral considera que la composición de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) carece del necesario equilibrio político que requieren los procesos electorales desde sus propios inicios, a los fines de garantizar la imparcialidad y transparencia. En estas circunstancias, el CNE, como árbitro, está obligado a ofrecer señales de confianza, y a conducir el desarrollo de los sufragios en todos sus capítulos apegándose estrictamente a las normas, particularmente mostrando su disposición a escuchar y procesar, de manera eficaz y oportuna, la observaciones que planteen los diversos actores políticos que participen en los procesos, especialmente si ellas provienen de organizaciones de la oposición.

Ojo Electoral considera que la Asamblea Nacional desde todos sus sectores, debe hacer un esfuerzo por cumplir los procedimientos previstos por la ley en lo relativo al nombramiento de las autoridades electorales del país.

Ojo Electoral nuevamente participará como observador nacional en los procesos electorales de este año. Confiamos en que las instituciones, los actores políticos y la ciudadanía, lo hagan dentro del marco y las condiciones democráticas necesarias para alcanzar el éxito esperado en los mismos.

Como parte de su labor de observación, y a fin de contribuir con el éxito democrático de las venideras elecciones, Ojo Electoral reitera el propósito de llevar a cabo una observación integral de los venideros procesos electorales. En tal sentido, ha dado los primeros pasos para tratar de llevar a cabo una auditoria del Registro electoral; una tarea de naturaleza técnica muy compleja, y de enorme importancia para fortalecer el desempeño del CNE ante la opinión pública del país.

Alejandro López Arocha, Carlos Genatios, Eleazar Díaz Rangel, Elías Pino; Francisco José Virtuoso, Ignacio Avalos. En Caracas, 4 de marzo de 2005″.

«Ante el comunicado oficial del Ministerio Publico titulado ‘Es falsa y tendenciosa la declaración de COFAVIC sobre actuación del Ministerio Público en investigaciones del 27-F’, nos permitimos señalar lo siguiente:

  1. COFAVIC es una organización de carácter popular que tiene más de una década trabajando a favor de los derechos humanos en Venezuela. Está formada mayoritariamente por mujeres de estratos sociales muy humildes, quienes ante la pérdida de un ser querido han decidido sumarse de manera íntegra y respetable a la lucha por los derechos humanos.
  2. COFAVIC rechaza categóricamente las terribles descalificaciones personales e institucionales que contiene el comunicado público de la Fiscalía General de la Republica. COFAVIC lamenta profundamente que siendo la Fiscalía General de la Republica una institución que es fundamental para los derechos humanos y de vigencia medular para la pervivencia del régimen democrático, se reduzca, como lo ilustra este comunicado oficial, a intentos de deslegitimación de los defensores y defensoras de derechos humanos y de las victimas de gravísimas violaciones de los derechos humanos. En un país democrático, el Ministerio Público debe ser una referencia ineludible de ecuanimidad, justicia, transparencia y de respeto a la dignidad humana. El trabajo institucional en esa dirección es la mayor contribución que un ente de esta importancia debería ofrecer a los ciudadanos.
  3. La obligación internacional de respetar y garantizar los derechos humanos, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 1 y 2), corresponde exclusiva e ineludiblemente a los Estados Partes. Como bien lo ha indicado la Honorable Corte Interamericana en la sentencia del caso Velásquez Rodríguez, la obligación de investigar debe ser asumida por el Estado ‘…como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad’.
  4. En cuanto al acceso de COFAVIC y los familiares a la información que guarda el Ministerio Público, no se ha tenido acceso a los procedimientos de presuntas identificaciones realizadas y no se ha contado con expertos independientes en estas identificaciones. La Fiscalía no ha suministrado copias simples de los expedientes de las víctimas, lo cual contraviene la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 12 de noviembre de 2002 . En todas las ocasiones en las que se ha requerido información a COFAVIC sobre los casos, la misma ha sido suministrada, de lo cual queda constancia en cartas de agradecimiento de la Fiscalía 21 Nacional por este respecto .
  5. Resulta incontrovertible por la fuerza de los hechos que la impunidad ha prevalecido en los casos de El Caracazo, luego de 16 años nadie ha sido condenado por estos gravísimos crímenes. COFAVIC solo ha detentado la representación de 45 casos en un universo de más de 400 denuncias que cursan ante las instancias internas, de allí que si el Ministerio Publico ha considerado a las víctimas reunidas en COFAVIC un obstáculo para sus investigaciones, la interrogante natural que surge es por qué el resto de los casos donde COFAVIC no participa, tampoco han superado la etapa preliminar de la investigación.
  6. En la sentencia de reparaciones del 29 de agosto de 2002, relativa al caso de El Caracazo, queda taxativamente establecido que los pagos de las acciones indemnizatorias se realizarían directamente a las víctimas. El 4 de febrero de 2004 el Estado venezolano, a través del Ministerio de Finanzas, convocó públicamente a las víctimas sobrevivientes y a los ascendientes y descendientes de las personas fallecidas y desaparecidas, a fin de realizar los pagos correspondientes a las reparaciones pecuniarias. Bajo ninguna circunstancia COFAVIC ni otra organización peticionaria está facultada para recibir los pagos correspondientes a las acciones indemnizatorias, erogaciones que son de carácter estrictamente personal y se hicieron bajo presentación del documento de identificación vigente en el país, asunto que queda fehacientemente establecido en la sentencia de la Corte Interamericana del 29 de agosto 2002. Este procedimiento, tal y como se efectuó, fue comunicado a la honorable Corte Interamericana en el informe del 11 de junio de 2004 que presentó el Estado venezolano ante el tribunal interamericano. Cabe indicar al respecto que el Ministerio de Finanzas y la Tesorería Nacional fueron los órganos nacionales encargados de la ejecución de las reparaciones pecuniarias, las cuales, como se informó oportunamente a la honorable Corte Interamericana, se hicieron cabalmente y a plena satisfacción de los familiares de las víctimas y de las víctimas sobrevivientes.
  7. El Estado venezolano publicó en Gaceta Oficial las resolutivas de la sentencia del Caracazo, en cumplimiento del párrafo 128 de la sentencia del 29 de agosto de 2002 emitida por la Corte Interamericana . Esta medida se realizó en atención al dictamen del tribunal interamericano como parte del cumplimiento de las medidas de reparaciones no pecuniarias, específicamente para dar satisfacción a una de las garantías de no repetición de los hechos y del daño inmaterial causado.
  8. Con respecto a la obligación de identificar, exhumar y restituir los restos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 29 de agosto de 2002, párrafo 124, determinó la forma en que estos procedimientos deberían llevarse a cabo: ‘El Estado debe, en consecuencia, localizar, exhumar, identificar, mediante el uso de técnicas e instrumentos sobre cuya idoneidad no exista sombra de duda, y entregar a los familiares, los restos de las víctimas’. Vale indicar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de carácter inapelable, tal y como lo establece el artículo 67 del Capítulo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia ningún órgano de las instancias internas está facultado para modificar o interpretar los dictámenes del más alto tribunal del hemisferio.
  9. Hasta donde COFAVIC tiene conocimiento, el acta que suscribe la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, quien realizó un excelente trabajo en el área, indica que las exhumaciones deben suspenderse de manera temporal debido a que no se dispone de información relevante que permita conocer la existencia de otras fosas comunes. En ningún momento esta institución determinó que los restos exhumados de las fosas clandestinas de La Peste no correspondían a la data de muerte de los días 27 de febrero y primeros días de marzo de 1989 .
  10. COFAVIC y su directora ejecutiva, Liliana Ortega, asumen estos graves señalamientos del Ministerio Público como uno de los actos más serios de amedrentamiento y hostigamiento que ha sufrido el movimiento de derechos humanos en su ejercicio en Venezuela. Las declaraciones oficiales del Ministerio Público configuran un gravísimo y nefasto precedente contra las garantías de trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. El Ministerio Publico tiene el monopolio de la acción penal en Venezuela y el tenor de sus declaraciones sobre nuestra institución nos exponen a un mayor riesgo del que ya padecemos y que dio origen a las medidas provisionales dictadas por la honorable Corte Interamericana el pasado 27 de noviembre de 2002. Esta preocupante situación, y el peligro al que se nos expone públicamente, se pondrá en inmediato conocimiento de la Relatoría de defensores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que tal y como lo señala su última resolución del 17 de noviembre de 2004, a propósito del caso de El Caracazo, continúa vigilando el cumplimiento de esta sentencia y verificando el desarrollo de la misma. Así como también se presentará esta grave preocupación a todos los representantes diplomáticos de los países democráticos que han respaldado la labor de COFAVIC en Venezuela por más de 15 años.
  11. COFAVIC ratifica su voluntad de colaboración con el Ministerio Público. En 16 años de historia esta organización ha mantenido una postura institucional abierta al diálogo constructivo, en beneficio de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y en contra de la impunidad. Debido a la diligencia e impulso de COFAVIC se abrieron las fosas clandestinas en La Peste, expertos internacionales participaron en la ubicación e identificación de los primeros restos y se acudió al Sistema Interamericano. La lucha incansable durante estos años ha sido para que no se olvide lo ocurrido, se establezca la verdad e impere la justicia» (COFAVIC, 03.03.05, [email protected]).

«Washington D.C., 3 de marzo de 2005

Dr. Ernesto Derbez
Dr. Francisco Flores
Dr. José Miguel Insulza

Candidatos a la Secretaría General de la OEA, Distinguidos Doctores,

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas (la Coalición), hemos seguido con mucho interés el proceso para la designación del próximo Secretario General de la Organización de Estados Americanos.

La Coalición es una red de organizaciones no-gubernamentales y sociales cuya visión es un hemisferio con plena vigencia y respeto de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. La Coalición trabaja para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados miembros de la OEA, para asegurar la protección a todas las personas y colectivos sujetos a su jurisdicción, para garantizar la eliminación de la impunidad en todos los casos de violación de derechos humanos y para afianzar un Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos que sea sólido, accesible, reconocido y aceptado por todos los Estados miembros de la OEA.

Preocupados porque quién asuma tan importante cargo, recoja e impulse los propósitos de la Carta fundacional de la OEA, particularmente en lo que respecta a la protección y primacía de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en la región, nos dirigimos respetuosamente a Usted, así como a los demás candidatos, con el fin de conocer sus propuestas y opiniones en torno a tres temas que consideramos actualmente cruciales para el organismo que tendría a su cargo en caso de ser electo.

A continuación, hemos formulado una serie de preguntas para las cuales confiamos en conocer su posición de manera pública.

1) Fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.
¿Qué acciones impulsaría en caso de ser elegido como Secretario General de la OEA para:
a. Ratificar por parte de todos los Estados miembros, los instrumentos regionales de derechos humanos, comenzando con la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
b. Fortalecer la autonomía e independencia de los órganos del Sistema Interamericano, particularmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Secretaría Ejecutiva;
c. Impulsar el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo la ampliación de sus capacidades para la atención de la creciente demanda, la garantía de un presupuesto que permita actuar con eficacia y eficiencia y la creación de un fondo de asistencia a las víctimas de violaciones para facilitar el acceso al sistema;
d. Promover el cumplimiento de las recomendaciones y sentencias de los órganos de protección y condenar su incumplimiento;
e. Promover que los Estados miembros adopten las medidas tendientes a la adecuación de su legislación en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos;
f. Promover que los Estados del hemisferio informen a la Asamblea General y que se registren en la Secretaría General, las actividades específicas realizadas para el cumplimiento de los compromisos con el fortalecimiento del sistema interamericano de prevención y protección de los derechos humanos.

2) Primacía de los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia.
¿Qué acciones impulsaría en caso de ser elegido como Secretario General de la OEA para:
a. Obtener por parte de los Estados Miembros el reconocimiento de la primacía de los derechos humanos sobre los objetivos y acuerdos comerciales en el hemisferio;
b. Impulsar la elaboración de la Carta Social Americana, en cumplimiento con la resolución del 8 de junio de la Asamblea General de Quito de 2004, en la que se asegure el respeto al principio de la primacía de los derechos humanos;
c. Condicionar la realización de estudios de impacto en el goce de los derechos humanos, en especial a las decisiones comerciales en procesos de integración económica, y la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación periódica para garantizar el goce de los derechos humanos;
d. Obtener por parte de los Estados Miembros el reconocimiento de la primacía de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho sobre las disposiciones en materia de seguridad hemisférica;
e. Impulsar decisiones y mecanismos multilaterales por encima de acciones unilaterales para proteger la primacía de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en los Estados de la región;
f. Regular a nivel doméstico el derecho a acceso a la información pública, y contar con un instrumento hemisférico donde conste el alcance y contenido del derecho a acceso a la información pública y a la participación en los procesos de toma de decisiones en cuestiones hemisféricas y domésticas.
g. Promover la pronta aceptación de una Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que retome las expectativas y demandas de los pueblos originarios del hemisferio.
h. Promover la libertad de defender los derechos humanos y garantizar que los defensores de derechos humanos ejerzan este derecho sin ataques ni amenazas a su labor.

3) Participación de la sociedad civil.
La participación de la sociedad civil en la orientación del desarrollo es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. En el marco de las resoluciones de la Asamblea General, del Consejo Permanente y de la Carta Democrática Interamericana,
¿Qué acciones impulsaría en caso de ser elegido como Secretario General de la OEA para:
a. Instar a los Estados a poner en acción los compromisos previos de ampliar y fortalecer el rol de la sociedad civil en las actividades de la OEA;
b. Implementar las recomendaciones de la resolución las ‘Estrategias para incrementar y fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA’ CP/RES. 840 (1361/03);
c. Institucionalizar en cumplimiento con lo establecido en la Declaración de Nuevo León, la participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres, en los eventos y conferencias de la OEA, incluyendo las negociaciones de acuerdos de libre comercio;
d. Capacitar a la ciudadanía sobre participación pública y procesos hemisféricos.
e. Promover que los Estados del hemisferio informen a la Asamblea General y que se registren en la Secretaría General, las actividades específicas realizadas para el cumplimiento de los compromisos con la participación de la sociedad civil adquiridos en la Carta Democrática Interamericana, el Plan de Acción de Québec y en las Asambleas Generales de la OEA.

Confiando en conocer su posición pública con respecto a los temas antes mencionados, que guardan importante relación con la Carta de la OEA, entre otros instrumentos, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, A. C. (ACAT), México; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú; Asociacion Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), Ecuador; Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Suiza; Centro de Documentación en Derechos Humanos ‘Segundo Montes Mozo S.J.’ (CSMM), Ecuador; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina; Centro de Iniciativas Demócraticas (CIDEM), Panamá; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador; Comité de Familiares de las Victimas de los Hechos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) Venezuela; Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, Colombia; Comisión Colombiana de Juristas, Colombia; Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), Perú; Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México; Conectas, Brasil; Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú; Derechos y Democracia, Canadá; Food First Information and Action Network (FIAN); Foro de Mujeres del MERCOSUR-Capitulo Paraguay, Paraguay; Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (CEDHA), Argentina; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador; Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH), Guatemala; Fundación Mirna Mack, Guatemala; Global Rights, Estados Unidos; Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Colombia; Instituto de Defensa Legal, Perú; Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana ‘José Simeón Cañas’, El Salvador; Justiça Global, Brasil; Núcleo de Estudos Negros, Brasil; Oficina Diocesana de Derechos Humanos ‘Humana Dignitas’, Venezuela; Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Brasil; Programa de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, Chile; Programa Venezolano de Educación-Acción Derechos Humanos (Provea), Venezuela; Red Nacional de Mujeres, SISMA Mujer, Colombia; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todos’, México y sus 54 miembros; Reforma Penal, Estados Unidos; Religiosas de Nuestra Señora de Sión, Argentina; Servicio Internacional para los Derechos Humanos (SIDH); Sin Fronteras, I.A.P., México; Solidarity Center, Estados Unidos; Terra de Direitos, Brasil» (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, 09.03.05, http://www.cejil.org/comunicados.cfm?id=613).

“En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Relatoría Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desea expresar un saludo a todas las mujeres. Este año, el Día Internacional de la Mujer cobra particular relevancia. El 2005 marca el décimo aniversario de la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing y de la entrada en vigor de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (‘Convención de Belém do Pará’); instrumento que reafirmaron la igualdad de género y el derecho humano de las mujeres a vivir libres de violencia. En las Américas, este 8 de marzo nos ofrece la oportunidad de celebrar y recordar estos logros, así como examinar el grado de avance en el respeto de los derechos de la mujer y los desafíos que aun persisten.

En estos 10 años, se produjeron avances importantes para la defensa de los derechos de la mujer. La mayoría de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos han ratificado la Convención de Belém do Pará, al igual que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y han creado un marco jurídico para enfrentar problemas como la violencia doméstica e intrafamiliar.

Más allá de estos logros, todavía enfrentamos grandes desafíos en la protección de los derechos de la mujer, como la prevalencia de diferentes formas de violencia y discriminación, así como un acceso limitado a la justicia. La Relatoría de la Mujer ha recibido información indicando que entre 20 y 50% de las mujeres en el hemisferio han sido víctimas de violencia por parte de su pareja. El 33% de las mujeres entre 16 y 49 años han sido víctimas de acoso sexual y aproximadamente un 45% han sido amenazadas de actos de violencia.

Por otro lado, el acceso a la justicia de las mujeres se ve limitado por factores como el insuficiente patrocinio jurídico gratuito y adecuado, el poco conocimiento de los encargados de administrar justicia y la discriminación en que se encuentran numerosas mujeres de grupos étnicos y raciales en el sistema de justicia.

Es necesario que los logros jurídicos y políticos alcanzados, se traduzcan en resultados concretos para las mujeres de las Américas. Para lograr esta meta, necesitamos la colaboración y el compromiso de una amplia gama de actores y entidades. Entre ellos destacamos la importancia y los esfuerzos de los Estados, las organizaciones y redes de la sociedad civil, las agencias internacionales y regionales, el sector académico y los medios de comunicación.

En el Día Internacional de la Mujer, la Relatora Especial sobre los Derechos de la Mujer, Susana Villarán, reitera su compromiso de promover el avance de los derechos de las mujeres y la equidad de género en la región, utilizando para ello los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos. La promoción de la igualdad y la eliminación de todo tipo de discriminación son esenciales para la realización de los derechos humanos y para la consolidación de la democracia en nuestro hemisferio. Washington D.C., 8 de marzo de 2005” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 09.03.05, http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2005/7.05.htm).

«El pasado viernes 25 de febrero falleció Peter Benenson, fundador de la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional. Peter Benenson tenía 83 años de edad.

Peter Benenson fundó y fue el impulsor de Amnistía Internacional en 1961. Empezó como una campaña de un año de duración que tenía como objetivo lograr la excarcelación de seis presos de conciencia, campaña que luego se convertiría en un movimiento de defensa de los derechos humanos de ámbito mundial y, en medio de todo, en una organización internacional –Amnistía Internacional– que se ha ocupado de varios miles de casos de víctimas de violaciones de derechos humanos y ha servido de estímulo a millones de personas en todo el mundo para defender los derechos humanos.

‘Durante toda su vida, Peter Benenson mostró con valentía su compromiso visionario con la lucha contra la injusticia en todo el mundo’, dice Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

‘Llevó un rayo de esperanza a la oscuridad de las prisiones, al horror de las cámaras de tortura y a la tragedia de los campos de muerte del mundo. Fue un hombre cuya conciencia brilló en un mundo cruel y espantoso; creía en la capacidad del ciudadano de a pie para generar un cambio extraordinario y con la fundación de Amnistía Internacional nos dio a cada uno de nosotros la oportunidad de hacer que las cosas cambien’.

‘En 1961, gracias a la visión de Peter Benenson, nace el activismo en defensa de los derechos humanos. En 2005, nos deja como herencia un movimiento de derechos humanos de alcance mundial que no se extinguirá nunca’.

El ‘Llamamiento en favor de la amnistía’, una campaña de un año de duración, se lanzó el 28 de mayo de 1961 en un artículo titulado The forgotten prisoners (Los presos olvidados), publicado en el periódico británico The Observer. Ese llamamiento atrajo millares de simpatizantes y dio origen a un movimiento mundial de derechos humanos.

El catalizador de la campaña fue la indignación que embargó a Benenson al leer un artículo sobre el encarcelamiento de dos estudiantes por haber brindado en favor de la libertad en un café de Lisboa. En los primeros años de existencia de Amnistía Internacional, Peter Benenson aportó buena parte de la financiación del movimiento, participó en visitas de investigación e intervino en todos los asuntos de la organización.

Otras actividades llevadas a cabo por Benenson a lo largo de su vida fueron: adoptar a huérfanos de la guerra civil española, llevar al Reino Unido a judíos que habían huido de la Alemania nazi, llevar a cabo labores de observación en procesos judiciales como miembro de la Sociedad de Abogados Laboristas, ayudar a fundar la organización Justice y fundar una sociedad para personas aquejadas de enfermedad celiaca.

En la ceremonia conmemorativa del vigésimo quinto aniversario de Amnistía Internacional, Benenson encendió lo que se ha convertido en el símbolo de la organización, una vela rodeada de alambre de espino, y pronunció estas palabras:

‘La vela no arde por nosotros, sino por todos aquellos que no conseguimos sacar de prisión, que fueron abatidos camino de la prisión, que fueron torturados, que fueron secuestrados o víctimas de ‘desaparición’. Para eso es la vela’.

Hoy en día, Amnistía Internacional tiene 44 años de vida y se ha convertido en la organización independiente de derechos humanos más grande del mundo, con más de 1,8 millón de miembros y simpatizantes activos en todas partes del planeta.

Peter Benenson falleció a las 22:45 h. del viernes 25 de febrero de 2005 en el hospital John Radcliffe de Oxford. No habrá funeral. Se celebrará una ceremonia privada a la que asistirán únicamente sus familiares. Amnistía Internacional celebrará un acto público en recuerdo de Peter Benenson del que se facilitará información detallada próximamente» (Amnistía Internacional, 03.03.05, [email protected]).

Del 14 al 25 de febrero de 2005

Boletín electrónico Nº 151

CONTEXTO

Con el objetivo de fortalecer la difusión y el acceso público a documentación en materia de derechos humanos, Provea pone a disposición de los/as internautas, información electrónica sobre la colección del Centro de Documentación “Todos los derechos para todos”.

Al acceder a la dirección http://www.multimedium-si.com/default/provea/ del sitio web de Provea (http://www.derechos.org.ve), las personas interesadas podrá acceder a las bases de datos, en donde, a través de una búsqueda por palabras claves (autor, tema, título, cota, por ejemplo), podrá encontrar información sobre:

  • Monografías: trabajos publicados de autores personales e institucionales, colecciones, series, anuarios, etc;
  • Publicaciones seriadas: entre las que se cuentan revistas y boletines especializados en derechos humanos, con especial énfasis en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
  • Tesis: trabajos de grado donados por sus autores a Provea, especializados en DESC.
  • Literatura gris: comprenden documentos que no han sido publicados y que se caracterizan por estar especializados en el área de los DESC.
  • Discos compactos: documentos presentados en formato para lectores ópticos. En general, son especializados en DESC.
  • Videos: videograbaciones en formato VHS. También especializados en DESC.

Con los datos hallados en su búsqueda electrónica podrá consultar personalmente alguno de estos materiales acercándose a la sede de Provea o comunicándose por los teléfonos 0212 860 66 69/ 862 10 11/ 862 53 33 o el correo-e: [email protected].

Para conocer el modo de realizar búsquedas, puede seguir el instructivo ubicado en la URL: http://www.multimedium-si.com/default/provea/ayuda00.html.

Viviana Krsticevic, directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un documento mediante el cual la organización internacional de derechos humanos con sede en Washington manifestó su preocupación por la candidatura presentada por Francisco Flores, ex presidente de El Salvador, para la secretaría general de la instancia hemisférica.

A juicio de la vocera de CEJIL, “sería muy preocupante que pusieran a la cabeza de la OEA a alguien que socavó las tareas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su gestión como presidente de El Salvador” (El Nacional, 12.02.05, pág. A/10). Especialmente, señalan el hecho de que, en su gestión presidencial, Flores minimizó las resoluciones y recomendaciones emitidas por la CIDH para el Estado salvadoreño, con el argumento de que “prestar atención a las sugerencias del documento atentaría contra la paz del país” (El Nacional, Ídem.).

Dichas resoluciones de la CIDH urgían a El Salvador a reabrir el juicio por el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, obispo de El Salvador, y el caso de los 6 sacerdotes jesuitas asesinados junto al ama de llaves y su hija, el 16.11.89. Durante el mandato de Flores “el Estado salvadoreño no cumplió ninguna de las recomendaciones de la CIDH”, indicó CEJIL en su documento.

El desconocimiento de estas resoluciones de la CIDH por parte de Flores, representa para CEJIL un obstáculo para su candidatura y posible elección “debido a que el sistema se basa en la buena voluntad de los Estados para cumplir con las recomendaciones” (El Nacional, Ídem.).

Igualmente, en su documento la organización internacional señaló que las credenciales democráticas de Flores se pueden cuestionar al recordar el apoyo que el mismo dio al golpe de Estado ocurrido en Venezuela el 11.04.02, hecho ante el cual aseguró que esperaba “poder trabajar con el gobierno de transición. Depositamos nuestra confianza en el nuevo liderazgo de Venezuela” (El Nacional, Ídem.).

Por su parte, en una reunión realizada a mediados del presente en Ciudad de Panamá, el Consejo Ejecutivo de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), rama hemisférica de la Confederación Internacional de Organizaciones sindicales Libres (CIOSL), resolvió exhortar a “todos los gobiernos democráticos de la región a desistir en el apoyo de la candidatura del ex presidente Francisco Flores a la Secretaria General de la OEA y en contraposición a ésta, presentar propuestas de candidaturas con el suficiente respaldo y consenso de los gobiernos y la sociedad civil del continente” (Organización Regional Interamericana de Trabajadores, 25.02.05, http://www.cioslorit.org/).

El Consejo Ejecutivo de la organización argumentó que durante su mandato presidencial, Flores practicó de manera arbitraria y autoritaria su poder, imposibilitando el dialogo y la negociación con los distintos actores sociales de ese país, especialmente las organizaciones sindicales y de otros sectores no vinculados al poder económico tradicional del país.

Además señaló que el gobierno de Flores “aplicó de manera estricta una política económica de orientación neoliberal que condujo a un mayor empobrecimiento del pueblo salvadoreño y profundizó el poder económico de las grandes familias oligárquicas de ese país” (Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ídem.).

Asimismo, acusó a Flores de ejecutar una política exterior caracterizada por “su alineación con la política exterior norteamericana, cuyo contenido unilateral y guerrerista ha puesto en riesgo la paz y la seguridad en el mundo los últimos 4 años” (Organización Regional Interamericana de Trabajadores, Ídem.).

Finalmente, condenó que durante su mandato, Flores fuera “uno de los mayores entusiastas y promotores del ALCA y del CAFTA, tratados de libre comercio que representan la negación de la integración y el desarrollo para los países de la región y por el contrario se corresponden con la visión de libre mercado que solo favorece los intereses transnacionales” (Organización Regional Interamericana de Trabajadores, Ídem.).

En un comunicado publicado el pasado 02.02.05, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su agrado por la sanción de una nueva Orden Ejecutiva (Nº 05/03), emitida el 25.01.05 por el Embajador Luigi Einaudi, Secretario General Interino de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la cual reconoce y fortalece la independencia y autonomía de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 17.02.05,
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2005/1.05.htm).

Como se recordará, el pasado 15.09.04, la Secretaría General de la instancia hemisférica emitió la Orden Ejecutiva 04-01, que establecía la dependencia financiera, política, organizacional y administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH a una nueva instancia (Departamento de Asuntos de Derechos Humanos) de carácter eminentemente político y directamente ligada a la Secretaría General.

Ante esta medida, el pasado 27.10.04, un grupo de más de 30 organizaciones (entre las que se contó a Provea) y redes de derechos humanos integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas fijaron posición ante lo que consideraban un mecanismo de “socavamiento de la autonomía de la CIDH” (Provea, 27.10.04,
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/carta_einaudi.doc).

