En una nueva emisión del programa Son Derechos, Eduardo Torres conversó con la dirigente sindical Gricelda Sánchez, docente y Presidenta de la organización para la Formación de la Dirigencia Sindical (Fordisi), sobre la situación del derecho a la educación en Venezuela y los retos del magisterio venezolano ante la aprobación del inconstitucional Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).
Para la dirigente sindical el balance sobre el derecho a la educación durante el año escolar 2021-2022, es negativo.
«Lastimosamente tenemos que decir que este ha sido un año escolar bastante movido, Un año escolar donde lamentablemente nuestros jóvenes no tuvieron la oportunidad de formarse y de cumplir con el pensum de estudios establecido. Prácticamente el 50% de las materias fue lo que ellos lograron ver. En muchas instituciones hubo ausencia de maestros», afirmó Sánchez.
La falta de mantenimiento a la infraestructura escolar, es una constante preocupación para los decentes, toda vez que constituye una grave violación del derecho a la educación en el país.
En ese sentido, Gricelda Sánchez dijo que es ahora que el gobieno de Maduro está comenzando a hablar de la problemática, luego de años de denuncias de representantes del magisterio y de voceros de las comunidades afectadas.
«Prácticamente ahora es que se está hablando de la recuperación de la planta física, que es una denuncia que estamos haciendo desde el año 2018», aseguró la dirigente sindical. «Se está hablando de un plan de recuperación de algunas infraestructuras, no de las 24 mil escuelas, pero no se hizo nada durante los dos años de pandemia», añadió.
Conflictividad laboral
De acuerdo al Informe Anual de Provea, en 2021 un punto común a todo el sistema educativo formal fue la violación de los derechos laborales. Durante el año no se negoció una nueva convención colectiva del sector educativo, solo se aprobaron actas convenio para aumentos salariales, ante lo cual gremios y sindicatos del sector denunciaron que estos seguían siendo insuficientes para satisfacer las necesidades de obreros, empleados y docentes del sector.
«El tema contractual no deja de ser el principal problema del sector», informó Sánchez.
«Hay demasiada persecución. Hoy todavía tenemos al profesor Robert Franco preso, hay docentes hoy, presos en Venezuela, por defender los derechos de los trabajadores, por decir la verdad de lo que ocurre en el sector», denunció.
«En el magisterio tenemos más de 3000 trabajadores suspendidos en todo el país, sin derecho al salario. Son 3000 familias que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias, porque a esos trabajadores les suspendieron el salario», lamentó la activista.
Durante los últimos meses, los trabajadores de la administración pública y empresas del Estado -incluido el sector docente-, han protagonizado una ola de protestas contra las recientes medidas económicas del Ejecutivo que lesionan el derecho al salario y las convenciones colectivas.
Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el primer semestre de 2022 se registraron 3.982 protestas en el país, de ellas, 1.642 estuvieron vinculadas con la exigencia de derechos laborales.
El principal catalizador de estas movilizaciones ha sido la aprobación en marzo de 2022, por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), de un instructivo denominado «Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Publica, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas«, que viola las interescalas de los tabuladores salariales provocando su aplanamiento, y que desconoce los beneficios socioeconómicos contemplados en las distintas convenciones colectivas del sector público.
Para Gricelda Sánchez el instructivo de la ONAPRE, fue «el peor de los crímenes que se ha cometido contra los trabajadores de todos los sectores. Se elaboró con la finalidad de acabar con las convenciones colectivas, de violarle el derecho a los trabajadores. Perdimos el poder adquisitivo con este instructivo», sentenció.
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