El pasado martes, familiares de personas privadas de libertad tras la escalada represiva post-electoral y activistas sociales agrupados en el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y el colectivo de Derechos Humanos Surgentes, realizaron una manifestación pacífica, que se prolongó durante varias horas, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, solicitando ser atendidos por alguno de los magistrados para hacer entrega de un documento denunciando irregularidades en los procesos judiciales de decenas de personas –en su mayoría jóvenes- que permanecen detenidos tras más de un año.
Ante la ausencia de atención por parte de los magistrados del máximo Tribunal del país y tras horas de espera, los manifestantes decidieron permanecer en vigilia frente al organismo en ejercicio del derecho a la manifestación pacífica consagrado en el artículo 68 de la Constitución Nacional.
Aproximadamente a las 10:00 de la noche se desató la violencia contra los familiares. Funcionarios policiales vestidos de civil -quienes acostumbran a hostigar a los familiares en las acciones de calle y además estuvieron varias horas tomando fotos a los manifestantes-, fueron observados actuando de manera violenta junto a miembros de agrupaciones paramilitares conocidas como “colectivos”.
Pese a que a escasos metros de la concentración se encontraba un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) los agresores actuaron con total libertad. Minutos antes del ataque funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana adscritos a la División Contra el Terrorismo se habían retirado en una acción que pudiera indicar niveles de coordinación y aquiescencia con la actuación del grupo paramilitar, tal como ha sido documentado en el pasado.
Según los testimonios, cerca de 60 hombres armados, encapuchados y a bordo de motocicletas, irrumpieron en el lugar de la concentración profiriendo insultos y amenazas contra los familiares y activistas.
La mayoría de los manifestantes eran mujeres. De acuerdo a las denuncias, sesenta de ellas, algunas acompañadas por sus hijos, fueron golpeadas y apuntadas con armas de fuego. Un hombre encapuchado intentó arrebatar a un bebé de los brazos de una de las madres según denunciaron las víctimas.
“Nos patearon, nos empujaron, nos tumbaron las carpas con niñas adentro. A una compañera le arrebataron su bebé de los brazos”, declaró este miércoles Martha Lía Grajales, activista del colectivo de DDHH Surgentes, quien aclaró que tras el forcejeo la víctima logró recuperar al bebé.
🚨🗣️ “Nos golpearon, nos amenazaron con pistolas y no nos dejaron ni denunciar”
— VPItv (@VPITV) August 6, 2025
Martha Lía Grajales, activista de #DDHH, denunció que el grupo armado que atacó a más de 60 mujeres que realizaban una vigilia pacífica frente al TSJ “patearon, nos empujaron, nos tumbaron las carpas… pic.twitter.com/PoTBqrc4WJ
Las carpas que habían dispuesto para la vigilia fueron destrozadas y la mayoría de los manifestantes fueron víctimas de robos de teléfonos celulares, documentos de identidad y dinero, entre otros objetos.
“Nos golpearon, nos robaron y ningún organismo quiso recibir la denuncia. Muchas mujeres están que no pueden caminar, tienen las rodillas inflamadas”, denunció este miércoles María Mejía, una mujer proveniente del estado Portuguesa y quien está reclamando la libertad de su hermano detenido hace un año tras la represión post-electoral.
Mejía y Grajales denunciaron que en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y en varias oficinas del Ministerio Público, se negaron a recibir la denuncia que aspiraban formalizar este miércoles para exigir investigación y sanción a los responsables de la agresión que sufrieron en plena sede del Poder Judicial venezolano.
Paramilitares contra mujeres
Nuevamente las agrupaciones paramilitares, conocidas como “colectivos” actúan contra la protesta social. Pero este ataque, desmedido y contra mujeres y niños familiares de presos políticos, constituye una escalada sin precedentes en el pasado reciente.
Recordamos que la actuación de estos grupos ha sido permanentemente alentada por altas autoridades del Estado venezolano quienes los exhortan a actuar contra quienes califican como “traidores a la patria” y que incluye a dirigentes políticos, activistas sociales, líderes sindicales, entre otros.
Desde 2014, el papel de estos grupos se hizo más evidente cuando actuaron para contener las manifestaciones realizadas ese año, siendo responsables de al menos 108 casos de heridas y/o lesiones, además de numerosas detenciones arbitrarias contra manifestantes y activistas sociales. En 2017, estas agrupaciones fueron señaladas en 24,8% del total de casos de violaciones a la integridad personal. En 2019, las agrupaciones paramilitares generaron 139 víctimas de heridas y/o lesiones durante el ciclo de protestas de comienzos de ese año.
Desde el ciclo de protestas de 2014, los grupos paramilitares están involucradas en el asesinato de al menos 57 personas ocurridos en manifestaciones realizadas en el país entre los meses de febrero de 2014 y agosto de 2024. En las recientes protestas de 2024, fueron señalados como presuntos responsables del asesinato de 10 de las 25 personas que perdieron la vida tras la revuelta post-electoral.