En esa ocasión, la Coalición indicaba que “en tanto la Secretaría Ejecutiva de la CIDH tiene como función asistirla en el ejercicio de sus funciones, afectar su independencia y autonomía puede mellar su plena eficacia, credibilidad y legitimidad así como del sistema en su conjunto. En tal sentido entendemos errada la subordinación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH al nuevo Departamento de Asuntos de Derechos Humanos ya instituida dentro de la Secretaría General. Consecuentemente, cualquier iniciativa de re-estructuración de la Secretaría General debe garantizar plenamente la autonomía de los órganos de protección —por ejemplo mediante la consolidación normativa de estos principios — y fortalecer el sistema interamericano” (Provea, Ídem.).

Tal y como se desprende del reciente comunicado de la CIDH, con la emanación de la Orden Ejecutiva N° 05/03, no sólo se tomaron en cuenta dichas observaciones, sino que se “fortalece la autonomía e independencia de la CIDH, reemplazando a la anterior, sancionada por Miguel Ángel Rodríguez, que limitaba seriamente dichos aspectos. La CIDH ha sido fortalecida, y eso es una garantía en la protección de los derechos humanos de todos los habitantes del hemisferio” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ídem.).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La vaguada -término con que se define el fenómeno metereológico de estacionamiento de nubes durante varios días en vastas porciones territoriales y que produce fuertes precipitaciones-, ocurrida entre la 2da. y 3ra. semana de febrero en Caracas y 11 estados del centro-norte y oeste del país, ha provocado 62 muertos, 61 desparecidos, 44 lesionados, 146.326 personas afectadas, 21.528 damnificados y 44.409 viviendas afectadas en todo el país, según un reporte preliminar hecho público por Jesse Chacón, titular del Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) (El Universal, 24.02.05, http://www.eluniversal.com/2005/02/24/pol_art_24A535515.shtml).

El titular del MIJ anunció la creación de 4 comisiones a cargo del diseño de un Sistema Nacional de Riesgo. Destacó que “una de las comisiones se encargará de estudiar las amenazas y vulnerabilidad de las cuencas en todo el ámbito nacional, haciendo énfasis en las cuencas que afectaron las zonas declaradas en emergencia; y otra, integrada por los Ministerios de la Defensa, de Ambiente y de Ciencia y Tecnología, definirá el sistema de medición meteorológica, con el fin de crear las alarmas necesarias para prever cualquier contingencia natural” (El Nacional, 19.02.05, Op. cit.). Aseguró Chacón que en los próximos días los integrantes de estas comisiones deberán presentar su cronograma de trabajo.

En un registro preliminar del Ministerio de Vivienda y Hábitat (MVH), se contabilizaron 7.500 viviendas afectadas. Como paliativos contra los daños provocados por esta situación, Julio Montes, titular de éste despacho, informó que pondrá en marcha distintas medidas. Prometió que las comunidades organizadas recibirán asistencia técnica y se les proveerá de todos los insumos para que construyan sus propias viviendas con sistemas modulares. Apuntó que el directorio del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) aprobó la resolución 008, publicada en Gaceta Oficial N° 38.125, que dispone la compra de contado de viviendas unifamiliares y multifamiliares ejecutadas por los promotores o constructores con recursos del Fondo de Aportes del Sector Público o del Fondo Mutual Habitacional, a través de financiamientos a corto plazo, con el objetivo de adjudicarlas en venta a los beneficiarios del programa VIII Atención habitacional para familias damnificadas o en situación de riesgo. Y su despacho dispondrá de los recursos del fondo petrolero para solucionar el problema de los damnificados (El Nacional, 15.02.05, pág. B/15).

El titular de la Vivienda aseguró, además, que su despacho destinará 500 millones de dólares para financiar los programas de sustitución y rescate de las unidades habitacionales afectadas por las lluvias. Asimismo, que se utilizarán 15.000 parcelas pertenecientes al Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR) para construir viviendas en el corto plazo. También se comprometió a que en un mínimo de 3 meses se podrán ver las primeras unidades asignadas a las familias que perdieron su residencia por efecto de las precipitaciones (Tal Cual, 18.02.05, pág. 8).

No obstante, Montes afirmó que la asistencia a las personas perjudicadas por las lluvias no afectará la Misión Vivienda, impulsada por el Gobierno a finales del año pasado: “no entra en contradicción, más bien acelerará la producción” (El Nacional, Ídem.).

Néstor Noguera, director del CONAVI, indicó que la emergencia se cubrirá con distintas estrategias, «debido a que el número de familias afectadas asciende a 8.180 y ello puede subir cuando se termine de realizar el censo en los estados andinos» (El Universal, 16.02.04, http://www.eluniversal.com/2005/02/16/eco_art_16150B.shtml).

Explicó el funcionario que la 1ra. estrategia es adquirir viviendas en el mercado secundario para entregárselas a los damnificados. “Hasta ahora el CONAVI ha recibido propuestas para comprar unas 200 soluciones en varios estados del país” (El Universal, Ibíd.). Como esta cifra es insuficiente para cubrir la excepcional demanda, la 2da. estrategia es pagar alquileres de hasta 500.000 bolívares; y, la 3ra. es construir viviendas.

En ese sentido, Noguera indicó que su despacho “estimó realizar en un período de 3 a 6 meses 15.000 soluciones habitacionales a escala nacional a fin de atender a los afectadas. Aunque la meta inicial eran 10.000 unidades, el director del organismo, indicó que el escenario tuvo que cambiar ante los problemas que se han presentado en los estados andinos y el sur del lago de Maracaibo” (El Universal, 23.02.05, http://www.eluniversal.com/2005/02/23/eco_art_23155A.shtml). Para realizar esas viviendas se contempla una inversión de 400 millardos de bolívares, y esos recursos saldrían del fondo de aportes del sector público (presupuesto ordinario) y del fideicomiso que está en la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). Las soluciones se construirían en parcelas que están urbanizadas, por ello, expresó el funcionario, el levantamiento de las unidades se hará en un período corto. (El Universal, Ídem.).

Noguera aclaró que los damnificados no van ser traslados a los desarrollos que ya tienen los entes ejecutores, porque son viviendas que ya fueron adjudicadas (El Universal, 16.02.05, Op. cit.).

Acotó que una vez que se culmine con las estrategias de entrega de viviendas, el despacho definirá otra fase: la entrega de financiamientos para la remodelación de las casas. Para tales casos se tiene previsto “dar préstamos de 10.000.000 de bolívares con una tasa social de 6% y un plazo de 10 años. En este programa se contempla dar un subsidio equivalente a 40 o 50% del monto del préstamo, de manera que las personas pagarían por una cantidad más baja” (El Universal, 16.02.05, Op. cit.).

Junto con la construcción, “CONAVI seguirá con el programa de compra de viviendas en el mercado secundario” (El Universal, 23.02.05, Op. cit.). Según la fuente, “hasta esta semana el ente público había adquirido 150 soluciones en los estados centro occidentales para entregarlas a los afectados. El organismo ha erogado en total 12 millardos en la compra de 447 viviendas, pero ese monto agrupa no sólo a los damnificados por las lluvias de los últimos días sino también a los afectados por la tragedia de Vargas en 1999”.

Neptalí García, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Metropolitano, informó que a partir de una propuesta realizada por Juan Barreto, Alcalde Metropolitano del Distrito Capital, “el Cabildo Metropolitano aprobó la expropiación de varios edificios residenciales en Caracas donde serán reubicadas las personas que resultaron damnificadas por la reciente vaguada que afectó la ciudad capital” (Gobierno en Línea, 23.02.05, http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=30642).

El funcionario informó que se acordó “la afectación por causa de utilidad pública y social del conjunto residencial Vista Hermosa, ubicado en La Boyera del municipio El Hatillo; de 4 torres y un centro comercial de la urbanización Paulo VI, ubicado en el municipio Sucre; así como el edificio 9-1 de la calle Perú de Catia, en el municipio Libertador” (Gobierno en Línea, Ídem.).

Barreto explicó que esta medida “está respaldada por una Ley de Emergencia que establece que se comprarán los inmuebles al precio que sea justo pero sin la especulación de algunos empresarios” (Gobierno en Línea, Ídem.).

García añadió que el Cabildo también acordó prohibir la construcción de viviendas en las zonas que sean determinadas por Protección Civil y las autoridades municipales como de alto riesgo.

Por su parte, el diputado Rafael Ríos (Movimiento Quinta República), integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN), manifestó que piensa revisar el proyecto de ley, a fin de añadir un articulado que contemple la atención de este tipo de emergencias (Agencia Bolivariana de Noticias, 14.02.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=1384).

Con respecto a la situación especial en que se encuentra el Edo. Vargas, su infraestructura y sus habitantes, se recomienda la lectura del escrito «Vargas de rodillas», de Carlos Genatios, quien ejerció el cargo de Autoridad Única de esta entidad federal, en la sección ARTÍCULOS de esta edición.:

Freddy Escalona, viceministro de Desarrollo Rural Integral del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), señaló que su despacho está evaluando los daños sufridos por las cosechas luego de las fuertes precipitaciones. Además, el despacho está recibiendo reportes de sus unidades estadales para analizar la situación de la producción agrícola.

El funcionario agregó que se ha reunido con representantes del sector agrícola para evaluar con carácter de urgencia el Plan de Siembra 2005, de cara a los daños ocurridos en algunas plantaciones por los efectos de la vaguada (El Universal, 15.02.05, http://www.eluniversal.com/2005/02/15/eco_art_15150A.shtml).

Por su parte, representantes de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, (FEDEAGRO) reportaron que en el Edo. Mérida, quedaron seriamente afectados los cultivos de café y se perdió el vivero del rubro de la zona, también se dañaron algunos cultivos de hortalizas, como lechuga, repollo y zanahoria, entre otros. En Yaracuy se afectaron los cultivos de naranja, mientras que en la zona Sur del Lago se dañaron seriamente las plantaciones de plátano. También en el Estado Zulia se afectó la producción de ganado y por ende la producción lechera.

Entre otros rubros afectados, enumeraron: palma aceitera, frutas y quesos; hortalizas, café, frutas y cacao (Cadena Global, 18.02.05,
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=83893&Sec=8).

Representantes de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA) aseguran que se han perdido varios cargamentos de leche debido a que las vías terrestres de la zona están dañadas. Como consecuencia de esta situación, José Luis Betancourt, presidente de FEDENAGA, alertó sobre el peligro de que ocurra un “desabastecimiento de productos agrícolas” (Cadena Global, Ídem.).

Ambos gremios no descartan la posibilidad de solicitar planes de contingencia, que entre otras cosas prevean mecanismos para flexibilizar los pagos de préstamos así como nuevos financiamientos (El Universal, Ídem.).

FEDENAGA, además pide al Gobierno que garantice el suministro de gasolina mientras dure la emergencia y la reparación de los daños ocasionados a las vías principales o troncales y carreteras de penetración agrícola.

Según destacó una fuente oficial, el programa Mercal llevado a cabo por el Estado venezolano desde hace 2 años con el fin de garantizar la seguridad alimentaria del país, promedió para el mes de enero de este año un total de ventas diarias de 3.827 toneladas de alimentos de la cesta básica, favoreciendo a 9.500.000 de personas (Gobierno en Línea, 21.02.05,
http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=30524).

Con una red que abarca a 13.490 establecimientos, Mercal cuenta con 47.584 trabajadores/as que laboran en los distintos módulos que se encuentran ubicados en el territorio nacional.

A juicio de la fuente, los precios de los productos que ofrece Mercal permiten, un ahorro de 40% con respecto a los precios del mercado libre.

Por otra parte, los proveedores regionales aportaron en el mes de enero un total de 9.446 toneladas de alimentos a la red. Mercal “ofrece productos que compra directamente a productores, microempresas, procesadoras de alimentos, y cooperativas beneficiando al productor y al consumidor, en el proceso hacia la desconcentración del monopolio de la producción y comercialización de alimentos en el país” (Gobierno en Línea, Ídem.).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) Globovisión, 23.02.05, http://www.globovision.com/economia/2005.02/22/canasta/index.php.
(***) El Universal, 23.02.05, http://www.eluniversal.com/2005/02/23/eco_art_23154G.shtml.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de los alimentos de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) indicada para un grupo familiar de 5 personas, continúa manifestando una desaceleración en la tendencia ascendente que inició en el año 2004.

El INE revela que durante el primer mes del año los productos más sensibles al alza fueron: raíces y tubérculos (9,05%); café, té y similares (3,75%); frutas y hortalizas (2,26%); pescados y mariscos (2,11%) y leche, queso y huevos (0,78%). Mientras que los grupos que bajaron sus precios en enero fueron: semillas, oleaginosas y leguminosas (1,17%) y azúcar y similares (0,34%) (El Universal, 23.02.05, http://www.eluniversal.com/2005/02/23/eco_art_23154G.shtml).

Elías Eljuri, presidente del INE, indicó que la variación en enero es menor a la registrada en el mismo mes del año 2004, que fue 5,14% (El Universal, Ídem.).

Un nuevo informe presentado el pasado 15.02.05 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), advirtió que la prolongada tendencia a la baja de los precios de los productos básicos agrícolas pone en peligro la seguridad alimentaria de los países en desarrollo, cuyos ingresos a menudo proceden exclusivamente de la venta de estos productos (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 15.02.05,
http://www.fao.org/newsroom/es/news/2005/89721/index.html).

El informe, titulado “El estado de los mercados de productos básicos agrícolas 2004”, afirma que la disminución de los precios de los productos básicos agrícolas permitieron a muchos países pobres importadores de alimentos, y a sus consumidores especialmente en las zonas urbanas, satisfacer sus necesidades alimentarias a un costo menor y así pudieron tener acceso a dietas más nutritivas.

El informe advierte que «las distorsiones del mercado resultantes de los aranceles y subvenciones en los países desarrollados, los aranceles en los países en desarrollo y el poder de mercado de algunas cadenas de suministro de productos básicos integradas por las grandes compañías transnacionales” (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Ídem.), agravan los problemas de comercialización de los productos agroalimentarios provenientes de los países en vías de desarrollo.

El informe subraya la necesidad de eliminar las distorsiones del mercado y advierte que los elevados aranceles agrícolas y subvenciones de los países desarrollados a sus productores limitan el acceso al mercado y presionan los precios de los productos básicos a la baja.

El informe de la FAO presenta un programa de acción para combatir los problemas cada vez mayores producidos por el exceso de oferta y las distorsiones del mercado. Señala la necesidad de que las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) den prioridad a la reducción de los aranceles agrícolas, el apoyo a los productores y las subvenciones a las exportaciones en los países desarrollados. Indica la conveniencia de eliminar la progresividad arancelaria que penaliza la exportación de productos elaborados de los países en desarrollo.

A la vez, insta a los países en desarrollo a reducir sus aranceles, con el objetivo de alentar el comercio entre ellos mismos y permitir que sus consumidores se beneficien de la caída de los precios mundiales.

El informe expone la necesidad de establecer medidas para ayudar a los países menos adelantados a aprovechar las oportunidades del mercado y participar con mayor eficacia en las negociaciones comerciales. Sugiere compensar a las economías de bajos ingresos por la pérdida de preferencias comerciales resultante de las negociaciones en curso de la OMC.

También recomienda incrementar las inversiones con miras a aumentar la productividad interna de alimentos en los países en desarrollo, movilizar recursos en apoyo de campañas de promoción genérica, diversificar las exportaciones a través de productos agrícolas no tradicionales, así como de productos elaborados con valor añadido.

Otra recomendación del informe es la ejecución de programas de ayuda a los agricultores para protegerse, mediante la aseguración de sus cultivos, contra crisis que pudieran dañar sus cosechas o hacer bajar los precios. Los seguros contra los fenómenos del clima, los sistemas de precios futuros y los seguros de precios basados en el mercado son algunos de los medios propuestos para afrontar la inherente inestabilidad de los mercados agrícolas.

Asimismo, la FAO reconoce que muchos de esos estados dependen de las ventas de ese rubro para financiar sus importaciones de alimentos, por lo cual la disminución de los precios de los productos agrícolas constituye un riesgo para la seguridad alimentaria (Aporrea, 15.02.05, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=56283).

Con la publicación en Gaceta Oficial N° 38.126, de fecha 14.02.05, del Reglamento Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para la Determinación de la Vocación de Uso de la Tierra Rural, el Ejecutivo Nacional establece las normas que determinan los criterios de clasificación de la tierra rural en clases y subclases para su uso, según su mayor vocación de uso, señalando los rubros agrícolas (vegetales, acuícolas, pecuarios y forestales) a ser producidos en las unidades de producción agrícolas (fundos, fincas, parcelas y conucos) (Tribunal Supremo de Justicia, 21.02.05,
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Febrero/140205/140205-38126-02.html).

Dicho reglamento clasifica los suelos en 8 clases según su composición y los nutrientes que contienen para el cultivo de determinados rubros. Por ejemplo, los Clase I serán para la siembra de hortalizas y leguminosas, los Clase V y VI a la cría de ganado y los Clase VIII a plantaciones forestales (Cadena Global, 16.02.05, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=83743&Sec=5).

El artículo 15 del Reglamento establece que la actividad productiva de las tierras debe cumplir los lineamientos del Plan de Seguridad Agroalimentaria y Desarrollo Sustentable.

Además, se anexa una tabla contentiva del número de hectáreas improductivas que se declararán como latifundio, dependiendo de la clase de suelo que contengan.

El reglamento también crea una Comisión Técnica cuyo rol fundamental será hacer seguimiento y evaluar las áreas que teniendo actividad productiva agrícola dañan el ambiente y cambian el uso de la tierra en el país. Esta instancia estará dirigida por el Instituto Nacional de Tierras (INTI) con el apoyo de representantes de las universidades, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) e institutos de investigación (Agencia Bolivariana de Noticias, 15.0.05,
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=4&t=13642).

Entre sus funciones, también figuran velar por el cumplimiento del Plan de Rotación de Cultivos y Tierras, establecido por el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), así como recuperar, mantener y conservar los suelos, cuencas, valles y montañas, a fin de evitar su degradación.

También será competencia de la mencionada comisión evitar la explotación indiscriminada de las tierras agrícolas e impedir la cartelización y el monopolio de las tierras por parte de la agroindustria.

En el caso de las tierras con potencial agrícola afectadas por el urbanismo o por modos o sistema de explotación contrarios a los principios de equidad y justicia social establecidos en la Constitución, el artículo 20 del reglamento especifica que deben someterse a un Plan Especial de Educación y Capacitación que fomente el cooperativismo y trabajo colectivo, con el propósito de recuperar los valores ancestrales, históricos, culturales y el arraigo.

Este reglamento parcial tiene como objetivo contribuir al ordenamiento del aparato productivo nacional, de manera de proveer de nutrientes a la población, especialmente a los excluidos y lograr la soberanía alimentaria, para así romper con la dependencia de las importaciones.

Luego de más de 7 años de espera, el pasado 16.02.05 entró en vigencia el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático.

Con la puesta en marcha del Protocolo de Kyoto se pretende reducir entre 2008 y 2012, un promedio de 5,2% las emisiones de la atmósfera de los 6 gases que provocan el efecto invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluocarbono, perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre (Cadena Global, 16.02.05, http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=83728&Sec=6).

A pesar de la abstención de China e India, que junto con Canadá, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea son responsables del 75% de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero (Economista, 15.02.05, www.economista.com.mx), con la anexión en noviembre de 2004 de la Federación Rusa, el protocolo entró en vigor como un tratado legalmente vinculante para sus signatarios.

La aceptación de Rusia era fundamental para que el acuerdo fuera efectivo, ya que se requería el apoyo de las naciones responsables del 55% de las emisiones contaminantes.

No obstante, debido a la ausencia de Estados Unidos (EEUU), que contribuye con el 36.1% de las emisiones mundiales, la efectividad del protocolo se verá reducida. Fuentes del gobierno británico aseguraron que como encargado actual de la presidencia del Grupo de los Ocho (G-8), el Reino Unido mantienen negociaciones con EEUU respecto al cambio climático: «nuestro objetivo es lograr una solución de consenso que concilie la preocupación por el cambio climático con el crecimiento económico y tecnológico. Y estamos seguros de que lograremos un acuerdo con la administración estadounidense» (Economista, Ídem.).

Klaus Toepfer, director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), declaró que Kyoto es sólo un primer paso y que todavía falta mucho por hacer para frenar el calentamiento global y sus posibles efectos en el clima mundial (BBC, Ídem.). Se han establecido metas particulares para cada país, según sus niveles de contaminación. Sin embargo, las naciones al margen del tratado han afirmado que tomarán medidas por su cuenta. «Seguiremos pidiéndoles que suscriban el Protocolo», comentó a la fuente Nobutaka Machimura, ministro de Relaciones Exteriores de Japón.

Al respecto, una fuente advirtió que la entrada en vigor del pacto, suscrito por 136 países y ratificado por 55 (que juntos suman un 55% de las emisiones mundiales) supone necesariamente el recorte efectivo de las emisiones. Pero, según informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las principales potencias no están cumpliendo con las metas impuestas, por lo que las emisiones crecerán un 10% a finales de 2010, respecto a los niveles de 1990 (Economista, Ibíd.).

En cuanto a Venezuela, en la edición N° 147 de este boletín electrónico se reseñó el anuncio hecho público el 03.11.04 por Ana Elisa Osorio, titular para ese entonces del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), de la ratificación de este protocolo (ver en http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_147.htm#05).

La funcionaria agregó en esa ocasión que una de las primeras medidas a ejecutar por el Estado venezolano de cara a dicho pacto sería «la creación de una oficina compuesta por varios despachos del Ejecutivo que deberá formular políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo, que deberán ser asumidas tanto para la mitigación como para la reducción de emisiones» (Provea, Ídem.).

Con motivo de la entrada en vigencia del protocolo los medios de comunicación nacionales dieron a conocer la noticia de que, a pesar de éstas declaraciones y de que la Gaceta Oficial N° 38.081 del 07.12.04, publicaba el decreto de la Ley Aprobatoria de la adhesión a dicho pacto (El Universal, 16.02.05, http://www.eluniversal.com/2005/02/16/ten_art_16257B.shtml), el Estado venezolano no aparecía en la lista de países ratificantes suministrada por el sitio web de de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos (http://www.unfccc.int) (El Universal, Ídem.).

Ante esta situación, el MARN confirmó a través de un comunicado de prensa que Venezuela aún “no ha consignado su decisión en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Actualmente, se encuentra en trámite de depósito del instrumento ante el Secretario General de las Naciones Unidas, quien es el depositario según el Artículo 28 del Protocolo, siendo esta la razón por la cual aún la República Bolivariana de Venezuela no es reconocida por la comunidad internacional como parte contratante de dicho Protocolo” (Últimas Noticias, 16,02.05, pág. 12).

Jacqueline Faría, actual titular del MARN explicó que con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley Aprobatoria, el protocolo se refrendaba como ley nacional (El Nacional, 17.02.05, pág. B/17).

Por su parte, el embajador Fermín Toro Jiménez, Representante Permanente de Venezuela ante la ONU indicó que la misión nacional espera que la Cancillería venezolana envíe el instrumento original de adhesión al Protocolo de Kyoto para hacer su depósito ante la ONU, procedimiento administrativo con el que culminaría formalmente la ratificación de este pacto (Unión Radio, 18.02.05,
http://www.unionradio.com.ve/Noticias/Noticia.aspx?noticiaid=131651).

Finalmente, cabe destacar que “el hecho de que Venezuela haya decidido adherirse al Protocolo de Kyoto lanza a la comunidad ambiental internacional una señal bien importante, porque es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde la mayoría de ellos están en contra del Protocolo básicamente por la vulnerabilidad económica” (El Nacional, 17.02.05, Op. cit.) según destacó Gerardo Carrillo, director general adjunto de Planificación y Ordenación del Ambiente del MARN.

A través de la Lista Electrónica Ambiental (LEA) de Venezuela se denunció que un día antes de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, la intencionalidad gubernamental de formar parte de este instrumento quedó cuestionada, luego de que la empresa minera brasileña Vale do Río Doce anunciara que en los próximos 60 días se creará una nueva empresa carbonífera llamada Carbosuramérica, una empresa mixta entre ésta y Carbozulia para explotar el yacimiento de Socuy, y otros en el Edo. Zulia (Lista Electrónica Ambiental, 17.02.05, [email protected]).

Según una fuente oficial, el pasado 14.02.05 se firmó “la carta de declaración reafirmando la intención de crear Carbosuramérica” (Gobierno en Línea, 17.02.05, http://www.gobiernoenlinea.gob.ve/noticias/viewNewsUser01.jsp?id_noticia=30394). Con dicho documento, ambas empresas “esperan concluir los entendimientos en los próximos 60 días, inclusive en lo que respecta a los términos finales de la creación de la nueva compañía Este proyecto fue mencionado por el presidente brasileño Luiz Inácio (Lula) da Silva a inicios de esta semana, durante una visita oficial a Venezuela, en la que ambos gobiernos destacaron la cooperación bilateral en varias áreas de negocios ‘Son enormes las posibilidades de exploración de hierro, carbón, bauxita y níquel por una empresa constituida por Vale do Rio Doce y Carbozulia’ dijo Lula en Caracas durante un discurso» (Gobierno en Línea, Ídem.).

Según la fuente, la empresa brasilera, junto a Carbozulia, prevé invertir 1.000 millones de dólares en la explotación del carbón zuliano. Por su parte, Corpozulia informó que “mantiene ‘un acuerdo general de confidencialidad de negocios’ y estudia además la creación de un polo industrial integrado con inversiones conjuntas, inclusive en una siderúrgica y una fábrica de acero inoxidable. Los proyectos en estudio con Corpozulia, en los que participarían empresas brasileñas incluyen además la producción de químicos derivados del carbón, petróleo y la construcción de obras de energía e infraestructura, incluyendo un línea férrea y un nuevo puerto de aguas profundas. Las inversiones previstas en ellas ascienden a unos 2.500 millones de dólares en cinco años, sólo en infraestructura” (Gobierno en Línea, Ídem.).

Conviene recordar que en la edición N° 150 de este boletín electrónico se reseñaron las acciones que contra la intensificación de la explotación minera llevada a cabo por Corpozulia-Carbozulia, están organizando distintos movimientos indigenistas y ambientalistas del Edo. Zulia (ver en
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/coyuntura_150.htm#07).

Con la noticia de esta asociación auspiciada por los gobiernos de Brasil y Venezuela, sectores del ambientalismo nacional se preguntan sobre el significado que la adhesión de Venezuela al Protocolo de Kyoto tiene para Corpozulia-Carbozulia, empresas del Estado venezolano. Para conocer con detalle estas opiniones recomendamos consultar en la sección ARTÍCULOS de esta edición el escrito «Los Proyectos anunciados por Corpozulia obedecen a intereses exógenos», realizado por Lusbi Portillo, profesor de La Universidad del Zulia (LUZ) y coordinador de la organización “Homo et Natura”.

Un hecho que ilustra el rechazo que la explotación minera en el Edo. Zulia provoca en las comunidades más afectadas se reportó recientemente. La agencia de noticias ANPA informó el desmantelamiento hecho a las instalaciones de la trasnacional Carbones de Perijá, por las comunidades indígenas Barí residentes del sur de la Serranía de Perijá el pasado 21.02.05. Los Barí denunciaron que dicha empresa invadió su territorio, amparada en unas concesiones que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó el año pasado a estos particulares (Aporrea, 23.02.05,
http://aporrea.org/dameverbo.php?docid=56657).

La acción practicada según la fuente periodística, por guerreros Barí, en mandato de sus comunidades, dañaron parcialmente la maquinaria y, hasta la fecha del reporte, mantenían retenido a un integrante de la cuadrilla de trabajadores en espera de acordar una medida de suspensión de las presuntas invasiones y un acuerdo de respeto a su territorio.

ANPA afirmó que, para el momento en que se efectuaba su reporte, la Fuerza Armada Nacional (FAN) se movilizaba hacia la zona de conflicto, ubicada en una zona de bosques de difícil acceso en el sur de la Serranía de Perijá.

La fuente recordó que “desde hace más de 20 años estas comunidades se juegan su supervivencia frente al plan de explotación del carbón en todo el piedemonte de la Sierra de Perijá última tierra de la nación Barí”.

