La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social de promoción y defensa de los derechos humanos con más de 30 años acompañando a los sectores que viven en situación de vulnerabilidad en Venezuela hace un llamado a las instituciones de seguridad del Estado para la eliminación del plan de seguridad Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP) donde más de 60 personas han perdido la vida durante el año de su implementación. La organización señala que en los últimos días ha recibido varios casos de ajusticiamientos y desapariciones como los denunciados por los familiares de las víctimas: Víctor Manuel Martínez, Eliezer Ramírez de C.I.V- 22.525.611, Antony Vargas C.I.V- 26.251.775, Antonio Aladejo C.I.V- 20.995.404, Luis Sanz C.I.V- 20.103.482, Dennys Acevedo C.I.V- 22.776.366, Oscar Rodríguez C.I.V- 24.215.645, Yorman Mejias C.I.V- 22.751.868, Freddy Hernández C.I.V- 25.000665, Jairo Rivas C.I.V- 19.018.547 y Carlos Marchena C.I.V- 24273836.
Resulta preocupante para la organización la cantidad de “presuntos” delincuentes fallecidos en los últimos procedimientos y de las acciones cometidas en las OLP que han generado violación de derechos humanos y la forma en la que se han llevado a cabo los últimos operativos, ya que los testimonios de familiares de víctimas aseguran que las y los funcionarios realizan detenciones arbitrarias, allanamientos, desalojos forzosos, robos de pertenencias, desapariciones y ejecuciones a través del uso desmedido de la fuerza, siendo estos hechos violatorios a los derechos humanos. Por todo esto, la Red de Apoyo ratifica una vez más que la Seguridad Ciudadana es un derecho humano y garantía del ejercicio de derechos humanos fundamentales, razón por la cual el Estado nunca debe sacrificar ni vulnerar derechos con la excusa de procurar mayor seguridad.
La OLP es otro de los planes de seguridad aplicado con la intención de disminuir los índices de delincuencia en el país, sin embargo durante la nueva fase de su implementación se han conocido casos de violaciones a los derechos humanos, pero que por miedo a la venganza y represalia las víctimas y familiares se niegan a denunciar, siendo esto sumamente preocupante ya que podría ser un indicador social de la existencia de desconfianza del sistema de administración de justicia y la consecuencia inmediata del incremento de la impunidad en el país.
Asimismo, la Red de Apoyo señala que cualquier acción o presencia policial debe ser para garantizar los derechos humanos, no se debe contrarrestar la delincuencia o la violencia no deber ser violatorio de derechos fundamentales y en caso de resistencia violenta debe haber una respuesta proporcional y oportuna, respetando las normas nacionales, internacionales y el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial (UPDF), aun en Estado de Excepción ya que los familiares de las victimas señalan que las y los funcionarios que participan en las OLP alegan dicha situación para arremeter con violencia organizada, «justificando la acción».
Por lo tanto, todos los procedimientos del “Operativo de Liberación del Pueblo” deben ser eliminados y aplicar de inmediato la política de seguridad incluida explícitamente en la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Recordamos que es deber de instituciones como el Ministerio Público, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz asumir con fuerza la responsabilidad de investigar, sancionar y pronunciarse ante hechos violatorios a los derechos humanos y exigir la capacitación de funcionarias y funcionarias que allí participan.
Es importante resaltar que la Red de Apoyo exhorta nuevamente a las autoridades políticas e institucionales a escuchar y atender efectivamente a las personas que puedan tener denuncias, evitar ejercer acciones masivas indiscriminadas sobre comunidades, garantizar el respeto a los derechos de las y los detenidos y ratificar el carácter civil de los órganos de Seguridad Ciudadana tal como lo establecen los artículos 332 de la CRBV y 6 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. También ratifica el llamado a las comunidades de hacer un trabajo en conjunto con la policía debido a que la participación comunitaria abarca lo concerniente a los controles externos de los cuerpos de policía y en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y la Ley del Estatuto de la Función Policial para velar por el buen desempeño de la función policial con una contraloría activa, eficaz, eficiente y comprometida con funcionarias y funcionarios policiales que desde su papel en la seguridad ciudadana estén priorizando el respeto como un valor fundamental de su gestión.
Finalmente la organización social realiza un llamado a todas las comunidades, ciudadanas y ciudadanos que conozcan de algún abuso o denuncia de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles, ejecuciones o cualquier otro tipo de violación de derechos humanos a denunciar formalmente ante la Fiscalía General de la República para que este delito sea investigado, y en los casos en los que sea necesario, solicitar las medidas de protección procedentes porque la denuncia es el único mecanismo que garantizará que estos terribles actos no se repitan nunca más.