Cobra entonces mayor importancia la investigación que realiza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la actuación de los llamados “colectivos” en los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2014. Al solicitar la reanudación de la actual investigación en la Situación de Venezuela, la Fiscalía afirmó que hay una base razonable para creer que hay una política de atacar a la población.
Los graves hechos ocurridos este martes requieren una investigación inmediata y exhaustiva por parte del Ministerio Público para determinar quiénes fueron los autores materiales y quiénes dieron las órdenes. El espacio donde se produjo el ataque está rodeado de cámaras de seguridad, por lo que las instituciones pueden contar con elementos de prueba suficientes para identificar a los responsables de este grave crimen.
Re-victimización y doble rasero gubernamental
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, es un espacio de articulación y movilización promovido por madres y familiares de personas, en su mayoría adolescentes y jóvenes, que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otros abusos, tras la ola represiva ejercida por las autoridades venezolanas luego de las masivas protestas del 29 de julio de 2024.
Desde que se produjeron las primeras detenciones ilegales en las calles y zonas populares del país, y que ascendieron a 2.400 (según cifras oficiales) en apenas 16 días, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y otras iniciativas como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, se han mantenido en las calles reclamando ante las instituciones del Estado respeto al debido proceso y libertad para todas las personas detenidas durante la escalada de julio y agosto de 2024, alegando que estas personas, en su mayoría estudiantes y trabajadores pobres, fueron detenidas sin orden judicial y acusadas –sin pruebas- de ser terroristas y formar parte de una “conspiración” anti-gubernamental.
La ausencia de respuesta institucional a sus demandas ha sido una constante. A las permanentes violaciones al debido proceso de los detenidos, se ha sumado la negación de visitas, la incomunicación y el aislamiento de privados de libertad, las pésimas condiciones de reclusión y el sometimiento permanente a situaciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos y por extensión, contra los propios familiares.
La permanente denegación de acceso a la justicia y el cierre de las vías institucionales para que la ciudadanía canalice sus reclamos, ha generado un ciclo de re-victimización para estas personas.
La ausencia de respuesta institucional, que se convierte en indolencia e impunidad, prolonga indefinidamente el daño infligido a la integridad psíquica y física de los familiares de quienes han sido detenidos ilegalmente, desaparecidos por horas y por días, sometidos a condiciones de reclusión inhumanas, entre otros abusos.
La angustia e incertidumbre, el desgaste físico y psicológico de permanecer horas a las puertas de una institución esperando respuestas, impactan severamente en la vida de todo el núcleo familiar y forma parte de esa extendida práctica de trato cruel que trasciende al detenido y afecta a toda la familia.
El pasado martes, los magistrados del TSJ, prolongaron el ciclo de re-victimización al no atender adecuadamente la solicitud del Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
Además, la indolencia de los magistrados del TSJ debería poner sobre el debate público el doble rasero con el que actúan las autoridades venezolanas, tomando en cuenta que hace pocos días decenas de personas que permanecieron meses detenidas en la cárcel CECOT de El Salvador, fueron recibidas en diversas instituciones del Estado para recibir sus denuncias sobre los tratos crueles, torturas y otros abusos que habrían sufrido en ese país, mientras que las familias de detenidos en Venezuela, víctimas de abusos similares, son discriminadas y desatendidas.
En medio de este grave contexto, exigimos:
- La liberación de todos los presos políticos y de quienes están en libertad condicional, así como la generación de condiciones legales para que regresen los exiliados y se ponga fin a la puerta giratoria mediante la cual se mantiene una política de encarcelación de personas como medio de control social y político de la mayoría de la población.
- Que cese la represión y criminalización de la población venezolana por exigir sus derechos y que se adopten medidas concretas que permitan el ejercicio de derechos sin riesgo. Sin esto, los discursos de paz y reconciliación son vacíos; especialmente en un país donde persiste un alto nivel de pobreza junto con una crisis en los servicios públicos, la pulverización de los derechos laborales y severas restricciones para la participación ciudadana. La respuesta de los poderes públicos debe ser escuchar y atender los reclamos de la población, no reprimir con la fuerza pública o los paramilitares.
- Que estos “colectivos”, que son en realidad grupos paramilitares, sean disueltos y sus vínculos con los actos de violencia hacia la población sean debidamente investigados. No pueden continuar los falsos eventos de entrega de armas por parte de estos grupos y que, meses después, con total impunidad, estas armas sean exhibidas por las calles de las principales ciudades del país. Para retomar la institucionalidad democrática es imprescindible que dejen de funcionar estos grupos armados que actúan fuera del marco de la ley.
Prensa Provea