Finalmente, hizo “un llamado a las autoridades a sostener una actitud de equilibrio y en consideración a la prevalencia contitucional de los derechos de las comunidades indígenas” (Aporrea, Ídem.).

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Con motivo de cumplirse el próximo 27.02.05, 16 años de los sucesos conocidos como El Caracazo, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) consagró la fecha como Día Nacional de la Participación Protagónica del Pueblo.

El diputado Francisco Solórzano (Movimiento Quinta República) destacó que “ese 27 de febrero de 1989 vive en la conciencia democrática venezolana como una fecha de crímenes horrendos y de impunidad, en la cual se ha puesto en tela de juicio las definiciones y los valores más claros de la democracia y el respeto de los derechos humanos” (El Nacional, 25.02.05, pág. A/4).

En el acuerdo legislativo, además, se expresa solidaridad con los familiares de los fallecidos, torturados y desaparecidos; exhorta a distintas instancias del sistema judicial (Ministerio Público, jueces, cuerpo de investigaciones judiciales, etc.) a concluir el proceso de identificación de las víctimas exhumadas en el Cementerio General del Sur, sector La Peste; exalta el derecho a manifestar y a protestar “en correspondencia con las libertades públicas y el respeto de los derechos humanos” (El Nacional, Ídem.); y, reconoce la voluntad del Gobierno Nacional de indemnizar a los familiares de las víctimas.

En la misma jornada del 25.02.05, el Ministerio Público (MP) informó que Indira Mora, fiscal 64º del Área Metropolitana de Caracas, solicitó ante el Tribunal 2º de Control una orden de captura “contra el ex presidente Carlos Andrés Pérez por su presunta responsabilidad en la instrucción implementación del Plan Ávila durante los sucesos de finales de febrero de 1989” (El Nacional, Ídem.).

En su comunicado, el MP aclaró que tiene previsto que, una vez que María Teresa Gómez Nieves, jueza 2° de Control, acuerde la medida, gestionará “lo conducente para dar cumplimiento a la orden y verificar la ubicación Pérez para garantizar su comparecencia a la audiencia de presentación y proceder a la imputación correspondiente” (El Nacional, Ídem.).

El 20.02.04, Alis Fariñas, fiscal 21º del Área Metropolitana de Caracas, acusó al general de División (Ejército) Ítalo Del Valle Alliegro, ex ministro de la Defensa, por su presunta responsabilidad penal respecto de los homicidios durante los sucesos de los días 27, 28 y 29 de febrero de 1989.

En la edición Nº 126 de este boletín electrónico se reseñó el desacato total, por parte del Estado venezolano, de la sentencia dictada sobre El Caracazo por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) el 29.08.02 (ver en el sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2003/coyuntura_126.htm#12).

Sin embargo, en el Informe Anual de Provea sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre 2003/septiembre 2004, se recoge que “el 26.11.03 la Comisión de Finanzas de la AN aprobó un crédito adicional de 8.918.814.600 bolívares solicitados por el Ministerio de Finanzas (MF) que permitiría al Estado iniciar el proceso de reparaciones en consonancia con parte del dictamen de la Corte IDH” (Provea, 25.02.05, http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/23organismosINTERNA.pdf).

En esa edición de su informe, Provea también destacó que “el 05.02.04 fue abierto el proceso de recepción de documentos para proceder al pago de la indemnización a las víctimas y familiares de víctimas quienes, asesorados por Cofavic, elevaron este caso ante las instancias del SIPDH. Días antes fue publicada en prensa una lista de los 170 beneficiarios, y el MF se comprometió a cancelar las indemnizaciones entre el 18 y el 20.02.04” (Provea, Ídem.).

Paralelamente, el Ministerio Público había anunciado la imputación del general de División (Ej.) Ítalo del Valle Alliegro, ex Ministro de la Defensa, “por su presunta responsabilidad penal respecto de los homicidios durante los sucesos del 27, 28 y 29 de febrero de 1989” (Provea, Ídem.). La acción la ejecutó la Fiscala 21º Alis Fariñas, bajo cuya jurisdicción se encuentra el expediente abierto por la denuncia sobre la muerte de Luis COLMENARES y Crisanto MEDEROS, ocurrida en El Caracazo.

De acuerdo a un reporte hecho público recientemente por el Área de Atención Integral de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, durante el año 2004 la violación de los derechos civiles en Venezuela se incrementó en más de un 51%. Para el año pasado, la Red de Apoyo recibió 91 denuncias de violación a los derechos civiles, 31 más de las que reportara en el año 2003 (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 11.02.05, [email protected]).

La organización venezolana de derechos humanos detectó que para el año 2004 el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue el cuerpo de seguridad del Estado que presentó mayor número de denuncias por violación al derecho a la vida en todo el ámbito nacional. Le sigue consecutivamente la Guardia Nacional (GN), la Policía del Municipio Libertador y la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), datos que coinciden con los registrados por Provea en su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela octubre 2003/septiembre 2004 (ver en sitio web
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/122017/06/vida.pdf).

La Red de Apoyo señaló que el CICPC también ocupó el 1er. lugar durante el año 2003 en cuanto a violación de los derechos civiles.

Según las estadísticas de la Red de Apoyo, el derecho civil más vulnerado durante el 2004 fue el derecho a la vida, con un 42% (38 casos), seguido por la violación del derecho a la integridad personal con un 41% (37 denuncias). En esta última categoría se agrupan los casos de maltratos, torturas y amenazas.

La organización observó que, en comparación con el año 2003, que acumuló 25 denuncias por violaciones al derecho a la vida, para el año 2004 éstas se incrementaron en más del 52%. En cuanto a la violación del derecho a la integridad personal, en contraste con el año 2003, en el 2004 se incrementó un 32%.

Una aproximación a las entidades federales arrojó que en el Distrito Capital y en el Edo. Miranda, se ubicó la mayor frecuencia de casos. La Red de Apoyo atendió el año pasado 33 denuncias por violaciones a los derechos civiles de personas residentes de estas entidades federales, lo que equivale a un 36% del total nacional. La misma situación, pero con un 12% más, se presentó en el año 2003.

Sobre la situación del derecho a la justicia, la Red de Apoyo resaltó que aproximadamente un 7% de los casos asumidos por la misma obtienen sentencia definitiva. En el año 2004 sólo 1 caso fue sentenciado mientras que 5 se encuentran en etapa de juicio.

El informe de la organización, también observó que un fiscal del Ministerio Público (MP) puede tardar más de 2 años para realizar una investigación y presentar una acusación en casos de violación a los derechos humanos.

La Red de Apoyo cree que esta situación de impunidad viene dada, entre otras cosas, por el excesivo número de causas que lleva cada fiscal y la negligencia del CICPC al momento de recabar las pruebas técnicas solicitadas y de responder oportunamente a las diligencias impartidas por el MP.

Otro mecanismo de impunidad que se repitió este año es la suspensión de audiencias preliminares y de juicios orales por tácticas dilatorias de la defensa, ante la mirada complaciente de fiscales y jueces, así como la tardanza en la constitución de los tribunales mixtos (con escabinos).

En opinión de la Red de Apoyo, los niveles de impunidad se acrecientan con la alta rotación o el cambio de fiscales en un mismo caso y la resistencia de estos funcionarios del MP para sustituir al CICPC de la investigación, en aquellos casos concretos donde dicho cuerpo pudiera estar involucrado.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz inició una campaña de acción urgente a favor de la familia Ceballos Peña, residenciada en el Edo. Carabobo y que es víctima de amedrentamientos y amenazas por continuar con la lucha por la búsqueda de justicia para el caso de Carlos CEBALLOS, quien fue asesinado presuntamente por funcionarios de la Policía Regional de Carabobo (PRC) el 19.09.04 (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 17.02.05, [email protected]).

La acción urgente busca presionar a las autoridades nacionales, para que tomen medidas que permitan el cese de tales acciones de hostigamiento contra César PEÑA, Areida ROJAS de Peña, Lorian CEBALLOS Peña y su núcleo familiar. El pasado 27.01.05, César Peña, (tío de Carlos Ceballos) fue víctima de allanamiento, amenazas e intento de detención arbitraria, por parte de 3 funcionarios adscritos a la PRC. Relató Peña que en la fecha mencionada se estacionó al frente de su casa una patrulla de la PRC identificada con la placa 34-XGAT. De la misma descendieron 3 funcionarios, 1 vestido de civil y los otros 2 con uniforme, portando armas de fuego. Uno de los uniformados le pidió la cédula de identidad para luego arrebatársela. Posteriormente, el funcionario se introdujo en su casa y, sin orden judicial ni explicación practicó un allanamiento. Ante la preocupación hecha manifiesta por Peña a los efectivos, el policía desenfundó su arma. Peña reaccionó intentando desarmarlo. Enseguida, sus acompañantes intervinieron arrastrándolo hacia fuera de su casa, intentando llevárselo detenido. Areida Rojas, Su esposa forcejeó con los policías para impedirlo y uno de ellos la empujó, causándole hematomas en la pierna. Otros familiares, vecinos y vecinas, lograron intervenir resguardando a Peña en casa de sus padres. Finalmente, el funcionario que inició el procedimiento le amenazó diciéndole: “Cuídate porque me la vas a pagar” (Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Ídem.). Estos hechos fueron presenciados por el hijo de Peña, de 7 años de edad y fueron denunciados ese mismo día ante Fiscalía 3º de Carabobo y ante la Dirección de Asuntos Internos de la PRC.

Ante esta situación, la Red de Apoyo solicitó a Isaías Rodríguez, Fiscal General de la República; a Flavietta Di Pede, Fiscal Superior del Edo. Carabobo; a Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo; a Yoel Pérez Marcano, Defensor Delegado del Edo. Carabobo; a Luis Felipe Acosta Carles, Gobernador del Edo. Carabobo; y, al Cnel. (GN) Nictor López, Director de la Policía del Edo. Carabobo, que se ordene una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con el objeto de identificar a los funcionarios que intervinieron para que se les ordene sus destitución.

También solicita la garantía de la seguridad e integridad física de la familia Ceballos Peña y de los testigos de los hechos, apostando en la puerta de sus viviendas agentes policiales miembros de un cuerpo policial distinto al involucrado.

Por último, exige que se vele por el respeto efectivo de los derechos humanos, conforme a las leyes nacionales, las normas internacionales ratificadas por el Estado Venezolano y, en general, las normas internacionales de derechos humanos.

Guárico

En una inspección sorpresa ordenada por los diputados que investigan las denuncias de abusos policiales, la Dirección de Armamentos de la Fuerza Armada Nacional (DARFA) detectó un total de 15 pistolas, revólveres, escopetas y municiones ilícitas en la comandancia de la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) en Valle de la Pascua. Los diputados Moisés Díaz Zamora (COPEI), José Ernesto Rodríguez (Movimiento Quinta República) y Moisés Villalba (Patria para Todos) integrantes de la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales (CPPIJDHGC) de la Asamblea Nacional (AN) que investiga las denuncias, explicaron que las armas “no tienen identificación, es decir, no están marcadas como propiedad de la Policía del Edo. Guárico. Ahora el DARFA procede a incautarlas y ejecuta los procedimientos de rutina, las experticias y otras diligencias. Ellos van a custodiar este material” (El Nacional, 12.02.05, pág. B/19).

La medida también fue practicada en la sede de patrullaje de Poliguárico, donde se incautaron 250 cartuchos de fusil 7.62 y otras 14 armas sin marcaje: 11 revólveres calibre .38, 1 pistola y 2 escopetas.

Todo este material quedó bajo custodia de los funcionarios del DARFA para practicarle las experticias de rigor y determinar si estas armas fueron utilizadas en alguna actividad ilícita (El Nacional, 13.02.05, pág. A/2).

Paralelamente a esta acción se efectuó, el 11.02.05, la segunda ronda de interpelaciones al gobernador Eduardo Manuit quien, como en la primera ocasión, se presentó acompañado por poco más de 300 personas, apostadas desde temprano frente a la sede militar que sirve de escenario para las audiencias.

También fue interpelado el comisario Wuilfredo Febres, ex jefe de la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA), a quien los diputados interrogaron sobre su participación en el caso del asesinato del comerciante Arturo HERNÁNDEZ (El Nacional, 12.02.05, Op. cit.).

A propósito de este caso, el gobierno español, a través de una delegación de funcionarios del Consulado General de España en Caracas, solicitó al Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) información sobre las investigaciones seguidas por el homicidio de este comerciante de origen canario. Su caso es uno de los que la AN investiga en el Edo. Guárico como presunta ejecución. Por este crimen, cometido el 12.02.04, fue imputado –y se le dictó orden de captura– el comisario Febres, junto a otros 5 funcionarios adscritos al BIA (El Nacional, 16.02.05, pág. A/4).

A las citas pautadas por la comisión legislativa no asistió la jueza Peggy Sevilla, titular del Tribunal 1º de Control de Valle de la Pascua, quien es requerida por los diputados para explicar las razones de la liberación de 4 funcionarios de Poliguárico capturados in fraganti por la Guardia Nacional (GN) en una hacienda en diciembre del año pasado cuando cobraban una extorsión ((El Nacional, 13.02.05, Op. cit.).

Otra medida acordada por la CPPIJDHGC relativa a esta investigación, fue la exhumación de 10 cadáveres de las supuestas víctimas (Agencia Bolivariana de Noticias, 17.02.05, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=1815), procedimiento que será ejecutado por fiscales del Ministerio Público (MP) y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) (El Universal, 16.02.05, http://www.eluniversal.com/2005/02/16/ccs_art_16268E.shtml).

El diputado Nicolás Sosa (Movimiento al Socialismo), presidente de la instancia investigadora, informó que los diputados volverán el próximo 28.02.05 a la entidad guariqueña para comenzar la primera ronda de exhumaciones. Además, explicó que la secretaría de la comisión aceleró su trabajo para cumplir con los procedimientos de ley que permitan realizar este procedimiento en menos de 10 días: “debemos tener órdenes judiciales de tribunales de Guárico y formar un equipo multidisciplinario de fiscales, forenses y nuestro personal técnico” (El Nacional, 18.02.05, pág. B/23).

Por su parte, Iris Varela (Movimiento Quinta República), vicepresidenta de la comisión investigadora, anunció nuevas inspecciones a los parques de armas de todos los comandos de Poliguárico y una nueva agenda de trabajo que incluye un plan de interpelaciones que comenzará en Caracas próximamente y que cita a 2 de los 15 alcaldes del Edo. Guárico: David Fares (PPT), del municipio Zaraza, y Valmore García (Podemos), del municipio Infante, Valle de La Pascua. En ambos casos, los diputados quieren conocer la participación de ambos despachos en algunas denuncias por supuestos abusos de autoridad (El Nacional, Ídem.).

Igualmente, será entrevistado el coronel (GN) Artemio Boada, quien fuera comandante de Poliguárico hasta septiembre del año 2000. El oficial fue el autor de varios informes en los cuales se le recomendaba al gobernador Manuitt la destitución de varios funcionarios, entre ellos el comisario Febres (El Nacional, Ídem.).

Aragua

Este 24.02.05 se presentaría ante la plenaria de la AN el informe sobre la situación de los casos de homicidios reportados como ejecuciones ocurridas en el Edo. Aragua. El diputado Ramón Rengifo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Legislativo responsable de su preparación adelantó que desde 1998 se reportan 1.150 personas fallecidas en situaciones que presumiblemente involucran la acción de agentes de la Policía Estadal de Aragua (PEA). Con la presentación de este informe, se marcará el inicio formal de la intervención legislativa para investigar estos hechos (El Universal, 22.02.05, pág. 1/9).

El informe de Rengifo plantea la interpelación ante la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Legislativo de Ángel Mercado, comandante de la policía estadal; María del Valle Roversi, directora de Inspectoría de ese ente; Olga Adames, Fiscal superior; y de Víctor Orta, delegado estadal de la Defensoría del Pueblo.

Informó Sara Mier y Terán, coordinadora general de la organización Comisión de Derechos Humanos Vida, Paz y Libertad del Estado Aragua, que asiste a los familiares de las víctimas, quienes simultáneamente han elevado estos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (El Universal, 21.02.05, http://www.eluniversal.com/2005/02/21/pol_art_21183A.shtml).

Luis Aguilera, integrante de la organización de derechos humanos Justicia y Paz de Aragua, explicó que la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en su 1er. período de sesiones, a iniciarse en marzo, se incluya una audiencia. En la misma estarán presentes Eloísa BARRIOS y Caudy BARRIOS, familiares de 4 víctimas de ejecuciones, a los que el 30.03.04, el Tribunal 9no. de Control del Edo. Aragua favoreció con medidas de protección, que fueron incumplidas por fiscales del MP a pesar de haber sido ratificadas por la CIDH.

Agregó Aguilera que «esa medida de protección había sido dictada pero la fiscal, en franca demostración de negligencia, no la implementó y los policías ejecutaron las amenazas de muerte que realizaron contra Luis Alberto y Rigoberto . Funcionarios de la GN acudían de vez en cuando a Guanayén , con papeles en blanco, y obligaban, con coacción y engaños, a la señora Barrios a firmarlos, aprovechándose de su condición humilde y a su desconocimiento de las leyes. Lo grave es que no se trata sólo de un engaño de los GN pues la fiscal, Olga Adames, envió a la Corte IDH esos formularios fraudulentos para hacerle creer que si se cumplía la medida de protección. Nosotros alertamos a la CIDH y ellos ya tienen conocimiento Por eso pedimos también la destitución de esa fiscal por parte del MP», alega Aguilera.” (El Universal, 21.02.05, http://www.eluniversal.com/2005/02/21/pol_art_21183C.shtml).

Según el último reporte de la Fiscalía de Derechos Fundamentales de Aragua, se han recibido denuncias por 600 casos que Mier y Terán atribuye a enfrentamiento con policías estatales, abuso de poder y ejecuciones. El 90% de estos casos son imputados a la PEA (El Universal, 21.02.05, Op. cit.).

Sin embargo, la activista de derechos humanos señaló que, por ejemplo, durante el mes de enero la PEA “mató a 14 personas e hirió a 2 más. Y, de paso, 9 personas murieron en forma violenta, sin que se conozcan los autores, y se encontraron 6 cadáveres de personas que fueron asesinadas de diferentes maneras. De los 14, 8 murieron por acciones del cuerpo policial de Aragua; 4 en supuestos enfrentamientos con funcionarios de la policía científica y 2 por guardias nacionales. Los heridos también son responsabilidad de la PEA” (El Universal, 21.02.05, Op. cit.).

El perfil de la mayoría de las víctimas es común: hombres con edades entre 14 y 25 años, sin antecedentes penales y de origen humilde. Muy pocos presentan 1 solo disparo en el cuerpo y, más bien presentan heridas por acribillamiento por la espalda. Las zonas de mayor riesgo parecen ser Cagua, San Mateo, Guanayén y Zuata (El Universal, 21.02.05, Op. cit.).

Según una fuente periodística, el Ejecutivo Nacional decidió devolver a la Asamblea Nacional (AN) el proyecto de Reforma del Código Penal (CP) que el pasado 09.12.04 fuera aprobado por mayoría exclusiva de los diputados del Bloque del Cambio (El Universal, 09.02.05, pág. 1/8). A decir de la fuente, “el presidente Chávez vetó la reforma por inconstitucional y por imprecisiones en la redacción”. En detalle, “la principal objeción que hizo el Ejecutivo en el escrito, mediante el cual le devuelve la ley a los diputados, fue la eliminación de los beneficios procesales, lo cual ‘indefectiblemente redundará en una crisis carcelaria derivada del aumento de la población reclusa’. En las 14 páginas en las que argumentó sus objeciones al instrumento legal, el jefe de Estado solicitó al Parlamento que modifique los artículos 215 (intimidación a los funcionarios públicos, criticado por la oposición porque penalizaría los cacerolazos), 297-A (difundir información falsa para causar pánico), 357 (cierre de vías), 376 (violación), 453 (hurto) y el artículo 455 (robo), a partir de las ‘observaciones de fondo’ entregadas. El Ejecutivo rechazó la eliminación de los beneficios procesales y/o medidas alternativas del cumplimiento de la pena, realizada a los artículos que penalizan el robo y el hurto, por cuanto violan los artículos 19 y 272 de la Constitución Nacional y el capítulo III, del libro V, del Código Orgánico Procesal Penal” (El Universal, Ídem.).

En otros extractos del documento destacados por la misma fuente, el Ejecutivo explicó que “En Venezuela, los imputados gozan de beneficios procesales, por tanto se han erigido como derechos adquiridos de los cuales sería imposible despojar. hace prevalecer siempre la rehabilitación y la reinserción social del interno y las penas no privativas de la libertad a las medidas de naturaleza reclusoria. Entonces, la eliminación de beneficios procesales en la Reforma Parcial del Código Penal, además de inconstitucional, indefectiblemente redundará en una crisis carcelaria derivada del aumento de la población reclusa».

En cuanto a la intimidación a funcionarios públicos (artículo 215), destacó la fuente que “el Ejecutivo observó ‘la utilización excesiva de conceptos jurídicos indeterminados’, lo cual deriva en una norma ‘imprecisa y discrecional’, por lo cual ‘no puede ser incriminable’, ya que en Derecho Penal una acción sólo puede imputarse cuando es ‘precisa, descrita y definida, además de castigada por una ley que con anterioridad ha sido puesta en vigencia Expresiones como: cualquier tipo de amenaza, acto de violencia contra su familia, alto funcionario y agente del delito’, contenidas en el artículo, ‘pueden caracterizarse como expresiones que remiten a una esfera de realidad cuyos límites no se precisan, por lo cual su aplicación no permite una solución justa en cada caso’. Requirió que se precise que la amenaza puede ser ‘oral, escrita o real’, y que ‘el sujeto que amenaza debe pretender causarle un daño grave e injusto al sujeto pasivo’. Además, el veto destaca que se establece la misma pena (prisión de 2 a 5 años) al delito de ‘pretender causar pánico’ y ‘causar pánico’ en la colectividad, a través de informaciones falsas difundidas por cualquier medio, por lo que solicita se respete el ‘principio de proporcionalidad abstracta, reconocido en la Constitución’. Considera innecesario que se contemple como agravante el que participe más de una persona en el cierre de una vía de circulación, ya que el mismo Código Penal (artículo 77) establece la sanción correspondiente”.

Sobre el delito de violación (artículo 376), la fuente subrayó que el veto “también considera innecesario que se incremente la pena a quien cometa una violación por medio de abuso de autoridad o de confianza bajo el pretexto de que ‘revisten un carácter particularmente degradante o vejatorio’, pues la violación ya tiene estas características per se”. Asimismo, la fuente apuntó que el Presidente hizo “observaciones de forma a la reforma de los artículos 143, 320, 408, 462, 472 y al 508”.

Por otro lado, la fuente indicó que el veto “no rechazó la reforma a la norma que establece un incremento de las sanciones a quienes difamen e injurien alguna persona a través de cualquier medio y que elimina los beneficios procesales para los condenados por estos delitos (artículos 444 y 446)”.

Además, el Ejecutivo se percató de que en su proyecto de reforma la AN incluía una derogación del Código Penal, «lo cual es incorrecto, ya que se estaría derogando parte del Código Penal vigente que no fue objeto de reforma y que se mantiene en el correspondiente texto refundido» (El Universal, Ídem.).

El veto del Ejecutivo dejó intacta la eliminación hecho por la AN del artículo 393 del CP, el cual reducía en un tercio la sanción para quien violara a una trabajadora sexual (El Universal, Ídem.).

Una versión no oficial de las observaciones del Ejecutivo a la reforma parcial del Código Penal pueden ser consultadas en el sitio web: http://www.eluniversal.com/2005/02/15/pol_esp_15A532711.shtml.

Según recordó otra fuente, la aprobación del instrumento jurídico, basado en un anteproyecto presentado por la diputada Iris Varela (Movimiento Quinta República), vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la AN (CPPIJDHGC), junto con el actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Luis Velásquez Alvaray, “habría levantado mucha inconformidad inclusive dentro de las filas de quienes apoyan al Gobierno” (El Nacional, 08.02.05, pág. A/2) por plantear un aumento en la cantidad de sanciones y penalizar algunas expresiones de manifestación pública.

La misma fuente observó que “entre los artículos más polémicos figuran los de difamación, injuria (444 y 446) y desacato (148 y 149), los cuales prevén prisión de 3 a 18 meses a quien ‘hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación’. Asimismo, establecen penas de seis meses a un año para quien ‘hubiere ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona’ En lo concerniente a las manifestaciones públicas (508) también se hizo un amplio debate, pues abre la posibilidad de sancionar los cacerolazos. En este caso se prevé arresto de un mes y multa de 100 unidades tributarias y de 2 meses y 200 unidades tributarias si hay reincidencia. El texto señala: ‘Si el hecho ha sido capaz de producir alarma en el público, a la multa podrá agregársele arresto hasta por un mes, y de dos a tres meses de arresto en caso de reincidencia’ Entre los artículos cuestionados también está incluido el 216, pues otorgaría prerrogativas a los funcionarios públicos, por sobre aquellos que no los son. ‘El que ejecute cualquier tipo de amenaza o acto de violencia contra un funcionario o servidor público por razón de sus funciones o contra su familia para simplemente intimidarlo con cualquier finalidad, o presionarlo a hacer o dejar de hacer algo propio a su función oficial será castigado con prisión de un año a tres años, y de dos años a cuatro años si todo ello fuere contra un alto funcionario’”.

En otra fuente se explicó que el procedimiento de devolución de una ley al Legislativo recién practicado por el Ejecutivo implica los siguientes pasos: i) el Presidente regresa la norma a la AN con el informe de todos los artículos objetados; ii) el texto del informe se reparte a cada diputado, mientras que la directiva del parlamento resuelve el «imprímase, distribúyase y remítase a la Comisión de Política Interior», instancia que participó en la Reforma del Código Penal; iii) el informe lo recibe la Comisión de Política Interior, la cual deberá producir un reporte que especifique la acogida total o parcial del veto; iv) la Comisión envía dicho reporte a la plenaria para que ésta lo someta de nuevo a votación con las modificaciones del Ejecutivo o sin ellas. En caso de que no se modifique la ley, el texto se reenvía al presidente de la República. Si éste después de 10 días no la firma, la directiva de la AN puede ponerlo en vigencia. En cambio, si la AN acoge el contenido del veto hecho por el Ejecutivo, se deja claro en el informe las recomendaciones para cambiar el texto de la ley; v) Las recomendaciones se discuten en plenaria y se vota lo que se acoja del texto; vi) una vez votado el informe con las recomendaciones se envía de nuevo al Ejecutivo para su publicación en Gaceta Oficial. La Asamblea también puede congelar la reforma y redactar o acoger un nuevo proyecto (El Universal, 10.02.05, pág. 1/6).

Desde que la CPPIJDHGC recibiera el pasado 16.02.05 el texto del Ejecutivo (El Nacional, 17.02.05, pág. A/6), Este informe será entregado a la Secretaría. Se espera que en una sesión especial, se le de visto bueno al veto.

Ante las objeciones de fondo a 4 artículos (215, 297-A, 453 y 455) y de forma a otros 11 hechas por el Presidente, el informe de la Subcomisión propone en cuanto al 215, que trata de las amenazas a un funcionario o su familia, que se mantenga la pena de 2 a 4 años; mientras que en caso de que la amenaza se cometa contra un alto funcionario aumentan la pena en relación con el veto, de 4 a 5 años.

Sobre el 297-A, que trata de “quien por medio de informaciones falsas pretenda causar pánico” en la población y “si efectivamente lo causa”, la Subcomisión planteó en su informe un año más que en la propuesta vetada (1 a 4 años y 2 a 6 años, respectivamente).

En relación con los artículos 453 y 455, sobre el hurto y el robo, la objeción presidencial solicitaba eliminar el parágrafo único que no permitía apelar en estos casos los beneficios procesales. En el informe de la Subcomisión se aceptó la propuesta (Últimas Noticias, Ídem.).

