«La población sedienta, especialmente en los barrios pobres, se precipitó sobre los vehículos cisternas y fue preciso la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden. Los habitantes de los cerros, desesperados, seguros de que los camiones de abastecimiento no podían llegar hasta sus casas, descendieron en busca de agua».
Así narraba el nobel colombiano Gabriel García Márquez la sequía que azotó Caracas en junio de 1958. En su crónica «Caracas sin agua», escrita hace 62 años, el laureado escritor describía un suceso excepcional que hoy se ha convertido en una calamidad cotidiana.
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Venezuela es el noveno país con las mayores reservas de agua dulce del mundo, solo superado por Brasil, Rusia, Canadá, China, Indonesia, Estados Unidos, Bangladesh y la India. Por los 916.445 km² de territorio nacional corren cerca de un millar de ríos y yacen importantes reservas de aguas subterráneas que generan una cantidad de recursos hídricos aprovechables, estimada en 93 millones de metros cúbicos al año.
Pese a ello, la mayoría de los venezolanos tiene sed. El agua no llega a sus casas y la calidad de la misma es más que cuestionable.
Disponer de agua, suficiente y limpia, es un derecho humano. Ello significa que deberíamos contar con un abastecimiento continuo para el uso personal y doméstico que permita la garantía de otros derechos como la salud y la alimentación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que se necesitan cerca de 50 litros de agua por persona al día para garantizar la satisfacción de las necesidades más básicas, y mantener así en un nivel bajo los riesgos de salud pública.
Para Naciones Unidas los derechos humanos al agua y el saneamiento no están separados de otros derechos humanos. La garantía del derecho al agua y el manejo eficiente de los recursos hídricos por parte de los gobiernos, tienen un impacto fundamental en la realización de los derechos a la vida, la salud, la alimentación, a la vivienda adecuada, a un ambiente sano y al derecho al trabajo, entre otros.
La escasa disponibilidad de agua y la deficiente gobernanza de la gestión de los recursos hídricos, acentúan las desigualdades y tienen un impacto significativo en las poblaciones más vulnerables y en condición de pobreza. En Venezuela la población urbana y rural está seriamente afectada por las constantes interrupciones en la prestación del servicio de agua potable por parte del Estado y, aunque las interrupciones afectan a todos los estratos socioecónomicos, el impacto de la falta de agua es más pronunciado en los más pobres, quienes carecen de medios para acceder a servicios privados de suministro de agua, instalar alternativas para la recolección en las viviendas y recurrir a mecanismos de saneamiento de la escasa cantidad de agua que reciben.
De acuerdo al Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2019, realizado por UNESCO y otras organizaciones, Venezuela se situó en el cuarto lugar entre las naciones de América Latina y El Caribe, como el país en el que se registró la mayor desigualdad en el acceso al agua entre el sector más rico y el sector más pobre de la población. En un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja y crecimiento exponencial de la pobreza, esa brecha constituye un obstáculo para la vida de millones.
Venezuela se benefició durante los últimos años de un alto y estable ingreso proveniente de la renta petrolera. Ello no se tradujo en inversión social e infraestructura para el desarrollo, al contrario, la ausencia de planificación y la enorme red de corrupción que creció a la sombra de los gobiernos de Chávez y Maduro, ocasionaron que esos recursos fueran dilapidados. Venezuela es hoy uno de los países que menos invierte en infraestructura para el saneamiento de aguas, por debajo del 50% de los recursos necesarios para cumplir con las metas nacionales, según UNESCO.
En 2018, durante una entrevista ofrecida al equipo de Provea, el ingeniero José Norberto Bausson detallaba que entre 1950 y 1998, Venezuela logró construir una red de 100 embalses que abastecían de agua continua a cerca del 87% de la población, y que la proyección para mediados del año 2000 era construir 7 embalses más, que permitieran el abastecimiento continúo y universal del servicio de agua potable con una tasa de saneamiento elevada.
Pero la desinversión y la corrupción arruinaron los logros alcanzados. A la fecha, las cifras se han invertido y más del 80% de la población venezolana padece constantes interrupciones en el servicio de agua potable que van desde 48 horas semanales, hasta cortes por un mes e incluso más. También la calidad ha caído a niveles sórdidos, cientos de usuarios han denunciado el hedor y el color del agua que reciben en sus casas.
Según la OMS, en Venezuela la tasa de mortalidad infantil por diarrea es seis veces mayor que hace 15 años. De acuerdo a investigadores de la Universidad Central de Venezuela, cerca de un millón de residentes en la ciudad de Caracas están expuestos a suministros contaminados.
«La mayoría de las plantas potabilizadoras estatales en Venezuela, están enviando agua ‘cruda’ sin potabilizar de donde provenga, porque la administración de Maduro no cuenta con el gas, cloro y el sulfato de aluminio necesarios para potabilizar y limpiar el líquido» comentó María Eugenia Gil, directora de la Fundación Aguaclara, en una reciente entrevista con el equipo de Provea.
