En el primer semestre de 2019 al menos 149 presos murieron en 204 centros de detención preventiva ubicados en 16 estados de Venezuela. Aunque Una Ventana a la Libertad no monitorea el estado Portuguesa, sí le hizo seguimiento a la tragedia registrada el 23 de mayo del año en curso en la Policía Municipal de Páez (Polipáez). En el hecho 30 presos murieron y 25 reclusos y 19 funcionarios resultaron heridos.
“La tragedia en Polipáez, en Acarigua estado Portuguesa, es el evento más grave que se registró en el primer semestre de 2019 en los calabozos policiales y, además, nos advierte que situaciones similares se pueden registrar en cualquier centro de detención preventiva, pues ninguno de estos espacios cuenta con condiciones óptimas, ni personal calificado, para mantener a personas por más de 48 horas”, advirtió el coordinador general de la organización, Carlos Nieto Palma.
Entre enero y junio los investigadores de Una Ventana a la Libertad (UVL) que monitorean 203 comisarías policiales y militares en 15 regiones del país documentaron la muerte de 119 reclusos por diversas causas.
La convivencia de personas sanas con enfermas es una causa de contaminación permanente que está detrás de las 20 muertes por enfermedades, la mayoría prevenibles y curables. Los reportes de los investigadores de UVL de casos de reclusos que se contagiaron de tuberculosis y enfermedades de la piel, son cada vez más frecuentes. La confrontación entre privados de libertad, aunado a la presencia de “pranes” que controlan algunos calabozos, facilita el alto número de personas muertas por enfrentamientos entre internos. Los muertos por fugas es una cifra preocupante, pues la mayoría son por armas de fuego durante el intento o en el proceso de recuperación de los fugados.
La muerte de 149 detenidos a lo largo del semestre es el colofón de esta sistemática violación de los Derechos Humanos de quienes, violentándoseles el debido proceso a que tienen derecho como establecen las normas nacionales e internacionales, en lugar de permanecer 48 horas en estos espacios, como establece la legislación venezolana, llegan a cumplir hasta tres años en calabozos policiales.
Hacinamiento se perpetúa como el mal de los calabozos policiales
Este informe, realizado con el acostumbrado rigor metodológico de Una Ventana a la Libertad (UVL) , documenta el hacinamiento que hay en estos espacios. Los 203 calabozos policiales y militares monitoreados tienen capacidad para albergar a 3.734 personas, pero en estos espacios hay atrincherados 19.028 detenidos, lo que representa un hacinamiento del 509.58%.
En el primer semestre de 2019 en Venezuela se vivió una etapa de movilizaciones sociales y políticas que fueron reprimidas y muchos manifestantes fueron detenidos, lo cual convirtió a los Centros de Detención Preventiva de las policías municipales, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en actores centrales para “depositar” a los venezolanos y venezolanas, hacinados, sin o con muy poca alimentación, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes sobre las condiciones de reclusión, los convenios internacionales y cualquier norma que garantice los derechos humanos de aquellas personas privadas de libertad.
Desde hace tres años Una Ventana a la Libertad monitorea la situación en los centros de detención preventiva y, en este estudio, también predominan denuncias del soborno que hacen funcionarios del Estado a quienes visitan a los detenidos llevando comida y medicamentos, a pesar de la ausencia de una dieta diaria y atención médica oportuna, de parte de las autoridades respectivas.
El informe se evidencia que es imposible estudiar la realidad de la detención de las y los venezolanos en los Centros de Detención Preventiva, sin seguir el pulso diario de la situación de emergencia humanitaria compleja agravada, que atraviesa Venezuela en los actuales momentos.
