Las Academias Nacionales expresan al país su profunda preocupación por la ilegítima e inconstitucional convocatoria a elecciones parlamentarias el día 6 de diciembre del presente año para pretender renovar la Asamblea Nacional.
Las elecciones, al ser el desarrollo del derecho constitucional al sufragio, exigen que en su convocatoria concurran razones de legalidad y conveniencia para que puedan reputarse como legítimas. Por tal motivo, este nuevo llamado a la ciudadanía a votar es un acto en apariencia enmarcado en el Estado de derecho, pero carente de toda legitimidad porque, en esta ocasión, hay sobradas razones jurídicas, de salud pública, políticas y operativas que sugieren la inconveniencia de realizarlas en la fecha pautada.
Las Academias nacionales, atendiendo a las obligaciones legales de hacer recomendaciones a los órganos del poder público y a la sociedad en las materias de sus competencias, se sienten en la obligación de informar a la ciudadanía su opinión sobre esta delicada situación.
Las acciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral con relación a las elecciones parlamentarias 2020 están claramente al margen del marco jurídico nacional y de los parámetros internacionales. Las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, identificadas con los números 68, 69, 70, 71 y 72 y dictadas en fechas 5, 10, 12, 15, y 16 de junio de 2020, respectivamente, son una clara usurpación a las competencias de la Asamblea Nacional, por cuanto con ellas se designaron a los rectores del Consejo Nacional Electoral y directivos de sus órganos subalternos.
Con estas sentencias se delegó en el Consejo Nacional Electoral la potestad de legislar y reformar la Ley de Procesos Electorales; y así el Consejo Nacional Electoral reglamentó un nuevo sistema electoral mediante unas “Normas Especiales para las Elecciones Parlamentarias período 2021-2026” que usurpan las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y violan la reserva y rango de ley.
El Reglamento especial, dictado por el Consejo Nacional Electoral para regular la elección de los tres representantes indígenas a la Asamblea Nacional establece el voto indirecto de voceros en dos grados y mediante votación pública a mano alzada, violando abiertamente el derecho constitucional al sufragio mediante el voto universal, directo y secreto y arrebatando la potestad de participación política de todos los venezolanos en la conformación de los órganos que ejercen el poder público.
Se intervinieron los principales partidos políticos de oposición con la suspensión de sus autoridades legítimas y, en su lugar, fueron impuestas directivas a conveniencia para apropiarse de sus símbolos e identidad asociativa y coaccionarlos a participar arteramente en las elecciones parlamentarias convocadas.
Todos los hechos señalados, además de desconocer las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, violentan de forma grave y flagrante los principios democráticos del Estado de derecho, violan el derecho constitucional de asociarse con fines políticos y la libre determinación de los partidos en cuanto organización, funcionamiento y dirección, conforme lo dispone el artículo 67 de la Constitución, y vulneran la garantía de un árbitro electoral imparcial, autónomo e independiente esencial para la realización de elecciones libres y democráticas.
Por otro lado, además de las razones de ilegitimidad de la convocatoria a las elecciones parlamentarias del próximo diciembre, se evidencia que no hay condiciones sanitarias para sobrellevar el alto riesgo que impone la COVID-19. Las medidas que han adoptado los países para contener la propagación y evitar la transmisión de la COVID-19 han sido aquellas que conllevan a evitar aglomeraciones y concentración de personas en espacios públicos, particularmente en lugares cerrados y poco ventilados. Los procesos electorales bajo condiciones de pandemia y los sitios donde estos suelen llevarse a cabo implican un alto grado de riesgo de contagio, tanto para los votantes como para los funcionarios electorales y el público en general asociado a la puesta en marcha de estos eventos.
En fecha reciente, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hizo público un informe que, sobre la base de un modelo matemático, predice una alta tasa de contagio por coronavirus y advierte que de no cambiarse las estrategias de contención para la fecha prevista de las elecciones los nuevos contagios estarán en el orden de 14.000 por día. En otro estudio independiente muy reciente sobre Elecciones y Pandemia, se examina el aumento que ha producido en varios países la realización de elecciones y se ofrece una estimación epidemiológica de lo que podría ocurrir en Venezuela de llevar a cabo las elecciones en la fecha proyectada.
En los escenarios señalados por estos análisis científicos, puede esperarse que para el mes de diciembre no se tengan las condiciones mínimas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud para flexibilizar las restricciones impuestas por el gobierno y se correría el riesgo de aumentar significativamente el número de contagios y decesos. Con mucha preocupación llamamos la atención de que esta consideración es aún más significativa en ciudades y poblaciones cuya infraestructura sanitaria y provisión de servicios básicos (agua, electricidad y transporte) son todavía más precarias de las que sirven a las grandes ciudades del país.
Para las Academias, la salud de los ciudadanos es un bien público que debe preservarse más allá de conveniencias políticas o personales. Consideran que velar por la salud de la sociedad es una obligación insoslayable del Gobierno y de los responsables de tomas de decisiones y en este sentido reiteran que no hay condiciones sanitarias para la realización ni de eventos de masa ni de concentración de público en los próximos meses. Llamamos a las autoridades a invertir los fondos económicos necesarios para garantizar el sistema de bioseguridad y el reforzamiento de la infraestructura hospitalaria y el mejoramiento de las condiciones sanitarias en el país, con el fin de asegurar la calidad de la atención médica a los venezolanos durante y después de la pandemia.
El deterioro alarmante e innegable de los servicios públicos es otro de los aspectos que afectan la realización de las elecciones. La insólita escasez de gasolina está causando desasosiego, desorden y anarquía y llevando a restricciones extremas de las libertades individuales y colectivas. Este escenario puede mantenerse o incluso agravarse en los próximos meses, pues no hay evidencia técnica que permita predecir una pronta recuperación de la capacidad de refinación de crudo en nuestro país o que las autoridades tengan la capacidad de importar el producto en suficientes cantidades para regularizar su suministro para el mes de diciembre.
Pretender que la población se movilice en un evento de gran magnitud, como lo es una elección nacional, bajo las condiciones indicadas y en medio además de un creciente deterioro del sistema de abastecimiento de alimentos con la consecuente inestabilidad social y económica de la población, es un acto irresponsable de los convocantes. Ello, lejos de asegurar la mayor participación libre de los ciudadanos podría causar el efecto contrario, aunado a las más que razonables dudas sobre la legitimidad política y jurídica de la práctica de las elecciones parlamentarias convocadas para el mes de diciembre.
Es deber ético y jurídico con el país, que las Academias Nacionales, en el marco de sus competencias, manifiesten públicamente la inconveniencia, la ilegitimidad y la inconstitucionalidad de la realización de estas elecciones. Asimismo, llamamos enérgicamente a que se cumplan condiciones de legitimidad y seguridad que permitan recuperar el derecho a elegir en libertad y exigir el restablecimiento de las condiciones necesarias que posibiliten un proceso electoral limpio, libre y con observación internacional.
Caracas, 1 de octubre de 2020
Dr. Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Dra. Carole Leal Curiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia
Dr. Enrique López Loyo.
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Dr. Humberto Romero Muci
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Dra. Mireya R. Goldwasser
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Dr. Luis Mata Molleja
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
Ing. Eduardo Buroz
Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
