9:08 de la noche del 12 de junio de 2020. En el Auditorio Principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acaban de ser designados y juramentados cinco rectores principales y 10 rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Apenas a las 8:13 de la noche, menos de una hora antes, la máxima corte había tuiteado la noticia con la revelación de los 15 nombres, luego de un viernes de rumores en los corrillos políticos.
Los periodistas, convocados también a última hora, toman breves declaraciones a una de las nuevas rectoras suplentes, Gloria Muñoz.
—¿Cuándo le fue comunicado que había sido designada como rectora suplente? —le pregunta una reportera.
—No recuerdo… ayer, antier. No sé —contesta.
La respuesta puede ilustrar la manera, considerada por el Observatorio Electoral Venezolano como poco transparente, bajo la cual finalmente transcurrió el procedimiento de renovación de autoridades del Poder Electoral en este año 2020. Las acciones ocurrieron en un breve lapso de nueve días:
4 de junio: más que una solicitud
El secretario general del MAS, Felipe Mujica, acudió ante la Sala Constitucional del TSJ con el propósito de presentar la “solicitud de omisión legislativa para que se proceda a resolver el problema del Consejo Nacional Electoral”.
Mujica actuó en representación de Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Luis Romero, Rafael Marín, Juan Alvarado y Segundo Meléndez. La llamada Mesa de Diálogo Nacional, que los agrupa, se instaló en septiembre de 2019 con los partidos minoritarios de la oposición Cambiemos, Soluciones, Avanzada Progresista y el MAS, y la incorporación posterior de Esperanza por el Cambio. El Ejecutivo también cuenta a Copei en la mesa. Algunas de estas tarjetas participaron en la cuestionada elección presidencial del 20 de mayo de 2018.
La mayoría de los partidos opositores, incluyendo a los más grandes, no participan de la Mesa de Diálogo Nacional.
La Constitución establece: “Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad con la ley” (artículo 296).
Y la Ley Orgánica del Poder Electoral ratifica: “La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral serán designadas o designados de su seno” (artículo 37).
5 de junio: la omisión, antes de la labor
24 horas después, el TSJ no solo se declaró competente para conocer y resolver la demanda por omisión legislativa de la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional declaró lo que llamó la “omisión inconstitucional” por parte de la Asamblea Nacional en la designación de los integrantes del CNE.
Hubo más: desaplicó artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordenó asumir el desarrollo normativo al CNE. También ordenó al CNE adecuar la normativa electoral para la elección de los diputados indígenas respetando sus tradiciones y costumbres, asignándole funciones legislativas que no son de su competencia.
Se sembró entonces la duda acerca del equilibrio del TSJ en el desempeño de los asuntos que le corresponden. En un comunicado, el OEV lamentó y consideró inconveniente esa decisión.
El Comité de Postulaciones Electorales es la instancia que tiene por objeto convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la Asamblea Nacional la lista de los candidatos calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Electoral.
El Comité se instaló el 9 de marzo, con la convergencia de actores de partidos opositores del G-4 como AD, PJ y UNT, de constituyentes y diputados del PSUV, de organizaciones sociales simpatizantes del oficialismo y hasta de alguna representación de la línea divisoria que abrió Luis Parra en la directiva del Parlamento el pasado 5 de enero.
“El Comité de Postulaciones es el último vestigio de institucionalidad en el que los diversos factores políticos en conflicto confluyen y, por tanto, está llamado a poner todas sus capacidades de hacer política para el curso futuro del país”, se leía en un exhorto en el cual decenas de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil le pedían a esa instancia retomar sus actividades, aunque fuere de manera virtual.
Como al mundo entero, la pandemia por COVID-19 también se le atravesó en el camino a la planificación del Comité de Postulaciones: habían pasado cuatro días de su instalación y faltaban otros tres para su segunda reunión, cuando Venezuela confirmó los dos primeros casos del nuevo coronavirus, con su consecuente declaratoria de cuarentena.
Suspendieron hasta nuevo aviso, faltándoles casi toda la labor, desde aprobar su reglamento interno y establecer la metódica que serviría de base para solicitar y evaluar las credenciales de los postulados, así como definir su cronograma de trabajo.
