En noviembre, Luisa Ortega Díaz llevó a la Corte Penal Internacional, en La Haya, los expedientes de 79 venezolanos que murieron en medio de las protestas de 2017
Para la fiscal en el exilio, el Plan Zamora fue diseñado por el Ejecutivo para atacar a los manifestantes como si se tratase de un grupo militar
Afirmó que, cuando el Ministerio Público investigaba las muertes ocurridas durante los cuatro meses de protestas de este año, los fiscales se encontraban con múltiples obstáculos
Su despacho, aseguró, solicitó a Estados Unidos la investigación sobre los sobrinos de Cilia Flores acusados por tráfico de drogas. Pero estos nunca llegaron a su despacho
Aseveró que tiene todas las pruebas sobre el caso Odebrecht para implicar a Maduro y a otros altos funcionarios
Por Lorena Meléndez G.
@loremelendez
Bogotá
Esa mañana del domingo 26 de noviembre, en una pastelería de la selecta zona norte de Bogotá, Luisa Ortega Díaz vestía un blazer sobrio y un pantalón azul marino. Llevaba también una blusa clara que contrastaba con su conjunto oscuro y que iba acorde con su cabello rubio intenso, el tono que la ha identificado durante los últimos dos lustros. El atuendo era el mismo que se le había visto desde hacía 10 años, el tiempo que ha sido Fiscal General de la República, aunque la asamblea nacional constituyente la haya destituido y la persecusión política la haya obligado a salir del país clandestinamente en una lancha con rumbo a Aruba en agosto pasado. Lo único que había sacado previamente, confesó, eran sus títulos y credenciales académicas.
Aunque la sobriedad de su vestuario se ha mantenido, la fiscal en el exilio ha cambiado por completo sus formas, esas que preservaba al momento de hablar sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al menos hasta mediados de 2016. Desde hace año y medio, la mutación había dado varios pasos hacia adelante, cada vez más agigantados, y como muestra de ello dejó sus condenas los excesos policiales de las OLP, a las ilegales actuaciones de los colectivos y hasta al Tribunal Supremo de Justicia por intentar disolver la Asamblea Nacional. Atrás quedó quien durante años se expresó con un lenguaje institucional que, más que señalamientos, mantenía silencios en casos polémicos como los de Franklin Brito, la jueza María Lourdes Afiuni y Leopoldo López. Hoy, por ejemplo, es capaz de decir que el Ejecutivo implementa acciones propias de regímenes comunistas y dictatoriales.
“Hay una política del gobierno propia de los nazis y de (Joseph) Stalin que fue aplicada también en la España de Franco. Eliminan los pasaportes sin ningún motivo, sin ninguna fórmula procesal, sin ninguna razón, sin que exista un expediente para controlar a la gente. Si te vas, te vas ilegalmente, y vas a pasar trabajo afuera, y si te quedas aquí vas a estar sometido a la persecución del gobierno. Una vez, y esto siendo fiscal general, oí a una funcionaria de un consulado decir “nosotros no entregamos los pasaportes a quienes lo solicitan hasta que no verificamos en internet quién es”. Ese es el criterio que tienen para dar o no un pasaporte cuando eso es un derecho y eso tienen a miles de venezolanos en todo el planeta en una situación de indefensión. Eso es violatorio de los derechos humanos”, comentó. Y luego vino una advertencia bajo el velo de la revelación: “cuando consigné las denuncias (contra Maduro) ante la Corte Penal, nos reservamos consignar nuevas evidencias y nuevos hechos”.
Hoy, también tiene el valor para afirmar que quienes asumieron el control del Ministerio Público (MP) destruyeron, entre muchas cosas más, la Unidad de Criminalística de la institución.
“Ese era un laboratorio para investigar las violaciones de los derechos humanos, para que las experticias no fueran hechas por los cuerpos policiales a los que se les atribuía la violación. Bueno, eso fue totalmente desmantelado. Los insumos y equipos costosísimos, y cuyo mantenimiento era impecable, todo desapareció. Se llevaron los químicos, los kits, todo lo que han podido llevarse se lo han llevado porque no hay un control”, sentenció.
¿Qué pasó en el Ministerio Público luego de que la ANC la destituyó?
