Por Bram Ebus El colapso histórico de Venezuela a menudo se explica como consecuencia de la mala gobernanza, la corrupción y el colapso del sector petrolero o de las sanciones internacionales. Se buscan soluciones en la esfera política (diálogo, elecciones libres, cambio de régimen), pero hay poco espacio para maniobrar en cualquier extremo del espectro político. Al gobierno de Maduro le quedan pocos aliados políticos, y a medida que avanza en su intento de perpetuarse en el poder, parece tener escasos recursos y poco tiempo para emprender esfuerzos serios para mitigar el impacto de la profunda crisis económica. Mientras tanto, la oposición lleva a cabo una campaña centrada en enfatizar lo que está mal, pero carece de una visión integral para una futura Venezuela.
El medio ambiente generalmente se deja fuera del debate, pero cuestiones como la conservación, el manejo de los recursos naturales y el acceso a los ecosistemas son vitales para la estabilidad del país. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (o ONU Medio Ambiente), lograr la paz teniendo en cuenta los recursos naturales y el medio ambiente «ya no es una opción, es un imperativo para la seguridad». En conversaciones recientemente suspendidas entre el gobierno y la oposición, negociadas por el gobierno noruego: el medio ambiente ni siquiera estaba en la agenda. Sin embargo, los conflictos de recursos y el manejo y protección del patrimonio natural de Venezuela no solo son importantes desde un ángulo de conservación, sino que son la clave para lograr una solución política sostenible y descubrir el futuro de Venezuela.
Una crisis política y ambiental
El gobierno de Maduro afirma que Venezuela tiene la segunda reserva de oro más grandes del mundo y en 2016 decretó un área de desarrollo minero masivo que bautizó como el ‘Arco Minero del Orinoco’. Hasta ahora, esta legislación no parece más que un “marco legal” que regula un sector que realmente funciona sin control. Los inversores extranjeros se mantuvieron alejados mientras que la minería ilegal incrementó desenfrenadamente.
La degradación ambiental causada por la extracción de minerales no regulada y los conflictos por el acceso a estas valiosas tierras ya ha desplazado a la población a la fuerza, mientras que el colapso económico a nivel nacional y la consiguiente disminución del empleo y los ingresos ha llevado a otros a aventurarse en la región minera sin ley al sur del río Orinoco.
Muchas de las tierras que se explotan agresivamente son el hogar de grupos indígenas, que a menudo se ven privados de sus medios de vida y medios de supervivencia. Las estrategias alternativas de supervivencia a menudo significan participar en economías mineras ilegales, ya que la moneda nacional, que casi no tiene valor por la hiperinflación, ha llevado a la aceptación del oro como una alternativa al efectivo, o unirse a los grupos armados no estatales que dirigen las regiones ricas en minerales.
La presencia de grupos armados extranjeros y venezolanos ha sido tolerada por el gobierno, lo que resulta en una pérdida de soberanía sobre vastas extensiones de territorio, mientras que los ingresos provenientes de recursos aumentan la influencia de actores violentos. Estos últimos incluyen sindicatos delictivos locales, llamados simplemente “sindicatos”, así como elementos corruptos del Estado. El hecho que se hayan creado estas economías paralelas basadas en el oro, permitió que los elementos criminales con control sobre los recursos convirtieran estas economías informales en capital social y político.
Aunque Venezuela no está formalmente en guerra, el caudillismo y los frecuentes enfrentamientos violentos son ahora una característica del sur. Las fuerzas de seguridad del Estado fuertemente armadas con sus rostros cubiertos conducen en vehículos blindados con armas montadas, controlando los aeropuertos de la jungla y el acceso a minas ilegales en los estados de Amazonas y Bolívar. Los grupos guerrilleros colombianos que a veces operan codo a codo con el ejército, con los sindicatos mineros, y las masacres, la tortura y la esclavitud son comunes en las zonas mineras. Por esta razón, uno puede referirse claramente a los minerales extraídos de estas áreas como «recursos de conflicto», y su comercialización debe tratarse como facilitación de violaciones graves de los derechos humanos.
Los ingresos de la minería actualmente proporcionan un salvavidas financiero a las élites políticas y son de suma importancia para mantener el poder. Si los países pueden depender de los ingresos de la extracción de recursos, el dinero proveniente de los contribuyentes se vuelve menos importante, generando así, una desconexión entre el gobierno y sus ciudadanos. Este ha sido el caso desde que la industria petrolera comenzó a desarrollarse en Venezuela. La falta de transparencia en la rendición de cuentas del gobierno, incluido el asunto de los ingresos extralegales derivados de la extracción de recursos, priva a la población de sus derechos y facilita el autoritarismo.