Según destacó una fuente, “al contrastar las observaciones hechas por el Ejecutivo al texto con el nuevo informe se observa que han variado cuantitativamente las penas para los delitos establecidos en algunos de los artículos modificados. Por ejemplo, con relación al artículo 215, sobre las amenazas o actos de violencia contra un funcionario público o contra su familia para intimidarlo o presionarlo, en el texto original se estipulaba: ‘Castigo con prisión de un año a tres años, y de dos a cuatro años, si todo ello fuere contra un alto funcionario. Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia de un funcionario, la pena de prisión será de 2 años a 4 años y de 3 a 6 años de prisión si el acto se realiza en el domicilio o residencia de un alto funcionario. En caso de que el agente del delito de amenaza fuera un servidor público, la pena se incrementará en una tercera parte’. El veto presidencial versó principalmente sobre los conceptos jurídicos indeterminados mencionados en este artículo. El Ejecutivo hizo observaciones en el sentido de que ‘se castigue por igual tanto a la persona que haya cometido efectivamente el delito o una acción que haya trascendido gravemente la esfera personal ajena, como aquella persona que sólo ha efectuado la amenaza de cometer tal hecho punible, lo cual transgrede el principio de proporcionalidad abstracta que informa que la pena debe ser proporcional entre el daño causado y el hecho cometido’. Al respecto, en la nueva redacción, se lee: ‘El que amenace a un funcionario público o a uno de sus parientes cercanos, con el fin de intimidarlo para hacer o dejar hacer algo propio de sus funciones, será castigado con prisión de 1 a 3 años. Si el hecho se ejecutare con violencia, la pena será de 2 a 4 años. Cuando los hechos descritos fuesen ejecutados en perjuicio de un alto funcionario de los señalados en el numeral 3 del artículo 266 de la Constitución, la pena será de 2 a 5 años. Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia del funcionario público, las penas se incrementarán en una tercera parte. Si el autor del delito fuere un funcionario público, la pena correspondiente se incrementará en 2 terceras partes’” (El Nacional, Ídem.).

La misma fuente observó que “en el caso del artículo 297-A, que se refiere a la pretensión de causar pánico o causar zozobra, las penas en el original era castigo con prisión de dos a cinco años; ahora, el artículo modificado señala que la pena será de 2 a 6 años. No se alteró en materia de penas, el artículo 357 que se refiere a quien coloque obstáculos en las vías, o perpetre voladuras, asalte o se apropie de un buque o aeronave o medio de transporte colectivo de carga, a quien asalte un taxi u otro vehículo colectivo. El texto propone nuevas redacciones para los artículos 453, sobre el hurto; 460 sobre el secuestro, y para el 470 sobre quien adquiera, reciba, esconda moneda nacional extranjera, títulos valores o efectos mercantiles proveniente de delito, así como para el artículo 506 referido a los cacerolazos”.

Una breve opinión del abogado Fernando Fernández sobre la devolución del proyecto de Reforma del CP puede consultarla en la sección ARTÍCULOS de esta edición, bajo el título: «Devolución del Código Penal».

María Virginia Trimarco, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sostuvo un encuentro con José Vicente Rangel vicepresidente de la República, en el cual presentó un balance de las acciones realizadas por su despacho para atender las personas refugiadas con motivo de las fuertes precipitaciones ocurridas entre la 2da. y 3ra. semana del mes de febrero.

En la reunión, Trimarco informó que “ACNUR reporta un total de 4.800 personas registradas como refugiadas, de las cuales se han entregado 3.400 a la Comisión Nacional de Refugiados para su tratamiento. Los datos aportados por Trimarco corresponden al registro de la frontera y centros urbanos donde destaca que 394 solicitudes han sido tratadas por la comisión. Consultada sobre el número de desplazados, señaló que se maneja la cifra de 100.000, entendiendo que son personas que se movilizan a Venezuela, pero que no permanecen en el país” (Prensa de Vicepresidencia, 22.02.05, [email protected]).

Otro de los temas abordados en el encuentro fue la apertura de las Secretarías Técnicas para Refugiados del Gobierno Nacional en los Edos. Apure, Táchira y, próximamente, Zulia. Para Trimarco “dicho sistema es de suma importancia, toda vez que permite trabajar con el gobierno en la determinación de quiénes son y quiénes no son refugiados y en la atención de comunidades de la zona” (Prensa de Vicepresidencia, Ídem.).

INVITACIONES A EVENTOS

La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús de América Latina (AUSJAL) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) invitan a docentes, educadores formales y no formales, graduados de diversas disciplinas sociales, líderes de organizaciones sociales y comunitarias, funcionarios públicos de los niveles locales y estadales, que trabajan o deseen trabajar en la defensa, promoción, educación o investigación de los derechos humanos, tanto en instituciones públicas como de la sociedad civil, a participar en esta alternativa de formación superior en el área de los derechos humanos.

El objetivo central de esta iniciativa es capacitar y sensibilizar para la defensa y promoción activa de los derechos humanos a los profesionales que se desempeñan en este campo, a través de un programa académico con una perspectiva interdisciplinaria y un enfoque integral.

El Diplomado combinará el esquema presencial tradicional con una metodología de educación a distancia apoyada en tecnologías de la información, lo cual permitirá que sea impartido en forma simultánea en 5 universidades latinoamericanas pertenecientes a AUSJAL: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Universidad Rafael Landívar (campus Quetzaltenango) de Guatemala, Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, Universidad Dámaso Larrañaga de Montevideo y Universidad Católica Andrés Bello de Caracas; pudiendo acceder a éstas, alumnos de otros países de la región con cercanía geográfica a las universidades sede.

El Diplomado se ofrecerá en una modalidad mixta (presencial y en línea) y tendrá una duración de 7 meses.

Se otorgará un Diploma de Estudios Avanzados en Educación en Derechos Humanos, el cual será expedido por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y estará avalado por el IIDH y AUSJAL.

La fecha de inicio será el 04.02.05. Las preinscripciones se pautaron desde el 21.02.05 al 04.03.05.

Para mayor información puede consultar los siguientes sitios web:

http://www.ausjal.org/sitios/educación/ddhh; http://www.iidh.ed.cr.

Temario: Herramientas Jurídicas para la Defensa de los Derechos Humanos
Fecha: Del 05 al 06.03.05
Hora: De 8:00AM a 5:30PM
Lugar: Edificio Juan XXIII, Torre a Madrices, piso 3. Lateral a la Catedral de Caracas
Costo: 15.000 bolívares. Incluye certificado y refrigerios
Inscripción e información por los telfs. 0212 564 75 09/563 18 23 o el correo-e:
[email protected].

La Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría Especial con Competencia a Nivel Nacional en el Área de Protección Juvenil, promueve el I Concurso Nacional de Ensayos sobre Derechos Humanos y Juventud, con la finalidad de «incentivar la investigación y análisis de los Derechos Humanos entre el segmento juvenil del país» (Defensoría del Pueblo, 17.02.05,
http://www.defensoria.gov.ve/detalle.asp?sec=20&id=530&plantilla=1).
El concurso está dirigido a jóvenes residentes en el país con edades comprendidas entre los 18 y los 28 años. El tema del ensayo será “Derechos Humanos y Juventud”. El participante podrá desarrollar libremente cualquier tópico referido a este tema. El ensayo tendrá un máximo de 12 cuartillas en hojas tamaño carta y deberá escribirse en letra tipo Times New Roman tamaño 12. Deberá ser escrito por una sola persona y no podrá participar personal de la Defensoría, ni familiares hasta el 3er. grado de consanguinidad.
Las fechas de recepción de los ensayos están comprendidas entre el 07.02.05 hasta el 18.02.05. El ensayo podrá entregarse en la sede de la Defensoría del Pueblo de cualquiera de las entidades federales del país. Al momento de su entrega, el/la participante recibirá una constancia de participación en el concurso. La Defensoría designará el jurado y los resultados serán anunciados y publicados en la prensa nacional. Se estima que para el 10.04.05 se darán a conocer el resultado de la deliberación del jurado.
Se entregará al/a ganador/a un premio único que consiste en una computadora equipada con impresora y una bibliografía sobre los derechos humanos.
Para cualquier información puede acercarse a la Defensoría Especial con Competencia a Nivel Nacional en el Área de Protección Juvenil, edificio Defensoría del Pueblo ubicado en la Calle Villaflor, avenida Casanova, Sabana Grande, nivel mezzanina 1, Caracas; o comunicarse por el teléfono 0212 707 01 19 o el correo-e: [email protected].

La Campaña Continental Contra el ALCA, convoca al IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA, a efectuarse en La Habana, del 27 al 30.04.05.
Según el movimiento a cargo de la convocatoria, “la lucha contra el ALCA ha sido victoriosa y fructífera en el año que acaba de finalizar, no solo porque el gobierno de Estados Unidos no pudo establecer su proyecto anexionista en la fecha que había previsto, sino también porque ha crecido vigorosamente la conciencia latinoamericana y caribeña de que las grandes metas de independencia, progreso, democracia y justicia social, únicamente podrán conquistarse en el proceso de la lucha por conseguir la verdadera integración económica y política de Nuestra América” (Campaña Continental Contra el ALCA, 17.02.05, [email protected]).
No obstante, asegura que el ALCA no ha muerto todavía definitivamente, “así como ha tratado de impulsar un llamado ‘ALCA light’ y ha ido imponiendo los leoninos ‘Tratados de Libre Comercio’, podrá idear incluso nuevas fórmulas para cumplir sus designios” (Campaña Continental Contra el ALCA, Ídem.).
Los organizadores esperan que para este IV Encuentro “los representantes de todos los países del hemisferio se proyecten sobre un escenario continental cuyas vivencias políticas han madurado extraordinariamente” (Campaña Continental Contra el ALCA, Ídem.).
Para los convocantes, “hoy la lucha contra el ALCA, los TLC y el neoliberalismo en el Norte, en el Centro y el Sur de América, demandan estrategias de coordinación, organización y movilización mucho más complejas y ambiciosas que en años anteriores Los acuerdos y planes que suscribamos han de estar encaminados a liberarnos para siempre del saqueo transnacional de nuestros países; de la ingerencia imperialista en los asuntos que solo conciernen a los pueblos latinoamericanos y caribeños; de la ominosa deuda externa, que nos arrebata con usura el fruto de nuestro trabajo y sirve como pivote para la imposición de la políticas económicas más convenientes al imperio; de la pobreza que agota a nuestros pueblos y expanden en nuestras tierras los flagelos del hambre, la ignorancia y las enfermedades; del fundamentalismo de mercado que nos esclaviza en la mala conciencia del egoísmo y la regla bestial de sálvese quien pueda” (Campaña Continental Contra el ALCA, Ídem.).
En ese sentido, convocan a todas las fuerzas que han venido actuando en el marco de la Campaña Continental de Lucha contra el ALCA: representantes y miembros de las organizaciones sociales y políticas de América; a indígenas, negros, sindicalistas, campesinos, estudiantes, pobladores, religiosos, ambientalistas, antibelicistas, defensores de derechos humanos, creadores, comunicadores, parlamentarios, artistas e intelectuales, hombres y mujeres de todas las razas y pueblos de las Américas.

ARTÍCULOS

«Los proyectos anunciados recientemente por el actual presidente de Corpozulia ubica al Zulia como zona de sacrificio al determinar la profundización del modelo extractivo primario exportador, dentro de la estrategia hegemónica imperial de integración regional portuario vial energética diseñado y financiados por la banca regional y mundial a través del Plan Puebla Panamá (PPP) y la Integración de la Infraestructura Regional Sur Americana (IIRSA).

Estos proyectos se enmarcan en las iniciativas de los grandes capitales energéticos mineros que se estructuran alrededor de Corpozulia y desde la gigantesca empresa privada brasileña Vale do Río Doce para la conformación de Carbosuramérica.

El aporte por parte de Corpozulia de 236,5 millones de dólares americanos para la construcción del primer modulo de Puerto América o Puerto Simón Bolívar: el 0Terminal Carbonero de la Isla de San Bernardo’en el Golfo de Venezuela a 430 metros del Canal de Navegación del Lago de Maracaibo y a 280 de los espacios de playas más importantes del Zulia, contradice la legislación ambiental que obliga la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte del Ministerio del Ambiente y los recursos Naturales, y el sometimiento del mismo de una consulta pública; así mismo, lo anunciado hasta ahora por el Gobierno y la multinacional del carbón Inter-American Coal Holding, N.V./Trans-Coal de que este puerto de carbón sería construido sólo con el aporte del capital privado.

Se obliga aclarar que el 16/09/03 la comisión Evaluadora del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Terminal Carbonero de la Isla de San Bernardo del Estado Zulia del Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM) presentó serias observaciones a la Línea de Base del EIA presentado por la multinacional del carbón Inter-American Coal Holding, N.V./Trans-Coal a través de la empresa holandesa de ingeniería ambiental la Royal Haskoning y la venezolana INESPA, financiado por Banco Mundial. Así mismo la comisión señaló impactos irreversibles a los moradores de la isla San Bernardo/San Carlos y a los distintos ecosistemas involucrados en la obra del terminar carbonero.

El aporte para la construcción del puerto minero, confirma el mismo presidente de Corpozulia, está sustancialmente acompañado de otra inversión de 280,5 millones de dólares americanos para iniciar la construcción de la Vía Férrea Minas del Guasare-Puerto de Carbón de 100 kilómetros aproximadamente.

El General Martínez Mendoza anuncia además, por una parte, en este orden de ideas minero portuario vial, que se desembolsará además 345 millones de dólares americanos en el 2005 para construir un nuevo Puente sobre el Lago que en dos años debería estar concluido, pues bien este puente es la anterior propuesta del Paseo Litoral del Lago de Soto Luzardo – COSA/Cipower Service Limited – y Carlos Andrés Pérez I (Guajira colombo/venezolana, Nazareth/El Moján, Isla de Toas/San Bernardo/San Carlos/Zapara, Los Puertos de Altagracia) que acompaña la propuesta multivial de Puerto América, garantizando así una salida más competitivos desde Colombia a los negocios del gran capital hacia los mercados del sureste de los Estados Unido y Europa; por otra parte, afirma que se invertirá, ya no para el norte sino para el sur del Lago, 8 millones más de dólares americanos para construir el Puerto Gabarrero de Encontrados que permitirá la conexión con Colombia, Lago Maracaibo-Río Catatumbo, mediante el sistema de transporte multimodal con el Eje Orinoco-Apure y los Estados Táchira y Mérida, es decir los Ejes de Integración Río de la Plata-Amazona-Orinoco y el de Brasil-Venezuela-Guyana-Surinam de la IIRSA.

Esta vía fluvial va acompañada, a espalda de los interese nacionales y soberano de la patria, en una primera instancia, del dragado previo del río Catatumbo para sacar trenes de gabarras trasportando carbón del Norte de Santander, Colombia, así como de Casigua El Cubo, Machiques de Perijá, Jesús María Semprún y Táchira en camiones hasta Encontrados, y en una segunda instancia, por la construcción de una vía ferroviaria que empalma a Colombia con La Fría y a ésta con el Puerto de la Ceiba y/o Encontrados a construir por PDVSA por 1.503,83 millones de dólares americanos (petróleo sobre rieles) con dinero provenientes del proyecto Ceuta-Tomoporo, pero en contrapropuesta se asignará sólo 30 millones de dólares americanos para el desarrollo endógeno de estos pueblos a impactar por la extracción de más de 850 millones de barriles de petróleo.

Con más préstamos y dinero sacado de distintas partidas presupuestarias, el Gobierno viene invirtiendo astronómicas cifras de dinero para garantizar la energía necesaria a consumir por el imperio y la construcción de soluciones portuarias y de megas vías que nada tiene que ver con las necesidades del pueblo y de un verdadero desarrollo endógeno del país. Toda esta magna infraestructura minero energético portuario vial de carácter venezolano-regional suramericano beneficiará a intereses económicos exógenos del gran capital exportador colombiano y trasnacional, así como satisfacer las necesidades de la paranoia consumista que hoy caracteriza el tren de vida de los ciudadanos de Estados Unidos y de las grandes metrópolis europeas.

Esta energía fósil y la infraestructura mencionada se inscribe en el denominado Eje de Desarrollo Occidental que no es otra cosa en Venezuela que el brazo final del Eje de Integración Andino de la IIRSA que nos imponen las trasnacionales y el gobierno de Washington por interacción la banca regional y mundial y la político tecnocracia ministerial venezolana.

Pero el General de Corpozulia señala cifras en bolívares cuando se refiere al desarrollo para la Guajira: para Mara, 19 millardos de bolívares para la recuperación de las instalaciones del Fuerte Mara y el desarrollo productivo de ovinos y caprinos y la constitución de galpones para las gallinas ponedoras y, para Páez, 9 millardos de bolívares en ovinos y caprinos, planta procesadora de sal para consumo animal, frutales de ciclo corto, yuca entre otros, así mismo anuncia la construcción de las carreteras de Camama-El Tigre-Carretal y Botoncito-Los Puertecitos.

Estos proyectos sustancialmente obedecen a intereses exógenos que en verdad nada tiene que ver con las reales necesidades del pueblo zuliano y del imperativo revolucionario de conformar paralelamente una fuerte economía social popular solidaria que se levante como alternativa segura a la economía de mercado globalizada neoliberal que conecta al Zulia a los centros de poder que estructura el gran capital trasnacional y exportador en los distintos países de la región; y, por ello, la necesidad impuesta de exportar más carbón y petróleo, así como la construcción del gasducto Trasguajira/Panamá/Estados Unidos y de las nuevas exploraciones gasiferas, en observación por la Cancillería colombiana, en el Golfo de Venezuela a través del proyecto Rafael Urdaneta de PDVSA Gas.

Dentro de este marco geoeconómico y de geopolítica regional en la cual se suscribe los proyectos de la Corpozulia y la PDVSA de hoy, se nos haría más fácil entender porque el embajador de Colombia en Venezuela, Enrique Vargas, detalló el 05/02/05 que unos de los puntos más importantes de la agenda de la cumbre entre Chávez y Uribe, que no ha podido efectuarse por la laberintitis que sufre el Presidente del vecino país, está la circulación de la gasolina, de las gandolas trasportando carbón de Colombia y el gasducto Trasguajira/Panamá.

A la información anunciada en la prensa regional por la corporación zuliana hay que agregarle los fuertes desembolsos a realizar en materia minera que el año pasado llegó a 1.110.079.486 bolívares en adelantos minero administrativos para la explotación de los lotes de carbón de Casigua XVIII, XX, XXI, XXII, y XXIII (18.800 ha), la hoja geológica de Sinamaica, Rosario de Perijá, Ciudad Ojeda y Mene Grande, de arena silícea en La Raya, municipio Baralt, prospección geoquímica en Páez, Mara, Jesús Enrique Lossada y Rosario de Perijá, exploración de Barita, Cobre y Caliza Marmórea en el municipio Jesús Enrique Lossada y Mara, ornamento en el Muelle de Minerales de Corpozulia y un foro de promoción minera (con un costo de 30 millones de bolívares).

Gran parte del presupuesto de Corpozulia se destina a fortalecer una economía de mercado energético globalizada impuesta por las multinacionales y los Estados Unidos y no en función de construir una economía alterna de participación y de bienestar social tendiente a buscar soluciones democráticas a los problemas estructurales de la región y del país, al contrario asta situación llevará a profundizar la crisis de los excluidos en el Zulia representados en los indígenas, los campesinos y los pescadores artesanales, pero muy en especial en seguir degradando aún más las fuentes hídricas, la biodiversidad de la fauna del la Sierra de Perijá y de sus ríos, el Lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela, la salud de los trabajadores y de los vecinos aledaños a los puertos y vías del carbón. Esta última apreciación es lo que sustenta en verdad la competitividad de nuestro carbón.

Cuando el General Martínez Mendoza aseguró en declaración a la prensa regional del 15/11/03 que el dinero que llegará a la corporación por pasar Carbozulia de PDVSA a Corpozulia será de tal magnitud que ‘podría indigestar a Corpozuli´’ y por ello la necesidad de crear el Fondo de Desarrollo para la Región Zuliana, el movimiento ecologista le propuso a través de un documento de fecha 12//12/03 acompañado de una concentración popular frente a las puertas de la corporación que gran parte de la suma de este dinero debería ser invertido principalmente en la construcción, mantenimiento y equipamiento de dos clínicas especializadas en enfermedades respiratorias ubicadas en El Paraíso/El Bajo municipio San Francisco y en Santa Cruz de Mara dado el impacto producido por el polvillo del carbón a los vecinos aledaños a los muelles carboneros, la indemnización a los trabajadores de minas y puertos enfermos por neumoconiosis por carbón hoy despedidos por las empresas mixtas de Carbozulia/Corpozulia: Carbones del Guasare, S.A. y Carbones de La Guajira, S.A., la ampliación a cuatro canales de la inadecuada carretera por donde se desplazan las 24 horas del días las gandolas transportadoras de carbón en la parroquia Luis de Vicente del municipio Mara, aceptará además, dada la cercanía y el impacto producido a la población, la mudanza de las operaciones del mulle de Trans-Coal ubicado en San Francisco al Muelle de Minerales de Corpozulia ubicado en La Cañada de Urdaneta, indemnizara las viviendas cuarteadas por la vibración que genera la circulación de tantas gandolas transportadoras de carbón, que aportara una ayuda mensual a los niños huérfanos cuyos padres habían muertos en accidentes viales o en arrollamientos ocasionados por las gandolas transportadoras de carbón, que la corporación o Carbozulia indemnizara a las personas lisiadas en dichos accidentes viales, que se le permitiera acceso a las minas y muelles a los ecologista para hacer inspección y las auditorias pertinentes, que se evaluara el impacto ambiental, socia, económico y cultural generado 18 años de explotación carbonífera. Aún el General y el Directorio de Corpozulia guardan silencio, quizás por ello es que asegura que con Kyoto o sin Kyoto el carbón va» (Aporrea, 23.02.05, http://www.aporrea.org/dameletra.php?docid=12215).

«Hay barro en las quebradas de Vargas. Afortunadamente hasta ahora (09.02.05, 03:00PM) las lluvias no han acumulado la misma cantidad de agua que en diciembre de 1999. El promedio anual de 40 años es 510 mm. En 1999 alcanzó 1.910 mm y llovió durante 15 días continuos, llegando hasta 911 mm en 3 días. Hoy, hasta ahora, la situación no es así de grave, el aeropuerto de Maiquetía funciona. Pero Vargas está de rodillas.

En diciembre de 1999 este gobierno lideró un rescate de gran éxito, dinamismo y compromiso con la gente y el futuro.

Y todo el país ayudó con profundo amor y solidaridad. Y por decisión presidencial creamos la Autoridad Única de Vargas, y desde allí ingenieros, arquitectos, urbanistas y geólogos hicimos un proyecto de vanguardia para proteger a la gente de Vargas y un proyecto urbanístico para generar calidad de vida para todos, especialmente los más necesitados, y generar empleo y rescatar el acervo histórico.

A finales de 2000 se creó Corpovargas para que hiciera esos proyectos, pero en 2003 los cambió y construyó presas abiertas de gaviones (cajas de reja metálica con piedras en su interior) que pueden flotar con el paso de un barro de alta densidad como el que en 1999 movió inmensas rocas y destruyó edificios. Apartó los proyectos urbanísticos y se limitó básicamente a aisladas obras, algunas mal hechas.

Un informe de Corpovargas de 2003 titulado: Documento de justificación de modificaciones efectuadas por Corpovargas a los proyectos de Control de Torrentes dice: ‘Las canalizaciones propuestas implican aproximadamente 70% de la inversión estimada en cada una de las cuencas a proteger, cuyo funcionamiento será por un período de no más de 60 días al año, lo cual no se justifica considerando la relación beneficio/costo’.

El argumento es absurdo.

Así no se justificaría la inclusión de estructuras sismorresistentes en edificios, puesto que una vida útil prevista de 50 años de una edificación no justificaría una inversión para un sismo de unos segundos. Las obras de retención y manejo de torrentes son para situaciones especiales, y para salvar las vidas y minimizar los daños. Esa opinión pone en duda la comprensión que Corpovargas pueda tener hoy de lo que significa el riesgo de la población.

Vargas está de rodillas para que las lluvias cesen, para que cesen las obras mal hechas, se corrijan y se atienda el peligro, para que hablen los expertos, y el Gobierno continúe su labor, su compromiso con la gente y el futuro» (Ultimas Noticias, 11.02.05, pág. 43).

«Es raro encontrar a alguien opuesto a esta simpática expresión. ¿Cómo ‘oponerse’ a la diversidad cultural? En principio todos parecen estar de acuerdo. No haría falta un esfuerzo tan grande para generar una gran confluencia alrededor de este concepto (lo mismo que para la enorme cruzada por la bio-diversidad). Pero mire usted que la cosa no es tan simple. La fulana diversidad cultural tiene sus retruques y a la vuelta encontramos ya los síntomas de grandes desacuerdos. La primera constatación que salta a la vista es que en efecto la diversidad cultural en el mundo está amenazada (como están amenazadas la diversidad biológica y los equilibrios medioambientales) ¿Amenazada por quién, por qué?

El más grave peligro proviene de las dramáticas asimetrías que caracterizan al mundo globalizado. Los intercambios culturales padecen la misma patología que el resto de los flujos comerciales, tecnológicos y comunicacionales. No es un dato aislado. Se trata de una misma lógica que tiene sus específicas consecuencias en el terreno simbólico y estético. La tendencia ‘natural’ de los mercados culturales reproduce coherentemente la dependencia Norte Sur, la hegemonía que viene de los viejos tiempos del colonialismo, los culturicidios que han sido perpetrados desde el descubrimiento de América, por ejemplo. Las cosas han cambiado en los tiempos que corren pero ingenuo sería creer que las fuerzas hegemónicas y los intereses históricos que están por detrás se han evaporado milagrosamente. De esa conciencia mundial de las amenazas reales a la diversidad cultural nació hace poco en la Unesco la famosa Declaración sobre la Diversidad Cultural que supuso un primer paso en el camino de construir una plataforma de compromisos y obligaciones que pudieran revertir el cuadro de asimetrías que hoy constatamos. A pesar de que este tipo de instrumentos no significa todavía una garantía de intercambios culturales equilibrados, ha sido sin duda alguna un aliciente para las nuevas batallas que se libran hoy a propósito de la Convención sobre Protección de la Diversidad Cultural. En esta última fase de este largo proceso han aparecido nítidamente las concepciones y los intereses que están chocando. Está suficientemente claro a estas alturas que el mercado cultural no funciona en clave de diversidad, es decir, su aparente ‘variedad’ se inscribe en la lógica del pensamiento único, en la corriente unidireccional de las industrias culturales del Norte posicionadas en el Sur. Ese mercado de bienes y servicios culturales no hace si no reproducir la vulnerabilidad que está instalada estructuralmente en los modelos socio-económicos de una globalización hegemónica. De ese modo, las prácticas culturales autóctonas, las expresiones de culturas milenarias, de comunidades geográficamente aisladas, de grupos sociales marginalizados, están amenazadas severamente por la propia lógica de ese mercado cultural. Es ese el contexto en el que se da hoy el debate sobre diversidad cultural.

No se trata de una discusión academicista destinada a reflotar las viejas querellas entre esta o aquella tendencia de la antropología. Tampoco es una diatriba entre culturólogos para ver quién define mejor el concepto. Está en juego ciertamente una concepción de la cultura en la que intervienen todos los debates teóricos que se libran —y se siguen librando— en las agendas de los Estudios Culturales, de los Estudios Posmodernos y muchos otros matices. Pero sobre manera está jugándose una intrincada red de intereses corporativos y geopolíticos que pocas veces aparecerán abiertamente. Es más simpático aplaudir la diversidad cultural frente a un auditorio sensibilizado y en la trastienda conspirar para obstaculizar los acuerdos.

