“Hemos agotado todas las instancias”
Cobijados bajo esta consigna, Rodney Álvarez, Héctor Delgado, José Pérez y Ángel Geanpaoli, trabajadores despedidos de la estatal CVG Ferrominera del Orinoco, se encadenaron la mañana de este miércoles en la sede de la Defensoría del Pueblo en el Centro Financiero Latino ubicado en el centro de Caracas.
El propósito de la protesta -apoyada por gremios, activistas y organizaciones de la sociedad civil-, era exigir al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, interceda ante los Ministros del Trabajo e Industrias Básicas, debido a la exigencia de reenganche, pago de salarios caídos y denuncias de atropellos laborales que sostienen decenas de trabajadores de Ferrominera del Orinoco, entre ellos, Rodney Álvarez, un trabajador encarcelado durante 11 años, acusado por un homicidio que no cometió, absuelto por la justicia venezolana y despedido injustamente por la directiva de la estatal.
«De forma masiva, trabajadores fuimos separados de nuestros cargos con decisiones y procedimientos arbitrarios llevados a cabo por gerentes y jefes de áreas sin respeto al estado de derecho, normas laborales, acuerdos internacionales así como los decretos de inamovilidad laboral vigentes en la República.
En el caso del trabajador Rodney Álvarez, quien fue encarcelado injustamente durante 11 años y obtuvo libertad plena, solicita también su reincorporación a la empresa», describe la comunicación entregada a la Defensoría del Pueblo.
Tras una hora de protesta, dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo atendieron el reclamo de los trabajadores y sostuvieron una reunión en la que se comprometieron a establecer una «mesa técnica» para dar respuestas a las demandas de los ferromineros.
Hostigamiento insistente
Durante la protesta pacífica de los cuatro trabajadores de Ferrominera del Orinoco, dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) abordo de una patrulla rotulada con las siglas del organismo,
Como se ha hecho costumbre, y en medio de un persistente patrón de persecución y hostigamiento, los efectivos intentaron intimidar a las personas reunidas pacíficamente en la sede de la Defensoría del Pueblo. Miembros del equipo de Provea les recordaron a los agentes de seguridad la ilegalidad de su práctica, insistiendo en que dicho acto constituía una reiterada afrenta al libre ejercicio de los derechos a la reunión y asociación pacifica.
Desde hace al menos cinco años. las denuncias de actos de amenazas y hostigamiento, cometidas por agentes estatales y paraestatales, han tenido como principales víctimas a dirigentes sindicales y trabajadores de base. Un reflejo de la persistencia de una política de terrorismo de Estado, orientada a generar temor entre quienes reclaman la garantía de derechos.
Prensa Provea