Llámalos guerrilleros, sindicatos, pranes o facciones corruptas del ejército: están allí para quedarse. En ese sentido, Venezuela está comenzando a parecerse a la vecina Colombia, donde el acaparamiento de tierras, la guerra rural y la explotación depredadora e ilícita de los recursos naturales (ya sea coca, minería ilegal de oro, agroindustrias) han sido una característica importante durante más de medio siglo.
El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC se considera el acuerdo de paz «más ecológico» jamás realizado, con planes de crecimiento verde y desarrollo sostenible, pero su aplicación tambaleante, específicamente con respecto al desarrollo económico rural, el acceso a las tierras y los cultivos ilegales, dejó al descubierto la fragilidad de dichos acuerdos. Estas brechas también son una explicación importante del enorme aumento de la deforestación en las antiguas áreas controladas por la guerrilla y la reanudación de las tensiones regionales.
En Venezuela, la «paz» y el medio ambiente deben estar en la agenda, y los grupos armados que operan sin restricciones deben ser desmantelados por las autoridades competentes y las autoridades policiales que imponen el orden público. Sin embargo, este escenario es difícil de imaginar con las tasas actuales de impunidad, la corrupción dentro de las filas de las fuerzas armadas y la violencia estatal en Venezuela.
Las partes internacionales interesadas deben reconocer que Venezuela no es solo un campo de batalla político para los chavistas y la oposición, sino un país en el que los conflictos de recursos y los grupos armados son la norma en gran parte del territorio nacional.
Es esencial que la Venezuela post-transición no esté caracterizada por el error de no incluir la seguridad ambiental. En un informe, ONU Medio Ambiente analizó los conflictos intraestatales en los últimos sesenta años, y una de sus conclusiones preliminares es que la probabilidad de una recaída en el conflicto, dentro de los primeros cinco años después de un acuerdo de paz, se duplica si existe un vínculo entre el conflicto y los recursos naturales.
Existe el riesgo de un conflicto serio en el sur de Venezuela. Un cambio de gobierno o un cambio de poder a nivel del ejecutivo podría generarles un caos a las alianzas actuales, causando nuevas tensiones. Las reservas minerales y los grupos armados no conocen de límites internacionales, y la violencia minera y los conflictos por el acceso a las minas ya han causado fricciones en las fronteras con Colombia, Guyana y Brasil. No abordar el problema del medio ambiente y los grupos armados en el sur de Venezuela es garantizar grandes dolores de cabeza futuros para toda la región.
Involucrar a los recursos naturales en cualquier negociación futura
En la mayoría de los acuerdos de paz se pasa por alto o se subestima el papel de los recursos naturales y el medio ambiente. Las posibles futuras iniciativas para negociar una transición en Venezuela no deberían cometer el error de ignorar estos temas vitales. El país podría recaer rápidamente en conflictos por recursos que no solo contribuyen al empoderamiento financiero de una serie de grupos no estatales, sino que también generan y mantienen la corrupción dentro de las fuerzas armadas.
El incentivo económico puede obstaculizar los esfuerzos e iniciativas para mitigar la problemática, y las iniciativas para negociar de buena fe, tanto con los actores armados no estatales como con las élites gubernamentales mantenidas por sus actividades ilegales, ya que una transición quizá pueda impedir el acceso a los ingresos generados bien sea directamente por la explotación de recursos o por los impuestos fijados a estas actividades. Si se maneja de forma correcta, la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente podría proporcionar herramientas para ayudar a alcanzar un acuerdo.
En lugar de manejar esta situación como una carrera hacia el abismo, la paciencia, la experiencia y la transparencia deberían aplicarse en los debates sobre cómo gestionar los recursos naturales, tanto ahora como en una futura Venezuela. La extracción de recursos es utilizada con mayor frecuencia por los países como una herramienta para obtener ingresos rápidamente después de una situación de conflicto o crisis, pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta para evitar que surjan nuevos conflictos. En la actualidad, la magnitud de las reservas minerales de Venezuela sigue sin estar clara; no se han realizado estudios serios de impacto socioambiental y no se le ha consultado adecuadamente a las poblaciones indígenas. Esto solo puede conducir a conflictos prolongados sobre el uso de la tierra y el acceso a los recursos y, por lo tanto, aumenta la inestabilidad y nos mantiene propensos a conflictos.