Es muy rentable la táctica de aparecer en público con una retórica a favor de la diversidad cultural y ‘por debajo de cuerda’ boicotear con tácticas dilatorias y otras argucias parlamentarias. Esa es la realidad de los debates actuales en el seno de la Unesco sobre esta convención. No quiere ello decir que el trabajo esté perdido o que no haya nada que hacer. Al contrario, la experiencia indica que el solo hecho estar discutiendo esta convención representa una derrota de los grandes intereses hegemónicos que han hecho lo imposible por evitarla. Más que eso: luego del trabajo de elaboración que se ha consolidado hasta este momento, con dos reuniones intergubernamentales de expertos de por medio, se puede estimar que las cosas están saliendo bien. Falta una reunión más en mayo de este año y se habrá terminado el trabajo para que la Conferencia General de la Unesco apruebe en octubre el texto de esta convención. Me parece que los logros hasta hoy serán irreversibles. Lo que han acordado 180 países hasta este momento difícilmente podrá ser torcido por intereses oblicuos. Ello no significa que todo está arreglado ni mucho menos. Lo que es importante en todo caso es que se ha concertado un texto que en lo fundamental respeta el espíritu de contar con un instrumento legal que pueda significar un efectivo apoyo para la protección de la diversidad cultural amenazada» (El Nacional, 18.02.05, pág. A/9).

«El Ejecutivo Nacional devolvió la Ley de reforma parcial del Código Penal, que fue sancionada recientemente, bajo varios argumentos. El de mayor peso es el de la inconstitucionalidad de lo que coloquialmente se ha llamado “beneficios procesales” para ciertos delitos. Es evidente que esta norma, felizmente rechazada, habría llenado nuevamente las cárceles venezolanas presos sin condena.

Esta preocupación de la Presidencia de la República coincide con el estudio económico hecho por la propia Asamblea Nacional antes de sancionar la Ley según el cual se deberán construir más cárceles, debido al carácter exclusivamente represivo del instrumento. En tal sentido, se viola el artículo 272 constitucional que asigna a las penas un carácter resocializador y no meramente retributivo. Para nadie es un secreto el drama de las cárceles venezolanas.

En mi libro Crímenes, delitos y faltas (2003) publicado por LIVROSCA, tres informes, diversos artículos de prensa y varios foros públicos advertí los problemas de inconstitucionalidad de la reforma parcial del Código Penal que venía proponiéndose desde mediados del año 2003. La devolución de dicha ley por parte del Poder Ejecutivo, nos ha dado la razón.

Uno de mis argumentos a mediados del año 2004 fue el siguiente: ‘… A manera de conclusiones preliminares, las razones por las que considero inconveniente al interés nacional, innecesaria, errónea e inoportuna la aprobación de esta reforma parcial del Código Penal, y de cualquier otro intento que se base en la descodificación, es que se enreda aun más la enmarañada y calamitosa situación de la legislación penal venezolana, tal como he mantenido en numerosos artículos y otras obras mías’.

Como es sabido, la principal fórmula de prevención de delito es el conocimiento cierto e inequívoco de la ley penal, lo que es imposible si se mantiene el viejo Código Penal de Zanardelli en convivencia con la legislación penal descodificada en más de 70 leyes diferentes. En síntesis, tal desorden de la legislación penal afecta sensiblemente los derechos humanos y no garantiza una eficaz justicia penal. Además, agravaría la crónica crisis penitenciaria a niveles de ingobernabilidad.

En fin, celebro la devolución de la reforma parcial del Código Penal como un nuevo triunfo de los derechos humanos de los presos, quienes han expresado mediante distintas acciones la necesidad de una reforma integral de la legislación penal, pero atendiendo a las realidades penitenciarias que requieren ser transformadas sin más dilación» (Tal Cual, 11.02.05, pág. 15).

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP)
Año: 2000
Editorial: Ediciones el Papagayo
Sinopsis:
«En este material se analizan los derechos, garantías, deberes, órganos y sanciones contemplados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en materia educativa.
Con el fin de iniciar y/o profundizar una discusión en torno a la incorporación efectiva de los derechos, garantías y responsabilidades de los niños y adolescentes en los centros educativos» ([email protected]).

Autor: Jim Shultz
Año: 2002
Editorial: Fundación Ford; Fundar
Sinopsis:
«Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son obligaciones legales de los gobiernos, establecidas en una variedad de acuerdos sobre derechos humanos. Los presupuestos son mecanismos para la asignación de recursos públicos, y consecuentemente, instrumentos clave para el cumplimiento de estos derechos. Este informe se desprende de una conferencia de tres días llevada a cabo en Cuernavaca, México, en enero de 2002, en la cual activistas internacionales de derechos humanos y de presupuestos se sentaron a examinar juntos los vínculos entre estos dos importantes ámbitos de actividad, para dar un mayor impulso a los derechos económicos, sociales y culturales» ([email protected]).

Autor: Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Año: Noviembre 2004
Número: 52
Sinopsis:
«La OIT cumple 85 años: cimientos sólidos para el trabajo decente Primer análisis a escala mundial: el VIH/SIDA tendrá un gran impacto en el mundo del trabajo. Diez años después: una década de progreso para los pueblos indígenas. Nuevo estudio de la OIT: el desempleo juvenil alcanza un máximo sin precedentes» ([email protected]).

Autor: Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)
Año: Diciembre 2004
Número: 391
Sinopsis:
«Foro Mundial sobre Reforma Agraria: actualiza la agenda internacional. Venezuela: Ley de Responsabilidad Social. Brasil: La cara del gobierno Lula. Comunidad Sudamericana: ¿retórica o independencia?. Globalización neoliberal: pesca de pequeña escala» ([email protected]).

DOCUMENTOS

«En los casos de desastres naturales, como el ocurrido recientemente en diferentes regiones del territorio nacional, es necesario que las autoridades, familias y comunidades, empleen criterios básicos para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia sin discriminación de ningún tipo.

Aspectos fundamentales a garantizar en los refugios:

1.-No separar al grupo familiar.
2.- Atención y protección de las niñas, niños y adolescentes por su familia y personas capacitadas..
3.- Coordinación de los equipos gubernamentales y no gubernamentales que están atendiendo los refugios.
4.- Registro con la identificación de todas las personas, clasificadas por edad, sexo y grupo familiar para el adecuado control por parte de las personas responsables de los centros, del traslado y ubicación
5.-Que lleven consigo sus documentos de identificación. No quitárselos, en caso de haberlos extraviado, las autoridades deben activar los mecanismos para su obtención.
6.-Evaluar y hacer seguimiento de las condiciones de salud de la población, para detectar en que condiciones llegan y tomar las previsiones necesarias. En caso de enfermedades, infecto contagiosa, en lo inmediato, tomar medidas para evitar el contagio, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.
7.- Garantizar la lactancia materna.
9.- Alimentación balanceada, atendiendo el desarrollo de los niños y niñas, higiénicamente elaborada y servida.
10.- buen trato a los niños, niñas y adolescentes y protección contra el abuso sexual. No debe aceptarse manifestaciones de maltrato verbal, físico ni abusos sexuales. tanto de familiares como las autoridades responsables de la atención y protección de la población refugiada
11.-Los padres u otros familiares deben permanecer en todo momento al cuidado de los niños y niñas: dormir en el mismo ambiente, permanecer cerca al momento de alimentarse, recibir atención médica, hacer sus necesidades, asearse, recrearse…
12.-La condición de damnificado no impide cooperar, asumir tareas y responsabilidades. La inactividad, dependencia, victimización, dificulta la recuperación social y emocional de las familias.
13.-La condición de damnificado debe ser muy breve, es responsabilidad de las autoridades, resolver a prontitud la reubicación de las familias en viviendas dignas, en especial y con carácter prioritario las familias con niños, niñas y adolescentes.
14.- Aprender qué enseña esta circunstancia y vivencia. Aprovechar estos momentos para reflexionar sobre lo ocurrido, ¿Cómo se puede prevenir o disminuir el riesgo?, ¿Qué hacer en esos casos? y en especial: ¿Cómo cuidar el ambiente, y la naturaleza? La importancia de evitar contaminar los ríos, votar escombros, basura, muebles y objetos viejos en ríos, quebradas…
15- Atender la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Es importante la recreación, pero no debe sustituir la necesidad de expresar emociones (miedo, rabia, angustia, tristeza), tanto niños como adultos, y contar con profesionales para orientarlos y apoyarlos ¿Cómo disminuir y abordar los efectos psicológicos, emocionales del trauma en los niños, niñas y adolescentes? El dolor no se distrae, cuando se asume y procesa la posibilidad de recuperación de los duelos y trauma es menos complicado» (CECODAP, 17.20.05, [email protected]).

«Con profunda preocupación los periodistas integrantes de la Asociación Civil Los del Medio hemos sido testigos, como todos los venezolanos, de los cada vez más frecuentes intentos de la Fiscalía General de la República de vulnerar el derecho al acceso a la información y la garantía de protección del secreto periodístico, consagrados en el artículo 28 de la Constitución Nacional, así como en el artículo 8 de la Ley del Ejercicio del Periodismo.

A través de citaciones, interrogatorios, allanamientos, imputaciones y acusaciones, el Ministerio Público ha pretendido desconocer, no sólo la protección constitucional que tenemos los periodistas, sino también los principios que rigen la profesión. Condenamos esta actitud del organismo llamado a ser el garante de la legalidad en el país.

Consideramos que estas prácticas, lejos de contribuir al esclarecimiento de los delitos que se deben investigar, tienen como propósito amedrentar a los comunicadores sociales, así como a las fuentes de información y, en definitiva, crear condiciones para la autocensura.

Por mandato legal, la reserva de los documentos oficiales y específicamente los que corresponden a averiguaciones de carácter penal, constituye una obligación impuesta a los funcionarios policiales, fiscales y judiciales encargados y no a los periodistas, cuyo deber es divulgar responsable y oportunamente cualquier asunto que sea de interés social.

El derecho a la información y a la libre expresión son pilares del sistema democrático. Sin ellos, el resto de los derechos resultan ilusorios y ese es el riesgo al que estamos sometidos.

Exigimos a las autoridades, y en particular a las del Ministerio Público, que reorienten sus recursos y esfuerzos hacia el cumplimiento de su deber con estricto apego al Estado de Derecho, en vez de malgastarlos con la pretensión de doblegar la voluntad de los periodistas venezolanos de seguir cumpliendo fiel y éticamente el suyo» (El Nacional, 18.02.05, http://www.el-nacional.com/#).

«Amnistía Internacional condena el asesinato de la religiosa Dorothy Stang, de 74 años, el pasado 12 de febrero en Anapú. Brasil. La Hermana Dorothy fue abatida a tiros cuando se dirigía andando a una reunión.

La Hermana Dorothy, natural de Ohio, en Estados Unidos, trabajó como activista de los derechos humanos y el medio ambiente en la región amazónica durante más de treinta años y había sido objeto de constantes amenazas de muerte a consecuencia de su trabajo. Este asesinato es el más reciente de los centenares de asesinatos de sindicalistas y activistas en favor del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra en el estado brasileño de Pará que Amnistía Internacional ha documentado a lo largo de varias décadas. La violencia se ha visto agravada por la negligencia prolongada de las autoridades estatales y federales en la lucha contra la impunidad y en la protección de los defensores de derechos humanos en peligro.

Amnistía Internacional pide a las autoridades federales y estatales que se aseguren de que se pone fin de manera definitiva a la violencia y al miedo sufridos por tantas personas en el estado de Pará. Las autoridades federales prometieron recientemente que tomarían medidas para remediar la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en la zona y es de vital importancia que estas promesas se traduzcan rápidamente en acción. Estas medidas deben incluir los pasos necesarios para desarmar y disolver todas las milicias armadas ilegales y para reformar el sistema judicial y las fuerzas de policía, con el fin de garantizar una respuesta efectiva a la violencia. También se deben tomar medidas inmediatas para proteger a los defensores de derechos humanos y los activistas en favor de los derechos sobre la tierra frente a las amenazas de muerte.

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo denunciando la violencia en el estado de Pará, al igual que la falta de acción al respecto por parte de las autoridades. Los madereros y mineros ilegales así como los grandes terratenientes han recurrido cada vez más a la contratación de pistoleros y a la creación de milicias armadas ilegales para proteger sus intereses económicos. Las personas que luchan para defender los derechos humanos, los derechos sobre la tierra, los derechos laborales o la protección del medio ambiente han sido objeto constantemente de amenazas, ataques y asesinatos a consecuencia de su activismo.

La violencia se sostiene por la extrema lentitud del sistema judicial que hace que persista una situación de impunidad. El año pasado la organización católica Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) manifestó que sólo cinco personas estaban cumpliendo penas de cárcel por los 976 asesinatos cometidos en todo el territorio nacional entre 1985 y 1996. En el estado de Pará hay casos como el de El Dorado dos Carajás, donde 19 activistas en favor de los derechos sobre la tierra fueron asesinados por miembros del cuerpo de la policía militar, causa esta que, nueve años después de la matanza, sigue pendiente en los tribunales» (Amnistía Internacional, 18.02.05, [email protected]).

«Cartagena, febrero 11 de 2005.

Crece la oposición al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

La séptima ronda de negociaciones del TLC efectuada en Cartagena demostró que aumentan las dificultades de los gobiernos andinos para suscribir este tratado y que al lado de una vigorosa movilización popular, nuevos sectores se muestran preocupados, inconformes y aún opuestos al mismo.

Se ha repetido nuevamente el penoso espectáculo de las anteriores rondas, donde los gobiernos andinos han llegado con nuevas concesiones a las mesas de negociación y los estadounidenses han respondido con nuevos desplantes y ratificando su posición intransigente. En ninguno de los temas que se consideraban cruciales y sobre los cuales se anunció que habría negociaciones intensas, se avanzó. Los andinos cedieron en propiedad intelectual, en el tema agrícola, en inversiones y en muchos otros aspectos, pero Estados Unidos mantiene su posición inicial, no se mueve ni un milímetro y solo acepta que se adhieran a sus exigencias. En estas circunstancias han tenido que prolongar la negociación, anunciar microrondas y dejar abierta la fecha de terminación.

Este entrabamiento del tratado se debe a que ha aumentado la resistencia popular. En Colombia decenas de miles de personas salieron a la calle, en Ecuador y Perú también hubo movilizaciones y se anuncian para las semanas siguientes nuevas acciones populares. También nuevos sectores productivos manifiestan su preocupación y aún entre los negociadores hay un ambiente de pesimismo y zozobra. Las delegaciones gubernamentales se dividen y los ánimos se caldean. No le es fácil a los gobiernos inmolar a los países en el altar del libre comercio.

Las organizaciones sociales hicimos una intensa jornada de debate, discusión y movilización y la prensa tuvo que registrar la importancia de las opiniones discrepantes; organizaciones andinas que se hicieron presentes en Cartagena expresaron su voluntad de profundizar su lucha.

En estas circunstancias, vemos con optimismo el avance de importantes movilizaciones andinas. La campaña ‘Ecuador Decide’ ha logrado reunir medio millón de firmas para realizar un referendo contra el TLC; en Colombia los pueblos indígenas, campesinos y sectores sociales del departamento del Cauca en el marco del Mandato Indígena y Popular han llamado a una consulta ciudadana en cinco de sus municipios y la campaña peruana contra el TLC avanza en recoger miles de firmas para obligar al parlamento a que estudie el tema del referendo. Por otra parte el pueblo Boliviano sigue impidiendo con su intensa movilización que el gobierno participe oficialmente en las negociaciones.

La nueva etapa de este proceso que ahora se alarga, exige la más amplia unidad, la incorporación de nuevos sectores sociales, el reforzamiento de la campaña de educación popular y la búsqueda de una más estrecha solidaridad de los pueblos andinos.

Por eso llamamos a:

  • Apoyar y reforzar la campaña ‘Ecuador Decide’ que es una posibilidad concreta de detener la suscripción del TLC por parte del gobierno de Lucio Gutiérrez;
  • Respaldar y divulgar la iniciativa de los pueblos indígenas y campesinos del departamento del Cauca en Colombia, para asegurar que ella se realice con garantías democráticas y promover la veeduría internacional de la consulta;
  • Apoyar la campaña peruana por la recolección de firmas para exigir que el parlamento convoque un referendo;
  • Divulgar la experiencia Boliviana que por medio de la lucha por la nacionalización de los hidrocarburos y en contra de la privatización del agua, ha impedido que el gobierno de ese país se sume oficialmente a las negociaciones;
  • Hacer un llamado a las organizaciones populares y democráticas de todo el continente a que apoyen la lucha andina contra el TLC;
  • Fortalecer los lazos con organizaciones democráticas en Estados Unidos para intensificar la divulgación de los efectos nocivos del tratado y actuar ante el parlamento estadounidense;
  • Promover una declaración de parlamentarios de los países andinos en contra del TLC;
  • Realizar jornadas de movilización paralelas a la próxima ronda que se realizará en Washington entre el 14 y el 19 de marzo y promover que las acciones en el marco de la Semana de Acción Mundial contra el Libre Comercio, a realizarse del 9 al 19 de abril, estén orientadas a detener el TLC andino con EEUU.

Suscriben:

Campaña ‘Ecuador Decide’, Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLC y el ALCA, Campaña peruana de lucha contra el TLC y el ALCA, Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca, Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC» (Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, 15.02.05, [email protected]).

Del 24 de enero al 03 de febrero de 2005

Boletín electrónico Nº 150

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DEL MES DE ENERO

02 Día Internacional de los Humedales
04 Intento de Golpe de Estado contra presidente Carlos Andrés Pérez (1992) 
06-12 Conmemoración de la Semana del Estudiante que pivoteó la primera huelga general de Venezuela (1928)
11 Día Mundial del Enfermo
12 Día Internacional de los Niños Soldados
12 Día Nacional de la Juventud
21 Día Internacional del Idioma Materno
27 Conmemoración de los hechos ocurridos en febrero-marzo de 1989, conocidos como “El
Caracazo”

INVITACIONES A EVENTOS

En el marco de su XXV aniversario, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) invita a participar en este concurso, cuyo objetivo es orientar la mirada sensible y perceptiva de fotógrafos y personas aficionadas a la fotografía sobre el grafitti como expresión de nuestra cultura popular, a modo de encontrar la imagen que ilustrará el XXIII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, dedicado al tema en mención, así como las actividades relativas a su aniversario.

Las fotos pueden mostrar grupos de personas cuya actitud refleje el tema del concurso, mostrando, a la vez, un grafitti como telón de fondo. También pueden reflejar el ambiente alrededor de un grafitti revelador, así como detalles que nos conducen a comprender mejor cómo entendemos en América Latina la participación ciudadana y el ejercicio de nuestros derechos políticos.

  1. El concurso es abierto a todos los fotógrafos aficionados y profesionales sin distinción de nacionalidad o lugar de residencia.
  2. El tema es “Democracia, derechos políticos y participación ciudadana”, pudiéndose hacer las tomas en cualquier ciudad de América Latina.
  3. Cada autor puede presentar hasta 10 obras a color, que enviará en archivos digitales. El lado menor no debe ser inferior a 20 cm, ni el mayor superior a 40 cm. Deberán tener una resolución de 300 dpi. La manipulación digital está permitida.
  4. Las fotografías deben enviarse por correo-e o postal a la dirección de contacto, consignando la siguiente información: los datos del autor (nombre completo, documento de identidad), título de la obra, dirección postal, correo electrónico y teléfono. También deberán consignar el lugar de la toma.
  5. Envíos y vencimiento: las obras podrán remitirse hasta el día 15.02.05 a la siguiente dirección:
    «Concurso de fotografía», Unidad de Información y Servicio Editorial, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Apartado Postal 10081-1000, San José, Costa Rica; o a [email protected].
  6. El jurado estará integrado por los funcionarios del IIDH a cargo de la organización del XXIII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos.
  7. Se otorgarán los siguientes premios, que no podrán ser declarados desiertos ni acumulativos:
    1º Premio: $400
    2º Premio: $100
    3º Premio: $100
    Menciones a consideración del Jurado.
  8. Las obras quedarán en poder del IIDH. Los participantes autorizan a que sean publicadas, como parte de las actividades relativas al XXIII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, así como a las del XXV aniversario del IIDH, mencionándose en todos los casos el título y nombre del autor, quien conserva sus derechos de propiedad intelectual.
  9. La selección de obras premiadas se llevará a cabo el 18.02.05; los resultados serán notificados el 22.02.05.
  10. Se evitará el envío de obras que incluyan grafittis con palabras ofensivas, así como mensajes de contenido políticamente incorrecto.

El XXIII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos tendrá lugar en San José, Costa Rica, del 18 al 29.07.05, con ocasión de conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la fundación del IIDH. Como en todas sus ediciones, el curso será un espacio académico de capacitación y diálogo, intercambio de experiencias y de propuestas de acción para la búsqueda de soluciones a los problemas de derechos humanos de la región (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 21.01.05,
[email protected]).

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Entre el 26 al 31.01.05, se efectuó en Porto Alegre, Brasil, la V edición del Foro Social Mundial (FSM), que contó con la participación de 155.000 personas, entre ellos, 35.000 integrantes, 6.880 comunicadores y 2.800 voluntarios y voluntarias de 135 países. Para esta edición casi 6.000 organizaciones, redes y movimientos sociales de 122 países participaron en la programación de 2.500 actividades, un número que superó las desarrolladas en ediciones pasadas (Foro Social Mundial, 31.01.05, http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=caminhada_esp).

Este evento nació con el fin de contraponerse a la realización del Foro Económico Mundial, realizado anualmente en Davos, Suiza por el Grupo de los 7 países más industrializados del planeta y por los organismos económicos multilaterales.

El FSM surgió en Porto Alegre, sede de su 1ra. edición en el año 2001, como un espacio para el debate democrático de ideas, profundización de la reflexión, formulación de propuestas, intercambio de experiencias. Desde sus inicios articula las propuestas de diversas organizaciones de la sociedad civil opuestas al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital y el imperialismo. Su carácter es no confesional, no gubernamental y no partidario. Tampoco es una entidad ni una organización. No pretende ser una instancia representativa de la sociedad civil mundial, por lo tanto no toma decisiones. Busca la construcción de una sociedad basada en el ser humano como su centro.

Entre las propuestas temáticas del FSM están la construcción de una globalización solidaria, de respecto a los derechos humanos, entre las naciones y hacia el medio ambiente, apoyada en sistemas e instituciones internacionales democráticas al servicio de la justicia social, de la igualdad y de la soberanía de los pueblos.

Actualmente el FSM contribuye al fortalecimiento de una coalición internacional de diversos movimientos y organizaciones sociales, dentro del principio del respeto a las diferencias, la autonomía de ideas y formas de lucha. Para ello, facilita la articulación descentralizada y en red para emprender acciones concretas, en el ámbito local e internacional.

Además del encuentro anual del FSM, se organizan Foros Sociales Temáticos, cuya finalidad es la de profundizar en temas específicos considerados prioritarios; y Regionales, con el objetivo de acercarse a las realidades sociales macro-regionales (Foro Social Mundial, Ídem.).

Las actividades de este año se organizaron en torno a 11 ejes: Resistencia a la Globalización Cultural; Oposición a las Guerras; Defensa del Agua como bien No Privatizable; Pensamiento Autónomo y Diversidades; Comunicación; Bienes Comunes de la Tierra y los Pueblos; Orden Democrático y Luchas Sociales; Economías Soberanas; Paz y Desmilitarización; Ética, Cosmovisiones y Espiritualidad; El Arte y la Creación, entre otros. El temario que recogió más inscritos fue Derechos Humanos y Dignidad (Aporrea, 27.01.05, http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=55439).

Finalmente, conviene destacar que el Consejo Hemisférico Américas del FSM resolvió realizar el II Foro Social Américas 2006 en Venezuela, de acuerdo con el formato descentralizado adoptado para la próxima edición del evento mundial (Lista de correo-e Pasalavoz, 31.01.05, [email protected]).

El Comité Preparatorio del II Foro Social de América (FSA), a cargo de la materialización de este evento, entre el 24 y el 26.01.06, quedó conformado por Jacobo Torres, de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT); Santiago Arconada, dirigente de las Mesas Técnicas de Agua; y el Profesor de la Universidad Central de Venezuela, Edgardo Lander (Servicio de Prensa Electrónica de Gobierno en Línea, 26.01.05, [email protected]).

Ante la Resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que invalidó los comicios sindicales que realizó la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) el 25.10.01, Provea se dirigió el pasado 18.01.05 a la sociedad venezolana en los siguientes términos:

  1. Condenamos la resolución aludida, por considerar que la misma forma parte de una violación continuada por parte del CNE del derecho de libertad sindical, reconocido en el artículo 95 de la Constitución, así como en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este derecho comporta la libertad de los trabajadores de elegir a sus representantes de acuerdo a sus propios estatutos sindicales, sin que en modo alguno esa facultad pueda recaer en un organismo ajeno al propio sindicato.
  2. Pese a que el artículo 293 de la Constitución faculta al CNE para la organización de las elecciones sindicales; en virtud del artículo 23 de la Constitución se deben aplicar preferentemente las disposiciones del Convenio Nº 87 de la OIT, el cual tiene jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno, por contener normas más favorables al goce y ejercicio de los derechos humanos que las establecidas en la normativa nacional. De acuerdo con dicho Convenio, las autoridades públicas deben abstenerse de participar en la administración y las actividades de los sindicatos, así como de intervenir en la elección de los representantes de tales organizaciones.
  3. Por tal razón, tal como lo venimos señalando desde 1999, reiteramos que el CNE carece de competencia para organizar elecciones sindicales, por cuanto ello constituye una injerencia indebida en el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente.
  4. Instamos al Gobierno a que dé cumplimiento a las Recomendaciones dadas por el Comité de Libertad Sindical, y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, quienes reiteradamente señalaron la necesidad de suprimir las funciones del CNE en lo que respecta a las elecciones sindicales, a través de la derogatoria del # 6, artículo 293 de la Constitución, así como del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que otorga competencia al CNE para organizar las elecciones de los sindicatos, proclamar a los candidatos electos, conocer y declarar la nulidad de la elección, así como conocer recursos y resolver las quejas y reclamos. En este sentido, cabe subrayar que sólo el Poder Judicial está facultado para resolver las controversias sobre la legitimidad de la representación de las organizaciones sindicales, por lo que lo instamos a decidir con celeridad, y en apego al derecho a la libertad sindical, en todas las demandas interpuestas.
  5. Exhortamos a las organizaciones sindicales del país, independientemente de sus inclinaciones de naturaleza política o sindical a reivindicar la autonomía de las organizaciones sindicales, a adelantar procesos de democratización y participación interna y a no interponer los intereses políticos coyunturales en desmedro de principios y conquistas históricas del movimiento sindical (Provea, 18.01.05, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2005/cp_180204.pdf)

Ante el debate generado en el país por la aplicación de medidas estatales enmarcadas dentro de un proceso de reforma agraria, Provea se manifestó el pasado 25.01.05 en los siguientes términos:

  1. Evaluamos de manera positiva la voluntad política expresada por el gobierno nacional y los gobernadores de estado, tanto de la alianza gubernamental como de la oposición, de adoptar medidas orientadas a combatir el latifundio y democratizar la propiedad de la tierra, pues ello es consistente con los derechos a la tierra y la seguridad agroalimentaria. Considerando los antecedentes de extrema polarización política vivida en los últimos años, saludamos la coincidencia entre el gobierno y sectores de la oposición en cuanto al diseño y ejecución de una política pública de dimensiones nacionales, entre otros aspectos.
  2. Recordamos que es una vieja aspiración de los sectores pobres del campo, ser beneficiarios del otorgamiento de tierras para ser trabajadas, teniendo de esta forma mayores posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. La democratización de la tenencia de la tierra puede ser un paso importante para avanzar hacia una modificación de la estructura económica y social agraria del país.
  3. Sin embargo, esta adjudicación no basta. Como la experiencia lo ha demostrado, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina dependerá también de que se garantice a los beneficiarios de la adjudicación, asesoría técnica y crédito para que la tierra recibida pueda ser convertida en unidades productivas; así como la satisfacción de otros de sus derechos: salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros.
  4. Ratificamos que el proceso de lucha contra el latifundio debe darse en el marco del estado de derecho. En tal sentido, rechazamos la posibilidad de que entes distintos a los establecidos en la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario (LTDA), adelanten procesos de afectación o futuros procesos de expropiación de tierra agraria. Los gobernadores pueden promover y facilitar los procesos que le corresponden al Instituto Nacional de Tierras, (INTI), pueden prestar apoyo técnico y facilitar la organización de los productores y campesinos, pero no pueden afectar tierras, ni entregar cartas agrarias, ni realizar expropiaciones, funciones que le corresponden única y exclusivamente al INTI.
  5. El Estado en sus distintas instancias y componentes, debe garantizar a todo propietarios sus derechos a la propiedad, a procesos judiciales y administrativos justos y transparentes y al pago oportuno y justo de indemnización, en caso de ser afectados por medidas de expropiación. De la misma manera, en el caso de tierras ociosas, deben garantizar a los propietarios la expedición de los certificados de finca mejorable, tal como lo establece el artículo 52 de la LTDA.
  6. El gobierno nacional no debe otorgar cartas agrarias sobre tierras de propiedad privada si previamente no se realizan los procedimientos de expropiación de las mismas, de conformidad con la Constitución y la ley. Si por causa de utilidad pública o interés social, el Ejecutivo Nacional considera que una determinada extensión de tierra debe ser expropiada, lo exhortamos a cumplir con el artículo 115 de la Constitución que establece que “la expropiación de las tierras agrarias sólo podrá realizarse mediante sentencia definitivamente firme, compensando al afectado con un pago oportuno de justa indemnización».
  7. Consideramos necesario que tanto el Ejecutivo Nacional, como los gobernadores, promuevan instancias que faciliten la participación de los diversos sectores interesados en intervenir en el proceso de reforma agraria o de aquellos que se pudieran ver afectados. Estas instancias deben garantizar la participación de las organizaciones campesinas, de las organizaciones de grandes y medianos productores, de las universidades con carreras en el área agraria y sin discriminación de algún tipo, en particular, por razones de orientación política. Mientras mayor sea el consenso construido para el diseño y ejecución de las políticas para el campo venezolano, mayores serán las posibilidades de disminuir los niveles de violencia política y social y de éxito en la transformación de la estructura agraria del país.
  8. Solicitamos al Ministerio Público, mayor celeridad en las investigaciones relacionadas con los numerosos asesinatos cometidos contra luchadores sociales en el campo. El castigo a los culpables de dichas muertes, es imprescindible para generar precedentes de justicia que desestimulen a quienes consideran que la violencia es un instrumento para disminuir cualquier tipo de conflicto o diferencia. (Provea, 25.01.05,
    http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2005/cp_250105.pdf)

Eliézer Otaiza, presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), informó el pasado 17.01.05, que solicitó al Ministerio de la Defensa (MD) permisos para el porte de escopeta para los reservistas que trabajarán en las unidades de producción ubicadas en zonas fronterizas, como “parte de esquemas agroproductivos, en donde estos reservistas van a trabajar en ganadería y siembra, al tiempo que ofrecerán seguridad a los lugareños de zonas fronterizas” (El Universal, 18.01.05, pág. 1/12).

