La crisis de transporte -que comenzó a evidenciarse en 2013- ha llegado a niveles dramáticos en Venezuela. Los ciudadanos están viviendo penurias inéditas para trasladarse en su vida cotidiana. La situación se evidencia en todo el país, incluyendo la capital.
El nivel de servicio está en un mínimo histórico a pesar de que a finales del primer año de gestión de Maduro, el gobierno impulsó la llamada “Misión Transporte”, la cual supuestamente implicó la creación de 17 sistemas de transporte que atienden a más de 850.000 pasajeros al día en 32 ciudades.
La Misión Transporte sumó una cantidad de autobuses y taxis a la flota terrestre existente -calculada para entonces en 260 mil unidades y tradicionalmente dominada por conductores privados asociados en cooperativas-, a quienes siempre se les ha reclamado por el hecho de prestar un servicio de muy baja calidad. En el caso de Caracas, se supone que aliviaría el congestionamiento del sistema Metro y Metrobús.
Según el Ministerio para el Transporte, hoy están operativos los sistemas de Trolebús, Transbarca, Bus Barlovento, Bus Vargas, Bus Mara, Trans Costa Oriental, Trans Guajira, Trans Falcón, Bus Taguanes, Trans Aragua, Trans Bolívar, Transbarca, Bus Guarenas, Trans Amazonas, Bus Cumaná, Transpuerto, Bus Barinas, Bus Caribia y Bus Los Teques.
Los ingredientes del pésimo cóctel
Transparencia Venezuela considera que la crisis que hoy día atraviesa el sector transporte es producto de corrupción generalizada y políticas públicas erradas tales como:
-Ruina del sistema Metro y paralización de las obras de ampliación: El Metro de Caracas traslada diariamente a 2,5 millones de personas por una tarifa mínima –cuando se cobra- de Bs. 4 (US$ 0,0011*). Las líneas existentes no cubren la demanda y los proyectos para ampliar el sistema subterráneo (Línea 3, 4 y 5) se encuentran paralizados desde que reventó el escándalo de la empresa constructora Odebrecht en Brasil. Son constantes las fallas de las escaleras mecánicas, torniquetes y sistemas de aire acondicionado, incluso dentro de los vagones. Según cifras de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, la Línea 1 opera con apenas 24 trenes, 12 menos de lo que se establece como mínimo indispensable. De allí, los retrasos y el congestionamiento de pasajeros en las unidades. De su seguridad, comodidad y rapidez, así como de la conducta ciudadana exhibida en sus instalaciones moldeada gracias a un estricto manual de 42 normas, queda poco o nada.
-Fijación unilateral del pasaje mínimo: El Ministerio para el Transporte fija por decreto el valor del pasaje mínimo. El último aumento aprobado, publicado en la Gaceta Oficial 6.329 del 25 de agosto de 2017, fue de Bs. 280. A falta de un ajuste oficial de tarifas en tiempos de hiperinflación, los transportistas comenzaron a cobrar Bs. 700 a finales de octubre, y entre Bs 1.000 y Bs 1.500, a finales de diciembre. Para un usuario que devenga salario mínimo (Bs.284.510), este pasaje significa 21% de su ingreso (Bs. 3.000 diarios solo los días laborables). Los transportistas aspiran que la tarifa mínima se ubique entre Bs.3.000 y Bs. 5.000.
-Gasolina subsidiada para la población menos vulnerable: Luego de estar congelado 17 años, en febrero de 2016 el precio de la gasolina fue aumentado 1.328% la de 91 octanos y 6.566% la de 95 octanos. La de menor octanaje pasó a costar Bs. 1 (US$ 0,0003*) y la de mayor octanaje, Bs. 6 (US$ 0,0018*). El tanque de un automóvil con una capacidad de 60 litros se llena con la gasolina de 95 octanos por US$ 0,108, un monto insignificante para quien tiene vehículo, en especial los “todo terreno” o de lujo.
-Impago del pasaje estudiantil y de la tercera edad a los transportistas: El incumplimiento del pago por parte del Gobierno del subsidio estudiantes y personas de la tercera edad sigue siendo factor que enfrenta a choferes y a quienes deberían ser los beneficiarios de esta política.
-Hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo hicieron que cauchos, baterías, aceites y repuestos fueran impagables: El transporte público operado por particulares también quedó envuelto en la espiral del caos económico que en los últimos meses se traduce en una hiperinflación sin precedentes. El sector, como todo el país, debe procurar sus insumos a la tasa libre, estimada para finales de 2017 en Bs. 100.000 por dólar.