La irregular situación, la ilegal e inconstitucional toma militar del MP me obligó a mí a adoptar esta medida de venirme a Colombia, así como obligó a varios trabajadores del MP, entre ellos directores, a salir de Venezuela. Ahora el Ministerio Público quedó en manos de delincuentes, tanto que una de las autoridades que está al frente se encargó, siendo una fiscal investigadora, de construir expedientes y sembrar evidencias para culpar a muchos venezolanos, y ahora quien está al frente del MP lo que ha venido haciendo es complacer al gobierno nacional para que este permanezca en el poder, se consolide en el poder, no para hacer justicia, que es el fin único del sistema de justicia. Nosotros no encontramos eso en el actual Ministerio Público, además de que han desmantelado la institución. Es el Sebin el que está dentro de sus instalaciones manipulando expedientes, construyendo evidencia desde la mentira no desde la verdad para incriminar a la gente por capricho. La información que yo tengo de los propios trabajadores es espeluznante porque obligan a los fiscales a adoptar o tomar acciones que no corresponden a una investigación cierta, so pena de privarlos de libertad o de perseguirlos (…) Además, otra cosa, tengo información de que más de 600, casi 700 trabajadores han sido despedidos en estos tres meses. Un número exagerado. Y otros cientos han sido obligados a renunciar.
¿Tienen prueba de eso?
Sí. La lista la tenemos.
El patrón en las protestas y los 79 expedientes en La Haya
Hasta el momento en el que usted estuvo al frente del Ministerio Público, ¿a qué conclusión se llegó en el tema de las muertes durante las protestas? ¿qué patrón identificaron?
Violación sistemática de los derechos humanos, una política dirigida desde el gobierno a asesinar y encarcelar, a perseguir a toda la disidencia política. Tú lo puedes ver en las manifestaciones (…) Nunca dejaron los manifestantes llegaran a su destino a cumplir su objetivo. Ellos mismos provocaron esta situación para encarcelar, asesinar, para perseguir a las personas y se produjeron acciones dirigidas a sectores, a poblaciones enteras como es el caso de Los Verdes, de las Residencias Victoria (ambas en El Paraíso, Caracas). Allí destruían la propiedad y esto fue aplicado a nivel nacional en varias zonas como para hacer una razzia, una limpieza social. Llegaban derribando las rejas, destruyendo los ascensores, quemando apartamentos: rasgaban los muebles, quebraban los enseres, los adornos, mataban a las mascotas. Sacaban preso al que resultara sospechoso, sencillamente porque querían. Bajaban a los estacionamientos y destruían los vehículos, tipo nazi y tipo Stalin en la Unión Soviética (…) Por supuesto esto se fue incrementando y ellos se fueron tecnificando y perfeccionando. Ya no solamente adoptaban medidas para impedir que las manifestaciones se desarrollaran libremente, porque las convocatorias eran a manifestaciones pacíficas – ellos no tienen por qué presumir que son violentas y para eso están ellos, para evitar que las manifestaciones sean violentas– sino que se armaban, usaban armas de fuego, modificaban los proyectiles para hacerlos más letales, de modo tal que pudieran eliminar más número de personas. Cuando yo pretendía hacer una investigación de las muertes de alguna de estas personas, que lamentablemente perdieron la vida durante alguna de las manifestaciones, me encontré con todos los obstáculos, empezando por la Guardia Nacional. Nunca se dio respuesta al tema de Pernalete, así como nunca se dio respuesta a varias solicitudes que nosotros hicimos, como la del conductor de la tanqueta.
¿Cómo perfeccionaron esa estrategia de atacar a los manifestantes? ¿Seguían un patrón?
