Los eventos de las últimas 48 horas (las sentencias del TSJ del 28 y 29 de marzo y la sesión del Consejo General de la OEA) marcan un punto de inflexión para la crisis venezolana. Pero esta es otra fase. Más grave y, sobre todo, mucho más peligrosa.
La sesión del Consejo General de la OEA configura una muy seria derrota para el régimen presidido por Nicolás Maduro… y un llamado serio a toda la oposición a recuperar la congruencia, y a lograr que las consignas expresen las estrategias en vez de sustituirlas.
En efecto, el gobierno obtuvo una doble derrota: Primera, al ubicar más allá de toda duda que el foro para el debate político en el continente es la OEA, no UNASUR, el ALBA o la CELAC.; Segunda, cuando en el Consejo General de la OEA (el mismo organismo en el que en 2014 apenas tres gobiernos se atrevieron a votar contra el régimen de Maduro) ahora 20 países votaron por debatir el caso venezolano, a pesar de la férrea resistencia del representante del gobierno presidido por Nicolás Maduro.
Igualmente, la oposición (TODA la oposición) no puede ignorar el hecho contundente de que los mismos países que derrotaron en la OEA al régimen de Maduro están diciendo con toda claridad que la solución a la crisis venezolana tiene que ser electoral y que para llegar a ese escenario electoral es indispensable reivindicar lo logrado en el proceso de diálogo nacional y darle continuidad realizando una NEGOCIACIÓN POLÍTICA CON RESULTADOS.
Ciertamente, esta mayoría que en la OEA derrotó al régimen de Maduro emitió una declaración en la que formula “un llamado para que se cumplan a cabalidad los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas establecidas durante el proceso de diálogo presidido por los expresidentes y El Vaticano; y avancen en la pronta identificación de soluciones concretas para garantizar la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y las instituciones democráticas”. Asimismo consideró “urgente se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional y se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”, es decir, se respeten y cumplan los puntos de la agenda marcada en su famosa carta por Monseñor Pietro Cardenal Parolin, Secretario de Estado del Vaticano.
Dicho en otras palabras: Se acabó aquella dicotomía que dividía a la oposición venezolana entre defensores del “diálogo” y partidarios de la aplicación de la Carta Democrática; Se terminó aquella diferencia entre quienes creían pertinente la mediación de El Vaticano y quienes hubiesen preferido en ese rol a la OEA; Finalizó, en definitiva, aquella separación entre quienes sentían que la participación del propio Papa Francisco constituía la mejor garantía para el pueblo democrático venezolano, y quienes encontraban esa garantía en el desempeño del Secretario General Luis Almagro.
La vida acabó con esas diferencias: La OEA intervino, su mayoría esta de acuerdo con la aplicación progresiva de la Carta Democrática Interamericana y coincide en que -en una primera etapa- esa “aplicación progresiva” debe consistir en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Nacional y en el desarrollo de una NEGOCIACIÓN POLÍTICA CON RESULTADOS, que posibilite la convocatoria a elecciones y, con ello, el inicio de la transición a la democracia.
Antes y después de esta sesión del Consejo General de la OEA se producen dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La primera, emitida en la mañana del martes 28 de marzo, agrede la institución de la Inmunidad Parlamentaria, colocando a los diputados al alcance de la represión y la cárcel; La segunda, emitida en la tarde del miércoles 29, en la que técnicamente la Sala Constitucional disuelve el Parlamento, al asumir las competencias que la Constitución prevé y reconoce a la Asamblea Nacional, para posibilitar no sólo que el Ejecutivo siga desconociendo a los diputados electos por el pueblo, sino también para hacer posible que Maduro endeude al país y negocie con transnacionales el establecimiento de empresas mixtas para la explotación petrolera y de otras riquezas sin contar para ello con la aprobación del Poder Legislativo, como lo exige la Constitución.
Estas sentencias no son dos simples arbitrariedades más. Son medidas que implican un quiebre profundo en la vida del país. La Sala Constitucional esta facultada para ser “el máximo interprete de la Constitución”, no para reescribir la Carta Magna. La sentencia que de hecho anula el Parlamento altera la estructura de la República, pues ya no hay en nuestro país poderes autónomos que se controlen mutuamente, para beneficio del ciudadano. El único poder público autónomo, el Legislativo, es desconocido por el resto de la burocracia estatal, y los otros “poderes” que constitucionalmente también deberían ser autónomos (el judicial, el electoral, el ciudadano) tienen una relación de lamentable subordinación al Poder Ejecutivo. Estas sentencias, pues, no han afectado sólo a la Asamblea Nacional, sino que han hecho colapsar a la forma republicana de gobierno establecida en nuestra Constitución.
Ante una situación de esta gravedad y profundidad, la respuesta no puede ser sólo del liderazgo político. Tiene que haber una respuesta de la sociedad venezolana, y tal respuesta debe ser masiva, contundente y PACÍFICA.Subrayamos el carácter pacífico porque de lo contrario tal respuesta coincidiría lamentablemente con la estrategia oficialista de generación de caos para justificar la declaratoria de un “estado de conmoción interna” que sirva de coartada a la suspensión de elecciones presidenciales de 2018. Para una respuesta así es necesario que los gremios, los sindicatos, las comunidades populares, las universidades, las academias, todos los actores sociales coordinen con los actores políticos no la convocatoria a un “evento”, marcha o concentración, sino el diseño y ejecución de una campaña ininterrumpida de resistencia pacífica, que sea sostenible en el tiempo y que abarque todo el país, hasta lograr el retorno del país a la constitucionalidad.
Es también fundamental que el liderazgo político, por su parte, logre los consensos que permitan definir e iniciar la ruta que la sociedad democrática venezolana debe transitar para lograr la transición a la democracia: Como combinar la movilización pacífica de calle, la negociación política directa y la presión política indirecta, nacional e internacional, para lograr la realización de elecciones, la posterior instalación de un gobierno de unidad nacional y el inicio del proceso de reconstrucción nacional.
Llegó la hora. La hora de movilizarnos. Y esa movilización debe ser no para “reaccionar” ni para “desahogarnos”, sino movilizarnos asertivamente para lograr objetivos claramente establecidos. Llegó la hora en que las consignas expresen la estrategia, no la sustituyan.
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