Especial para Provea
“Los mineros llegaron hacia el mediodía, rodearon el campamento y abrieron fuego contra la población, mayoritariamente mujeres y niños, los hombres habían asistido a una ceremonia en la comunidad Makayutheri. Cuando pararon de disparar, entraron al campamento y usaron machetes para mutilar los cuerpos de los muertos y de los que habían quedado heridos (…) mataron a patadas a una mujer anciana y ciega, envolvieron en un trapo a un bebe y lo mataron con un machete”.
Así describió el antropólogo Bruce Albert, los horrendos sucesos ocurridos en el año 1993 en la región de Haximú, al sur de Venezuela, una comunidad habitada por indígenas Yanomami.
Treinta años después, los testimonios de testigos y sobrevivientes apuntan a que la masacre fue planificada.
El objetivo era “exterminar a todos los yanomami de la región”.
“Joâo Neto” y “Chico Ceará”, dos empresarios del garimpo* en Roraima, Brasil, contrataron a hombres armados y organizaron reuniones en las cuales planearon el ataque que, entre los meses de junio y julio de 1993, condujo al asesinato de dieciséis indígenas Yanomami en la región venezolana de Haximú, en el Alto Orinoco, frontera con Brasil.
“En el origen de la masacre de Haximú, existe una situación crónica de conflicto interétnico (…) al instalarse en un nuevo sitio dentro del área Yanomami, los garimpeiros vienen primeramente en pequeños grupos y se sienten vulnerables frente a la población indígena, e intentan comprar su anuencia mediante la abundante distribución de bienes y comida. Los indios interpretan esa actitud como demostración de generosidad que es de esperar de cualquier grupo que desea establecer vínculos y alianzas intercomunitarias. En un segundo momento el número de garimpeiros aumenta sustancialmente y ya no es necesario mantener aquella generosidad inicial. Los indios pasan a constituir estorbos, con sus insistentes demandas por los bienes que se habían acostumbrado a recibir. Los garimpeiros se irritan, tratan de alejarlos con falsas promesas de obsequios asumiendo actitudes de agresividad”, apunta Albert en el Informe sobre la Masacre de Haximú, elaborado en el campo a través de los testimonios de los indígenas sobrevivientes y cuatro garimpeiros**.
Tres décadas después no se ha revertido la invasión de mineros en territorio Yanomami.
La inexistencia de medidas de vigilancia y control para impedir el asentamiento de los mineros ilegales no solo ha perpetuado el conflicto socio ambiental, sino que propicia las mismas prácticas que treinta años atrás desencadenó en la Masacre de Haximú.
Hoy, Haximú “ está dividida entre quienes apoyan la minería y quienes no están de acuerdo”, según relata el indígena Yanomami Pablo***.
“Quienes apoyan la minería sucumben ante la promesa de obsequios como teléfonos, comida y dinero; pero quienes se oponen tienen miedo de enfrentar a los garimpeiros”, explica.
“Los mineros primero llegan con la palabra buena, le ofrecen todas las cosas, ahí la comunidad cae, porque la comunidad cree que va a recibir toda una cantidad de cosas por toda la vida, pero eso es mentira, una sola vez pagan, después en adelante es solo explotación”, añade.
En 2022 los indígenas de esa comunidad -conocida internacionalmente por el genocidio cometido contra sus habitantes-, denunciaron la existencia de dieciocho máquinas utilizadas para la minería ilegal tanto en cuerpos de agua como a cielo abierto.
En la memoria de Pablo, y en la de todas los Yanomami de Haximú, se repite la horrorosa escena de niños y ancianos asesinados a machetazos.
¡Aprovecha a estos tontos!
A mediados de junio de 1993, un grupo de seis hombres jóvenes Yanomami de la comunidad de Haximú llegó a un campamento ocupado por mineros ilegales provenientes de Brasil pidiendo comida y otros enseres.
De acuerdo a los relatos, un garimpeiro llamado Pedro Emiliano García, les habría dado comida y les pidió que llevaran una nota a un campamento cercano, río arriba. Los Yanomami fueron al campamento y entregaron la nota a un grupo de mineros. La nota, escrita en portugués, decía: “Faça bom proveito desses otários” (Aprovecha a estos tontos).
En ese momento, los mineros decidieron matar a los Yanomami. Los invitaron a ir de cacería y luego les dispararon, matando a cuatro indígenas del grupo.
Los indígenas Paulo y Reikima lograron escapar, aunque este último fue herido al ser rodeado por los mineros, quienes le dispararon en un costado.