Sí, hay un plan que nosotros entregamos en La Haya, el plan Zamora, donde se ve cómo gestionaron la seguridad ciudadana, como si fuese un Ejército a combatir a otro Ejército, ese fue el criterio (…) Una cosa es el orden público y otra es el orden interno, y la GN asumió que el orden público era un tema de orden interno, algo así como que, si viene un carterista y arrebata una cartera a una persona, eso es orden público. Ellos consideran que eso debe ser tratado como orden público para militarizar la seguridad ciudadana, que fue lo que hicieron con el 8610 (la resolución que en enero de 2015 legalizó el uso de armas de fuego para el control de las protestas), que tuvieron todos los obstáculos para aplicarlo por las objeciones que yo hice. Hay una comunicación que yo le dirigí al ministro, con ocasión a esa resolución. Ahí se comenzó a institucionalizar el uso de arma de fuego en las manifestaciones, no solamente por los resultados de las personas fallecidas, heridas. Porque no solamente las que perdieron la vida, sino la cantidad de lesionados durante esos eventos. Creo que estaba en el orden de los dos mil. Fueron tecnificando y perfeccionando, era normal asumir que toda la Fuerza Armada debía portar armas de fuego y, claro, es altamente letal cuando tú te vas a una manifestación o a abordar un tema de seguridad ciudadana y portas un arma de fuego. Lo más probable es que pierdan la vida muchos venezolanos que a lo mejor han transgredido la ley, otros no, pero no tienen derecho a morir de esa manera. Eso fue lo que ocurrió en Barlovento, no sé si tú recuerdas, mataron a muchachos inocentes. El único delito de ellos era ser pobres, y la seguridad ciudadana fue abordada como un tema militar.
¿Se giraron órdenes desde el alto mando militar o policial? ¿Ustedes tienen algún tipo de prueba de esto?
No, fíjate lo siguiente: ellos nunca escribieron el plan, porque en las OLP tú buscas algún documento escrito y no lo encuentras. Y las operaciones tampoco eran escritas, todo era hablado, pero te puedo decir que en esas reuniones todos los que participaban eran militares. Inicialmente yo era convocada, pero cuando comencé a hacer objeciones, más nunca me convocaron a esas reuniones. Eran todos militares.
¿Desde cuándo se comenzaron a hacer esas reuniones? ¿Desde el inicio de la OLP?
No, en 2015 comenzaron. Me convocaban a mí y yo siempre hacía objeciones, decía ‘eso no puede ser, eso tampoco, eso tampoco’… y no me convocaron nunca más.
¿Cuál era el criterio que utilizó el MP para elaborar la lista de víctimas en medio de las protestas?
El criterio era relación directa o indirecta con los eventos. Hay un caso en el que murieron electrocutadas varias personas. Si bien es cierto que ahí no hubo acción directa del Ejecutivo o de una fuerza policial, pero la circunstancia que estaba ocurriendo en ese momento y lo que estaban ejecutando en ese momento esas personas (un saqueo) fue producto de la situación del país. Es decir, que tiene una relación directa. En ese momento, el problema de los alimentos ya era terrible. Cuando yo salí de Venezuela, conseguir medicamentos y algunos alimentos era imposible. Había que bachaquearlos o traficar las influencias para poder hallarlos. Y la gente desesperada. Otros lo hacen también no por necesidad, sino por ir a echar broma, empiezan a saquear. Y eso fue lo que pasó en este comercio.
Runrun.es tiene más víctimas en ese hecho. Lo comprobamos a través de testimonios e incluso tenemos sus cédulas de identidad…
Nosotros pudiéramos contrastar esas cifras. Me gustaría porque a lo mejor estamos equivocados. Nosotros, acuérdate, teníamos la información de primera mano y yo no tenía ningún interés en ocultar esas cifras. Y algo que cuidé mucho en el Ministerio Público fue dar las cifras. Sean malas o buenas, eso te permite crear políticas de Estado.
Y hubo además otros casos. En Petare se registraron varios que no están en la lista. Está el de Carlos Eduardo Aranguren, que había bajado de su casa, en Barrio Unión, hasta la redoma de Petare. Ese día, el 2 de mayo, hubo muchos enfrentamientos con colectivos. Su familia dice que lo mató la Guardia Nacional…
En el país, no sé si viste las cifras, pero hay más de 1.800 muertes a manos de los cuerpos de seguridad. Pero no todos ocurrieron en el marco de las manifestaciones. Es probable que haya sido registrado como una muerte a manos de los cuerpos de seguridad, pero no en el marco de las manifestaciones, que es una situación distinta.
Pero esto sí ocurrió en medio de disturbios… Hubo muchísimas manifestaciones allí ese día…
Pásame el nombre y nosotros revisamos…
Hubo muchos casos así. Se los voy a pasar… También quería preguntarle sobre el caso de Neomar Lander. ¿A qué conclusiones pudieron llegar?