Otaiza había anunciado el pasado 03.01.05, que solicitaría la contribución de los reservistas de la Fuerza Armada Nacional (FAN) en la custodia de las tierras y en las fronteras, donde los campesinos son víctimas de «insurgentes y paramilitares» (El Universal, Ídem.).

El funcionario explicó que esta medida se enmarca en el programa que contempla la instalación de unidades militares, dedicadas a la producción agrícola en puntos estratégicos de la zona fronteriza, como los Edos. Táchira, Mérida y Barinas. Acotó Otaiza que dicho programa busca proteger a los trabajadores del campo, así como evitar que ocurra cualquier tipo de atropello o incidente mayor con estos campesinos, en ocasión del decreto contra el latifundio.

Recordó que la petición al MD no representa una novedad, pues fue implantado en el país por el propio presidente Chávez hace tiempo. Añadió que, con el fin de retomar esta medida, se encuentra “en la búsqueda de personal pues no serían todos los de la tropa los que porten escopeta. Eso dependerá de la zona en la que se encuentren” (El Universal, Ídem.).

Marisol Plaza, Procuradora General de la República, comentó que “no debe haber alarma de la población, sino que debe comprenderse como una medida de protección” (El Carabobeño, 19.01.05, pág. A/9). Detalló Plaza que la medida busca impedir que se repitan la escalada de la violencia que devino en la muerte de decenas de dirigentes campesinos, ocurridas en los últimos 4 años mientras defendían el proceso de democratización de la tenencia de la tierra.

En el mismo sentido de Otaiza y Plaza se pronunció Elías Jaua, titular del Ministerio de Economía Popular (MEP), quien anunció que se tiene contemplado que 147.000 personas adiestradas en la Misión Vuelvan Caras, que formarán cooperativas agrícolas e industriales en nuevas zonas de desarrollo endógeno, “recibirán capacitación y adiestramiento militar para que puedan defender sus tierras” (El Nacional, 25.01.05, pág. A/18).

A juicio de Jaua la formación militar es parte de la política de desarrollo endógeno: “estas personas no sólo cumplirán una labor social de desarrollar el campo, sino que también ejercerán la defensa de la soberanía nacional al ocupar áreas que han estado abandonadas y a la orden de grupos armados fomentados por terratenientes y paramilitares no sólo corresponde a los militares la defensa militar de la nación, sino al país el modelo de desarrollo endógeno busca la ocupación de todo el territorio. Y la garantía de la defensa de la soberanía nacional, de modo que esto no tiene porque ser motivo de alarma. Nuestra Constitución lo establece y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas estipula el ejercicio de la reserva como un derecho y deber de todos los venezolanos y eso es lo que ha venido aplicando este gobierno” (El Nacional, Ídem.).

Además, Jaua confirmó que todas las personas participantes de la Misión Vuelvan Caracas, denominadas por el Ejecutivo con el nombre de “lanceros” recibirán en un futuro capacitación militar “como orden cerrado, maniobras militares uso de armamentos y otras actividades propias en cualquier entrenamiento militar de una reserva en este y otros países” (El Nacional, Ídem.).

En relación con este plan llevado a cabo por el Ejecutivo, Provea advierte sobre la potencial situación de peligro que representa la creación de estas unidades paramilitares. Este tipo de planes en vez trabajar en la disminución de la violencia en el campo y garantizar la seguridad, pudiera incrementarla.

El otorgar porte de armas y armas a civiles para que asuman la seguridad ciudadana, puede conllevar a abusos por uso indiscriminado de las armas. De la misma manera puede dar pie a la actuación de grupos que, al margen del control estatal, asuman el ejercicio de la justicia por su cuenta y a situaciones de violencia parecidas a las ocurridas con las denominadas “Rondas Campesinas” Fujimori, en Perú o a situaciones semejantes al paramilitarismo en El Salvador, Honduras y Colombia.

La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado que, si bien puede incorporar a civiles para que cooperen, esto no debería implica la distribución de armas para descargar en ellos la responsabilidad fundamental de preservar la seguridad.

Los movimientos indigenistas y ambientalistas del Edo. Zulia están preparando una marcha hasta el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, para manifestar su desacuerdo con la autorización de nuevas concesiones para la explotación de carbón en un sector de la Sierra de Perijá, que es reserva ecológica y territorio donde habitan integrantes de las comunidades barí y yukpa.

Lusbi Portillo, profesor de La Universidad del Zulia (LUZ) y coordinador de la organización “Homo et Natura”, denunció que las nuevas concesiones fueron otorgadas a 2 compañías que operan desde hace tiempo en la Sierra con procedimientos que han contaminado a los ríos Guasare y Socuy, obligando a los habitantes de los municipios Páez y Mara de dicha entidad federal a ingerir agua con residuos de este mineral e inhalar polvillo del carbón.

Portillo advirtió que los efectos de la intensificación de estas prácticas extractoras de carbón “dejarían sin agua a Maracaibo , Miranda, La Concepción, La Paz y El Moján, por cuanto las 2 represas que surten a estos municipios –Tulé y Manuelote- serían contaminadas. ‘Eso es demasiada explotación para unos suelos tan frágiles en el piedemonte de la Sierra de Perijá, que son montaña Además, el impacto que han generado las Minas Norte y Paso Diablo en la zona de La Guajira ha mermado el agua” (El Mundo, 01.02.05, pág. 6).

Además de identificar el impacto presente y futuro de la extracción carbonífera, Portillo calificó esta apertura de nuevas concesiones mineras como contradictoria con respecto al discurso ambientalmente sostenible e indigenista que el Ejecutivo Nacional siempre ha sostenido, así como también con la tendencia mundial al cierre de industrias mineras y termoeléctricas para poder cumplir con el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático, del cual Venezuela es signatario (ver edición N° 147 de este boletín electrónico en http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_147.htm#05). Vale recordar que este tratado internacional, establecido en 1997 como complemento de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de 1992, busca disminuir la emisión de gases con efecto invernadero entre el periodo 2008-2012.

Ángela González, activista wayuu e integrante de la radio comunitaria Nikiza Cachirí, comentó que “por las empresas carboníferas nos van a hacer salir de nuestras tierras que son productivas. Nosotros tenemos ganadería y agricultura. No es posible que nos expropien, ni siquiera han dicho a dónde nos reubicarían pero no nos sacarán porque el problema es la contaminación del agua, del ambiente” (El Mundo, Ídem.).

Los activistas señalaron que previamente a la convocatoria a esta marcha, han enviado comunicaciones al Ejecutivo y establecido algunos contactos con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), sin obtener mayor atención. Observó Portillo que con esta marcha esperan que el Presidente Chávez “escuche la otra versión, porque la que él tiene es la economicista, no tiene la visión ecológica, de bioregión, de centro de agua, de biodiversidad. Ellos justifican la explotación alegando que aquí hay una baja densidad demográfica pero resulta que es una importante reserva ecológica” (El Mundo, Ídem.) Al Ejecutivo entregarán un documento, en el que solicitarán “la derogación de concesiones de carbón en La Guajira y en Perijá, en las tierras de los Barí, los Wayuu, por un bien público, un bien social” (El Mundo, Ídem.).

Para implementar esta y otras estrategias de presión pública, los movimientos involucrados en esta lucha formaron un Comité de Agua por la Vida como contrapeso a la explotación carbonífera liderada por la empresa estatal Corpozulia-Carbozulia, que produce 10.000.000 de toneladas anuales, pero aspira a triplicarse en 3 años (Tierramérica, 01.02.05, http://www.tierramerica.net/2005/0129/ecobreves.shtml).

Dicho Comité también participó en la V edición del Foro Social Mundial (FSM), donde planteó las amenazas de la explotación carbonífera a las étnias aborigenes Yucpa, Barí y Wayúu y a las fuentes de agua que surten las poblaciones del norte del Zulia (Lista Electrónica Ambientalista, 30.01.05, [email protected]). A este foro asistieron Elpidio González y Portillo.

Conviene recordar que, a favor de éste último, Provea efectuó un llamado urgente el pasado mes de diciembre de 2004, a la comunidad nacional e internacional con el objeto de denunciar las amenazas de las que viene siendo victima por parte del General de Brigada Carlos Martínez, presidente de Corpozulia-Carbozulia, y también por el ingeniero Juan Rojas, funcionario del Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Venezuela. Los detalles sobre esta denuncia, pueden consultarse en el sitio web de Provea: http://derechos.org.ve/actualidad/au161204.htm.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo viene incumpliendo lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Constitución. Numerosas acciones de amparo reposan en la Corte esperando pronunciamiento de admisibilidad y que se establezca el día en el cual se realizará la audiencia constitucional.

Un conjunto de habitantes de la urbanización Nueva Tacagua esperan desde el 29.09.04 que la Corte se pronuncie sobre la admisibilidad de una acción de amparo que fue interpuesta contra el presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI).

Pese a que la Constitución garantiza el derecho a una justicia expedita y establece que los tribunales deben tramitarlo con preferencia a otro asunto. Un total de 120 días no ha sido tiempo suficiente para que los magistrados analicen si el amparo cumple con los requisitos de forma que establece la Ley de Amparo.

En conversaciones sostenidas por abogados de Provea con abogados que acuden a la Corte, estos expresaron su disgusto por el excesivo retardo procesal existente. A diferencia de la Corte Segunda, desde que reinició sus actividades, la Corte Primera no ha realizado ninguna audiencia constitucional.

El retardo que acusa la Corte tiene aún menos justificación si tomamos en cuenta que dicho órgano judicial estuvo cerrado durante más de 10 meses y se produjo una considerable paralización de las diversas causas que en él se tramitaban (Provea, 02.02.05).

Según informó a Provea la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el pasado 07.01.05 se reactivó el Consejo Regional de Salud del Edo. Amazonas, después de permanecer aproximadamente 8 meses inactivo. En esta reunión se presentaron 9 proyectos de ejecución del Plan de Salud Yanomami. Además, la Coordinación de Pueblos Indígenas del MSDS nombró a José Antonio Kelly como coordinador de Salud del Plan Yanomami, e igualmente, se programaron las próximas reuniones para establecer la metodología y aplicabilidad del mismo.

Esta reunión brindó esperanzas para la solución de la continua denuncia por la falta de asistencia médica a las poblaciones de difícil acceso de la región, la cual permanece en situación de emergencia desde julio del año pasado. Desde esa fecha la situación en la zona se tornó más precaria porque las autoridades públicas no reemplazaron los médicos que asistían a los sectores de Mavaca, Platanal, Parima, permanecieron sólo los médicos cubanos adscritos a la Misión Selva Adentro en La Esmeralda, sin posibilidades de movilizarse ni de cubrir las necesidades que se presentaban.

Entre las medidas que surgieron en la reunión de enero para saldar esta situación de emergencia, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) adelantó el envío de 3 médicos y medicinas a las bases de Mavaca, Mavaquita y Platanal, en el interior de la entidad federal.

Este equipo se encuentra realizando una gira en los distintos asentamientos Yanomami de la zona fronteriza con Brasil a objeto de compartir experiencias y conocer la situación de las comunidades  yanomamis que habitan este territorio.

Vale destacar que en el pasado mes de diciembre y a inicios de enero, la Oficina de Derechos Humanos de la Vicaría de Puerto Ayacucho obtuvo un registro de defunciones infantiles en el Alto Orinoco, el cual da cuenta de 8 defunciones en las comunidades más cercanas a las misiones religiosas, sin tener noticias de las comunidades mas alejadas.

Nelson Briceño, sacerdote de las Misiones Salesianas del Alto Orinoco denunció que estas muertes ocurrieron a pesar de la vigencia del estado de emergencia en todo el Edo. Amazonas: “todos los meses de Diciembre y Enero se repite la misma historia, por las fiestas de Navidad y de Fin de año, se baja la guardia en la salud, los médicos brillan por su ausencia y los enfermeros se marchan a Puerto Ayacucho a cobrar sus aguinaldos, quedando los ambulatorios desguarnecidos y a merced del paludismo y las afecciones respiratorias, causas por las que mueren los niños yanomami en esta época. Luego de esta tragedia vienen los operativos relámpagos por parte de las autoridades de salud que por lo general son a mediados del mes de Enero. Estos operativos llegan tarde, cuando se hubiese podido evitar estas muertes de niños tomando medidas preventivas o simplemente asumiendo cada uno la responsabilidad que le corresponde en esta zona” (Oficina de Derechos Humanos de la Vicaría de Puerto Ayacucho, 18.01.05, [email protected]).

Según la firma privada Datos Information Resources, 55% de la población se favorece con los subsidios o misiones del Ejecutivo. Así lo dio a conocer Edmond Saade, presidente de la empresa encuestadora, quien afirmó que el proyecto de Mercal, mediante el cual el Estado proporciona a precios controlados los productos de la canasta alimentaria, está desempeñando un papel importante no sólo en los sectores populares que tradicionalmente lo frecuentan, sino también sectores de mayor poder adquisitivo quienes últimamente se benefician de este programa social (El Nacional, 26.01.05, pág. A/18).

Los estudios realizados recientemente por Datos demuestran que 45% de la población compra siempre o con frecuencia en las bodegas populares; mientras que 22% admite que “algunas veces” se abastece de alimentos en los locales del Gobierno.

Por otra parte, Saade consideró que las misiones y los planes del gobierno incidieron en la mejora del poder adquisitivo del estrato socioeconómico más bajo.

Otra encuestadora privada, Datanálisis, observó que la aprobación de las misiones se encuentra entre 49% y 64,7%. Mientras que la cobertura de atención obtenida por algún programa está entre 14,8% y 52,3%, cuando hace un año oscilaba entre 0,4 y 6%. De todas las misiones, la mayor acogida pública la tienen Mercal y Barrio Adentro (El Universal, 31.01.05, pág. 1/20).

Al desagregarse los datos acerca de los niveles de aprobación, Mercal es avalado por el 64,7% de la población, le siguen las misiones Robinson, con 57%, Barrio Adentro con 54%, Sucre con 53% e Identidad con 49%.

En cuanto al contacto con algún plan, se observa que Mercal ha atendido a 44,3% de la población; Barrio Adentro 28,7%, Ribas 28,5% e Identidad 14,8%. Luis Vicente León, director de Datanálisis, apunta que en el caso específico de Mercal en las últimas semanas se ha incrementado su cobertura y ya está en 52,3%.

León explica que el programa especial de los mercados populares «tiene un nivel de aceptación alto en relación con la cobertura, sin embargo hay un grupo importante que al menos una vez ha sido atendido por el plan, con lo cual se convierte en uno de los más sólidos Esa misión ha funcionado porque ofrece productos a precios solidarios y el mercado está cerca de los hogares. La calidad de los productos es aceptable y por ello se tiene que su evaluación es favorable, de hecho las personas piden que marcas conocidas participen en el programa. En niveles de distribución ha sido un monstruo, porque ha podido competir con los sistemas tradicionales» (El Universal, Ídem.).

Agregó León que «aunque un 52% ha manifestado tener contacto con Mercal ello no significa que siempre se acuda a esos establecimientos, pero un 22% de la población sí compra siempre en esos mercados. El plan permite que las personas de menos recursos puedan comprar productos más económicos y acudir varias veces al sitio. Cuando esas variables son atendidas el plan evidentemente funciona» (El Universal, Ídem.).

Junto a Mercal, la otra misión que presta más atención es la de Barrio Adentro. Sobre ésta, León indicó que «sus niveles de aprobación son de 54% y más de la mitad de esa población que acepta el plan ha recibido algún tipo de atención en los centros en los que funciona Tenemos que 2 tercios del mercado objetivo han sido atendidos por los médicos de Barrio Adentro, de manera que el éxito ha fortalecido la estrategia del Ejecutivo» (El Universal, Ídem.).

Por otra parte, afirmó León que el apoyo a esos planes estuvo favorecido por una política expansiva del gasto. “El ambiente político junto con el incremento en los precios del crudo y la recuperación de la recaudación interna permitieron al Gobierno elevar sus erogaciones en 2004 y de un presupuesto total programado en 49,9 billones se llegó a Bs. 60 billones. Las misiones específicamente contaron con 3 fuentes de financiamiento. Por la vía ordinaria se creó una partida denominada Programa Social Especial para atender los pagos a los becarios y facilitadores por un monto de 750 millardos de bolívares, al final terminó en 1,23 billones de bolívares. A lo que se suman los aportes adicionales por el impuesto al débito bancario (IDB), del total de recursos más de 400 millardos de bolívares cubrieron mediante créditos adicionales las deficiencias de los programas Pero el mayor peso lo tuvo Petróleos de Venezuela (PDVSA). La industria, a través de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) constituyó un fideicomiso para las misiones por 600 millones de dólares (1,1 billones de bolívares), sin embargo, al cierre de diciembre de 2004 ese fondo se incrementó a 911 millones de dólares (1,7 billones de bolívares), dado que la cantidad programada fue insuficiente” (El Universal, Ídem.).

Según la fuente, “en el presupuesto de este año, el gasto social con énfasis en las planes especiales equivale a 12,5% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que por vía de la Ley de Endeudamiento hay 600 millones de dólares. La partida Programa Social Especial del despacho de las finanzas tiene 1,3 billones de bolívares. Entretanto, Pdvsa mediante los tres fideicomisos destinará 1,86 millardos de dólares (3,5 billones de bolívares), las misiones recibirán 760 millones de dólares (1,4 billones de bolívares). A ello se suma el fondo especial que según el Primer Mandatario es rotatorio, de manera que la industria petrolera tendrá que depositar otros 2 millardos de dólares” (El Universal, Ídem.).

Fuente: Banco Central de Venezuela
Nota: (**) Banco Central de Venezuela, 02.02.05, http://www.bcv.org.ve/c4/notasprensa.asp?
Codigo=3870&Operacion=2&Sec=False

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana de Caracas registró un resultado ascendente atribuible, principalmente, al aumento de precios de los bienes y servicios que se rigen por el libre juego de la oferta y la demanda, los cuales, en conjunto, crecieron un 2,7%, mientras que los sometidos a regulación y control registraron una variación de 1,1%.

Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el crecimiento en la tasa de variación intermensual del IPC para el primer mes del año, se asocia, por una parte, a las desaceleraciones registradas en 3 de las 13 agrupaciones que integran el indicador: bebidas alcohólicas y tabacos, restaurantes y hoteles y transporte; y por otra, a las aceleraciones registradas en 5 grupos: comunicaciones, esparcimiento y cultura, bienes y servicios diversos y servicios de la vivienda. El grupo alimentos y bebidas no alcohólicas mantuvo, aproximadamente, el nivel del mes anterior, al pasar de 3,0% a 3,2%.

Estos resultados determinaron que tanto los bienes, como los servicios registraran una variación por encima de la del mes previo.

Por otra parte, la variación del Núcleo Inflacionario se ubicó en 1,8%, superior a la registrada en el mes anterior (1,5%).

La variación del IPC para el período enero 2005 / enero 2004 se ubicó un 8% por debajo a la registrada en enero del año pasado para el mismo período (26,6%).

Fuente: Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA)
Notas: (*) Déficit del poder adquisitivo de 1 salario mínimo mensual (321.235,20 bolívares).
(**) El Universal, 03.02.05, http://www.eluniversal.com/2005/02/03/eco_art_03154G.shtml.

Por su parte, el CENDA dio a conocer el estado de la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT) para el mes de enero. Según la organización privada, el aumento registrado en 4 rubros de los 11 que la conforman contribuyó a que la CAT aumentara en el 1er. mes del año 2005.

El grupo de raíces, tubérculos y otros, subió sus precios 7,5%. Destacan el incremento del precio de la yuca (16%), del ocumo (9%), del apio (6%) y de la papa (2%). Algunas hortalizas también aumentaron sus costos, como la cebolla (80%), la remolacha (45%) y la espinaca (35%). En el rubro de leche, quesos y huevos se notó un alza de 4,5%. El queso amarillo a 8%, el de los huevos de gallina (8%), y el de la leche en polvo (4%). La carne y sus preparados subió 0,8%. La carne porcina sufrió un incremento (8%) y la mortadela (5%).

Paralelamente, bajaron sus precios el jamón, el bistec y el lagarto. También el pescado: el atún fresco (9%), el cazón (8%) y la sardina enlatada (2%). Algunas frutas y hortalizas también disminuyeron sus precios como el melón (60%), el tomate (35%) y el pimentón (11%). Igualmente bajaron sus precios los rubros de semillas, oleaginosas y leguminosas; aceites; cereales y azúcar.

En diciembre de 2004 26 funcionarios de la policía de Anzoátegui fueron despedidos de manera injustificada de dicho cuerpo policial. Los policías, según el defensor del Pueblo de Anzoátegui, Licenciado Noel Azócar, no aparecen involucrados en ninguna de las denuncias sobre ejecuciones realizadas por ese cuerpo policial. La totalidad de los funcionarios policiales participó en la huelga que efectivos de ese cuerpo realizaron en el mes de octubre de 2004, huelga que contó con el pleno respaldo del actual Gobernador del Edo, Tarek William Saab. Antes de la huelga, los funcionarios, habían denunciado desde el año 2002 un conjunto de irregularidades de naturaleza laboral. Entre ellas, el no pago de varios beneficios y hostigamiento interno por parte de directivos de ese organismo policial.

Los funcionarios, quienes fueron acusados de estar preparando un nuevo conflicto de naturaleza laboral, fueron despedidos presuntamente por órdenes directas del Gobernador, sin que se les hubiese dado la oportunidad de defenderse. Del análisis realizado por Provea sobre las circunstancias del despido y la forma en que se realizó, se pudo constatar que la gobernación violó el artículo 49 de la Constitución y 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Según la ley, se debió abrir un procedimiento que le permitiera a cada policía revisar el expediente, enterarse de los cargos formulados, presentar pruebas y alegar su defensa. Ese procedimiento se incumplió. Se violó incluso un acuerdo, que dos días antes del despido habían suscrito los funcionarios, con la directiva de la policía y el aval del Defensor del Pueblo estadal.

Es importante destacar que según el Defensor del Pueblo de Anzoátegui, en la Dirección del cuerpo policial fueron designados comisarios que tienen graves denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Es lamentable que el gobernador Saab haya tomado la decisión de despedir a este grupo de policías de manera arbitraria y que no escuche las recomendaciones que tanto desde la Defensoría del Pueblo como desde la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui, se le hicieron sobre las medidas que tomó para reorganizar dicho cuerpo policial (Provea, 03.02.05).

El pasado 25.01.05, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció a favor de reivindicar los derechos contractuales de los pensionados y jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), desconocidos por la empresa telefónica tras su privatización en 1991.

La decisión de la Sala Constitucional ordenó remitir a la Sala de Casación Social el expediente que guarda relación con la demanda interpuesta por un grupo de jubilados y pensionados de la empresa y miembros de la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados de la mencionada empresa (AJUPTEL-Caracas), que agrupa a mas de 2.452 personas, quienes solicitaron la revisión de una sentencia dictada por la citada Sala el 7 de septiembre del año pasado.

Según la ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta, la Sala Social deberá dictar un nuevo fallo adecuado a la obligatoria aplicación del artículo 80 de la Constitución, en el que se contempla que los diferentes entes de derecho público o privado que hayan implementado mecanismos alternativos de pensiones y jubilaciones, no puede pagar a sus beneficiarios un monto inferior al salario mínimo urbano en sus sistemas alternativos de jubilaciones y pensiones (Tribunal Supremo de Justicia, 28.01.05, http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1742).

En su oportunidad, la Sala Social declaró sin lugar la demanda propuesta por la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Teléfonos de Venezuela (FETRAJUPTEL), contra CANTV; y sin lugar las demandas que por vía de intervención como terceros interesados, propusieron los hoy solicitantes: Luis Rodríguez Dordelly, Nelly Colmenares De Mendoza, Aura Méndez, Carmen De Pisani, Gladys Fuentes, María Morales, María Gutiérrez, Ramón Loreto, Jesús Milíam Espinoza, Juan José Battaglini, Guillermo Rojas Chirinos, José Chacón, Gavriel Viloria, Ramona De Estrada Y Felipe Marcan.

Tras analizar los alegatos presentados, la Sala Constitucional observó que la sentencia dictada por la Sala Casación Social, con fundamento en disposiciones legales dictadas bajo la vigencia de la Constitución de 1961, infringió lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución de 1999, el cual consagra que es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos.

Precisó, además, la Sala que “al establecerse una distinción entre un funcionario público y un trabajador de la empresa privada, en virtud de la privatización de la referida empresa y posteriormente entre la condición de trabajador y la de jubilado, la decisión objeto de examen resulta discriminatoria e infringe el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 26 de la Constitución, desconociendo precisamente la naturaleza progresiva e intangible de los derechos laborales. De la misma manera, se desconoció la intención del constituyente consagrada en la referida norma, que hace prevalecer la realidad sobre las formas o apariencias en materia laboral” (Tribunal Supremo de Justicia, Ídem.).

Por su parte, la Dirección General del Trabajo, del Ministerio del Trabajo (MINTRA) se reunió con representantes del despacho, de la Procuraduría General de Trabajadores, de la empresa CANTV y de AJUPTEL-Caracas para analizar el mecanismo en que se operativizará esta sentencia.

Según José Chacón, presidente de AJUPTEL-Caracas, “lo que estamos buscando es que se nos reactiven nuestros derechos contractuales y que la empresa reconozca la violación de los mismos desde el año 1993” (Ministerio del Trabajo, 27.01.05,
http://www.mintra.gov.ve/noticias/derechos_laborales.htm).

