Desde la perspectiva de los derechos humanos, la Seguridad Social es relevante para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando se enfrentan a situaciones que les privan el ejercicio pleno de sus derechos humanos, por lo que su ámbito de acción es bastante amplio; sin embargo, en Venezuela, se ha vinculado a los adultos mayores, las pensiones y jubilaciones y el rol del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), obviando el conjunto de regulaciones que tienen como fin la protección social de la población en diversos escenarios como la salud, el trabajo, apoyo familiar, reducción de pobreza, promoción de inclusión social, entre otros.
La adultez mayor es un asunto que ocupa a la Seguridad Social, pues es desde este derecho que se definen y promueven las prácticas de protección para que los adultos mayores, y el resto de la población, gocen de una vida digna. Asimismo, es tema central en el diseño, planificación y ejecución de cualquier sociedad, pues la población de adultos mayores en los últimos años ha ido incrementándose gracias a los cambios demográficos, descubrimientos médicos, mejoría en las condiciones de vida, entre otros factores, que han evidenciado un envejecimiento poblacional más acelerado.
En ese sentido, y como disciplina científica, la Universidad Central de Venezuela celebra el venidero 4 de diciembre, el 50 aniversario de los estudios de Postgrado en Seguridad Social en el país, y el primero en América Latina hasta el año 1990.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, para el año 2023 la población total de Venezuela era de 28.838.499 habitantes. En cuanto al perfil demográfico, para ese mismo año la población de mayores de 65 años representaba 8.8% del total. Un aspecto que atañe directamente a este grupo poblacional ha sido el número de pensionados que año tras año el gobierno de Nicolás Maduro incrementa la cifra y lo exhibe como un logro, no obstante, eso no se traduce en cambios cualitativos como mejor calidad de vida.
Dada esta consideración, Provea ha registrado el número de pensionados, ya sea por pensiones contributivas y no contributivas, que han sido asignados anualmente:
Histórico de número de pensionados 2015-2023
| Año | Número de pensionados |
| 2015 | 2.879.627 |
| 2016 | 3.178.271 |
| 2017 | 3.630.092 |
| 2018 | 4.095.023 |
| 2019 | 4.900.764 |
| 2020 | 4.960.522 |
| 2021 | 5.003.987 |
| 2022 | 4.627.248 |
| 2023 | 4.603.960 |
A propósito de celebrarse el 1 de octubre el Día internacional de las personas de edad, fecha designada por la Organización de las Naciones Unidas como un reconocimiento a la contribución de los adultos mayores al desarrollo humano y económico. Bajo un contexto de precaria situación que viven los adultos mayores, pensionados y jubilados en Venezuela, Provea entrevistó a Ana Salcedo, coordinadora adjunta del Postgrado Integrado de Seguridad Social y Doctora en Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela y Luis Cano, dirigente del Frente de Jubilados y Pensionados, para conocer sus impresiones al respecto.
Los adultos mayores o personas de edad son el grupo poblacional más afectado en el país, conformado por jubilados y pensionados en su mayoría. Desde su visión en el área que se desempeña, ¿podría darnos un panorama de la situación de este grupo en la actualidad?
Ana Salcedo (AS): El panorama que nosotros tenemos aquí en Venezuela sobre los jubilados y pensionados es mucho más delicado, arropa a toda la población, pero con más énfasis en los adultos mayores y los jubilados y los pensionados, su vida transcurre, en su mayoría, entre añoranza, tristeza, pobreza, desesperanza y miedo. Si bien es cierto que prácticamente los 5 millones de población adultos mayores que existen en nuestro país están pensionados o jubilados, esto no significa absolutamente nada desde el punto de vista económico y social, ¿por qué? Porque la inflación que existe en el país y los elevados costos impiden que estos ingresos le permitan cubrir apenas los gastos alimenticios, incluyendo los bonos. La inflación lo fulmina todo.
El ingreso apenas alcanza para alimentarse pocos días de la semana. Los datos de la organización Convite destacan que de cada 10 personas adultas mayores ocho son pobres y de esos 10, 4 viven en pobreza extrema. A esto le agregamos ese panorama emocional que significa la migración de los miembros jóvenes de la familia que incrementa el miedo y la soledad de los jubilados y los pensionados, el miedo a enfermar y a no disponer de medicamentos ni de recursos para adquirirlo, ni de asistencia sanitaria pública y mucho menos recurrir a servicios privados por los altos costos de las clínicas y de los seguros privados de salud.
Luis Cano (LC): Tenemos una gran carencia que en estos últimos años y es que el gobierno, de una manera continua y sistemática, ha venido deteriorando el sistema público de salud. En Venezuela tenemos un sistema de salud prácticamente privatizado y se nos hace imposible acceder a algo tan esencial. En los adultos mayores, el más joven tiene 60 años, entonces tenemos enfermedades que son productos de los años y deberíamos de tener la atención por parte del Estado igual que el suministro de medicinas que anteriormente lo teníamos a través del Seguro Social, que fue creado con esa función: darle seguridad social tanto a los trabajadores activos como a los jubilados y los pensionados. Estamos sobreviviendo, también tenemos una condición muy especial que es producto de la grave crisis por la cual atraviesa el país.
