Este 7 de julio se realizó el foro “Análisis sobre separación de poderes y garantías de DDHH en Venezuela” como un espacio para debatir la crisis de la institucionalidad democrática en Venezuela.
Como ponentes participaron la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, Lourdes Wills, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Rafael Uzcátegui, Coordinador General del Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos, Provea, Román Duque, exmagistrado, representante del Bloque Constitucional de Venezuela, y Nicmer Evans, Director de Visor 360 Consultores, como moderador.
La primera voz fue la de Lourdes Wills quien dio un panorama sobre la desestabilización y parcialidad de las instituciones del país y, sobre esto adjudicó la responsabilidad al Ejecutivo. «El poder ejecutivo está influyendo en la distorsión de los otros poderes». En este sentido criticó las acciones de la Sala Constitucional que inclusive ha usurpado funciones de la Asamblea Nacional. «La Sala Constitucional se ha arrogado gravísimas atribuciones». Asimismo cuestionó que el CNE se haya prestado a la cristalización de una Constituyente. “El presidente, unilateralmente, decide una ANC contrariando la Constitución y el CNE ha procedido a realizarla”.
Wills se refirió a la exhortación que viene haciendo el Ejecutivo a los funcionarios públicos a participar en la ANC y dijo: «Hay violencia contra los ciudadanos cuando desde la presidencia se les impele a ir a una mesa de votación».
“Auguramos que no llegue a realizarse está ANC que solo puede traer miseria y atraso en los niveles de vida de la población», concluyó.
Luego tomó la palabra Rafael Uzcátegui para hablar de la importancia de la separación de poderes como una garantía del ejercicio y respeto a los Derechos Humanos. «Vamos a insistir en q los poderes públicos deben servir para controlar otros poderes, generar y proteger garantías de derechos humanos,… Una democracia debe tener instituciones robustas y transparentes para asegurar la efectividad de los derechos humanos». En este sentido, y en el marco de la pretensión de Nicolás Maduro de concretar la ANC, resaltó que la Constitución de 1999 “establece algunos principios sobre la necesidad de que exista independencia de poderes».
Uzcátegui también explicó cómo se configuran las dictaduras modernas, haciendo la relación de la Venezuela actual con la del Perú en los tiempos de Alberto Fujimori en la presidencia, quien fue electo por voto popular pero “usó mecanismos de la democracia para controlar los poderes y seguir en el poder”. En este sentido resaltó la importancia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos “como una conquista de los pueblos y no una imposición de ningún Estado” para defender la institucionalidad democrática. Recordó que Venezuela fue parte de los Estados fundadores de los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos como la Comisión y la Corte Interamericana, y trajo a colación que Provea, junto a otras ONG del país, solicitó la activación de la Carta Democrática Interamericana en abril de 2002, cuando se dio el golpe a Hugo Chávez, de la misma forma como solicitó la aplicación del instrumento desde que calificó al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura moderna. En esta línea, Uzcátegui lamentó la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tanto que implica el cierre de vías para que se hagan efectivos los DDHH y consideró perentorio que se permita la visita de los relatores de la CIDH al país.
Por su parte, Román Duque, abordó el debate desde la legalidad democrática explicando que “supera la legalidad formal porque es la condición de la actuación de los poderes públicos», y en ese sentido se refirió al artículo 350 de la Carta Magna que “consagra el derecho de desconocer los poderes que violen la institucionalidad democrática”, y al 333 constitucional que “consagra el derecho a restablecer la institucionalidad democrática». «Cuando un poder público no acata el principio de la legitimidad democrática, hay una base para que los demás poderes lo desconozcan», afirmó.
Duque expresó que “una de las condiciones de la legitimidad democrática es que los poderes públicos actúen sin menoscabo de los derechos fundamentales».
En su intervención Duque criticó las actuaciones de la Sala Constitucional en contra de la separación de poderes, también hizo referencia a la declaración de desacato contra la AN. «Se habla de desacato precisamente para eliminar la separación de poderes».
Por último consideró que “el referéndum consultivo promovido por la Asamblea Nacional sin el CNE es un mecanismo legítimo” y aconsejó que se hiciera sobre la base de una sola pregunta orientada a saber si se apoya o no la ANC sin consultar al pueblo.
La Fiscal General se dirigió a la audiencia mediante una llamada telefónica dado el hostigamiento que ha vivido desde que asumió una postura institucional en defensa de la Constitución. Agradeció la promoción de esos espacios para que sea conocido el carácter inconstitucional de la ANC. De igual forma, presumió que la fraudulenta convocatoria se trata de una distracción para esconder la crisis. «La solución a todos los problemas pasa por reconocer las penurias que está pasando la gente».
Hizo referencia a las actuaciones de los magistrados y aseveró que “se quiere volver al sistema inquisitivo donde el juez presenta pruebas y es él mismo quien toma la decisión”
Concluyó asegurando que se mantendría firme en la lucha por la defensa de la institucionalidad democrática. “Voy a estar en esta lucha hasta que se desista de la idea de convocar una constituyente de espaldas al pueblo…Cuenten ustedes con que la actuación de los funcionarios del Ministerio Público y de esta servidora pública estarán apegados a la Constitución”.
Prensa Provea