Yo no te lo sabría decir. Aunque la gente piensa que yo manejo los casos, es imposible que lo haga con tantos. En el de Pernalete, a mí me conmovió mucho la mamá y el papá. Ellos fueron a mi oficina, al papá se le subió la tensión y hubo que sacarlo al servicio médico. Eso me impactó mucho. Nosotros en ese momento estábamos casi orientados hacia donde se conducía la investigación, pero yo me comprometí con ellos y les dije que con seguridad ese caso lo íbamos a sacar. Hay unos que recuerdo más que otros, pero nosotros tenemos esos expedientes completos. Nosotros consignamos los expedientes de casi todos los fallecidos en las manifestaciones allá en La Haya, los expedientes completos. Y la Corte (Penal Internacional) creo que tiene que admitirlo. Nadie había llevado esas cosas. Son muchísimos casos, claro, es imposible llevarlos todos. Pero llevé 79 expedientes y son muchísimos. Aparte de esos 79, llevé experticias, inspecciones balísticas, autopsias. Y estamos en eso, recogiendo más.
¿Por qué se seleccionaron esos 79 casos?
Acuérdate de que yo trabajo con un equipo y eso fue discutido por el equipo. Yo sigo mucho lo que dice el equipo y ahí hay situaciones en las que yo entro a revisar. El equipo me dijo: ‘doctora, vamos a recoger estos 79 que están perfectos’.
¿Esos 79 casos qué demostraban?
Que había violación a los derechos humanos. Porque nosotros registramos 17 detenciones arbitrarias. No podíamos consignar las 17 mil, porque no las tenemos todas, pero sí consignamos un gran número. También, de asesinatos, presentamos otras autopsias que demuestran que fueron ejecuciones.
“Yo le eché plomo a las OLP desde que salieron”
¿Cuáles eran las motivaciones que se escondían detrás de las OLP que usted misma ha calificado como “operaciones de limpieza”?
Perpetuarse en el poder, crear un sistema dictatorial, no tener control sobre las acciones que ellos ejecutan, infundir miedo en la población, violar los derechos humanos. Porque, ¿qué ha ocasionado todo esto? La corrupción, la gente empieza a pedir cuentas y ellos comienzan a buscar mecanismos para esconder todas esas acciones. Entonces, reprimen al pueblo, toman las instituciones, destituyen ilegalmente a alcaldes, gobernadores, funcionarios, los inhabilitan, inventan leyes. Por eso crearon la Constituyente, algo perfecto para hacer lo que les dé la gana.
¿Pero hubo algo detrás además de esa necesidad de perpetuarse en el poder? Lo menciono porque hubo demasiadas víctimas. En Runrun.es contabilizamos más de 500 muertes en estas operaciones… ¿Hubo alguna relación con el crimen organizado, por ejemplo?
Allí hay grupos civiles armados también. Maduro dijo muchas veces que estaba armando a los civiles sin ningún tipo de preparación. Pero eso solo fue una muestra porque era una política que desde hace mucho tiempo la venían implementando. Lo veíamos en hechos concretos que ocurrían. Hubo muchos casos en donde se evidenciaba que había grupo de civiles armados…
Ciudad Caribia fue uno de estos casos…
También en Quinta Crespo… A los grupos de civiles armados les dieron autoridad. Hubo un caso, donde los civiles armados aprehendieron a unos ciudadanos, levantaron el acta policial y llevaron a las personas ante los tribunales. El fiscal del caso se opuso a eso y pidió libertad plena porque eso era el derrumbamiento del Estado de derecho. ¿Cómo unos civiles armados se estaban arrogando ser fuerza pública e iban a ejecutar una acción? Entonces, no solamente los armaban sino que les daban autoridad. Eso es una pérdida total o el desmembramiento del Estado de derecho, que fue lo que hicieron con todas las instituciones, no solamente con el Ministerio Público, sino también con la Asamblea Nacional, y con el propio Tribunal Supremo de Justicia y con el CNE. Porque Maduro y el Ejecutivo son los voceros de estos poderes (…) Las democracias se caracterizan por la separación de poderes, la democracia se distingue por la autonomía que tengan los distintos poderes, ahí no las hay. Es el Ejecutivo que quiere tener el control. A mí Maduro me dijo cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional: “Yo no sé qué vamos a hacer para sacarlos de allí”. Y yo le dije: “Pero es que ese no es un juego democrático”. “Bueno, pero es que yo nunca voy a entregar el poder”, me contestó.