Duplicidad institucional
El recién nombrado ministro de Educación, Héctor Rodríguez, compartió entre sus primeros anuncios, un plan para mejorar las condiciones de vida de los docentes venezolanos que incluyen beneficios como: atención médica, apoyo para la adquisición o mejora de viviendas; programas de alimentación complementarios; oportunidades de formación académica y profesional; y acceso a financiamiento para diversos proyectos. Dicho plan resultará paralelo al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) que entre sus funciones está garantizar a los afiliados del Ministerio de Educación, acceso a créditos y otros servicios de asistencia social.
De manera que, en lugar de fortalecer las instituciones de protección social en la asignación de mayores recursos presupuestarios y equipamiento, se debilitan aún más al crear otras “instituciones” o planes improvisados que no obedecen a una planificación que incluya filosofía de gestión, rendición presupuestaria, seguimiento de actividades, registro de beneficiarios, etc.
En ese sentido, existe paralelismo institucional en el país, creación de varias instituciones similar a una creada con anterioridad como el Ipasme, ¿qué implicaciones traería esta medida?
AS: Le interesa al régimen debilitar la estructura organizacional y tradicional regulada por vías legales y administrativas que son las leyes y la Administración Pública Nacional que le resulta un poco más complicada manipular.
El paralelismo en este país no es casual, es causal. Es intencional guiado desde el Ejecutivo Nacional para consolidar el proyecto bolivariano promovido bajo el eslogan de refundar la República. La intencionalidad se orienta a, aparentemente, descentralizar la protección social mediante un proceso político, pero que les permita a ellos precisamente el control. Debilitar por un lado las instituciones tradicionales creando otras paralelas apoyadas, políticas y financieramente, desde el Ejecutivo Nacional, eso le ofrece una mayor discrecionalidad control y legitimidad ante esos segmentos de la población.
Dejar las instituciones tradicionales al garete debilitadas y crear una de base dentro de las comunidades directamente controladas y dirigidas discrecionalmente por el Ejecutivo Nacional dándole para ello el control social y político. Ejemplo de ello son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), las misiones, la propia milicia que, aparentemente, son estructuras que procuran descentralizar y que vienen de abajo hacia arriba, pero ¿qué es lo que ofrecen estas estructuras? una mayor discrecionalidad en el otorgamiento de las prestaciones, discrecionalidad aunado al clientelismo, el capital político en el financiamiento del control político, la efectividad de control de las redes clientelares en las organizaciones comunales que luego serán refrendadas por leyes de los consejos comunales. Esto repercute aparentemente diciendo que se descentraliza y que se hace más efectiva la protección social, pero se duplican los actores. Estos son intermediarios ante situaciones políticas y electorales.
“La propuesta del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, considero que esto no pasa de ser más que una promesa que con seguridad no se cumplirá. Tenemos una experiencia con otro organismo. Una promesa muy parecida de crear el Instituto de Previsión Social para proteger al trabajador universitario contenido en la Cuarta Convención Colectiva del trabajo para los profesores universitarios Este instituto se debilitó y no se llegó absolutamente a nada” AS
LC: Existe duplicidad. El que está pensionado trabajó por años para obtener su pensión. Se paga un fondo de pensión para tener una vejez digna y resulta que en muchos fondos de pensiones el dinero desapareció, como por ejemplo el caso de PDVSA. Son recursos malversados y en otras funciones. Muchos compañeros han pagado sus fondos de pensión y no tienen cesta ticket porque simplemente desapareció y el gobierno no responde por esos recursos.
Venezuela: en deuda con un sistema de protección social
La protección social tiene como finalidad proporcionar a los hombres y mujeres la seguridad de ingresos básicos y el acceso a los servicios esenciales a lo largo de las distintas etapas de sus vidas. Es un mecanismo esencial para hacer frente a las desigualdades, especialmente, las relativas al género y a los ingresos e incluye la garantía de seguridad de ingresos básicos (pensiones y diversas prestaciones) y acceso universal a servicios sociales (salud, agua y saneamiento, educación, vivienda, entre otros).
En Venezuela, desde el año 2017, el gobierno de Maduro implementó el Carnet de la Patria y, años más tarde, un Sistema de Protección Social, que no es más que el conjunto de planes con enfoque asistencialista en el que se accede a través del Carnet de la Patria. A saber: Plan Parto Humanizado, CLAP, Gran Misión Hogares de la Patria, entre otros, que otorgan un subsidio mínimo a las familias registradas, pero que no les proporcionan las herramientas y condiciones necesarias para salir de la situación de vulnerabilidad. Por el contrario, en el contexto de crisis económica y de inflación que atraviesa Venezuela, muchas familias quedan en la economía informal y baja productividad.
Es necesario invertir en una protección social básica para que los trabajadores tengan buena salud, alimentación y educación, y estén en condiciones de acceder a un empleo decente.