Ricardo Dorado, viceministro del despacho laboral señaló que esta sentencia es importante porque ratifica la irrenunciabilidad de los derechos laborales establecidos en la Constitución Nacional. Igualmente, apuntó que esta sentencia “reconoce que la responsabilidad social de las empresas se lleva a cabo bajo el cumplimiento de acuerdos establecidos en la convención colectiva, en este caso, previos al momento de la privatización de la misma” (Ministerio del Trabajo, Ídem.).

En dicho encuentro, Dorado planteó que “independientemente de las instancias que estén por agotarse en los tribunales, es posible ir cumpliendo con los contenidos de la decisión o con la totalidad de ellos. Yo estoy convencido que es una cuestión de justicia y de reivindicación de la responsabilidad social empresarial indispensable en el actual marco jurídico venezolano” (Ministerio del Trabajo, Ídem.).

Explicó, también, que “estamos evaluando la trascendencia de esta decisión para casos similares a éste, puesto que puede marcar pauta en la ratificación de los derechos sociales” (Ministerio del Trabajo, Ídem.).

Provea saluda la decisión de la Sala Constitucional del TSJ y la iniciativa del MINTRA de aprovechar dicho fallo como precedente extensible a casos similares. No obstante, lamenta que las personas jubiladas y pensionadas de la empresa Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (VIASA) no corran con la misma suerte, aún cuando las características del caso se asemejen con el de CANTV.

Como se recordará este caso se encuentra actualmente elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en espera de lograr un acuerdo amistoso favorable a las personas jubiladas y pensionadas de VIASA (ver Informe Anual de Provea sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Octubre 2003/septiembre 2004, en el sitio web de Provea:
http://derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/23organismosINTERNA.pdf).

Sin embargo, Provea espera que esta jurisprudencia y la iniciativa del despacho laboral representen una oportunidad favorable para lograr posible un acercamiento.

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El pasado 23.01.05, un grupo de 8 funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) allanaron sin orden judicial la vivienda de Luis Rafael UGAS, quien preside la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos (FUNGAPDEHCA), con sede en Caracas.

Presuntamente los funcionarios actuaron por órdenes de la Jueza del Tribunal 22 de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En dicho tribunal cursa juicio contra Ugas por presunta difamación del coronel de la Guardia Nacional (GN) Pablo Daniel Medina. Este coronel fue acusado ante el Ministerio Público (MP) por la FUNGAPDEHCA de ser presuntamente responsable de la desaparición forzada en el año 1998 del distinguido (GN) Alejandro HERNÁNDEZ.

Según testigos, los agentes de la PM procedieron a llevarse de manera arbitraria e ilegal al hermano de Ugas, luego de constatar que éste no se encontraba en la vivienda y como una forma de presionarle a presentarse ante ese tribunal.

Luego de 10 días de estos hechos, Ugas fue interceptado en la vía pública por 4 individuos no identificados que lo introdujeron en una camioneta rústica de color verde, en cuyo interior fue golpeado y quemado en su espalda 10 veces con cigarrillo, para luego ser liberado, no sin antes amenazarlo de muerte.

Ambos hechos causan preocupación puesto que implican un claro patrón de amedrentamiento y una situación de riesgo para la vida e integridad física de este defensor de derechos humanos.

Por su parte, el agraviado denunció estos hechos ante Provea y el MP, esperando que éste último ordene que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Provea pudo constatar las evidencias físicas del ataque del que fue víctima Ugas y solicitó del MP celeridad en las investigaciones de la denuncia interpuesta por Ugas (Provea, 02.02.05).

En el mes de diciembre aproximadamente 19 civiles procesados en tribunales militares se comunicaron con Provea para denunciar la violación al derecho a ser juzgados en tribunales ordinarios. Éstos ciudadanos, en su mayoría campesinos acusados de pertenecer o colaborar con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denunciaron además que la mayoría fueron torturados al momento de su detención por efectivos policiales y/o militares.

Provea, una vez más, reitera que todo proceso judicial de civiles en la justicia militar es nulo y que el hecho en sí constituye una violación al derecho humano a ser procesado por un juez natural con todas las garantías del derecho a la defensa.

Provea solicitó el pasado 27.01.05 a Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo, que adelante una exhaustiva investigación sobre estas irregularidades y que emprenda ante los organismos competentes las actuaciones que considere adecuadas para impedir que civiles sigan siendo juzgados de manera inconstitucional en la justicia militar (Provea, 03.02.05).

La coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos Foro por la Vida manifiesta rechazo a la posibilidad de que se vulnere el derecho a la participación de representantes de la sociedad en el Directorio de Responsabilidad Social. Este comunicado no tiene como propósito pronunciarnos sobre el Órgano y sus potestades, sino manifestar nuestra preocupación porque una vez en marcha el proceso para su creación se respete el derecho a la participación que la Ley establece con fundamento en la Constitución.

El Ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, afirmó el 11.01.05, y fue recogido en la prensa nacional, que aun cuando no han sido nombrados los representantes de sectores de la sociedad (Iglesias, Comités de Usuarios y Universidades), habiendo sido nombrados seis representantes del Ejecutivo “ya el Directorio puede trabajar y avanzar en la elaboración de su reglamento”.

Estas declaraciones del Ministro pueden interpretarse como de desconocimiento a la importancia de la participación de la sociedad.

El Directorio de Responsabilidad Social no puede comenzar a desempeñar su potestad normativa sin haberse constituido previamente, y no puede válidamente constituirse si no han sido nombrados todos sus miembros. El hecho de que los representantes de sectores de la sociedad sean minoría en el Directorio no justifica que se inicien las labores del Órgano sin haber sido nombrados. Se estaría impidiendo su participación en materias tan importantes como la elaboración del proyecto de reglamento del Órgano, que marcará el futuro desempeño de éste.

Aún cuando el acto de decisión definitiva sobre el reglamento se reserve para el momento en el que ya estén nombrados los representantes de los sectores de la sociedad, se habría impedido el ejercicio del derecho a participar en las consideraciones previas, que es precisamente cuando los miembros tienen la posibilidad de exponer razones y argumentos que podrían incidir en el texto, a diferencia del momento final de la decisión, en el que sólo se toma en cuenta si un texto tiene apoyo mayoritario.

Los sectores de la sociedad a ser representados en el Directorio tienen un derecho que se estaría violando y que acarrearía la nulidad del Reglamento que en definitiva se apruebe, debido a vicios en el procedimiento.

Hacemos un llamado para que se aguarde el resultado de los procedimientos correspondientes para el adecuado nombramiento de los representantes de la sociedad en el Directorio para que todos sus miembros tengan igual posibilidad de intervenir en los trabajos preparatorios del Reglamento.

Contra el Sida (ACCSI) Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela (Secorve) Fundación Justicia y Paz de Petare Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas” Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR) (Foro por la Vida, 14.01.05, http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2005/cp_140105.pdf)

Distintas organizaciones de derechos humanos y el Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, manifestaron su preocupación por la crisis carcelaria, al tiempo que deploraron que, lejos de establecerse las responsabilidades de fondo sobre el problema, se produzcan declaraciones como las de la Diputada Iris Varela donde se pretende descalificar la labor del Director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Dr. Humberto Prado, tildándolo de «mafioso del infortunio de las personas que están detenidas».

Distintas organizaciones de derechos humanos y el Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, manifestaron su preocupación por la crisis carcelaria, al tiempo que deploraron que, lejos de establecerse las responsabilidades de fondo sobre el problema, se produzcan declaraciones como las de la Diputada Iris Varela donde se pretende descalificar la labor del Director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Dr. Humberto Prado, tildándolo de «mafioso del infortunio de las personas que están detenidas».

En tal sentido, hicieron memoria sobre una serie de episodios protagonizados por los internos del país, entre los cuales destaca, por su magnitud, la huelga general sostenida a comienzos de los años 90. Tomando en cuenta esta información, resulta aventurado afirmar que la actual protesta penitenciaria pueda ser endosada a una organización de protección y defensa de los reclusos que tiene tan solo dos años de funcionamiento y cuyo fundador, habiendo experimentado en carne propia las deficiencias del sistema, terminó siendo director de una cárcel y funcionario defensorial en la materia.

Estas organizaciones de derechos humanos exigen a las autoridades penitenciarias, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y al Poder Judicial concertar acciones inmediatas, efectivas y eficaces de corto, mediano y largo plazo, que apunten, no solo a la solución de esta crisis penitenciaria, sino a enfrentar radicalmente lo que consideran una situación recurrente que afecta derechos de procesados y sentenciados por igual.

Ligia Bolívar, vocera del Foro por la Vida, afirmó que “algunos internos enfrentan situaciones de olvido y abandono por parte de sus familiares, producto de circunstancias personales, pero mientras su vida e integridad esté en manos de instituciones del Estado, éste tiene la obligación de preservarlos y de brindar un entorno favorable a su reinserción social. Pretender buscar ‘culpables’ entre quienes se dedican a la defensa de sus derechos es una visión simplista del problema que, lejos de erradicar las fallas, solo contribuye a postergar soluciones y, con ello, a pronosticar nuevos brotes de crisis”.

Carlos Nieto, Coordinador de Una Ventana a la Libertad, agregó que “No es la primera vez que organizaciones y dirigentes de derechos humanos del país son descalificados por sus denuncias. Lo que preocupa a las ONG es que este patrón recurrente sirva una vez más para tender un manto que impida llegar a las verdaderas causas de la situación, afectando con ello los derechos de las personas privadas de libertad”. Suscriben: Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI) Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) Centro de Derechos Humanos de la UCAB Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela (Secorve) Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC) Fundación Justicia y Paz de Petare Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Una Ventana a la Libertad; Servicio Jesuita a Refugiados (SJR). (28.01.05,
http://derechos.org.ve/actualidad/comunicados/comu_prensa_2005/cp_280105.pdf)

Según Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el estudio semestral que realiza esta organización señaló que en el segundo semestre del 2004 hubo un total de 180 muertes en todos los penales del país y 380 heridos. En esta cifra se incluyen los fallecidos por muerte natural, asfixia, armas blancas o de fuego. Y, si se suman las cifras del primer semestre, se concluye que durante el 2004 hubo un total de 327 fallecidos en los internados, y 655 lesionados (El Universal, 31.01.05, pág. 2/22).

Informó el vocero del OVP que en los primeros quince días del 2005 hubo 15 asesinatos y 27 lesionados, pero llama la atención que durante los días que hubo la huelga de hambre en varios penales del país, no ocurrieron asesinatos dentro de los recintos (El Universal, Ídem.).

El estudio de la organización arrojó que para el cierre del año 2004 habían 18.781 personas detenidas, de los cuales 9.866 eran penados/as y 8.915 procesados/as. Entre el primero y el segundo semestre de 2004 hubo una disminución de 6,71% en la población penal, debido a egresos, asesinatos y muertes naturales (El Nacional, 31.01.05, pág. B/20).

En total, el año pasado hubo 196 fallecidos por arma de fuego, 81 por armas blancas, 20 por asfixia y 30 por causas naturales. Además, se registraron 407 heridos por armas de fuego y 248 por armas blancas (El Nacional, Ídem.). Otro dato relevado por este reporte observa que el número de muertes ocurridas el año pasado es un 250% mayor al del año 2003 (El Globo, 31.01.05, pág. 5).

Según una fuente periodística, el pasado 13.01.04, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), encabezada por los diputados Nicolás Sosa (Movimiento Al Socialismo/MAS) e Iris Varela (Movimiento Quinta República/MVR) acordó trasladarse al Edo. Guárico para investigar las denuncias sobre la presunta actuación de un grupo parapolicial que presumiblemente asesinó a casi 200 personas.

Oscar Cedeño, coordinador del Comité de Derechos Humanos del Estado Guárico (CDHEG), afirmó que efectivamente se han contabilizado 198 casos en total y por las características y el seguimiento hecho a estos casos, es posible hablar de la implementación de un patrón similar a las ejecuciones realizadas por el grupo Exterminio del Edo. Portuguesa. Relató Cedeño que “los muchachos aparecen muertos con tiros en la cabeza y otros en el corazón” (El Correo del Caroní, 14.01.04, pág. A/8). Estimó el defensor de derechos humanos que, según las investigaciones, efectivos del Grupo Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) de la policía estadal, podrían estar involucrados en estos hechos.

Por su parte, Eduardo Manuitt, gobernador de la entidad federal, ha restado valor a las denuncias vinculándolas a una conspiración dirigida en su contra y contra el partido en el cual milita, Patria Para Todos (PPT). Asimismo, Manuitt descalificó públicamente el trabajo de la Defensoría del Pueblo y de la CDHEG: “el defensor Juan Sierra es un militante opositor desde que llegó al cargo. No actúa con imparcialidad, y por eso no puedo considerar como válidas sus denuncias. Por otro lado, el señor Oscar Cedeño es un dirigente político. Esto todo es parte de un ataque claramente dirigido en mi contra y en contra del partido Patria Para Todos” (El Nacional, 25.01.05, pág. B/16).

La visita de la comisión parlamentaria a Guárico se efectuó entre el 18 y 19.01.05. Con el fin de sustanciar la investigación se recibieron testimonios del comisario Ignacio Páez, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de la entidad federal, Mirlenys de Guevara, fiscal superior del Edo., efectivos de la Guardia Nacional (GN), a Juan Sierra, representante regional de la Defensoría del Pueblo y familiares de las víctimas. Los parlamentarios completaron una docena de interrogatorios a distintos funcionarios públicos y escucharon el testimonio de un grupo de aproximadamente 50 personas que expuso sus denuncias sobre ejecuciones, torturas, detenciones ilegales y maltratos registrados en los últimos 4 años (El Nacional, 20.01.05, pág. B/19).

Sin embargo, la comisión parlamentaria no pudo interpelar ni al gobernador ni al coronel Domingo Moncada, director de la Policía de Guárico (Poliguárico), ni tampoco al comisario Wilfredo Febres, comandante del BIA (Últimas Noticias, 23.01.05, pág. 46-47).

Sierra informó a los diputados que su despacho “procesa, al menos, 45 casos en los que se han encontrado suficientes indicios para afirmar que se cometieron ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad de Guárico, principalmente la BIA” (El Nacional, Ídem.).

Señaló el defensor del pueblo guariqueño que, a pesar de que “los fiscales han actuado con diligencia, se han producido decisiones aberrantes de los tribunales, como diferimientos inexplicables de la audiencia preliminar o el otorgamiento de libertad plena en casos de flagrancia” (El Nacional, Ídem.).

El Ministerio Público, por su lado, destacó el pasado 20.01.05 (El Siglo, 25.01.05, pág. A/6) a 4 fiscales nacionales para encargarse de esos casos, quienes han logrado constatar la presunta vinculación de la policía estadal, especialmente de la BIA, en hechos punibles que van desde ejecuciones extrajudiciales hasta la extorsión (El Nacional, 25.01.05, Op. cit.).

El diputado Sosa, presidente de la comisión parlamentaria a cargo de las investigaciones explicó que, de acuerdo con las investigaciones y las interpelaciones realizadas en esta 1ra. visita “hay indicios para afirmar que por lo menos 45 muertes de las 198 denunciadas han sido por ejecuciones” (El Universal, 27.01.05,pág. 2/28). El parlamentario agregó que está programándose una próxima visita a la entidad federal, en la que es posible que se efectúe la exhumación de algunos de los cadáveres de las presuntas víctimas (El Nacional, 27.01.05, pág. B/20).

En fechas posteriores Sosa notificó la decisión de la comisión de “trasladar la investigación a Caracas y hacer la interpelación el viernes de esta semana o, a más tardar, el miércoles de la próxima ” (Cadena Global, 02.02.05
http://www.cadenaglobal.com/Default.asp?pgm=Detail&Not=82982&Sec=5).

Finalmente, el parlamentario advirtió que “esta situación no sólo está ocurriendo en Guárico, sino también en otros Edos. como Aragua y Falcón” (Cadena Global, Ídem.), por lo que confía que este caso “sentará un precedente importante para que situaciones similares no sigan ocurriendo en otros lugares del país” (El Nacional, 27.01.05, Op. cit.).

En este orden de ideas, Sosa destacó que, aparte de los reportes de estos casos, la comisión de la AN tiene registrados otras violaciones de derechos humanos por parte de autoridades policiales en otros estados del país, como Aragua, Falcón y Carabobo, los cuales aseguró que una vez terminado el informe Guárico -que se entregará en la 3ra. semana de febrero a la plenaria-, serán procesados ( El Universal, 01.02.05, http://www.eluniversal.com/2005/02/01/ccs_art_01274D.shtml).

Sosa aseguró “que sólo en Aragua se han registrado 800 casos de violación de derechos humanos en 4 años, y en Falcón ya se han comprobado por lo menos 5 ejecuciones” (El Universal, Ídem.).

Un seguimiento de las recientes acciones judiciales sobre algunos casos similares a los que ocupan el interés de la Asamblea Nacional (AN), da cuenta del siguiente reporte:

Caso Grupo Exterminio del Edo. Portuguesa

La Sala 5 de la Corte de Apelaciones de Caracas revocó la libertad condicional concedida el pasado 27.01.05 por el Tribunal 14 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas a 15 agentes de la Policía del Edo. Portuguesa acusados de formar parte de un grupo de exterminio, por considerar que el retardo procesal alegado no era imputable a los fiscales 8°, 26 y 27 con competencia nacional Gilberto Landaeta, José Gregorio Castañeda y José Antonio Guerrero, respectivamente (El Universal, 29.01.05, pág. 2/28).

Asimismo, dicha instancia ordenó apertura de investigación disciplinaria contra la Jueza 14 de Juicio Tania Estrada, quien el pasado 23.08.04 libró a estos procesados, bajo la condición de que cancelarán una fianza de 50 unidades tributarias, no salieran del país, se presentarán ante su despacho cada 15 días y no se acercarán a familiares de las víctimas.

El Ministerio Público (MP) informó que, a raíz del fallo, fueron aprehendidos nuevamente los funcionarios Omar Romero Merchán, Alvis Leal Ramírez, Guison Freire Guerrero y Sergio Dobobuto, quienes fueron enviados a El Rodeo I.

Caso ejecuciones en el Edo. Aragua

Sara Mier y Terán, directora de la organización Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Paz, anunció el pasado 02.02.05 que lleva un registro de 920 casos de presuntas ejecuciones realizadas por funcionarios de la Policía de Aragua, desde junio de 1996 hasta diciembre de 2003.

No obstante, el MP posee un listado de 245 casos, que son investigados por el fiscal 23° con competencia nacional Jesús Ramírez, comisionado especialmente por el fiscal general Isaías Rodríguez para atender la situación de Aragua (El Nacional, 03.02.05, pág. B/17). Por su parte, la Defensoría del Pueblo adscrita a esta entidad federal tiene un registrado de 88 casos desde el año 2001 a la presente fecha, de los cuales 15 están en tribunales.

Sobre esta situación de morosidad de la justicia, se pronunció Gustavo Orta, titular de éste despacho, quien explicó que «el gran problema de la policía científica es la falta de recursos para investigar los casos. El año pasado desde esta defensoría solicitamos información sobre la situación y de allí nos enviaron un informe donde señalan que no cuentan con recursos técnicos o humanos suficientes. Notificamos de la situación a través de un escrito a la Defensoría del Pueblo nacional, para que instaran al propio Cicpc y al Ministerio de Justicia a dotar el laboratorio. Sin esa investigación completa el fiscal no puede llevar los presuntos asesinatos a los tribunales y se corre el riesgo de caer en la impunidad» (El Nacional, Ídem.).

Luego de intensas investigaciones, el MP reunió suficientes pruebas para imputar a los 6 funcionarios presuntamente implicados en estos hechos El Consejo Legislativo del Edo. Aragua también investiga las muertes. Luis Rojas, presidente de la comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, indicó que recaban toda la información para poder elaborar un expediente y ejercer las acciones que sean necesarias. Informó el parlamentario que el pasado 02.02.05 solicitó la interpelación del gobernador Didalco Bolívar, y del jefe de la policía, comandante Ángel Mercado. También realizarán entrevistas con víctimas y familiares.

Ruth Rodríguez, integrante de la comisión de Derechos Humanos del consejo, junto con familiares de las víctimas, entregó al presidente de la comisión legislativa, Ramón Rengifo, un documento para exigir la interpelación de Bolívar y del comandante de la policía, Ángel Mercado. También cuestionó la actuación de los fiscales nacionales que fueron asignados para llevar la investigación: “A las víctimas o familiares se les indican el día y la hora de las audiencias y cuando van no se realizan los actos, lo que hace que se difiera el caso hasta ocho veces” (El Nacional, Ídem.).

ARTÍCULOS

Por la extensión de este artículo de opinión de la abogada y Coordinadora Académica del Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-UCAB), publicado en la última edición de la Revista SIC, no fue posible su trascripción en éste número de Derechos Humanos y Coyuntura.

Sin embargo, el mismo puede consultarlo o descargarlo en el sitio web de Provea:

http://derechos.org.ve/actualidad/opinion/index.htm.

«La Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda (03/01/05) es un triunfo de la jurisdicción constitucional.

Con la ley se quiere impedir que el deudor hipotecario quede atrapado en un régimen perverso en que el monto de los créditos se otorga bajo el supuesto de aumentos salariales anuales, referidos a los índices de inflación, el cual sólo funciona equitativamente, si ambos elementos van aparejados. Si al ajustarse las cuotas de pago de la hipoteca al índice de inflación, las mismas resultan desproporcionadas con el salario, la diferencia pasa al monto deudor, y así cualquier aporte de cuotas se acredita a los intereses y no al capital, iniciándose el drama del deudor que, si bien realiza ingentes pagos, no ve decrecer el capital.

Fueron las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, comenzando por la del 21/08/02, (Jesús Eduardo Cabrera), las que señalaron el drama social creado por los créditos indexados. A pesar de que tales fallos osaron regular situaciones surgidas en el pasado; la verdadera solución al problema solo podía darla el legislador.

La reciente ley establece que todos los créditos hipotecarios para adquisición de vivienda principal otorgados desde la promulgación de la Ley del Subsistema de Vivienda y Política Habitacional, con recursos del Estado, mediante aportes fiscales o parafiscales, así como de los ahorristas suscritos a la antes mencionada ley y, así mismo, los otorgados por la banca, pasan al Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, al cual corresponde recalcular y reestructurar los créditos, bajo los criterios establecidos por el Consejo Nacional de la Vivienda.

El subsiguiente paso consiste en que la banca y los operadores deben cancelar el saldo a favor de los deudores y, -de haber sido ejecutada la hipoteca-, resarcir los daños y perjuicios.

Se prohíbe a los jueces admitir demandas de ejecución de hipoteca y, se les ordena paralizar los juicios hasta tanto el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo recalcule y reestructure la deuda.

Igualmente se fijan tasas especiales para las víctimas del deslave del estado Vargas, que contrataron créditos para su vivienda principal, antes del 17/12/99.

Lo que no puede olvidarse ante esta legislación es que su origen estuvo en la jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ, que se originó en una acción colectiva, completamente innovadora del sistema de las acciones por intereses difusos (art. 26 de la Const).

La promulgación de la nueva ley es una prueba de la eficacia de la jurisprudencia constitucional, que ha actuado “praeter legem”, anticipándose a la norma y otorgando las mejores soluciones.

Vaya a través de la presente el reconocimiento de los juristas de Venezuela a la sabia y valiente labor de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo sobre el control de los créditos indexados». (Tal Cual, 17.01.05, pág. 13).
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2005/Ley_del_Deudor_Hipotecario.doc y atrt.de H.

«La pregunta no es majadera. Aunque cueste admitirlo a estas alturas, ocurre que estamos todavía enredados en antiguas creencias sobre la vida simbólica de los pueblos. No sería tan grave esta circunstancia si se tratara sólo de opiniones privadas de la gente, sin consecuencias en la vida pública. Pero cuando las creencias y opiniones son la base para la toma de decisiones, entonces entramos en zona de peligro. Es eso exactamente lo que está ocurriendo en la Unesco con el importantísimo asunto de lograr la firma de una Convención sobre la Protección de la Diversidad Cultural. Se trata en efecto de proteger la diversidad cultural gravemente amenazada en todo el mundo por las perversiones del mercado.

Hasta allí hay un amplísimo consenso a escala planetaria (sólo perturbado por murmullos aislados de sectores intelectuales ultraconservadores). Pero pasado ese umbral aparecen rápidamente las dificultades. Uno de esos bloqueos es precisamente la idea de “cultura” que está detrás de las distintas apreciaciones vertidas en el texto de la convención que hoy se discute en la Unesco.

¿Cuál es el rollo?

La cuestión central es abrir —complejizar— el concepto de cultura de modo tal de poder recuperar un espectro amplio de prácticas simbólicas en las que se destacan vitalmente: los saberes populares alternativos, los patrimonios tecno-científicos y la dimensión de la Educación Superior. Es obvio que para la gestión de estos espacios la Unesco cuenta con organismos especializados en cada uno de ellos. Pero sería un dispendio injustificado de recursos, tiempo y esfuerzos pretender que cada área particular emprenda por cuenta propia el tortuoso camino de firmar una convención para la protección de su diversidad.

La posición del Estado venezolano en el seno de la Unesco ha sido clara: este es el momento oportuno para explicitar en el texto de la convención que está en curso un posicionamiento sobre la cuestión cardinal de considerar la Educación Superior, los saberes populares alternativos y los patrimonios científico-técnicos como entidades culturales que han de ser expresamente cubiertas por las políticas y medidas internacionales de protección.

Para adoptar la posición del país en esta delicada materia el Observatorio Internacional de Reforma Universitaria (ORUS) conjuntamente con los ministerios a los que concierne esta responsabilidad, y en particular, en estrecha concertación con la Delegación Permanente de Venezuela ante la Unesco, ha procedido desde hace ya un año ha sistematizar una consulta nacional a través de sucesivas reuniones de expertos donde se han podido recoger diversas aportaciones que en definitiva han permitido enriquecer una política de Estado en esta materia.

Más de 500 delegados-expertos de todos los países del mundo se han dado cita para abordar esta compleja y decisiva materia (lo harán de nuevo en los próximos días para dar continuidad al debate y perfilar un texto que espera aprobarse definitivamente en octubre de 2005). El texto revisado del que hoy disponemos tiene el mérito de recoger la impresionante variedad que proviene de todos los países del globo.

Pero sigue prisionero de una visión de la “cultura” que la antropología académica hace tiempo superó; que las prácticas culturales de los pueblos hace rato dejaron atrás; que los debates teóricos de la agenda posmoderna pulverizó hace varias décadas. Sería una verdadera pena que un instrumento jurídico de esta envergadura, políticamente avanzado en el mapa de la mundialización, resulte amarrado por anacronismos conceptuales que provienen más del atraso intelectual que de los intereses en juego (que también los hay, como ha de suponerse).

Este debate es un buen ejemplo de cómo “las palabras no son neutras”. Cuánto en verdad pesan las tradiciones, las creencias, los prejuicios, los paradigmas en la acepción del amigo Edgar Morin, es decir, el conjunto de presupuestos a partir de los cuales pensamos lo que pensamos.

Es justamente merced a las mentalidades en escena que se escoge éste o aquel camino. Es gracias a lo que tenían en mente los expertos que redactaron el primer borrador de esta convención que aparece o no aparece el contenido que Venezuela está reclamando con justeza.

Hay un choque de intereses que puede bloquear cualquier avance en esta materia. Eso no es sólo comprensible sino que se inscribe en la lógica de una negociación que debe ser dialogada con toda la comunidad internacional, sin excepción. Eso habla de suyo de la enormidad de la tarea que viene cumpliéndose desde que el Estado francés planteó en el año 2003 el camino de un acuerdo mundial para proteger la diversidad cultural (de cara a las pretensiones de la OMC de considerar “mercancía” a toda la producción cultual y con ello decretar un nuevo culturicidio planetario).

Hay margen todavía para que la discusión se enriquezca con la multiplicidad de voces que deben ser recuperadas en un debate democrático. En los próximos meses deben multiplicarse los encuentros intelectuales donde la diversidad del país pueda expresarse y las sensibilidades matizadas puedan ser recogidas apropiadamente. Entendiendo que la discusión tiene un destinatario preciso en esta coyuntura: la convención de Unesco. Sabemos que los problemas en debate son permanentes y no se clausuran con la firma de esta convención. De allí la importancia de poder habilitar espacios de encuentro donde converjan las más variadas expresiones del hecho cultural, en la seguridad de poder traducir genuinamente el parecer de toda la nación» (El Nacional, 28.01.05 A/9).