10 de junio: el listado que no existe
En una nueva y segunda decisión, el TSJ exhortó al Comité de Postulaciones Electorales para que “dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la publicación del presente auto”, consignara el listado de ciudadanos preseleccionados para integrar el CNE. La sala, según nota de prensa, “valora positivamente como hecho político la labor adelantada”por los 21 integrantes de esa instancia; 11 diputados y 10 representantes de la sociedad.
“Tú no puedes entregar lo que no hay, lo que no existe”, reaccionó el presidente del Comité, el diputado opositor por Primero Justicia Ángel Medina. Si era público, notorio y comunicacional que el listado todavía no existía; si de acuerdo con la legislación apenas el primer lapso de postulación dura 14 días, ¿qué iba a consignar el Comité de Postulaciones?
Solo un par de veces, en 2006 y 2009, el Comité de Postulaciones ha podido agotar el procedimiento de ley y la plenaria de la Asamblea Nacional, con las dos terceras partes, designó nuevos rectores. La que designó rectores en 2006 y 2009 fue una Asamblea Nacional elegida en las parlamentarías de 2005, cuando las principales fuerzas opositoras decidieron no participar, dando como resultado un Parlamento monocolor.
Hasta en cuatro oportunidades, el Tribunal Supremo ya había asumido la designación de directivas del CNE, de manera total o parcial. Ocurrió con el directorio en agosto de 2003, una renovación parcial en enero de 2005, dos reelecciones y varias designaciones en diciembre de 2014 y dos reeleccionesen diciembre de 2016.
En su fallo de 2014, el TSJ tomó en cuenta el informe final del Comité de Postulaciones Electorales de entonces, que recibió 245 aspirantes de la sociedad, aprobó una lista de 124 que pasaron el proceso de evaluación y determinó que 31 eran elegibles.
En su decisión de 2005, los rectores designados por el TSJ estaban en sus cargos “provisionalmente” hasta que el Parlamento procediera a nombrar a los miembros del CNE.
En su sentencia de 2003, el TSJ tomó en cuenta el “acucioso” trabajo del Comité de entonces, que recibió 408 postulaciones y las redujo progresivamente a 200, a 115, a 86 y finalmente a 63 representantes de la sociedad.
Los números de archivo demuestran la participación de sectores de la sociedad en la conformación del Poder Electoral. En 2020 se truncó este derecho.
12 de junio: la juramentación exprés
Habían pasado dos días del exhorto al Comité de Postulaciones, cuando el TSJ declaró que el “desacato” de la Asamblea Nacional “se mantiene de forma ininterrumpida”, procedió a designar a los rectores del CNE y a nombrar integrantes de los órganos subordinados, y los convocó para su juramentación el mismo 12 de junio a las 8:00 p.m.
Una vez más por la vía del Poder Judicial, pero en esta ocasión sin que el Comité de Postulaciones Electorales hubiese siquiera empezado su procedimiento de ley, el nuevo CNE quedó conformado por:
Indira Alfonzo, rectora principal y presidenta; Rafael Simón Jiménez, rector principal y vicepresidente; Tania D’Amelio, rectora principal; Gladys Gutiérrez, rectora principal, y José Luis Gutiérrez, rector principal.
Indira Alfonzo, una abogada nacida en La Guaira, viene de ser presidenta de la Sala Electoral y primera vicepresidenta del TSJ. Rafael Simón Jiménez, abogado y economista, es un antiguo militante del MAS que ahora se erige como la principal figura vinculada a la oposición dentro del CNE. Tania D’Amelio, abogada, es la única rectora de la gestión saliente que ha sido renovada en su cargo. Gladys Gutiérrez, abogada, fue presidenta del TSJ y ejercía hasta ahora en la Sala Constitucional. Y José Luis Gutiérrez, abogado, se identifica como opositor, tiene aproximadamente una década trabajando en el CNE y es hermano del secretario nacional de organización del partido Acción Democrática.
La composición que maneja la prensa es “un 3-2” (tres afines al gobierno de Nicolás Maduro y dos a la oposición), pero serán sus decisiones las que revelen cuál camino tomará el directorio; sobre todo, después de una gestión que mostró abierta parcialidad hacia el oficialismo. Jiménez, apenas juramentarse, abogó por un gran acuerdo político nacional.
El TSJ designó como rectores suplentes a Abdón Rodolfo Hernández, Alex David Díaz, Carlos Enrique Quintero, Jennycet Caroliska Villalobos, Juan Carlos Delpino, Luis Fuenmayor Toro, Fanck Antero Pic Durán, Gloria Adelaida Muñoz, Deyanira Briceño y Eleusis Aly Borrego.
