(Ginebra, 12/09/2018) El noveno informe sobre represalias contra defensores de derechos humanos, presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, señala que existe la tendencia de aplicar leyes selectivamente para restringir y obstaculizar las organizaciones que probablemente cooperarán con las Naciones Unidas.
“La gente enfrenta globalmente duras represalias e intimidación por cooperar con las Naciones Unidas en derechos humanos, una práctica vergonzosa”, se advierte en el informe. Esta tendencia disuade a otros de comprometerse con la ONU y resulta en “autocensura”, lo que imposibilita a la ONU trabajar efectivamente, incluído el abordaje de conflictos, entrega de ayuda humanitaria o la protección de los civiles . Además, se detallan los casos de cada país en dos anexos, incluidas las denuncias de asesinatos, torturas y malos tratos, arrestos y detenciones arbitrarias, vigilancia, criminalización y declaraciones públicas campañas de estigmatización dirigidas a víctimas y defensores de los derechos humanos.
El informe destaca una “tendencia inquietante en el uso de los argumentos de seguridad nacional y estrategias antiterroristas por parte de los Estados como justificación para bloquear el acceso de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil a las Naciones Unidas”. Señala que varias ONG, defensores de los derechos humanos, activistas y expertos han sido etiquetados como “terroristas” por sus gobiernos. Los casos denunciados incluyen individuos u organizaciones acusados formalmente de terrorismo, acusados de cooperar con entidades extranjeras o acusados de dañar la reputación o la seguridad del Estado.
“Los casos de represalias e intimidación detallados en este informe y sus dos anexos representan la punta del iceberg, mientras que muchos más nos son informados. También estamos viendo cada vez más obstáculos legales, políticos y administrativos utilizados para intimidar y silenciar a la sociedad civil “, dijo Andrew Gilmour, secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos,
El informe incluye denuncias de represalias e intimidación documentadas en un total de 38 países. Algunos de los Estados son miembros actuales del Consejo de Derechos Humanos y han figurado en el informe anual sobre represalias casi todos los años desde que se instituyó en 2010, entre los cuales se encuentran: Bahrein, Camerún, China, Colombia, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungría, India, Israel, Kirguistán, Maldivas, Malí, Marruecos, Myanmar, Filipinas, Federación de Rusia, Rwanda, Arabia Saudita, Sudán del Sur, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Turkmenistán y Venezuela.
Venezuela
En el informe se señala que representantes del Gobierno de Venezuela presuntamente amenazaron y hostigaron a cuatro representantes de la sociedad civil en un evento del trigésimo quinto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el 6 de junio de 2017.Alonso Medina Roa (Foro Penal), Julio Henriquez (Programa de Libertad de Refugiados), Laura Louza (Acceso a la Justicia) y Mercedes De Freitas (Transparencia Venezuela), quienes participaban en un panel copatrocinado por los Estados Unidos. Supuestamente amenazados con que sus pasaportes serían confiscados.
Además, varios representantes de la sociedad civil han sido blanco de Diosdado Cabello Rondon, para entonces miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De acuerdo con la alegaciones recibidas, Cabello ha utilizado su programa “Con el Mazo” Dando, “una emisión semanal en la televisión pública venezolana, para lanzar una campaña de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos, incluidos los que han cooperado con el Consejo de Derechos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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