Cuando Paulo regresó a Haximú con la noticia, un grupo de yanomami partió hacia el lugar de la matanza.
En el camino encontraron a Reikima, quien les confirmó lo que había sucedido.
Los garimpeiros -en un intento por ocultar lo ocurrido-, enterraron los cuerpos, pero los Yanomami lograron desenterrar a tres de los fallecidos para luego cremarlos de acuerdo a sus ritos funerarios.
Por temor a un nuevo ataque, los indígenas abandonaron la comunidad de Haximú y se establecieron en un campamento temporal en la selva (Tapiris), esperando no ser encontrados por los garimpeiros. Pero un mes después fueron sorprendidos por catorce hombres fuertemente armados con escopetas y machetes.
Los garimpeiros llegaron primero a la comunidad de Haximú y al encontrarla vacía la incendiaron.
Entonces, exploraron la zona hasta dar con al campamento provisional donde se encontraban los Yanomami. La incursión debía cumplir su objetivo, exterminarlos a todos.
Allí, en medio de la espesura de la selva, se desató la matanza.
Ese día los garimpeiros mataron a doce indígenas.
Los muertos fueron un hombre anciano, dos ancianas, una mujer joven visitante de la comunidad de Homoxi, tres niñas adolescentes, una niña de un año y otra de tres años de nacida, y tres niños entre seis y ocho años.
Al día siguiente, los sobrevivientes y familiares de las víctimas quemaron los cuerpos de los muertos. Recogieron las cenizas y comenzaron una larga huida que los adentró varias semanas por la selva. En el camino murió una niña que había sido herida en el cráneo por los garimpeiros.
Para finales de agosto de 1993 llegaron a la región de Toototobi, en Brasil, y allí permanecieron durante 10 años.
Genocidio
En agosto estalló la noticia en los medios de comunicación de Brasil.
El presidente Itamar Franco convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional y reconoció públicamente que el gobierno brasileño carecía de medios para proteger a los Yanomami – un pueblo binacional que habita principalmente los estados Amazonas en Venezuela, y los estados brasileños de Amazonas y Roraima en Brasil- de posibles nuevos ataques.
Por su parte, el Procurador general Aristides Junqueira no titubeó en calificar lo ocurrido como un genocidio.
Para entonces se creía que la masacre había ocurrido en territorio brasileño. Las autoridades de ese país se trasladaron hasta Toototobi, recaudaron testimonios y pruebas y abrieron una investigación. Gracias al esfuerzo del gobierno de Brasil se determinó el lugar exacto de la masacre ocurrida en territorio venezolano.
Fue el gobierno venezolano quien llegó bastante tarde al lugar de la masacre, un mes después, en septiembre de 1993. La investigación, a cargo de un tribunal de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas se retrasó debido al deficiente apoyo que la aviación militar venezolana prestó a las autoridades judiciales. Se denunció que incluso, en varias oportunidades, la jueza instructora del caso solicitó apoyo logístico aéreo al Ministerio de Defensa y a la Cancillería venezolana para trasladarse hasta la región de Toototobi en Brasil, donde se encontraban los sobrevivientes de la masacre, pero no recibió ninguna respuesta.
Mientras en Venezuela para el año 1996 la investigación judicial se encontraba en fase sumaria y no se habían determinado responsabilidades por lo ocurrido, en Brasil, el Tribunal Federal de Roraima dictó órdenes de arresto contra veinticuatro garimpeiros que habían participado en la masacre, cinco de los cuales estaban plenamente identificados.
En el proceso, el Ministerio Público de Brasil formuló cargos por genocidio. El 19 de diciembre de 1996 el Juez Federal de Roraima dictó sentencia condenatoria por genocidio, reconociendo que este era un delito distinto del homicidio, por ser un crimen que pretendió el exterminio de un grupo étnico.
El caso llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que el 12 de septiembre de 2000, reconoció que “ el bien jurídico al que se refiere este caso no es la vida de un individuo en sí misma, sino la vida en común de un grupo de personas, en el caso específico, de los indígenas Yanomami”. Esta decisión fue calificada como paradigmática.
Protección y defensa del territorio Yanomami
Luego de la masacre de Haximú, los garimpeiros siguieron operando masiva e impunemente en territorio venezolano sin que se hubiese resuelto el problema de fondo que generó la matanza.
Reportes de los últimos meses de los años 1993 y 1994, indicaron nuevos ataques armados y agresiones contra los Yanomami de Venezuela, por parte de garimpeiros.
