Yemen, República Democrática del Congo, Afganistán y Venezuela, son los cuatro países con la mayor cantidad de personas padeciendo hambre. Así lo reveló el “Reporte Global sobre Crisis Alimentarias – 2020” publicado en abril de 2020 por la “Red Global contra las Crisis alimentarias” y la “Red de Información sobre Seguridad Alimentaria” (FSIN, por sus siglas en inglés). Este informe es producto del consenso de 16 organizaciones asociadas que hacen seguimiento a la “Inseguridad Alimentaria Aguda (IAA)” alrededor del mundo. Los datos presentados en esta edición corresponden al 2019.
Este reporta la cantidad de personas con IAA y sus umbrales de severidad según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), dentro de las cuales se encuentran aquellas que requieren asistencia urgente para llenar los gaps generados en el consumo de alimentos, proteger medios de vida y prevenir la muerte.
Las fases de severidad de la IAA se elaboran en base a indicadores relacionados con el consumo de alimentos, la desnutrición y la mortalidad. Las peores fases de severidad son “crisis, emergencias y catástrofes”. Venezuela está clasificada como un país en “emergencia”, caracterizado por grandes brechas en el consumo de alimentos y como consecuencia, desnutrición y muerte. En este escenario se requieren acciones para salvar vidas y medios de vida. De lo contrario, pasará a la fase de “catástrofe”.
En comparación con años anteriores, el mayor incremento de personas con inseguridad alimentaria en las peores fases se severidad se registró en 2019 con 135 millones en 55 países. América Latina tuvo 18,5 millones de los cuales 50% estaban en Venezuela. De los 10 países con peores crisis alimentarias, Venezuela ocupa el cuarto lugar después de Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán.
Según este reporte, 26,3 millones de los venezolanos presentaron algún grado de inseguridad alimentaria en 2019. De estos, 9,3 millones la presentó en sus formas moderada y severa, y 17 millones en su forma marginal.
El reporte también incluye datos sobre venezolanos migrantes que residen en Ecuador y Colombia. En este caso la cifra alcanzó a 1,2 millones con inseguridad alimentaria moderada y severa y 765.000 con inseguridad alimentaria marginal.
La inseguridad alimentaria también alcanzó a los niños y niñas. Según Unicef, en el mundo uno de cada tres niños no recibe alimentación adecuada y uno de cada dos tiene deficiencias de micronutrientes. En los 55 países con las peores crisis alimentarias, había 17 millones de niños con desnutrición aguda -moderada o severa – y 75 millones con retraso en el crecimiento.
Datos recopilados por Unicef en 16 Estados de Venezuela en 2019 ubican la desnutrición aguda en 6%, un rango considerado como de mediana severidad. No reporta valores sobre desnutrición crónica, es decir, niños menores de cinco años con retraso del crecimiento.
Dentro de las causas de las crisis alimentarias monitoreadas se señala que la más predominante es la asociada a conflictos e inseguridad. En 2019 las condiciones climáticas extremas y las crisis económicas tuvieron un incremento significativo en relación a años anteriores. De los 135 millones de personas afectadas por inseguridad alimentaria, 24 millones se ubicaron en ocho países donde la principal causa fue la crisis económica. De estos, 14,1 millones están en cuatro países de América Latina y El Caribe, incluyendo a Venezuela.
El pronóstico de la seguridad alimentaria para los países más afectados por crisis económicas no es alentador, se estima que en América Latina y El Caribe las amenazas más latentes están relacionadas con crisis sociopolíticas, desempleo, alto precio de los alimentos y condiciones climáticas extremas.
La emergencia generada por COVID-19 es considerada como un elemento de alto impacto en el mundo, tanto a nivel sanitario como socioeconómico. En materia de seguridad alimentaria ha afectado la cadena de suministros de alimentos, incluyendo la producción, procesamiento y distribución al mercado. Los más afectados son los hogares que dependen de la producción de alimentos y los habitantes de zonas urbanas que tienen dificultades para el acceso al mercado de alimentos, especialmente aquellos hogares con bajo poder adquisitivo.
Se estima que, en 2010 el COVID-19 junto a las crisis económicas, será un factor desencadenante de la inseguridad alimentaria aguda y la desnutrición, y que los 55 países que albergan los 135 millones de personas con inseguridad alimentaria serán los más afectados por su baja capacidad de respuesta en materia de salud y económica.
El escenario en Venezuela es más precario en relación a otros países, considerando que la emergencia del COVID-19 se superpone a la emergencia compleja que ha generado el colapso general de todos los sectores y que ha conducido al país a la dependencia de asistencia humanitaria externa. Ante el COVID-19, la posibilidad de acceso a estos recursos se verá limitada por el incremento de la demanda mundial y las dificultades para la gestión financiera y operativa.
Por Yngrid Candela. Nutricionista, investigadora de Provea en el área del derecho a la alimentación