Con base en esto, no existe en la práctica un sistema de protección social en Venezuela, ¿qué opina de lo que ha definido el gobierno de Maduro en los últimos años como protección social (CLAP, Misiones, Bonos sociales)?
AS: Sobre la existencia o no de un sistema de protección social en nuestro país es importante destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 estableció en su artículo 86, el modelo del Sistema de Seguridad Social que garantizará el derecho a la protección social a todos los ciudadanos y este mandato constitucional se recoge en el año 2002 mediante la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad, pero el gobierno ha optado por ignorarla, por no poner en práctica dicho sistema y prefiere continuar creando ese paralelismo institucional que señalamos anteriormente. Por eso en este momento podemos afirmar que existe una ley en el papel, una Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social que le garantiza el derecho de protección a todos los ciudadanos, pero en el papel. Es una ley que está vigente, pero no operativa.
En la realidad, lo que continúa existiendo es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cada vez más debilitado y frágil, y eso se diferencia del derecho a la seguridad social al sistema de seguridad social porque el seguro social protege a un segmento de la población: a la población formal dependiente y no protege ni tiene características universales, salvo en Venezuela en el caso de salud que sí atiende a toda la población, pero la de las ocho restantes ramas de protección no las garantiza. Entonces no tenemos en la realidad empírica un Sistema de Seguridad Social que garantice el derecho a la Seguridad Social para toda la población, lo que sigue vigente son estas prácticas segmentadas y asistencialistas de programas sociales denominado misiones.
Acciones de cara al futuro
Por lo anterior, se deduce que uno de los elementos transversales en la Seguridad Social son las pensiones, pues la falta de una pensión suficiente amenaza el disfrute de otros derechos humanos.
Desde la política social y económica, una acción relevante sería una planificación, desde una perspectiva más amplia de desarrollo la promoción de pisos de protección social en vez de misiones sociales con fines inmediatistas, sin embargo, sin voluntad política puede resultar una tarea cuesta arriba.
Además, se debe tener en cuenta la ejecución de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y sus regímenes prestacionales, especialmente, pensiones y otras asignaciones económicas y salud, ¿qué acciones deberían tomarse, a corto y mediano plazo, para garantizar a pensionados, jubilados y adultos mayores una vejez digna?
AS: En cuanto a las pensiones, es importante implementar un sistema de pensiones que sustituya lo percibido cuando la persona estaba vinculada al ámbito laboral. Estas pensiones deben ser inclusivas, deben ser para toda la población. Es decir, como un financiamiento no contributivo.
Debe responder a esa estrategia del piso de protección social inclusivo a nivel nacional, ese piso de protección destaca la necesidad de un ingreso mínimo para toda la población que le permita satisfacer las necesidades básicas con dignidad y mantener una calidad de vida respetable.
Sobre la salud, la atención médica asistencial debe ser integral e inclusiva para toda la población y de calidad con énfasis en esas enfermedades epidemiológicas propias de la edad del adulto mayor, también las enfermedades crónicas y las catastróficas y, por supuesto, es vital e importante desarrollar estrategias que permitan incentivar la formación de médicos gerontológicos, porque no hay en el país. Es necesario desarrollar estrategias que permitan incentivar a los profesionales para asumir esta especialidad.
Por último, el desarrollo de una red de servicios sociales que estén integrados. Debe tener hogares sustitutos, centros de recreación, programas turísticos, educativos, culturales, de integración familiar y de integración comunal y de inserción del adulto mayor en una actividad laboral.
LC: Rescatar el Seguro Social, que vuelva a ser para lo que fue fundado. Un fondo para dar respuesta a los pensionados y los jubilados, sin que pierda su objetivo.
Lo otro es el rescate del Sistema Público de Salud, que para eso falta voluntad política. Aquí la gente se enferma y se muere en la puerta de los hospitales porque no hay insumos. Hay asuntos que para nosotros son básicos, antes ibas a cualquier hospital y eras atendido. Si ibas a un hospital perteneciente al IVSS, igualmente. Contabas con medicinas que las suministraba el Seguro Social.
En definitiva, es una tarea urgente el diseño de políticas sociales que garanticen los ingresos y acceso a servicios sociales a la población a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Según la Organización Internacional del Trabajo, para el año 2021, en todo el mundo sólo el 47% de personas está cubierta por al menos una prestación de protección social, mientras que el 53% restante no perciben ningún ingreso de su sistema nacional.
En Venezuela, país caracterizado por una gran debilidad institucional, vulneración de derechos humanos, incremento de la corrupción, por mencionarse algunos factores; el desafío es cada vez mayor. No solo se debe abordar la mera exigencia de mejores ingresos a la población, sino ir al punto medular como una ejecución efectiva y oportuna de las legislaciones pertinentes, rendición de cuentas, así como la adecuación de recursos de diversa índole, para la concreción de un Sistema de Seguridad Social.
Desirée González, Investigadora Capítulo Seguridad Social Informe Anual de Provea | Prensa Provea
