Con el envío del informe “Situación de los Derechos Humanos de las y los privados de libertad en Venezuela”, Una Ventana a la Libertad, contribuye como miembro de la sociedad civil a la evaluación que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas le hará sobre el tema a Venezuela
Caracas, 24/10/2016.- Este primero de noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, le aplicará el Examen Periódico Universal (EPU) a Venezuela. Por segunda vez evaluará el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos, en materia de derechos humanos, como parte integrante de los 193 miembros de Naciones Unidas.
Según Carlos Nieto Palma, Coordinador de Una Ventana a la libertad: “al tratarse de una evaluación exhaustiva que abarca todas las cuestiones relacionadas con las obligaciones y compromisos de los Estados en materia de derechos humanos, el tema de cárceles y derechos humanos de los privados de libertad es parte de la agenda”.
El informe Situación de los Derechos Humanos de las y los privados de libertad en Venezuela, fue enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) el 24 de marzo de 2016. Con el envío de este informe es la segunda vez que Una Ventana a la Libertad (UVL), contribuye con la documentación del EPU como miembro de la sociedad civil, desde una perspectiva objetiva, independiente y despolitizada, sobre la realidad penitenciaria venezolana. Cabe recordar que el primer Examen Periódico Universal que se le hizo a Venezuela se realizó en octubre de 2011.
El examen de un Estado se basa en tres documentos: un informe nacional elaborado por el Estado que se examina; una compilación de información de las Naciones Unidas sobre el Estado objeto de examen preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y un resumen de la información presentada por otros actores Interesados, incluidos los representantes de la sociedad civil, también elaborado por el ACNUDH.
Nieto Palma destaca que desde hace más de cinco años no se han publicado cifras oficiales sobre lo que pasa en las cárceles venezolanas y la poca información que se obtiene es por los Medios de Comunicación Social, familiares de reclusos, los mismos internos y otras organizaciones de Derechos humanos. “Desde que enviamos el informe, solo la Defensoría del Pueblo ha aportado algunos datos sobre el número de detenidos en los Centros de Detención Preventiva”.
Sobre el tema Cárceles y Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, en el EPU 2011, Venezuela recibió 14 recomendaciones. “El Estado venezolano aceptó 12 en las que se le propuso: mejorar las condiciones generales de detención y las instalaciones penitenciarias, y poner fin al hacinamiento; aumentar el número de prisiones en el país, y aplicar una política de mantenimiento y construcción de prisiones; invertir en formación de alta calidad para el personal penitenciario y aumentar el número de funcionarios; aplicar las normas constitucionales sobre el sistema penitenciario, para regular y utilizar con más eficiencia los recursos disponibles; reforzar la coordinación del Consejo Superior Penitenciario, para mejorar el estado de las prisiones, en particular el hacinamiento y la violencia; reformar el sistema sanitario y adoptar medidas de emergencia para garantizar el respeto de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos; mejorar las políticas y los programas relativos al tratamiento de las personas privadas de libertad y agilizar los procesos penales”.
El Estado venezolano no acató la mayoría de las recomendaciones que se le hicieron en materia penitenciaria hace cinco años. “Eso quiere decir, tal como lo refleja el informe que aportamos este año, que los privados de libertad siguen viviendo en condiciones infrahumanas, denigrantes y violatorias a sus derechos humanos”, finalizó el Coordinador de Una Ventana a la Libertad.
Breve recuento del informe presentado por UVL
El informe “Situación de los Derechos Humanos de las y los privados de libertad en Venezuela”, indica que Venezuela en la actualidad alberga a un aproximado de 50.000 privados de libertad, de las cuales tres mil 3.000 son mujeres. El sistema penitenciario venezolano está coordinado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario quien tiene la competencia en la materia.
En materia legislativa el informe señala que nuestra Constitución Nacional, establece en su artículo 272 como debe funcionar nuestro sistema penitenciario. Entre las disposiciones, a las que el Estado hace caso omiso están la figura de las cárceles descentralizadas y la contratación de personal penitenciario profesional universitario.
También hace referencia a que desde el pasado 28 de diciembre de 2015 se encuentra en vigencia el Código Orgánico Penitenciario que desarrolla el funcionamiento del sistema penitenciario venezolano. “Hacemos la salvedad en este informe, que este nuevo instrumento no se encuentra ajustado a lo establecido en nuestra Constitución, sobre todo en lo referente a descentralización de los recintos penitenciarios y la implementación de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias en la dirección de los recintos carcelarios.”.
Problemas que denuncia
A modo de síntesis, el informe denuncia cinco problemas fundamentales que se viven en las cárceles venezolanas: Uno, el ingreso de armas de fuego y armas de guerra a los recintos carcelarios. en manos de los reclusos…“No hay duda de que el ingreso de armas a las cárceles venezolanas es hecho por los funcionarios que se encargan de la custodia interna y externa de estos recintos, ante una total impunidad y con complacencia de las autoridades”.
Dos, el Hacinamiento Carcelario. En Venezuela tenemos un aproximado de 50 mil reclusos bajo la tutela del Ministerio para el Servicio Penitenciario y aproximadamente unos 25 mil en retenes y comisarías policiales que dependen, ilegal y arbitrariamente, del organismo donde están detenidos preventivamente.
Más de un 200% de hacinamiento carcelario hace imposible el control de las cárceles por los funcionarios encargados de su custodia. Solo en las cárceles de Tocorón y la Penitenciaria General de Venezuela, albergan entre las dos un aproximado de 20 mil privados de libertad, esto representa unos niveles de hacinamiento que se acercan al 1000% en cada uno de estos recintos.
Tres, en relación a los Centros de Detención Preventiva, expresa que los retenes policiales no tienen condiciones de tener detenidos de larga permanencia porque no fueron hechos para eso, sino como meramente de tránsito. “Según datos preliminares de nuestra organización en una investigación que estamos haciendo sobre este tema, hay en Venezuela un aproximado de 500 retenes policiales que albergan a un aproximado de veinticinco mil (25.000) reclusos en condiciones infrahumanas”.
Cuatro, señala que las vejaciones en las requisas a las mujeres que visitan los recintos carcelarios con revisiones de tipo invasivas es una práctica común en las cárceles venezolanas. Cinco, en torno a la alimentación en las cárceles, expone las denuncias de reclusos y familiares de varios penales, que dan a conocer la falta de comida para los privados de libertad.
Recomendaciones propuestas
- Respetar y dar cumplimiento a las diferentes recomendaciones que han sido hechas por diferentes organismos internacionales para mejorar la situación de las prisiones venezolanas.
- Eliminar el uso de retenes policiales como centros de reclusión por no reunir estos las condiciones para tener prisioneros por más de 48 horas.
- Implementar mecanismos modernos y no invasivos para las requisas que se practican a las personas que visitan los recintos penitenciarios y de manera especial las damas.
- Controlar el ingreso de armas de fuego a los recintos carcelarios y que las personas incursas en esos delitos sean debidamente sancionadas.
- Dar una alimentación balanceada y nutritiva a los reclusos de las diferentes cárceles del país.
- Dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República de Venezuela en lo referente al sistema penitenciario. De manera especial en lo referido a la descentralización de los recintos carcelarios y a utilizar a penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias.
Una Ventana a la Libertad