  1. Las primeras noticias de este fenómeno se originaron, hace cuatro años, en el estado Portuguesa.
    Se habló de los grupos de extermino y de varias decenas de asesinatos en su cuenta de haberes, mientras Luis Miquilena, entonces ministro del Interior y Justicia, hoy en día en las filas opositoras, como si no hubiese roto un plato en los predios chavistas, ordenaba que se investigara el asunto “hasta sus últimas consecuencias”, según la manida expresión burocrática, oída en estas tierras desde los tiempos de don Cristóbal Colón, habitualmente con el mismo resultado: al final, no se investiga nada, ni siquiera en sus primeras consecuencias.
    Y este caso no fue excepción: aún estamos, varios años después, sin destejer la madeja, no hay explicaciones ni responsables, nuestra mala memoria colectiva volvió a hacer de las suyas y la opinión pública, siempre volátil, se mudó hacia otros asuntos.
    Entretanto lo que pasó ha seguido pasando y, lo peor, ahora ocurre en casi todo el país, según informaciones que poco a poco se han ido conociendo.
    Así, la semana anterior hubo una situación similar (aunque con sus propias características) en el estado Guárico, de la cual supimos ahora, a pesar de que no es cosa nueva, gracias a una disputa entre el MVR y el PPT, prueba, de paso, de que a falta (por ahora) de oposición, la controversia política empieza a tener lugar entre los propios partidarios del Gobierno.
  2. En los últimos tiempos, los venezolanos hemos venido constatando cómo se trata de poner en duda, al cobijo de argumentos que se pretenden legítimos (limpieza social, auto justicia, lucha contra la delincuencia y pare de contar), el indiscutido monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza, a la par de que se observa cómo van cuajando distintas iniciativas parapoliciales, algunas estructuradas, otras no, en cada una de las cuales anida una particular idea de la justicia y de la manera de administrarla. Como si la ineficacia del Estado (¿habrá que decir que los más perjudicados por ella son los sectores pobres?) le extendiera una carta blanca a los salvadores de toda índole para saltar al ruedo y ejecutar acciones en nombre de una buena causa, siempre equivalente, según se alega, al mejor interés colectivo.
    Si por algo podemos decir, entonces, que el Estado venezolano se encuentra perplejo, fragmentado y enredado, que ha ido perdiendo facultades y eficacia y que cada día se hace más endeble en el cumplimiento de sus fines, es por la manera como falla en el resguardo de la vida y pertenencias de sus ciudadanos, en parte porque no es capaz de asegurar el cumplimiento de la ley, permitiendo que la impunidad sea casi una regla en el funcionamiento de nuestra cotidianidad.
  3. Cualquiera entiende que la desesperación arrope hoy en día a la mayoría de los venezolanos. A pesar de lo que se dice hacer, lo cierto es que los índices de seguridad no han mejorado casi en ningún lugar, casi en ningún renglón, además de que nada pareciera indicar (el propio Fiscal General se quejaba hace unos días, a propósito de la muerte de Danilo Anderson, de las endémicas mafias policiales, ¿Qué tal?), que vayan a cambiar ostensiblemente en el futuro cercano.
    Con todo, lo anterior no es lo más grave, sino la indolencia (¿comprensión?) con la que el país ha mirado estos hechos (las encuestas paran los pelos de punta) y la ambigua mueca con la que ciertos sectores, los pocos que lo hacen, expresan su condena. Casi nadie se ha escandalizado, salvo, desde luego, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, mientras el presidente Chávez guarda silencio, un silencio que le hubiésemos agradecido en otras ocasiones, pero inconcebible (¿imperdonable?) en ésta.
  4. Tiempos curiosos los que nos han tocado en suerte: hay que explicar, a cada rato y casi por cualquier circunstancia, los aspectos más elementales sobre los que se apoya el entendimiento social. Así, a propósito de hechos como los que ocurren en Guárico (y en casi todo el país, repito), se ha hecho menester explicar que ningún motivo es bueno para tolerar la privatización de la justicia. Tiempos raros y sombríos éstos: debe explicarse que en un Estado de Derecho la ley es el pilar de la vida colectiva, que fuera de ella todo es monte y culebra.
    En fin, pareciera necesario, y urgente, repasar el abecé de la convivencia social. Es que, hoy en día, lo obvio como que ya no lo es tanto» (El Nacional, 02.02.05, pág. A/9).

  1. El problema penitenciario venezolano se alimenta, desde hace casi 50 años, de 7 pecados capitales. Cuatro de ellos son responsabilidad del Estado y los tres restantes corren a cargo de los presos. El Estado es culpable del hacinamiento, del ocio, del retraso procesal y de la corrupción administrativa. El hacinamiento significa que donde tenemos una población penal de 20.000 reclusos, sólo caben, en condiciones mínimamente higiénicas, probablemente menos de la mitad. Y ésta es una apreciación discreta. El ocio —para el cuál no hay ninguna estadística confiable— puede calcularse en 90%, y ésta es una apreciación aún más discreta que la anterior.
    El retraso procesal, que disminuyó gracias a la versión inicial del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), volvió a las suyas con la reforma de éste, y se mantiene la corrupción administrativa, que hace que en la cárcel se pague hasta por respirar y por ver el sol, y que permite que la del preso sea una de las industrias más productivas del país. Entonces, esos presos hacinados, ociosos, retrasados judicialmente y extorsionados por la corrupción administrativa incurren en otros 3 pecados capitales: se drogan, se matan y se violan. De modo que tenemos una población penal hacinada, ociosa, drogada y armada.
    Drogada y armada gracias a la corrupción. Son jóvenes que en su mayoría han vivido, de una u otra forma, bajo la cultura de la violencia.
    El resultado no puede ser más escalofriante.
    Se trata de una verdadera guerra civil: se matan entre sí más de 300 al año y quedan heridos más de 1.000. Entre estos mueren unos 100 más, muchas veces de mengua, y ya son 400 al año. En Puerto Rico, donde hay 80.000 prisioneros, las muertes violentas al año oscilan entre 10 y 12 víctimas. En República Dominicana, con 15.000 reclusos, hubo 13 muertes violentas en 1999. En los penales colombianos hay 74.000 presos y en 2003 hubo sólo 15 muertes violentas.
    En España, un veterano penitenciarista me contaba que en 38 años de experiencia carcelaria en su país, sólo supo de 2 muertes de esa naturaleza.
    En una cárcel checoslovaca le oí decir a su director que sólo sabía de una muerte así, ocurrida hacía años, y todavía casi sollozaba cuando la recordaba. Creo, en conclusión, que somos, con relación a su población penal, uno de los países en el mundo —si no el primero— con la más alta cifra de homicidios en sus penales.
  2. Este verdadero holocausto carcelario es el producto de la ausencia de una política penitenciaria por parte del Estado, y de la falta de voluntad oficial para superar la situación. No se justifica la dolorosa vergüenza que son nuestras cárceles. Estamos en condiciones de ofrecerle al mundo, en cambio, un penitenciarismo ejemplar.
    He aquí algunas razones para ello:
    1. Tenemos una escasa población penal. La media normal del contingente carcelario de un país es de 1 preso por cada 1.000 habitantes; es decir, 1.000 presos por cada millón. En Venezuela tenemos 20.000 presos y somos 25 millones de habitantes. O sea, que hay en el país sólo 800 presos por un millón de habitantes. En América Latina, de 9 países sólo 3 están por debajo de nosotros: Ecuador, Haití y Paraguay, porque Panamá tiene 3.030; Chile, 2.050; Costa Rica, 1.740; Honduras, 1.720; República Dominicana, 1.700.
    2. El número de procesados es menor que el venezolano sólo en 6 de esos 19 países. Nosotros tenemos alrededor de 50% y en 2002, Honduras tenía 79% ; Uruguay, 72% ; Ecuador, 70% ; Perú, 67% ; Panamá, 58% ; Bolivia, 56% . Y ya se sabe que el procesado ofrece mayores problemas que el penado, no sólo por sus traslados a los tribunales sino por su situación de tensa expectativa e incertidumbre ante su futuro, lo que trae consigo una conducta variable e imprevisible.
    3. Tenemos de leyes penitenciarias como pocos países. En primer términos la Ley de Régimen Penitenciario vigente, que data de 1961, con reformas que no han modificado su cuerpo estructural, el cual responde íntegramente a los lineamientos de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, la expresión legal universal del mejor penitenciarismo. Pero el caso es que en Venezuela es la Ley de Régimen Penitenciario la que menos se aplica. Su reglamento y el de Internados Judiciales, completan esta ejemplar ordenación legal reclusoria, que continúa con la Ley de Beneficios sobre El Proceso Penal y la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio. Y por si fuese poco, con el COPP.
    4. La Constitución consagra en su artículo 272 todo un modelo de buen penitenciarismo, que hasta ahora, desde luego, ha permanecido sin cumplirse.
    5. Existe en Venezuela una institución educativa única en América Latina y en buena parte del mundo, formadora del personal penitenciario: el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (Iunep), fundado en 1992 y que ya ha graduado alrededor de 400 técnicos universitarios superiores en Penitenciarismo. A duras penas han sido incorporados al trabajo penitenciario unos 20 ó 30.
    6. Disponemos de las misiones Barrio Adentro, Vuelvan Caras y varias misiones educativas que debieran funcionar en las cárceles.
    7. Nadamos en un mar de petróleo.
  3. Podríamos disfrutar del mejor sistema penitenciario de la América Latina. Y lo que tenemos es uno de los peores, sino el peor. Nuestras cárceles son miserables almacenes de hombres depositados en ellas para el ocio, para el vicio y para la muerte. La Revolución no ha entrado a nuestras cárceles» (El Nacional, 25.01.05 A/6).

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

Autor: Provea
Año: 2004
Editorial: Provea
Sinopsis:
Venezuela suscribió los postulados y principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así se comprometió ante la comunidad internacional a hacer efectiva su vigencia. Es por tanto esta Declaración una herramienta que podemos utilizar para exigir al Estado venezolano el cumplimiento de los derechos establecidos en ella, puesto que todos los derechos enunciados en la Declaración son expresados y reconocidos por nuestra Constitución Nacional.
En este folleto encontrarás en un lenguaje sencillo los treinta artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esta 2da. edición, de la serie de formación en derechos humanos «Todos los derechos para todos»  también puede ser consultada o descargada en nuestra página Web:
https://www.provea.org. ([email protected]).

Autor: Provea
Año: 2004
Editorial: Provea
Sinopsis:
Estas Memorias reúnen los diversos momentos del V Seminario de Formación en Desc, realizado por Provea y con el auspicio de la Plataforma Interamericana del 28 de junio al 2 de Julio del 2004.
Este quinto seminario congregó a un grupo de 52 participantes. Estuvo integrado por activistas de derechos humanos, profesionales, académicos y estudiantes.
Se analizaron los distintos Tratados de Libre Comercio de la región, firmados o no. Así como el impacto de que tiene estos tratados en los DESC, como el derecho a la salud, los derechos laborales y el derecho a un ambiente sano. Se plantearon distintas alternativas frente a los procesos de integración económica que se desarrollan en la región, tales como el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA).
Este documento también puede ser consultado o descargado en nuestra en nuestra página Web: https://www.provea.org. ([email protected]).

Autor: Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Año: 2001
Editorial: Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Sinopsis:
«Los documentos contenidos en esta publicación presentan primeramente la situación del desarrollo del derecho a la educación en la región, caracterizando los principales rasgos del trabajo infantil y estableciendo las relaciones de este problema con la educación escolar. Posteriormente, se ha preparado un artículo que presenta la educación como presupuesto básico de la erradicación del trabajo infantil en América Latina» ([email protected]).

Autor: Hernán Montealegre
Año: 1983
Editorial: Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Sinopsis:
Este documento refleja la visión humanista del hombre Latinoamericano. Desde los legados culturales dejados en la población por los primeros defensores de derechos humanos, como Bartolomé de las Casas, hasta las últimas tendencias y acuerdos enfocados hacia la libertad y al respeto de la persona humana ([email protected]).

DOCUMENTOS

«Porto Alegre – 31 enero 2005

Somos movimientos sociales reunidos en el marco del V Foro Social Mundial. El gran éxito de participación, plural y masiva, al FSM, nos da la posibilidad y la responsabilidad de hacer más y mejor nuestras campañas y movilizaciones, para extender y fortalecer nuestras luchas.

Hace cuatro años el grito colectivo y global que OTRO MUNDO ES POSIBLE rompió la mentira que la dominación neoliberal es inevitable, así como de la “normalidad” de la guerra, de la desigualdad social, del racismo, de las castas, del patriarcado, del imperialismo y de la destrucción del medio ambiente. En la medida que los pueblos se apropian de esta verdad, su fuerza se hace incontenible y se va materializando en hechos concretos de resistencia, reivindicación y propuesta.

Por ello lo nuevo de nuestra época es el estallido y la extensión de los movimientos sociales en todos los continentes y su capacidad de construir en la diversidad nuevas convergencias y acciones comunes a nivel global.

En ese marco, decenas de millones de hombres y mujeres se movilizaron en todos los rincones del mundo por la paz, contra la guerra y la invasión encabezada por Bush contra Irak. Las cumbres como el G8 y la OMC, el FMI y el Banco Mundial, donde pocos pretenden decidir por todos y todas, quedaron cuestionadas y deslegitimadas por la acción de los movimientos sociales. Las luchas populares en defensa de la naturaleza, de los derechos de los pueblos y de los bienes comunes, contra su privatización, como las de Bolivia, Uruguay y otros pueblos, demostraron la posibilidad de poner en crisis la dominación neoliberal. Se nos abrieron nuevos espacios de lucha política y social.

El neoliberalismo es incapaz de ofrecer un futuro digno y democrático a la humanidad. Sin embargo, hoy día retoma la iniciativa respondiendo a su crisis de legitimidad con la fuerza, la militarización, la represión, la criminalización de la las luchas sociales, el autoritarismo político y la reacción ideológica. Millones de hombres y mujeres están sufriendo cada día. Queremos aquí recordar la guerra en el Congo que ya causo cuatro millones de victimas. Por todo eso, otro mundo no solamente es posible, sino necesario y urgente.

Concientes que nuestro camino es aun largo, llamamos a todos los movimientos del mundo a luchar por la paz, los derechos humanos, sociales y democráticos, el derecho de los pueblos de decidir su destino y la cancelación inmediata de la deuda externa de los países del Sur, a partir de la agenda que compartimos en el marco del V Foro Social Mundial:

Agenda de lucha

Llamamos a todas las organizaciones y movimientos sociales participantes en el Foro Social Mundial y a aquellas que no pudieron estar en Porto Alegre, para trabajar juntos una campaña por la INMEDIATA e INCONDICIONAL CANCELACIÓN DE LA DEUDA externa y ilegitima de los países del Sur, comenzando con los países víctimas del tsunami y otros que han sufrido terribles desastres y crisis en los meses recientes.

Apoyamos a los Movimientos Sociales del Sur que se declararen ACREEDORES de las deudas históricas, sociales y ecológicas. Exigimos el reconocimiento internacional de estas deudas para detener su incremento, y la restauración de nuestros ecosistemas y el resarcimiento a los pueblos.

Exigimos cesar la ejecución de proyectos y “acuerdos de integración” que faciliten el saqueo de recursos naturales en los países del Sur.

Apoyamos la exigencia de los Movimientos Sociales de campesinos y pescadores de las áreas afectadas por el tsunami a fin de que los recursos para la emergencia y rehabilitación sean administradas directamente por las comunidades locales y así evitar nuevas deudas, colonización y militarización.

A dos años de la invasión a Irak la oposición global a la guerra es mas grande que nunca. Para el movimiento contra la guerra es tiempo de aumentar las acciones y no echar marcha atrás.

Exigimos el fin de la ocupación de Irak. Exigimos que EEUU termine de amenazar a Irán, a Venezuela y a otros países. Nos comprometemos a establecer mas contactos con las fuerzas anti-ocupación en Irak y Oriente Medio. Reforzaremos nuestras campanas contra las transnacionales implicadas en la ocupación, apoyamos a los militares que rechazan la participación en la guerra y defendemos los activistas perseguidos por estar contra la guerra.

Apoyamos todas las campanas para el desarme y la desmilitarización, incluso la campana contra las bases militares de EEUU en el mundo, las campanas por el desarme nuclear, por el control del comercio de las armas y por cortar el gasto militar.

Bajo la excusa del “libre comercio” el capitalismo neoliberal avanza en el debilitamiento de los Estados, la desregulación de las economías y en la “legalización” de privilegios para las corporaciones transnacionales a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Fracasado el ALCA por la presión popular, ahora se obliga a Centroamérica y otros países a suscribir Tratados de Libre Comercio bilaterales que los pueblos rechazamos. En Europa la directiva Bolkestein de la UE quiere imponer la privatización completa de los servicios públicos. En este marco llamamos a todas y todos a movilizarnos durante las Jornadas de Acción Global, del 10 al 17 Abril, en la Cumbre de los Pueblos de las Américas, en Mar del Plata, Argentina, en Noviembre 2005; y frente a la VI Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, en Hong Kong, en Diciembre 2005.

Apoyamos la Marcha mundial de las mujeres quienes realizan una nueva campana de acciones feministas globales, recorriendo el mundo partiendo de Sao Paulo el 8 de marzo y finalizando el 17 de octubre en Burkina Faso, para reafirmar su compromiso en la lucha contra el neoliberalismo, el patriarcado, la exlcusión y la dominación. Convocamos a todos los movimientos a construir en ese periodo acciones feministas contra el libre comercio, el trafico sexual, la militarización y por la soberanía alimentaria.

Apoyamos los esfuerzos de movimientos sociales y organizaciones que promueven la lucha por la dignidad, la justicia, la igualdad y los derechos humanos, especialmente los de los Dalits, Afro-descendentes, pueblos indígenas, romas, burakumins y los mas oprimidos y reprimidos sectores de la sociedad.

Llamamos a la movilización de masas contra la cumbre del G8 en Escocia del 2 al 8 de julio. Iremos a las calles y participaremos en la contra-cumbre en Edimburgo y Gloneagles. Exigimos: que la pobreza pase a la historia, que paren la guerra, cancelen la deuda e impongan un impuesto global a las transacciones financieras para financiar el desarrollo.

Luchamos por el derecho universal a una alimentación sana y suficiente.

Luchamos por el derecho de los pueblos, las naciones y los campesinos a producir sus alimentos. Nos manifestamos contra los subsidios a la exportación que destrozan las economías de las comunidades rurales.

Evitemos el dumping alimentario.

Rechazamos los alimentos transgénicos porque además de poner en riesgo nuestra salud y nuestro ambiente, son el instrumento para el control de los mercados por cinco empresas transnacionales. Rechazamos las patentes sobre cualquiera forma de vida y en especial sobre las semillas ya que con ello pretenden apropiarse de nuestros recursos y el conocimiento asociado a ellos.

Exigimos la Reforma Agraria como una estrategia que permita garantizar el acceso del campesinado a la tierra, y sea la garantía de una alimentación sana y suficiente, y no se concentre la tierra en manos de las transnacionales y los latifundistas.

Exigimos que se anulen las acciones en contra de los campesinos de todo el mundo, la liberación inmediata de los campesinos y presos político que existen en el mundo, la suspensión de la militarización de la zonas rurales.

Apoyamos la producción sustentable basada en la preservación de los recursos naturales: suelo, agua, bosque, aire, biodiversidad, recursos acuáticos etc. Apoyamos el fomento a la producción orgánica y agroecológica.

Llamamos a la movilización en el día mundial de los campesinos el día 17 de abril; y en el aniversario de la muerte de Lee el 10 de septiembre contra la OMC.

Apoyamos las campanas y luchas en defensa del agua como bien común publico, contra su privatización y para el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, como la campaña “No a la Suez en América Latina”. Invitamos a participar en el Forum internacional del 18-20 de marzo en Ginebra.

Compartimos la exigencia de construir una alianza entre movimientos sociales y redes por un “Contracto mundial por el clima: un mundo solar es posible”.

La energía es derecho a la vida y un bien común. La lucha contra la pobreza y el cambio climático exigen que la energía sustentable este entre las prioridades de las iniciativas y campanas del movimiento social.

Apoyamos la marcha internacional sobre el clima en noviembre. La “Responsabilidad Social de las Transnacionales” no logro eliminar los abusos y crímenes de las transnacionales. Por ello tiene que ser seriamente desafiada. Los movimientos trabajaran juntos para quitar poder a las transnacionales, parar sus abusos y crímenes. Las comunidades tienen que tener libertad para protegerse a si mismas, a su medio ambiente y a la sociedad del dominio de las transnacionales.

Apoyamos las campañas contra las transnacionales que violan los derechos humanos, sociales y sindicales, como aquellas contra Nestle y Coca-Cola en Colombia; y, Pepsi y Coca Cola en la India.

Apoyamos la lucha del pueblo palestino por sus derechos fundamentales y nacionales, incluso el derecho al retorno, basados en el derecho internacional y las resoluciones de la ONU.

Pedimos a la comunidad internacional y a los gobiernos imponer sanciones políticas y económicas a Israel, incluyendo el embargo sobre las armas.

Llamamos a los movimientos sociales a movilizarse también por las desinversiones y boicots. Estos esfuerzos tienen el objetivo de presionar a Israel a implementar las resoluciones internacionales y respetar el parecer de la Corte internacional de Justicia de parar la construcción y destruir el muro ilegal del apartheid y terminar la ocupación.

Apoyamos a los activistas israelíes por la paz y los refusnik en su lucha contra la ocupación.

Condenamos el injusto bloqueo a Cuba y pedimos un juicio justo para los cinco cubanos presos en Estados Unidos.

Igualmente, exigimos la retirada inmediata de las tropas militares extranjeras en Haití.

Reconocemos la diversidad de opción sexual como una expresión de un mundo alternativo y condenamos su mercantilización. Los movimientos se comprometen a compartir la lucha contra las exclusiones por identidad, genero y homofobia.

Juntaremos nuestras voces en contra todas la formas de mercantilización del cuerpo, de la mujeres y de las personas GLBT; Apoyamos el proceso de construcción de una red global de movimientos sociales comprometidos con la defensa de los migrantes, refugiados y desplazados.

El neoliberalismo y las políticas de la “guerra contra el terror” produjeron el crecimiento de la criminalización de los migrantes, de la militarización de las fronteras, del clandestinaje y de la disponibilidad de fuerza de trabajo barata. Apoyamos la campana por la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas por los derechos de los migrantes, que ningún gobierno del Norte quiere aceptar.

Apoyamos la campana por establecer un organismo independiente que sancione a los gobiernos que no respetan la Convención de Ginebra para los refugiados y los derechos de los y las migrantes.

Apoyamos las campanas y luchas por los derechos de los niños y las niñas, contra la explotación laboral y sexual, contra el trafico de niños, niñas y el turismo sexual.

Apoyamos el llamamiento de los excluidos, de los sin-voz, para desarrollar una campana de solidaridad activa e impulsar una marcha mundial en la que los y las oprimidos/as y excluidos/as del planeta levantan su voz para conquistar el derecho a una vida digna.

Desde el 14 hasta el 16 de septiembre, en la Asamblea general de la ONU, los jefes de gobierno de todo el mundo tomaran decisiones sobre la reforma de las Naciones Unidas y revisaran sus compromisos para erradicar la pobreza.

Son ellos los principales responsables de la actual situación critica de la humanidad. Apoyamos el llamado de redes internacionales que invitan a movilizarse globalmente el 10 de septiembre por un nuevo orden mundial democrático y contra la pobreza y la guerra.

Apoyamos el llamado por una movilización el día 17 de noviembre, en el día internacional de los estudiantes, en defensa de la educación publica, contra la privatización y la transnacionalización de la educación.

En solidaridad con Venezuela la juventud del mundo esta llamada de participar en el 14to. festival mundial de la juventud y de los estudiantes en Venezuela entre los días 7 a 15 de agosto. La comunicación es un derecho humano fundamental. Apoyamos el llamado para las movilizaciones en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de da Comunicación, en Túnez el 16 -18 de noviembre. Apoyamos el llamado a una convención internacional sobre la Diversidad Cultural y nos oponemos a la mercantilización de la información y de la comunicación por la OMC.

Apoyamos la economía social como expresión concreta de una alternativa de desarrollo justo, solidario, democrático y equitativo.

En defensa de la salud publica y contra su privatización, llamamos a todos los pueblos del mundo a una lucha permanente. Llamamos a la movilización en el marco de la Asamblea General en Defensa de la Salud de los Pueblos, en Cuenca, Perú en el año 2005 y al Foro Mundial de la Salud en el marco del Foro Social Mundial en África en 2007.

Esta es una pequeña muestra de los movimientos sociales en lucha. GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!» (Movimientos Sociales, 01.02.05, [email protected]) .

«La Radio Alternativa de Caracas 94.9 FM, Es una de las pioneras de las radios comunitarias en Venezuela, no sólo por los cuatro años que lleva transmitiendo, sino por lo consecuente que ha sido en la Formación de nuevos comunicadores comunitarios comprometidos con el proceso revolucionario; ha sido gestora de procesos legislativos en pro de los medios alternativos; cuatro años apoyando la causa de los pueblos indígenas, los derechos humanos, de los artistas populares y la causa de todos los venezolanos y venezolanas excluid@s, que sabemos que otro mundo es posible. Arbitrariamente, desde el día 28 de septiembre del 2004, fue usurpada la frecuencia 94.9FM utilizada por la Radio Alternativa de Caracas (la primera radio comunitaria de la ciudad en este periodo siempre al servicio del movimiento popular) por una radio de mayor potencia con cobertura total en Caracas. Esta radio usurpadora se llama ‘Llanera Capital’ de la Corporación de Guárico, dirigida por el Gobernador del Estado Guárico Eduardo Manuitt.

Inexplicablemente, no obstante haber presentado oportunamente la solicitud de Habilitación y llenado todos los requerimientos legales, CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones), ente ‘administrador del espectro radioeléctrico en Venezuela, no sólo no ha respondido a dicha solicitud, sino que ahora permite que el dial 94.9 FM sea utilizado por esta emisora ‘Llanera Capital’.

La RAC 94.9FM es histórica en el movimiento de medios alternativos, apoya el proceso revolucionario del país y no acepta en ese marco que se vulnere el derecho de por lo menos 20 organizaciones populares y no gubernamentales de Caracas. No acepta que supuestos intereses partidistas estén sobre los intereses del pueblo soberano, no acepta los falsos discursos demagógicos de promoción de lo comunitario, no acepta que el Sr. Lezama se burle de un proyecto de vida popular como es la RAC 94.9FM, no acepta que la ineficiencia, negligencia o vista gorda del ente administrador pisotee conceptos tan importantes como la democracia participativa (cuando impone sus criterios), la autonomía política y organizativa de diversas expresiones del movimiento popular (cuando se quiere controlar desde los productores independientes a los comités de usuarios), desarrollo endógeno (privilegiando en ciertos espacios a las transnacionales), el derecho universal a la comunicación (cuando entrega a los que ya son latifundistas, el espectro radioeléctrico de la ciudad) y mucho menos acepta que se deje de lado el mandato de darle TODO EL PODER AL PUEBLO.

Pero tanta injusticia no podrá pasar. Las personas que hoy hacemos vida en la Radio Alternativa de Caracas, EXIGIMOS a CONATEL y a su presidente Alvin Lezama una solución inmediata que devuelva la frecuencia a numerosas agrupaciones populares y entregue la habilitación administrativa a la Radio Alternativa de Caracas 94.9 FM, así como ha hecho con otras radios comunitarias y muchas comerciales.

El amiguismo, el compadrazgo, el mercantilismo, la mentira y la reacción enquistada en ciertas instancias del gobierno… sencillamente no pasarán!. No hay revolución popular sin comunicaciones alternativas¡» (Radio Alternativa de Caracas 94.9 FM, 20.01.05 [email protected]).