Examinar las opciones de intercambio de recursos para maximizar los beneficios mutuos para las partes interesadas podría ser un ejercicio de fomento de la confianza, no solo para las partes enfrentadas sino también para otras partes interesadas que hasta ahora han sido ignoradas, en particular las poblaciones locales. Explorar juntos estos escenarios y evaluar los impactos socioambientales, las mejores prácticas para el futuro y la protección y restauración ambiental brindaría la oportunidad de acercar a diferentes actores.
Para comenzar, los diplomáticos involucrados y las agencias relevantes de las Naciones Unidas, específicamente el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, deberían llevar a cabo una evaluación exhaustiva para identificar las mejores estrategias de mediación y qué partes interesadas deberían tener voz en este proceso. La política de las Naciones Unidas y sus metodologías de prevención de crisis para la consolidación de la paz ambiental se han desarrollado, pero aún no se han aplicado en Venezuela. La transparencia es primordial y la propiedad de los recursos debe «desvincularse» de la gestión y distribución de los ingresos. Es importante buscar beneficios mutuos, por ejemplo, aquellos relacionados con el empleo, el desarrollo de infraestructura y las economías sostenibles y diversificada, para así poder aumentar la probabilidad de un resultado positivo.
La formulación de diversas hipótesis puede ayudar a los participantes a visualizar ideas y así fomentar el interés. Tomemos como ejemplo al sector petrolero: Venezuela ha sido afectada por la maldición de los recursos (bajos índices de democracia, desarrollo y crecimiento económico a pesar de la abundancia de recursos), pero la promoción de economías sostenibles, sustentables y verdes merece una seria consideración. Hacerlo tendría en cuenta la sostenibilidad futura, tanto económica como ambientalmente, y evitaría que los «recursos del conflicto» financien la violencia y generen impactos ambientales masivos y, por lo tanto, el desplazamiento forzado y la pérdida de medios de subsistencia.
Ignorar estos problemas hasta años después de un escenario posterior al diálogo sería socavar la sostenibilidad de cualquier transición. Los negociadores no deben asumir que estos asuntos son demasiado sensibles o complicados y deben abordarse en una etapa posterior: capitalizarlos podría generar una plataforma para el diálogo sobre protección ambiental, biodiversidad y uso de la tierra, y podría funcionar como un ejercicio de fomento de la confianza en las conversaciones.
La situación humanitaria en el país está muy relacionada con los desarrollos actuales y futuros al sur del Orinoco y los donantes deben estar abiertos a las necesidades que van más allá de los aspectos puramente humanitarios y del desarrollo de la crisis. Aquí hay un papel no solo para ONU Medio Ambiente sino también para otros organismos de las Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Paz Sostenible (uno de los principales objetivos de la ONU) se refuerzan mutuamente. «Paz y seguridad» es uno de los tres pilares centrales de la ONU, y la violencia, el trabajo forzado, la prostitución y la trata de personas en el sur de Venezuela están directamente relacionados con la crisis y la bonanza minera que ha empoderado a los actores violentos. La epidemia de malaria en Venezuela también está directamente relacionada con la rápida expansión de la minería y la deforestación asociada. Estas cuestiones deberían abordarse ahora e incluso cuando la ONU se concentre en las necesidades humanitarias más tradicionales, se requerirá una participación más amplia de agencias como el PNUMA, el ACNUR y la OMS con respecto a la seguridad ambiental, ya sea en el país o por medios remotos.
Es esencial abordar estos problemas de manera que se facilite una transición democrática pacífica y se garantice un desarrollo verdaderamente sostenible. Pero si no se encuentran alternativas, abundan los factores que impulsan ir más allá con respecto al Arco Minero del Orinoco. En enero de 2016, el año en que Nicolás Maduro decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, un gramo de oro valía poco más de 35 USD en los mercados internacionales, pero en septiembre de 2019 había superado los 48 USD por gramo y se había vuelto cada vez más atractivo para los caudillos hambrientos de más y venezolanos desesperados que buscan ganarse la vida. La fiebre del oro en Venezuela parece estar lejos de terminar y provocará graves problemas de inestabilidad para la región en su conjunto si las agendas internacionales continúan ignorando la dinámica en el sur de Venezuela.
Bram Ebus es un periodista de investigación que informa principalmente desde Colombia y Venezuela. Es un científico social con títulos en Antropología Cultural y Criminología Global. Desde 2012 ha llevado a cabo un trabajo de campo a fondo que involucra investigación cualitativa y cuantitativa en varios países de América Latina y Europa. Su principal interés de investigación son los conflictos socioambientales.
Originalmente publicado como: «Why Environmental Security is Paramount to Venezuela’s Future». https://venezuelablog.org/environmental-security-paramount-venezuelas-future/
Traducción al español: Hearts on Venezuela
