Theresly Malavé, abogada del diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro, asegura que la condición de salud de su defendido es precaria, luego que sus custodios lo castigaran por la huelga de hambre que realizó, entre el 11 y el 19 de septiembre de 2017, en el Centro de Formación de El Hombre Nuevo “El Libertador” de Tocuyito, estado Carabobo, donde se encuentra aislado de la población penal y sin luz.
“Gilber está sufriendo las secuelas de la aislamiento celular”, aseguró Malavé. Calificó como irresponsable la actitud de la ministra para los servicios penitenciarios Mirelys Contreras, quien aseguró que Caro no estaba llevando a cabo una huelga de hambre en el recinto penitenciario.
El Protocolo de Estambul describe que el aislamiento celular es uno de los tipos de tortura psicológica en los que el detenido suele ser confinado a una celda mínima por días o meses en un ambiente inadecuado y sin interacción social. A su vez, establece que un elemento característico del aislamiento celular es la falta de marcas visibles que develen indicios de tortura física.
“Para este gobierno, los presos políticos son un número más, no son personas”, aseveró la abogada al advertir que la crisis alimentaria, que también afecta a la población penal, resulta aún peor para los detenidos que se encuentran en situación de aislamiento.
Malavé precisó que el diputado Caro comenzó a pedir auxilio a gritos el 19 de septiembre pasado, cuando sus brazos se contorsionaron al punto de no poder moverlos. Pocos segundos después, comenzó a convulsionar en la celda donde lo mantienen encerrado y finalmente sufrió un desmayo.
“Aunque hemos pedido que nuestro defendido sea revisado por un médico especialista que evalúe su condición de salud, solo hemos recibido un enorme silencio, como respuesta, por parte de las autoridades del penal”, dijo.
Malavé pidió al Tribunal Militar Sexto de Control del Estado Carabobo que apruebe el traslado del diputado Gilber Caro a la cárcel militar de Ramo Verde u otro sitio de reclusión en mejores condiciones. Insistió en que se permita el ingreso de funcionarios del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, con el fin de constatar que el diputado sí estuvo en huelga de hambre.
Asimismo, informó que seguirán denunciando internacionalmente, a través de la organización Justicia y Proceso Venezuela, las constantes violaciones a los Derechos Humanos de Caro y demás presos políticos en Venezuela.
Después de cuatro meses y veinte días de detención arbitraria, Caro fue imputado, el 11 de junio pasado, por los delitos de traición a la patria y sustracción de efectos militares. Al 25 de septiembre, sus defensores se encuentran a la espera de su audiencia preliminar.
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