A las 4 de la tarde del lunes 16 de mayo de 2019, los 32 pasajeros y tripulantes del peñero «Ana María» zarparon desde el puerto «La Playita» rumbo a la vecina isla de Trinidad y Tobago a pocas horas de distancia de la costa venezolana.
El alto flujo migratorio venezolano condujo a la excolonia británica al endurecimiento de su política migratoria. Al menos 40.000 migrantes y solicitantes de refugio venezolanos, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), han ingresado al país, exponiéndose a arrestos y deportaciones. La legislación de la isla les impide trabajar o acceder al sistema escolar oficial, por ello, buena parte de los venezolanos que cruzan los 95,4 km de mar que separan a Puerto España de la costa de Güiria, en el estado Sucre, lo hacen de forma ilegal a través de precarios e improvisados medios de transporte que aumentan exponencialmente los riesgos.
El mismo 16 de mayo los familiares de los emigrantes notaron que estos no habían llegado a sus destinos, ya que algunos de ellos se quedarían en casas de allegados radicados en la isla. Al pasar los días, escucharon rumores sobre el posible paradero de la embarcación que indicaban un posible naufragio cerca de la costa de Macuro, en el extremo oriental de la península de Paria. Pero se impuso la incertidumbre.
El 21 de mayo los familiares de 23 pasajeros desaparecidos acudieron al Ministerio Público para interponer la denuncia. Transcurrido un año del suceso, aún se desconoce el paradero de los pasajeros del «Ana María». La información que manejan los familiares es que la única persona que ha dado fe de vida es el capitán de la embarcación, Alberto Abreu, quien hizo un vídeo manifestando que fue rescatado luego de permanecer 19 horas en el mar, y que habría sido el único sobreviviente del naufragio, pero esta versión es cuestionada por los familiares de los desaparecidos. Según han denunciado, Abreu tendría antecedentes penales por el delito de Trata de Personas.
Entre los desaparecidos hay una mujer que se encontraba embarazada para el momento del supuesto naufragio, tres niños menores de 3 años y una adolescente de 16 años edad. Los familiares resienten no haber recibido apoyo oficial para realizar las labores de búsqueda y rescate.
Nombres de 23 desaparecidos a bordo del peñero «Ana María»:
- Dylian Barra, niño de 2 años de edad
- Victoria Berra, niña de 3 años de edad
- Adrián Martínez, 8 mese de edad
- Anthony Monserrat, de 25 años edad,
- Alberto Abreu, de
- Adrián Mata (19),
- Deivis Sucre (24),
- Juan Vega (42)
- César Zorrilla (40),
- Yoldelvis Mattei (22),
- Carlos Merchán (20),
- Jhosmarly Gómez (19),
- Andy Villegas (32),
- José Bernal (20),
- Cristian Martínez (23),
- José Bello (20),
- Darwin Cedeño (32),
- Omel López (34)
- Oscar López (29),
- Luis Guanipa (47),
- Antonio López (44)
- Marolin Bastardo (19)
- Katerin Berra, de 28 años de edad
Un denominador común
Al menos 85 personas desaparecieron tras abordar tres embarcaciones en 2019. Junto a los pasajeros del “Ana María”, el paradero de quienes viajaban en la embarcación “Jhonnayli José” desde Güiria a Trinidad y Tobago el 23 de abril de 2019, y otra lancha sin nombre que partió el 7 de junio de 2019 de La Vela de Coro, en Falcón, con destino a Aruba, es desconocido. Los tres casos tienen un denominador común: las extrañas circunstancias en las que se produjeron las desapariciones y la ausencia de respuesta estatal.
Los familiares de los desaparecidos se han organizado en el Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada en Altamar, para promover acciones de exigibilidad y solidaridad entre los afectados. El pasado 20 de febrero realizaron una concentración en la sede del Ministerio Público en Caracas, para instar al organismo a que investigue los hechos y determine las responsabilidades.
En un documento dirigido al señor Tarek William Saab, titular de facto de la Fiscalía General de la República, solicitaron una investigación imparcial, independiente y transparente que involucre todos los hechos relacionados con los casos ocurridos. Hasta ahora siguen sin respuestas. Sin embargo, una comisión especial designada por la Asamblea Nacional (AN) para investigar el naufragio de “Jhonnalys José” y la desaparición del bote “Ana María” determinó que hay funcionarios públicos venezolanos involucrados en los hechos.
Las semejanzas entre los tres casos de desapariciones en altamar ocurridos durante 2019, cimientan las sospechas de los familiares sobre la existencia de una red vinculada a la trata de personas, que se aprovecha de cientos de personas que huyen del hambre y la pobreza en Venezuela.
Pero un nuevo caso de naufragio y desaparición de personas -presuntamente ocurrido el pasado 17 de marzo de este año-, elevaría la cifra de desaparecidos en altamar. De acuerdo a una denuncia recibida por Provea en días recientes, 18 personas se encontrarían desaparecidas luego que la embarcación en la que se trasladaban clandestinamente a Aruba, zozobró cerca de las costas de ese país. De acuerdo a la información aportada por los denunciantes, una de las cuatro personas que habrían sobrevivido al naufragio relató: “a eso de las 8 de la noche vino una ola inmensa que pudieron pasar y cuando vino otra más grande se apagaron los motores y empezó a entrar agua y a hundirse la embarcación”. Seis personas estarían detenidas en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Carirubana, en Falcón, pero hasta la fecha se desconoce el paradero de 18 de pasajeros. El Comité Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada en Altamar, ha acogido a estos nuevos denunciantes para brindarles apoyo y orientarlos en base a su propia experiencia
V de Venezuela
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, alertó en noviembre pasado que los riesgos para los migrantes de América Latina habían aumentado durante 2019, al punto de convertirlo en el año más mortal para quienes cruzan las rutas migratorias del continente.
Durante la presentación de su informe titulado Proyecto Migrantes Desaparecidos, Joel Millman, portavoz de la OIM advirtió sobre el aumento de muertes y riesgos para los migrantes que cruzan las rutas de El Caribe, atribuyendo el incremento al éxodo venezolano, “este aumento se explica con una sola palabra que empieza por V: Venezuela”, dijo Millman.
El portavoz indicó que hay más de cuatro millones de venezolanos recorriendo las rutas migratorias de América Latina y el Caribe, y ello se traduce en un repunte en el número de víctimas mortales y en los riesgos que atraviesan los migrantes, quienes están expuestos a toda clase de abusos por parte de las economías criminales que controlan los corredores migratorios.
Lamentablemente, la situación empeorará en tanto no se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades en situaciones como la ocurrida con los pasajeros del “Jhonnalys José”, y los Estados de la región no promuevan medidas efectivas que garanticen una migración transparente y regular, que arrebate el control de las rutas migratorias a los grupos criminales, y reconozca plenamente los derechos de quienes escapan del hambre y la violencia impuestas por la dictadura venezolana.
Prensa Provea