Dos de los suplentes, Hernández y Quintero, fueron ratificados luego de trabajar de cerca con Tibisay Lucena, quien sale luego de 14 años de rectoría. Delpino, entre tanto, era director del CNE cuando se celebraron las elecciones regionales de 2017, apunta un trabajo de Efecto Cocuyo.
La Junta Nacional Electoral la preside Indira Alfonzo; como rector principal José Luis Gutiérrez y como rector suplente incorporado Carlos Enrique Quintero.
La Comisión de Registro Civil y Electoral la preside Tania D’Amelio, como rectora principal Gladys Gutiérrez y como rector suplente incorporado Juan Carlos Delpino.
La Comisión de Participación Política y Financiamiento la preside Rafael Simón Jiménez; como rectora principal Tania D’Amelio y como rector suplente incorporado Abdón Hernández.
«Desconozco», «acato»
Juan Guaidó reaccionó el sábado 13: tachó de ilegal la designación de los rectores y dijo desconocer el nuevo CNE. Aseguró que el gobierno “cometió un delito con un supuesto exhorto de 72 horas en formato de sentencia”, pero también un grave error dijo en conferencia de prensa. “El Comité de Postulaciones continúa su funcionamiento y sus acciones para tener una apertura, una opción de construir un CNE que ofrezca el derecho a elegir”, asomó.
En un comunicado, el jefe del Parlamento también rechazó que el gobierno “dinamitara una vez más la posibilidad de avanzar en un camino electoral, pacífico e institucional para resolver la profunda crisis que vive nuestro pueblo”. Adelantó que no convalidará “el fraude de unas falsas elecciones parlamentarias” y que reconocerá a la actual Asamblea Nacional “hasta que los venezolanos puedan elegir nuevos diputados libremente”.
Nicolás Maduro también reaccionó el sábado 13: valoró que la Mesa de Diálogo Nacional “ha funcionado muy bien”, con dirigentes políticos que calificó de “opositores, y bien radicales y duros”. Reveló que, paralelo a esto, han tenido “una mesa, también de diálogo, con el llamado G-4”, donde han conversado, a varias manos. En ese contexto, instalaron del Comité de Postulaciones de la AN, para que “hiciera un trabajo de avanzada”.
En alocución televisada, el jefe de Estado justificó que después llegó la pandemia, la oposición “se dividió aún más” y el TSJ tomó las riendas, verificó que “no había condiciones institucionales”, ni mayoría calificada. Atribuyó este paso como resultado de los diálogos políticos que se han desarrollado en la Mesa de Diálogo, con el G-4 y con el G-3. “Es una decisión consensuada”, aseguró, al también revelar que la Sala Constitucional abrió “mecanismos de diálogo con todos”. Maduro dijo que acatará todas las decisiones del nuevo CNE.
Ser creíble e imparcial
¿Bajo cuál metódica, o con base en cuál listado, la Sala Constitucional del TSJ designó a los nuevos rectores?, es una de las preguntas que se hace la opinión pública. El Observatorio Electoral Venezolano considera que no se agotó el procedimiento contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral; que el TSJ decidió por los rectores los cargos directivos y de los órganos subalternos, y que el procedimiento, como decíamos al principio de esta nota, no fue transparente.
El OEV insiste una vez más en la necesidad de los acuerdos políticos inclusivos, a fin de que los actores negocien condiciones y garantías para elecciones que resulten confiables, por el bien nacional. La vía pacífica, democrática y electoral es la única que puede abrir la ruta para que emerja un nuevo y mejor país para los venezolanos.
Venezuela necesita un CNE creíble e imparcial, que contribuya a recuperar la confianza ciudadana en el voto como herramienta de la democracia y que garantice la validez de los resultados obtenidos en las urnas de votación.
En todo caso, esta electoral primera quincena de junio había empezado con una buena noticia, que animaba a hacerse extensible a otras áreas de la vida nacional: el acuerdo de carácter humanitario firmado el 1 de junio entre gobierno y oposición para luchar en conjunto contra la pandemia de COVID-19.
La segunda quincena de junio empieza con la toma de posesión de los rectores, una oposición descontenta a la que todos preguntan qué hará de cara al futuro, y un llamado del Gobierno al Ministerio de Defensa para que empiece a preparar el Plan República de las próximas parlamentarias.
