Washington, D.C.—En los últimos días, reportes confiables han surgido que sugieren que, a fines de 2019, representantes del Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó se reunió con varias contratistas militares privadas, las cuales ofrecieron llevar a cabo actividades armadas encubiertas dentro del territorio venezolano. El Associated Press y el Washington Post han confirmado que estos representantes opositores firmaron un contrato con la empresa SilverCorp USA, la cual realizó una fallida incursión que resultó en ocho muertos y la aprehensión de al menos 10 individuos, incluidos dos ciudadanos estadounidenses.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junta con socios de la sociedad civil venezolana y regional, se ha opuesto consistentemente a cualquier propuesta que depende del uso de la fuerza. Es claro que Venezuela necesita urgentemente una solución pacífica y democrática a su crisis, la cual restaure el estado de derecho y el derecho de los venezolanos a elegir sus propios líderes. Los EEUU y la comunidad internacional deben estar claros en negar apoyo directo o indirecto a medidas violentas de intentar lograr esa solución.
Al mantener que “todas las opciones están sobre la mesa”, incluyendo una opción militar, la administración de Trump tiene en parte la responsabilidad por estas acciones irresponsables cometidos por sectores de la oposición venezolana. Al presentar la posibilidad de una intervención militar, y por declaraciones continuas y equivocadas que sugieren que el ejército venezolana está a punto de abandonar a Maduro, el gobierno estadounidense ha restado prioridad a las negociaciones entre la oposición venezolana, y ha promovido una teoría de cambio que depende de la creación de una ruptura improbable entre las fuerzas armadas y el gobierno de Maduro. Estas miscalculaciones solo se han profundizado en las últimas semanas, con la administración de Trump ofreciendo una recompensa de millones de dólares para la captura de Maduro, y exagerando la naturaleza de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe como parte de una estrategia de presión.
El 20 de diciembre de 2019, el Presidente Trump firmó la ley VERDAD, el cual establece que “es la política de los EEUU apoyar los esfuerzos diplomáticos para promover una solución negociada y pacífica a la crisis política, económica, y humanitaria de Venezuela”, y clarifica que “las negociaciones directas y creíbles representan la mejor oportunidad para lograr una solución a la crisis venezolana”. La aprobación de esta ley fue una muestra importante del apoyo bipartidista para una solución pacífica y negociada. Ahora la administración de Trump debe mostrar que sigue comprometida con dicha solución y rechazar el pensamiento contraproducente por actores de línea dura. Debe estar claro con la oposición en enfatizar que un acuerdo negociado es la única manera de avanzar, y comprometerse con la diplomacia vigorosa con actores internacionales relevantes para ganar su apoyo para una solución negociada.
