La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la recién aprobada “ley contra el odio” en Venezuela a la que consideró “una nueva coartada del régimen de Nicolás Maduro para acabar con la debilitada libertad de expresión”.La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó el 8 de noviembre por unanimidad la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”. El estatuto de 25 artículos castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por “incitación al odio”, condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el gobierno o que expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación.
La ley, bajo conceptos muy ambiguos, también considera penalidades contra los medios que trasmitan propaganda y contra partidos políticos que promuevan “el fascismo”. También establece sanciones de 8 a 10 años de cárcel a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, condenó la ley considerando que “criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia, la libertad de asociación y la libertad de expresión”. Mohme, director de La República de Lima, Perú, agregó que el régimen “sigue así reglas que le posibilitan legitimar su autoritarismo”.
Por su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, México, añadió que “la novedad peligrosa de esta ley es que permite al gobierno ensañarse contra los ciudadanos comunes que protestan o que se expresan en las redes sociales, siendo que hasta ahora su pelea estaba más enfocada contra la oposición política, los periodistas y medios independientes”.
En su pasada asamblea realizada a fin de octubre la SIP alertó en el informe de Venezuela sobre lo que entonces era un proyecto de ley: “Paradójicamente, a todo este ambiente de censura el presidente Maduro ha propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente la aprobación de una ley contra el odio y la intolerancia. El proyecto sanciona el odio en términos genéricos, sin definirlo, y excede con creces lo previsto en el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe ‘toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia’. El régimen pretende prohibir el odio como tal, reservándose el derecho de determinar qué constituye odio y qué es lo que debe ser sancionado. Sin dudas se trata de otro mecanismo para censurar y crear autocensura”.
En esa misma reunión se aprobaron dos resoluciones sobre Venezuela. Una condena la práctica represiva del régimen de restringir la entrega y renovación de pasaportes y otras identificaciones a periodistas, y la otra denuncia las numerosas violaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa “con el propósito de silenciar voces disidentes”.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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