Nuevamente, junto a Cuba, Nicaragua y Guatemala, Venezuela fue incluida en el Capítulo IV.B del Informe Anual 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se publicó el pasado 25 de abril.
El capítulo IV.B es una sección del Informe Anual que publica el órgano hemisférico, en el que se detallan situaciones y amenazas para los derechos humanos especialmente preocupantes y que requieren atención especial por parte del órgano.
Esta sección incluye informes especiales que la CIDH considera necesarios respecto de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros.
En la introducción de su aparatado sobre Venezuela, la CIDH indicó que «pese a los distintos llamados y recomendaciones de la CIDH y de otros organismos internacionales, en el 2023 el Estado no adoptó medidas idóneas y efectivas para restablecer el orden democrático y la separación e independencia de los poderes públicos. Esto ha permitido al Poder Ejecutivo mantener el control sobre el Poder Judicial, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Poder Legislativo, así como imponer una política sistemática de represión y amedrantamiento en contra de personas y organizaciones que defienden derechos, que manifiestan disenso con el gobierno, que son opositoras o percibidas como tales».
La CIDH hizo énfasis en la ausencia de separación de poderes en el país, lo que conduce a una evidente carencia de elementos sustanciales para la existencia de una democracia representativa.
El órgano resaltó que «La subordinación de las instituciones al Poder Ejecutivo tuvo dos consecuencias significativas en 2023. En primer lugar, no se tomaron medidas decididas para combatir la impunidad de las violaciones ocurridas en años anteriores, especialmente durante las protestas de 2015 y 2017. La segunda consecuencia de la falta de independencia de poderes fue el acceso discriminatorio a la función pública. En el transcurso de este año, la Contraloría General de la República ratificó las sanciones de inhabilidad impuestas a líderes opositores con aspiraciones presidenciales. Además, el Ministerio Público inició investigaciones penales contra las personas que organizaron las llamadas «elecciones primarias», un ejercicio ciudadano de consulta destinado a determinar quién disputaría la presidencia por la oposición en 2024«.
La CIDH alertó que en el país persisten situaciones estructurales que limitan severamente el disfrute de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). «El reducido acceso a estos derechos provocó que en 2023 quinientas mil personas abandonaran forzosamente el país«.
La Comisión decidió la incorporación de Venezuela en el Capítulo IVB de su Informe Anual para 2017 de conformidad con el artículo 59 de su Reglamento.
Prensa Provea