Mientras la investigación en Venezuela no avanzaba y no se adoptaban medidas eficaces para controlar la presencia de mineros ilegales en territorio venezolano, un grupo de organizaciones de derechos humanos, encabezadas por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), introdujo una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se denunciaban las responsabilidades del Estado venezolano en el caso y se solicitaba la adopción de medidas urgentes para la protección del territorio y el hábitat del pueblo Yanomami.
El objetivo era lograr la protección y defensa del territorio Yanomami, denunciando la violación de derechos específicamente consagrados por los estándares del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIPDH).
El 10 de octubre de 1999, gracias a la gestión de la CIDH, el Estado venezolano admitió su responsabilidad por los hechos y se comprometió a establecer un Plan de Vigilancia y Control Conjunto, para monitorear y controlar la minería ilegal en territorios Yanomami, y la puesta en marcha del Programa Integral de Salud dirigido al Pueblo Yanomami.
¿Programa Integral de Salud?
Randy**** y Huria***** son yanomamis nacidos en Haximú.
Ambos, fueron postulados por miembros de su comunidad para ser formados como agentes comunitarios de Atención Primaria en Salud (ACYAPS), en el marco del Programa Integral de Salud para el pueblo Yanomami, suscrito por el gobierno de Venezuela.
Hoy, los jóvenes, que compartieron el compromiso social de apoyar a su comunidad y a las comunidades vecinas en materia de salud, se encuentran confrontados por las mismas causas que propiciaron la masacre: la minería.
“Uno renunció y el otro se resiste todavía porque quiere trabajar y apoyar la comunidad. Randy apoya a los mineros. Huria está muy preocupado. El salario ya no es el principal interés de los agentes que fueron formados porque no alcanza para nada, pero Huria sigue interesado en trabajar por la comunidad, pero no recibe los medicamentos ni ningún tipo de apoyo logístico. Aquí no llegan los medicamentos”, lamenta Pablo.
El investigador y antropólogo Aimé Tillet, quien participó en el diseño e implementación del Programa Integral de Salud, cuenta que la integración de ambos jóvenes representó un punto de honor para el programa, nacido como mecanismo de reparación colectiva por el genocidio ocurrido en Haximú.
“El punto central del convenio amistoso era que el Estado implementara un Plan de Salud para los yanomami, que garantizara la atención a las comunidades más remotas, no solamente en las comunidades que históricamente tenían atención a través de la red ambulatoria a la cual tenía acceso alrededor del 30% de los habitantes, el otro 70% estaba en zonas medianamente remota a donde nunca llegaba atención de salud, la idea era formar enfermeros indígenas y comunitarios en cada una de las zonas” explica.
Ambos jóvenes viajaron a la capital de estado Amazonas, Puerto Ayacucho, donde recibieron un entrenamiento como enfermeros para atender los problemas básicos de salud de la comunidad.
“Se hizo un trabajo de adaptación del programa de formación para los yanomamis. La mayoría eran de comunidades muy remotas y eran chamos que no hablaban castellano, entonces la capacitación se hizo en yanomami. Estos chamos no sabían leer, ni escribir no tenían nociones de matemáticas, mucho de ellos nunca había asistido a la escuela, algunos nunca se habían puesto zapatos. Recorrimos y escuchamos a las comunidades, en las comunidades propusieron a sus candidatos y se armó un primer grupo de veinte” detalla Tillet.
El Programa Integral de Salud recibió recursos por más de 1.500.000 millones de bolívares que fueron aprobados por el presidente Hugo Chávez desde la población de La Esmeralda, capital del municipio Alto Orinoco en 1999. El dinero se acabó en 2010 y, según relata Aimé Tillet los enfermeros “ quedaron totalmente a la deriva. Hubo comunidades incluso de donde los botaron porque los responsabilizaban por no recibir medicamentos”.
“Al día de hoy el plan de salud yanomami lo único que hace es gestionar vuelos para sacar emergencias médicas en Alto Orinoco. Técnicamente el gobierno venezolano todavía habla de que el Programa Integral de Salud Yanomami está en funcionamiento porque está supuestamente ofreciendo ese apoyo logístico aéreo, que además es insuficiente. En el discurso del gobierno ellos todavía hablen de que hay un plan de salud activo”, añade.
En paralelo al declive del Programa Integral de Salud Yanomami, el Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en Las Américas financiado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se mantiene y ha permitido llevar alguna atención de salud a comunidades remotas.