La dolarización de facto de los precios trastocó a los transportistas, sumándose a ello la escasez de insumos importados- cauchos, baterías, lubricantes y repuestos-, lo que ha colocado a estos trabajadores a las puertas de la quiebra.
Transportistas del oeste de Caracas consultados por nuestra organización afirman que en enero de 2017, un litro de lubricante para vehículo tenía un valor de Bs 1.500 (US$ 0,44*). En diciembre de este mismo año, ese litro de aceite supera la cantidad de Bs 350.000 (US$ 104,63*), precio que responde a un agudo proceso hiperinflacionario.
Según estimaciones de profesionales del volante, los repuestos han registrado un incremento de hasta 5.000 %.
La Central Única de Carros Libres y Por Puesto reporta que como consecuencia de esta situación, desde 2013 la flota activa se habría reducido en 75%, quedando apenas 78.000 unidades operativas hoy día.
-Discrecionalidad y clientelismo en el programa de transporte: El Gobierno, a través de sus programas sociales, vende cauchos a los conductores de transporte público en Bs 360.000 (US$ 107,6*) cada uno. Pero la venta es restringida: solo dos neumáticos por transportista.
En establecimientos comerciales, ese mismo caucho es impagable para cualquiera: cuesta Bs. 6.000.000 (US$ 1.793,7*).
Las políticas de subsidios de Estado para la adquisición de este tipo de productos a través de programas como la Misión Transporte, no solo son insuficientes, sino de carácter discrecional y están vinculadas a la fidelidad hacia el partido de Gobierno.
-Corrupción en la ejecución de las grandes obras de transporte: La gigantesca inversión en obras de infraestructura vial y transporte de las que hace alarde la llamada “revolución”, están inconclusa y paralizadas.
En noviembre de 2016, Transparencia Venezuela denunció junto a la Asamblea Nacional irregularidades financieras, opacidad e imprecisión de la información en doce obras de vialidad y transporte inconclusas, cinco de ellas asignadas a la cuestionada empresa Odebrecht y bajo la responsabilidad del Ministerio para el Transporte.
Entre las obras investigadas están siete líneas del Metro, tres sistemas ferroviarios así como los dos puentes emblemáticos: Puente Cacique Nigale (Lago de Maracaibo) y Puente MERCOSUR (Tercer Puente sobre el río Orinoco).
En enero de 2017, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó (VP), denunció la pérdida de US$ 2.533.362.348 en la construcción de la Línea 2 del Sistema Metro en el estado Miranda, caso vinculado a Odebrecht.
Las obras siguen paralizadas en medio de una terrible crisis financiera.
Un daño social y económico que aún espera por escrutinio imparcial y objetivo.
El colapso se sufre a pie
La confluencia de factores producto de malas políticas de parte del Gobierno durante casi dos décadas, ya pasa factura a los ciudadanos.
Muchos tienen que esperar en largas filas durante horas para montarse en una “camionetica”, como se les llama localmente a los vehículos de transporte público. Otros se ven obligados a caminar para llegar a su destino.
Ya hay señales de cambios de hábitos de grupos de la población, que se han adaptado a las restricciones, renunciando a movilizarse en forma digna. Decenas de personas a diario abordan vehículos no diseñados para transportar pasajeros.
Recientemente, esta situación cobró la vida de usuarios. El 6 de diciembre de 2017 en el estado Bolívar, al sur del país, murieron cuatro personas que se trasladaban en un camión “volteo”, un vehículo destinado al sector construcción.
Los problemas surgen de todos lados y la demanda de transporte público se incrementa. Cada vez son más los particulares, con vehículos propios, que sufren la misma falta de repuestos y elevados costos que viven los transportistas, por lo que se ven obligados a hacer uso del transporte público.
Estimaciones señalan que más de 20% de los vehículos de uso privado no circulan en todo el país por falta de cauchos, lubricantes y problemas de motor.
El deterioro del servicio de transporte tiende a agudizarse, pero desde el Ejecutivo se garantiza que la crisis podría ser superada en poco tiempo. El 12 de enero de 2018, Pedro Rodríguez, presidente de la Coordinadora Nacional del Transporte, afirmó que solo se necesitan cuatro meses para normalizar la prestación del servicio.
Desde Transparencia Venezuela comenzamos la cuenta regresiva.
*Tasa oficial DICOM (cuyo valor es de Bs 3.345 por dólar según su 15ª subasta)
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