Hablando de los grupos civiles armados, ¿ustedes tienen pruebas o evidencia de la participación de ellos dentro de estos grupos tanto dentro de las OLP como dentro de las protestas?
Cientos de declaraciones de testigos.
En julio de 2016 usted hizo un primer pronunciamiento en contra de las OLP a raíz de la actuación de colectivos en una de estas operaciones en Ciudad Caribia. Y luego, en noviembre de ese mismo año, criticó los excesos policiales que se cometieron en estas. Pero, ¿por qué dejó correr un año de OLP para pronunciarse sobre todas las irregularidades que estaban ocurriendo?
Las OLP comenzaron en junio de 2015. Busca mis declaraciones…
Sí, las busqué, por eso le pregunto.
La primera vez que se plantean las OLP, el primer día que las hicieron fue una funcionaria del Ministerio Público y vino horrorizada, literalmente horrorizada. A todas estas yo ajena, porque no sabía, son políticas del Ejecutivo… Y busca mis declaraciones después. Lo recuerdo perfectamente porque esa fue la primera. Nosotros ahí tenemos una investigación buenísima y ese, creo, fue uno de los expedientes completos que consignamos porque no implicaba la muerte de una persona sino de muchas. Fue el primero que se hizo en la Cota 905… La fiscal me dijo ‘doctora, esto es terrible’, y empieza a decirme lo que hicieron. Yo dije, ‘ya yo me voy a pronunciar’. Y busca mis declaraciones. Claro, yo siempre guardaba, y el día que salía a declarar me pronunciaba sobre eso. Yo le eché plomo a las OLP desde que salieron, antes porque no sabía, pero luego de esa primera vez, yo empecé a echarles plomo. Búscalas. Es más, fíjate una cosa, vamos a buscar las declaraciones mías en 2010 contra los policías, que El Nacional abrió conmigo 5 o 6 veces, porque estaba echándole plomo a los policías por la actuación policial. Eso fue en 2010 que yo insistí en la reforma policial. Y recuerdo que esa Misión A Toda Vida Venezuela surgió por las tantas objeciones que yo hice a la actuación policial. Yo siempre he hablado de la prevención policial… Lamentablemente yo perdí esos registros porque los tenía en mi casa.
De Odebretch a los sobrinos presidenciales
¿Usted ha seguido en contacto con los fiscales que investigan el caso Lava Jato y a Odebrecht en Brasil?
Sí. Ese es un tema difícil. En el expediente que consta en Brasil, cuyas pruebas yo también tengo en mis manos, hay muchísimos elementos que comprometen la responsabilidad no solo de Maduro sino otros altos funcionarios de su gobierno. Yo confío en que la fiscal general de Brasil – una mujer muy responsable y muy seria – y el vicefiscal – con quien he interactuado muchas veces – en algún momento tendrán que accionar.
¿Pero ha logrado tener acceso a las evidencias?
(Sonríe) Todas… Todas.
¿Qué tipo de evidencias?
Son documentos, testimonios y grabaciones.
¿Estados Unidos está investigando este tema? ¿Está investigando a los venezolanos que están implicados en el caso Odebrecht?
Desconozco. Sé que están investigando, pero no he tenido acceso. Ellos sabrán qué es lo que están investigando.
Usted ha llevado el caso de las protestas a instancias internacionales. Pero hay algunos casos que se conocieron durante sus últimos meses en Venezuela, como el de Pdvsa y Citgo. ¿Qué acciones puede hacer en el plano desde afuera con respecto a estas denuncias?
