Cada 7 de octubre se celebra el día mundial del Trabajo Decente, una fecha instituida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para resaltar y reivindicar, el empleo basado en condiciones de equidad, libertad, seguridad, y respeto a la dignidad humana.
En Venezuela -desde la llegada de Hugo Chávez al poder-, el Ejecutivo impuso, como política de Estado, la fijación unilateral del salario y, más recientemente, una tabla salarial única para la administración pública y los trabajadores de las empresas estatales, que desconoció los tabuladores salariales establecidos en los contratos colectivos.
La ausencia de diálogo social, ha sido una práctica reiterada durante el proceso bolivariano, que ha conducido a la precarización del trabajo decente y ha sido fuente permanente de protestas entre los trabajadores.
Sobre ello, conversamos con Pedro Arturo Moreno, un veterano dirigente político del partido Bandera Roja y miembro actual del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la central sindical más antigua del país, que, recientemente, participó en las mesas de diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno, auspiciadas y acompañadas por la OIT.
Hace 23 años Hugo Chávez asumió la presidencia arengando consignas de redención social. Desde entonces, el proyecto político bolivariano se autodenominó “obrerista” y “revolucionario”. ¿Se produjo esa redención de la clase obrera?, ¿La oferta “revolucionaria” benefició a los trabajadores?, ¿Qué pasó?
– Si alguna calificación tiene estas más de dos décadas, es un proceso de involución.
Lo más visible es la involución en cuanto a los derechos. En el 99 nosotros reconocíamos que la nueva Constitución tenía muy bien expresado todos los derechos sociales e individuales, pero, contradictoriamente, esos derechos de los trabajadores no se reflejan en la Ley Orgánica del Trabajo, un instrumento en el que incluso hay una retracción de los derechos colectivos en beneficio de los derechos individuales.
En el año 2000, con una PDVSA dirigida por Héctor Ciavaldini, comenzamos a notar que la política gubernamental no era, para nada, un reconocimiento de la autonomía y los derechos laborales.
Ese mismo año, Ciavaldini trató de imponer una nueva forma de discusión contractual en la que el patrono presentaría la propuesta de discusión del contrato colectivo y los trabajadores negociarían en base a esa propuesta. Es entonces cuando Carlos Ortega, desde la Federación de Trabajadores Petroleros, le infringe una derrota al gobierno.
Luego en el 2007, de la mano de Carlos Lanz y desde la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), empezaron a hablar de una nueva forma de convenciones colectivas, que era prácticamente negar el derecho de los trabajadores a plantearse reivindicaciones que fueran sostenibles y que fueran indexándose progresivamente.
Trataron de imponer una figura que fue usada en las naciones de Europa oriental que era el salario social.
Eso implicaba que la relación obrero patronal debía ser soportada por inversiones del Estado para garantizar la reproducción, pero que no era un problema salarial. Es decir, el que tengas un Barrio Adentro cerca de tu casa era parte de tu salario social, el que te arreglaran las calles era salario social.
Había un cambio significativo desde el punto de vista de lo que era el salario. Eso lo vendían como si fuera un cambio en las relaciones de producción, como si fuera una superación de la relación obrero patronal, y ahora, era una relación de convivencia porque no había patrono, porque no había explotación, lo cual era una mentira muy grande.
En estos veintitantos años, lo que vemos es un claro plan en contra de los derechos laborales.
El discurso socialista, el discurso en favor de los trabajadores, lo que ocultaba precisamente era la negación de los derechos.
En medio de un crecimiento exponencial de la pobreza y desregulación de las relaciones de trabajo, ¿podemos hablar de la existencia de trabajo decente en la Venezuela actual?
– Hemos perdido la oportunidad de que Venezuela se levantara y pudiera crecer desde el punto de vista de sus fuerzas productivas propias, de una verdadera revolución industrial.
Hoy no competimos ni siquiera con Haití en materia de salario mínimo, y en cuanto al Producto Interno Bruto hemos perdido el 80% de nuestro activismo económico.
Estamos en un proceso donde llegamos a tocar tan abajo el fondo de las capacidades de adquisición del trabajo que estos pequeños aumentos vuelven a renovar la posibilidad de que aquí se aproxime al cumplimiento de la norma, que es que el salario mínimo tiene que estar relacionado con una canasta normativa, que incluye vivienda, vestido, distracción, educación, en esos rubros ya no es solamente alimentar, es reproducir la familia.
La política del gobierno tiene como principio negar todas las conquistas que se tenían en las contrataciones colectivas. Primas por antigüedad, por producción, por profesionalización, por mérito.
En octubre del 2018 cuando se aprueba el memorando 2792, que es básicamente lo mismo que contiene el instructivo ONAPRE, pero con más precisión en este último porque va directamente a violentar cláusulas que son importantes dentro de la contratación colectiva, como son las primas por antigüedad y por profesionalización, se deterioró el poder adquisitivo totalmente.
En el transcurso de cinco meses el salario mínimo pasó a costar un poco más de 15 dólares. En apenas tres años desapareció el salario de los funcionarios públicos.
El Banco Mundial dice que un salario inferior a 1,9 dólares diarios es un ingreso de indigencia, eso no puede ser llamada salario, es la pobreza extrema.
Un salario inferior a 57 dólares mensuales no puede llamarse salario.
El movimiento sindical se esfuerza por unirse, pero aún luce atomizado ¿Qué retos le aguardan a la dirigencia de los trabajadores ante la afrenta gubernamental?
El sindicalismo, quizás, desde hace mucho tiempo, por la importancia que ha tenido la renta petrolera en nuestra economía, era un sindicalismo muy apegado a la administración pública.
Era un sindicalismo que se apegó mucho a la fórmula del dialogo y de la conveniencia, el uso de las formas como el derecho a huelga a la protesta, era usado en la menor medida, y en algunos sectores muy particular, como los educadores.
Este aspecto tan importante, de un sindicalismo que tiene su principal fuerza en la administración pública, fue aprovechado muy sagazmente primero por Chávez y ahora por Maduro, ya sea por la vía de las dadivas o por la vía de la imposición que, en definitiva, cuando empezó el reclamo, era el desconocimiento de los dirigentes sindicales que se oponían y la creación de un sindicalismo paralelo totalmente genuflexo a las decisiones del gobierno.
La lucha del sindicalismo es por rescatar un activismo que se vincule no solo con derechos, sino con la necesidad de las exigencias tienen que estar vinculadas a las políticas económicas.
Un sindicalismo que piense y luche por transformar al país.
Prensa Provea
