Calixto Ávila asegura que el reciente informe de la Corte Penal Internacional sobre la Consulta a víctimas fue editado por la seguridad de todas las personas que participaron, eliminándose datos que permitieran identificar a quienes denunciaron los crímenes de lesa humanidad.
Calixto Ávila, Abogado y Magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), conversó en la entrevista #SonDerechos sobre la reciente Consulta de la Sección de Participación y Reparación de Víctimas de la Corte Penal Internacional, donde 8900 víctimas apoyaron abrumadoramente la reanudación de la Investigación por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I.
El también miembro de Provea en Europa informó que esta es una participación de las víctimas mucho más formal y basada en un procedimiento específico y abierto, luego de que el Fiscal de la Corte Penal Internacional abriera la investigación sobre Venezuela (actualmente parada)
“Lo primero que debo decir es que el informe original ha sido editado, lo que se conoció originalmente el viernes pasado no fue el oficio que se transmitió a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, ya que se eliminaron datos de gran relevancia que permitan identificar a las víctimas. De igual modo, puedo decirte que existen casos de otros países como Filipinas en el que hubo un procedimiento similar al de Venezuela, con la única diferencia que ese se encuentra más avanzado con resultados positivos. En el caso de nuestro país fueron recibidas un total de 8.900 víctimas individuales, 630 familias y 2 organizaciones” alertó.
Ávila informó que hay dos elementos nuevos en las informaciones remitidas por las víctimas, el primero fue el caso de ejecuciones extrajudiciales y de asesinatos que la fiscalía no había anunciado que se estuvieran investigando, y el segundo es el tema del desplazamiento forzado como crimen de competencia de la corte: “Indudablemente, los aportes de las víctimas van a permitir que los jueces se preocupen por estos temas y centren su atención en estas violaciones. Asimismo, puede existir una ampliación del lapso temporal para la investigación Recordemos que la Fiscalía afirmó que se han suscripto los hechos posteriores a los ocurridos en abril de 2017 y los ha priorizado”.
Finalmente, el experto en derechos humanos lamentó que el Estado venezolano ponga trabas para que la Oficina del fiscal sea establecida en Venezuela, pero que existe una alta posibilidad para que se inicie nuevamente la investigación sobre crímenes de lesa humanidad, sumado a estos nuevos elementos.
Eduardo Herrera, productor de Son Derechos
