La abogada Tamara Taraciuk Broner caminó como pocos las calles de Venezuela. Recorrió pasillos de hospitales de paredes descascaradas y anaqueles vacíos. Habló con madres que hacían colas kilométricas desde la madrugada para tener algo de leche o de arroz. Escuchó a las víctimas de la represión policial y a las mujeres de los presos políticos.
Tamara nació en Caracas en los setenta, pero vive en Buenos Aires desde los ochenta. Su vínculo con Venezuela se mantuvo hasta estos días, como encargada para Venezuela de Human Rights Watch, monitoreando la evolución -más bien la involución- de los derechos humanos con el chavismo en el poder.
Una involución similar a la que padeció la democracia. «No hay ninguna institución pública en pie que actúe como freno al Ejecutivo», dijo en diálogo con LA NACIÓN.
-Hasta hace poco se discutía sobre qué régimen de gobierno tenía Venezuela: democracia, semidemocracia, dictadura… ¿El debate sigue abierto?
-Mi trabajo en Venezuela se ha hecho cada vez más fácil en ese sentido. Durante un tiempo teníamos que andar explicándole al mundo que en Venezuela había concentración de poder, que no había independencia judicial, que se cometían abusos. Ahora no hay dudas de que eso está ocurriendo. El gobierno no está haciendo ningún esfuerzo por disimular los problemas del país en cuanto a democracia y derechos humanos. Es cada vez más burdo y casi nadie discute que cayó la fachada democrática.
-¿La cosa empeoró o se hace evidente recién ahora?
-Maduro se aprovechó de la absoluta concentración de poder heredada de Chávez para reprimir manifestaciones pacíficas con una brutalidad que no se había visto en muchísimo tiempo. Para meter presos y procesar a los críticos. La represión del disenso es brutal. Tenés un Poder Judicial complaciente que permite que eso ocurra, tenés servicios de inteligencia que operan sin ningún tipo de control y reportan directamente al Ejecutivo, y hay un Poder Electoral cuya mayoría son partidarios del gobierno. No hay ninguna institución pública en pie que actúe como un freno al Poder Ejecutivo.
-¿Cuáles son los abusos más graves en derechos humanos?
-El abanico de los derechos que están siendo violados es enorme. Hemos documentado procesos penales arbitrarios en contra de opositores políticos y periodistas, hostigamiento a defensores de derechos humanos, represión, uso excesivo de la fuerza, uso indiscriminado de gases lacrimógenos en contra de manifestantes. La falta de independencia judicial y separación de poderes es otro grave problema. Y la situación de los derechos sociales y económicos, como salud, alimentación y educación, también es gravísima y el gobierno es responsable. Hay una escasez dramática de comida, de medicinas, de insumos médicos. Estuve en un hospital donde no tienen gasas, jeringas, paracetamol para los chicos, no tienen las medicinas más básicas.
-¿Trabajaste todo el tiempo en el terreno?
-Durante ocho años fui a Venezuela muy seguido y entrevisté gente en los hospitales, víctimas, familiares de los detenidos. Lo vi con mis propios ojos y el deterioro de este último tiempo es gravísimo. El punto de inflexión fueron las protestas de febrero de 2014, cuando detuvieron a líderes políticos y a otras 3300 personas en el marco de las manifestaciones. Documentamos casos de una brutalidad… torturas, shocks eléctricos, gente a las que les ponían bolsas y no podían respirar, golpizas brutales contra los detenidos. Los abusos fueron evidentes. Hubo muchos casos de civiles que pasaban caminando y los levantaban, los detenían, los torturaban y los procesaban.
-¿Toda esa secuencia? Y serían juicios sumarios…
-Eran procesos en el marco de un país donde no existe la independencia judicial. Los detenidos eran llevados a la audiencia con marcas visibles de tortura, pero en la fiscalía no hacían nada y presentaban cargos en su contra. Hemos visto casos de procesos penales armados sobre la base de información que les daban los patriotas cooperantes anónimos a los fiscales. Con las marchas que empezaron a principios de abril volvieron las detenciones masivas.
-¿Qué son los «patriotas cooperantes anónimos»?
-Es un invento que utiliza el Sebin (el servicio de inteligencia venezolano). Así figura en los partes de inteligencia, donde dice que un patriota cooperante anónimo indicó que tal persona estuvo planificando un ataque terrorista, o que se vio a tal otro interviniendo en actos violentos. Sobre la base de ese documento te detienen y te procesan.
-Antes hablabas de la responsabilidad del gobierno en el tema de alimentación y de salud...
-El gobierno niega la crisis, y como niega la crisis no permite la entrada de ayuda humanitaria del exterior. Nunca nos metimos a opinar sobre las políticas económicas del gobierno venezolano. Pero en ese contexto, si vos tenés la posibilidad de aliviar el impacto en la gente de la crisis humanitaria y no lo hacés, ahí sí empezás a ser responsable.
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Diario La Nación