Esta semana ha concluido el 45 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con resultados que devuelven la esperanza a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país. La situación de los derechos humanos en Venezuela se encuentran en el centro del debate de la comunidad internacional, lo que significa un estruendoso fracaso para el gobierno de facto, que hizo todo lo posible por disimular la magnitud de las graves violaciones e intentó relegar la acción de la ONU al terreno de la cooperación y la asistencia técnica y descartar el monitoreo. Pero el contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos y, en cierta medida también, el informe de la Alta Comisionada, acabaron con toda posibilidad de éxito de la propaganda de ese gobierno que mantuvo la misma línea de argumentos de los últimos años: descalificar, insultar, no brindar ninguna data fiable e instrumentalizar los principios de la ONU y las normativas del Consejo para evitar el escrutinio.
Se aprobaron dos resoluciones, una la Resolución 45/L55 sobre asistencia técnica e impulsada por Irán, Siria, Turquía y Venezuela, que fue aprobada con una exigua votación de 14 votos, centrada en la presencia de la OACNUDH en el país. La otra fue la Resolución 45/L43 sobre la situación de los derechos humanos impulsada por 52 miembros de la ONU de los cuales 16 eran miembros del Consejo. Esta última resolución fue finalmente aprobada por 22 votos a favor y solo tres votos en contra: Venezuela, Eritrea y Filipinas.
Esta última resolución constató la grave situación en Venezuela y la falta de cooperación real de Estado, apoyó la presencia de la OACNUDH y extendió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos por dos años más. Pese a las diferencias de votos las dos resoluciones tienen validez según las normas de las Naciones Unidas. Siguiendo el procedimiento de la ONU, las dos resoluciones deberán ser aprobadas en la Asamblea General, en la Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y Presupuestarios) y en la Tercera Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales) y luego en Plenaria.
Aunque jurídicamente las dos resoluciones son igualmente válidas, en el terreno político el gobierno de facto ha sufrido un profundo e histórico fracaso. Ya durante los debates entre el 23 y el 25 de este mes, de los 63 Estados que intervinieron sobre Venezuela, solo diez (*) apoyaron los argumentos del gobierno de facto y ninguno de ellos era miembro del Consejo y por tanto no tenían derecho al voto. Luego, el resultado de las votaciones no hizo más que corroborar el aislamiento de ese gobierno, cuando México se abstuvo (no votó contra) y Argentina votó a favor de renovar el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos.
Sin lugar a dudas, los debates y las votaciones han dado un impulso protagónico a la Misión de Determinación de los Hechos. Para Calixto Avila, representante de Provea en Europa, “la campaña de ataques personales a los miembros de la Misión, el prohibir su ingreso a Venezuela y el no responder a las peticiones de información, terminó devolviéndose contra el gobierno de facto. También jugó en su contra el incumplimiento evidente de las recomendaciones de la OACNUDH y de poco sirvió el efecto publicitario puesto en escena en vísperas de las sesiones del Consejo, gracias a los indultos y al confidencial memorando de entendimiento, prorrogando y ampliando la presencia de la OACNUDH.”
El resultado de esas resoluciones dentro del Consejo, es que durante los seis periodos de sesiones (tres por año) en 2021 y 2022, los informes de Misión de Determinación de los Hechos y los de la OACNUDH estarán siendo presentados y debatidos según lo establecen esas decisiones. En lo inmediato, para las sesiones de febrero-marzo de 2021, la Misión y la Alta Comisionada Michelle Bachelet deberán presentar separadamente una nueva actualización verbal sobre la situación de derechos humanos, según sus mandatos. Esas dos instituciones, que son complementarias, coexistirán y vigilarán la situación y sus resultados serán debatidos permanentemente en el Consejo por dos años más.
Fuera del Consejo y dentro de las Naciones Unidas, la Resolución 45/L43 establece que los informes presentados en este periodo de sesiones por la OACNUDH y por la Misión, sean enviados a la Asamblea General de la ONU y que esta “los presente, en particular el relativo a la situación en la región del Arco Minero del Orinoco, a todos los órganos pertinentes de las Naciones Unidas para que adopten las medidas que correspondan”. De esta manera, el dossier sobre derechos humanos en Venezuela transciende al resto de la ONU, y como señala la analista Eleanor Openshaw “Se abre la posibilidad para que la Asamblea General envíe el informe al Consejo de Seguridad con lo que podrían impulsarse las esperanzas de que la Corte Penal Internacional actúe”.
Desprestigiado como se encuentra, el gobierno de facto no tiene más remedio que responder a los nuevos y enormes retos que le ha puesto el Consejo de Derechos Humanos, del cual es miembro.
Para Calixto Avila, “es claro que ese gobierno no puede abandonar la ONU como lo hizo con la OEA. En la ONU en los últimos 16 meses, ya acumula 125 recomendaciones, sumados los informes de la Misión de Determinación de los Hechos y de la Oficina de la Alta Comisionada. En julio pasado, cuando solo tenía 23 recomendaciones por cumplir, hechas un año atrás por Bachelet, apenas había cumplido parcialmente 2 de ellas. Todo ello sin tener en cuenta las recomendaciones y compromisos incumplidos del Examen Periódico Universal, de los distintos comités que vigilan el cumplimiento de tratados específicos y de los relatores y grupos de trabajo. En resumen, es un incumplimiento acumulado y de grandes dimensiones”.
* Esos diez países fueron: Corea del Norte, Bielorrusia, Irán, Siria, Myanmar, Laos, Nicaragua, Rusia, China y Cuba.
Prensa Provea
