Este martes se realizó la primera sesión en las audiencias de apelación del Estado sobre la autorización al Fiscal de la CPI para investigar Crímenes de lesa humanidad. Fueron desarrollados los tres primeros motivos de apelación sobre supuestos errores de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) I:
- No identificar los casos que se investigan y los actos criminales específicos que el Fiscal CPI pretende investigar
- No exigir al Fiscal CPI que proporcionara traducciones de documentos y al negarse a basarse en documentos en español
- Negarse a basarse en determinados documentos.
En la audiencia participaron la Fiscalía de la CPI, el gobierno de Venezuela y la Oficina de Defensa de las Víctimas (OPCV) de la CPI.
El Estado pretendió mostrar que no hubo diálogo con la Fiscalía de la CPI y no tuvo acceso a información sobre todos los casos que se investigan, a lo Fiscalía y OPCV respondieron que en esta etapa no se requiere una descripción exhaustiva de la investigación y que el Estado envió cerca de 25.000 documentos mostrando que entendía el alcance de la investigación. Que una información detallada podría además poner en peligro a víctimas y testigos. Que en esta etapa no se requiere una simetría completa entre investigación nacional e investigación en CPI.
Los jueces preguntaron si en Venezuela se estaba investigando el carácter sistemático de los posibles crímenes, a lo que el Estado respondió con evasivas, y la OPCV afirmó que las víctimas están convencidas que en país no se investigan ni se investigarán los crímenes.
El Estado trató de mostrar la complementariedad entre las investigaciones en CPI y las realizadas a nivel interno, como un proceso contencioso o conflictual, y la Fiscalía recordó que se trata de compartir cargas para que no haya impunidad por esos crímenes y que haya justicia para las víctimas.
Gran parte de la estrategia del Estado fue dirigida a mostrar que la falta de traducción de los documentos, de español a inglés o francés, había afectado la decisión de los jueces de la SCP para autorizar al Fiscal de la CPI a investigar. Acusó a la Fiscalía de usurpar funciones al decidir qué documentos traducidos transmitió a los jueces. Los abogados del Estado alegaron que pedir documentos traducidos era una carga económica para un Estado víctima de sanciones (aunque no explicaron cómo no había problemas para pagar sus honorarios).
La Fiscalía de la CPI y la OPCV explicaron que no es obligación de la Fiscalía hacer las traducciones, sino del Estado y que en todo caso los jueces de la SCP habían podido tomar una decisión razonable aún sin considerar toda la información en español. Dijeron que traducir todos los documentos enviados en una lengua distinta a francés e inglés haría imposible el trabajo de la CPI. Y que en todo caso fue el Estado el que transmitió 62 casos en 65 anexos traducidos señalándolos como esenciales, y que ni siquiera esos casos abordaron el modelo tras los crímenes, solo procesaban bajos rangos y no abordaban elementos discriminatorios (victimizar un sector de la población).
En la base de la estrategia del Estado sobre la necesidad de traducir todos los 25.000 documentos, estaba mostrar que los jueces no habían considerado la gran mayoría de los documentos del Estado, para descalificar como irrazonable la autorización al Fiscal para investigar. Pero desde hace tiempo esto ha sido parte de la estrategia dilatoria del gobierno tratando de asfixiar con documentos irrelevantes a la Fiscalía para entorpecer su trabajo y ahora lo usa como argumento para descalificar la decisión de los jueces.
La segunda parte de las audiencias continuará este miércoles 8 de octubre.
