Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) reconocen la importancia del reciente diálogo y los acuerdos alcanzados entre el gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria, alianza política que reúne algunos partidos opositores. Al mismo tiempo, advierten que para que los diálogos contribuyan a superar la crisis, el Estado debe garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.
La CIDH y su RELE dieron seguimiento a los recientes diálogos entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria, así como al acuerdo firmado por las partes el 17 de octubre de 2023 en Barbados. Como resultado de estos acuerdos, el gobierno venezolano se comprometió a establecer un cronograma y una hoja de ruta para la realización de elecciones presidenciales, que garantice la participación de todas las personas candidatas sin restricciones arbitrarias, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. Adicionalmente, el Estado excarceló, con ocasión de estos diálogos, a un grupo de al menos cinco personas detenidas arbitrariamente.
El 22 de octubre un sector de la oposición llevó a cabo la consulta ciudadana para elegir a la persona que aspira a participar de la elección presidencial. En este marco, se tomó conocimiento de que el Ministerio Público abrió una investigación penal contra las personas organizadoras de la consulta. Hecho que la CIDH y su RELE rechazan no solo por contrariar el espíritu de los acuerdos alcanzados, sino debido a su efecto desalentador en la participación política.
Los derechos políticos están protegidos por el derecho internacional. En el contexto venezolano son además un punto medular para los diálogos y para la superación de la crisis, por lo que resulta imprescindible que no se criminalice las iniciativas de participación ciudadana.
El diálogo amplio, efectivo y participativo requiere de garantías a la libertad de expresión, reunión y asociación. Actualmente en Venezuela persisten las restricciones arbitrarias a la participación política de personas candidatas opositoras, persecución penal por motivos políticos, iniciativas legislativas y decisiones judiciales que buscan controlar y limitar las funciones de las organizaciones de la sociedad civil, así como intimidaciones a periodistas e interferencias en los medios de comunicación.
En este contexto, se resalta que, en lo que va de 2023, al menos nueve radios cesaron sus transmisiones por órdenes administrativas en los estados Táchira (3), Portuguesa (2), Anzoátegui (1), Bolívar (1), Barinas (1) y Carabobo (1); en la mayoría de estos casos las autoridades argumentaron que las emisoras no disponían de los permisos necesarios para operar. Asimismo, se habrían censurado determinados temas o palabras en programas informativos, entrevistas con determinadas personas, y debates públicos sobre presuntos actos de corrupción e irregularidades en la gestión gubernamental. A ello se suman reportes de periodistas que habrían sido despedidos como consecuencia de sus coberturas y reportajes sobre temas de interés público.
La CIDH y la RELE subrayan la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, fortalecen y garantizan la democracia. Por lo tanto, el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y sin ningún tipo de discriminación.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Prensa CIDH