Nosotros tenemos todos los expedientes de las investigaciones que adelantamos durante mi gestión. Es más, pedimos privativa de libertad y citamos para imputar y jamás fue posible lograrlo. Te puedo citar el caso de Amuay, que fue por falta de mantenimiento…
Y también salió tardísimo ese caso. Muchos años después de que ocurrió…
Sí, es que en esa investigación la experticia no fue fácil, fue una experticia muy técnica. Es como, algunas veces, los casos de corrupción. Esas auditorías no son fáciles porque hay muchos documentos, hay que revisar, comparar… Y otros casos, como el del Coque en Anzoátegui. Esa es otra investigación que nosotros tenemos, que nunca se ha hecho nada. Hay otros casos pequeños, como uno de Pdvsa que investigamos y que incluso citamos para imputar y nunca fue posible porque no iban, no querían. Se compraron unas lanchas y el precio de las lanchas era, por decirte, 350 mil dólares, y las compraron a 1.950.000 dólares, es decir con sobreprecio, y encima no las entregaban. Teníamos muchísimas investigaciones de Pdvsa. A Pdvsa la destruyó la corrupción, la falta de mantenimiento, ahí no había mantenimiento preventivo de nada. Mira, te he dicho bastante…
¿Y por qué nunca salió una imputación contra Rafael Ramírez, quien durante tantos años fue la cabeza de Pdvsa?
Todos los altos funcionarios tienen antejuicio de mérito, ¿no? Yo no recuerdo que directamente haya habido un… Déjame estructurar esto. Una cosa es hablar de la persona y otra cosa es citarla para imputarla. No es suficiente hablar, tú tienes que materializar la imputación y la imputación tiene que ver con el antejuicio de mérito. No como están haciendo ahora, que sin un antejuicio de mérito despojan a la persona de su inmunidad como lo hicieron con mi esposo, que es diputado, con (Antonio) Ledezma. Y la persona llamada a sustituirlo no es quien lo sustituye sino el que ellos pusieron. Eso es una condición de Estado fallido porque las instituciones no funcionan.
¿La Fiscalía ejecutó acciones en el tema de la emergencia humanitaria, con respecto a la escasez de alimentos y medicinas?
Ese tema, el de la emergencia humanitaria, no era competencia directa del Ministerio Público. La competencia nuestra era el abordaje de algunas situaciones concretas, como por ejemplo el cierre de la Unidad de Nefrología del J.M de los Ríos porque estaba contaminando a los niños por falta de mantenimiento. Pero, íntegramente, el tema de la crisis humanitaria, no podíamos abordarlo porque no es competencia nuestra. El caso de los siete hospitales, había uno que tenía 90% ejecutado y lo desmantelaron. Y nosotros citamos a (la ex ministra de Salud, Eugenia) Sader y al hijo –que está disfrutando su fortuna en Estados Unidos– y nunca fue posible. Pedimos la privativa de libertad y citamos para imputarlos y nunca concurrieron.
¿Y sobre la escasez de medicinas se hizo algo concreto?
Nosotros hicimos reuniones con distintos hospitales y pedimos unos amparos por el tema de la escasez de medicamentos; hay unos amparos que pedimos a favor de los periodistas, a favor de médicos por la escasez de medicamentos, esos se hicieron seguidos. Nos reunimos con pacientes oncológicos que no conseguían medicamentos y pedimos amparos contra todos estos hechos.
¿Pudieron hacer investigaciones sobre el caso de los sobrinos de Cilia Flores imputados por tráfico de drogas en Estados Unidos?
Nosotros pedimos la información a los Estados Unidos y entiendo, no tengo la prueba, me dijeron que había llegado a la Cancillería, pero nunca llegó al Ministerio Público. Inmediatamente después de que ocurrió el evento, eso fue a finales de 2015, ya nosotros estábamos haciendo la solicitud.
¿Pero se pudo adelantar esa investigación?
Sí, y ese expediente sí me lo traje en original, porque eso lo desaparecen. Así como Tarek (William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente) que desapareció todas las investigaciones contra él (risas).
Por cierto que él hizo una acusación grave contra usted cuando dijo que había participado en el desfalco de la Faja Petrolífera del Orinoco. ¿Tiene algo que decirle sobre esto?
Yo no cazo peleas personales, esto es un problema de país. Mi mensaje es para venezolanos, para buscarle solución. ¿Tú crees que a mí no me duele lo que está sufriendo la gente? A mí me da un dolor cuando yo veo aquí en Colombia a los venezolanos en la situación en la que están.
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