“Entonces cuando el Estado venezolano argumenta que ellos sí están atendiendo al pueblo Yanomami, lo que está haciendo es reportar los resultados del programa impulsado y financiado por la OPS. El Estado venezolano no puede seguir escudándose en que ese programa está atendiendo a los Yanomami porque eso no es una atención integral de salud, ese programa solo atiende las zonas donde la oncocercosis es endémica”, sentencia Tillet.
Desde mediados del 2019 hasta hoy, la crisis del sistema de salud en el Alto Orinoco se ha profundizado. Actualmente no hay médicos en toda la red ambulatoria, y los puestos de salud están en completo abandono, lo cual representa un retroceso frente a los alcances obtenidos durante la implementación del Programa Integral de Salud Yanomami.
La consecuencia es el aumento de enfermedades como malaria, tuberculosis, infecciones respiratorias, diarrea, enfermedades prevenibles por vacunación, que además atacan con mayor agresividad como consecuencia de la desnutrición agravada que se vive en las comunidades indígenas, especialmente aquellas semi-aisladas como Haximú.
Bajo asedio
En el Alto Orinoco la crisis del sistema de salud se ha profundizado, mientras las denuncias y el registro de hechos violentos han dejado en evidencia el retorno de los garimpeiros.
En julio de 2021, la organización indígena que representa a los pueblos Ye’kwana y Sánema de los estados Amazonas y Bolívar, denunció mediante un comunicado presentado ante el Fiscal Superior del Estado Amazonas y la Defensoría Delegada del Pueblo, que estaban siendo “ sometidas y asediadas desde hace tres años por más de 400 mineros brasileros”.
En octubre de ese mismo año la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del estado Amazonas (ORPIA), dijo que los garimpeiros “ les dan escopetas como forma de pago por su trabajo, les están dando pequeñas mercancías como para comprar a las comunidades más cercanas, y se están generando otras situaciones con las mujeres Yanomami que hasta han llegado a violar”.
Más recientemente, el 7 de agosto de 2022, se difundió a través de un video la noticia del asesinato de cinco brasileros, entre ellos una mujer, en el sector Constitución, en el Cerro Delgado Chalbaud, en el municipio Alto Orinoco de Amazonas, frontera entre Brasil y Venezuela.
En el video que se divulgó en redes sociales, se escucha a un indígena venezolano acusar a militares venezolanos del crimen.
De acuerdo a lo afirmado por la organización ambientalista SOS Orinoco en su informe de actualización sobre la Reserva de Biosfera Alto Orinoco – Casiquiare publicado en junio de 2022, uno de los sectores con mayor presencia de garimpeiros brasileros se encuentra en la franja fronteriza con Brasil, en el extremo norte de la Sierra Parima, en las cabeceras de los ríos Ocamo y Metacuni.
Otros sectores que han registrado un intenso y alarmante aumento de la minería ilegal son los afluentes del río Orinoco, en el extremo sur de la Sierra Parima, una zona que también forma parte del Parque Nacional Parima Tapirapecó.
Es difícil llegar a esa zona, prácticamente solo se puede hacer por vía aérea (principalmente con helicópteros). El ingreso es controlado por las autoridades militares del estado Amazonas. La presencia militar en este sector se ubica en el puesto fronterizo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el Cerro Delgado Chalbaud, el mismo sector donde se encuentra Haximú.
La violencia contra el pueblo Yanomami no proviene únicamente de actores irregulares presentes en su territorio.
Recientemente, en esa zona -controlada por militares venezolanos-, una refriega entre efectivos de la Aviación Militar Venezolana -adscritos a la base aérea de Parima B y miembros de la comunidad Yanomami de la zona por el uso de un equipo para conectarse a internet-, dejó un saldo de cuatro Yanomami muertos y otros tres heridos, entre ellos un adolescente de 16 años.
Lo ocurrido dejó en evidencia la magnitud de un problema generado por un cúmulo de tensiones, abusos y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en territorios militarizados.
Muchas de las denuncias indican que la acción de los mineros en territorio Yanomami es posible gracias a la ausencia de mecanismos de vigilancia y control por parte del Estado venezolano -que tiene una presencia muy reducida en la zona- y a la complicidad de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes permiten, facilitan, e incluso participan en la actividad de los mineros a cambio de pagos.
“Desde el 2018 hemos denunciando que entre Venezuela y Brasil aperan cerca de veinte mil mineros”, asegura Luis Bello, abogado y director del Programa de Promoción de Derechos Indígenas Wayamoutheri.