Para Gil, la calidad del agua también está afectada por la gran contaminación de los embalses nacionales: «El agua llega de un embalse como Pao Cachinche (Carabobo-Cojedes) de donde se surte Hidrocentro. Ese embalse está contaminado con aguas servidas domésticas e industriales que van directo al mismo embalse. Se recicla el agua servida y se vuelve a distribuir, afectando tuberías, tanques, toda la red de distribución”, afirma.
En 2019 el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) realizó sondeos de percepción sobre la situación de los servicios públicos. Según los datos divulgados por la organización, el acceso formal al servicio de agua potable por tuberías se ubicó en 91,8%, siendo los más altos San Cristóbal (97,1%) y Caracas (95,6%). Sobre su calidad, la ciudad de Punto Fijo reportó el más alto índice de apreciación negativa (93,9%), mientras que San Cristóbal tuvo el más bajo índice (23,3%). Sin embargo, sólo el 16,7% de las 6.193 personas encuestadas dijo contar con suministro continuo de agua en sus hogares, el 40% señaló recibirla de una a cuatro veces por semana y el 93,7% de los ciudadanos comentó que almacena agua en su vivienda.
Para diciembre de 2019, el OVSP divulgó una segunda encuesta en la que reflejó que en diez de las principales ciudades del país, el 93,8% de los hogares almacena agua potable y 38,6% de ellos, señaló que mantiene reservas para más de 5 días ante las deficiencias en la prestación del servicio.
Hacer frente al COVID-19… sin agua
«Dado que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el COVID-19, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables». La advertencia, hecha en marzo de 2020 por un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas -entre ellos el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento- fue un llamamiento a los gobiernos del mundo a garantizar el suministro de agua potable para mitigar el impacto del COVID-19.
Pero en Venezuela, el gobierno actúa en la dirección contraria. Desde la declaratoria de cuarentena nacional el pasado 16 de marzo, las deficiencias en la prestación del servicio de agua a los hogares se han agravado. En Caracas, una falla en el Sistema Tuy II una estación de bombeo que abastece de agua a la capital, ha ocasionado la interrupción del servicio en las partes bajas de la ciudad, y en consecuencia de las partes altas. Los cortes se han prolongado por casi tres semanas y el suministro de agua se limita casi a 48 horas semanales. En las zonas altas, donde se ubican la mayoría de los barrios pobres de la ciudad, la situación se agrava debido a las deficiencias en el bombeo, asociadas al deterioro de los equipos y las fallas eléctricas.
Pero para los habitantes del interior del país nada de esto es nuevo. Al igual que la crisis eléctrica y la escasez de combustible, la falta de agua ha golpeado duramente a quienes viven en el interior de Venezuela. A comienzos de mayo, pobladores del sector Las Acacias, en Cabudare, municipio Palavecino del estado Lara, contaron al equipo periodístico del portal El Pitazo que tenían 834 días sin recibir agua por tuberías. En los Valles del Tuy, al sur del estado Miranda, los residentes de Charallave y Cúa dijeron al mismo medio que no recibían agua durante días. En Pie de Sabana, municipio Carvajal del estado Trujillo, una protesta ante la interrupción del servicio de agua por más de veinte días, fue reprimida por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES).
«La lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2.200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable”, dijeron los expertos de ONU. Sus advertencias, y las recomendaciones de la OMS para frenar la curva de contagios mediante una adecuada higiene personal, lucen como una quimera en la Venezuela actual. La carencia de agua es incompatible con la dignidad humana. Si el derecho humano al agua permite la realización de otros derechos en contextos de normalidad, en medio de la pandemia del Coronavirus contar con suministros de agua continuos, suficientes y de calidad, es contar con mayores garantías para el derecho a la vida, a la salud, y a la integridad personal.
Para el grupo de expertos de Naciones Unidas, las personas en situación de pobreza estarían más propensas a infectarse con COVID-19 debido a las interrupciones en los servicios de agua potable, por lo que estarían sometidas a condiciones más severas de aislamiento que disminuirían sus capacidades para obtener alimentos y recursos para la subsistencia familiar.
La pobreza no responde únicamente a la ausencia de medios económicos para la satisfacción de necesidades, también implica una situación en la que amplios sectores de la sociedad están sometidos a severos obstáculos para el acceso a servicios básicos y una consiguiente negación de su ciudadanía. El colapso generalizado de los servicios públicos en el país han creado las condiciones propicias para un aumento exponencial de la exclusión que, en tiempos de COVID-19 aumenta exponencialmente los riesgos para cerca del 90% de los venezolanos que viven bajo el umbral de la pobreza.
Prensa Provea
