Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la persecución contra personas defensoras de derechos humanos en el marco del contexto poselectoral y llama a Venezuela a poner fin inmediatamente a las prácticas de terrorismo de Estado.
Desde la elección presidencial, las personas defensoras de derechos humanos vienen siendo víctimas de patrones represivos de parte del Estado. Ello, para obstruir la labor de defensa, que por ejercerla genera sospecha inmediata del régimen y activa la maquinaria estatal represiva.
Preocupa particularmente a la CIDH que quienes defienden a las personas detenidas en las protestas han sido objeto de intimidaciones y señalamientos por parte de autoridades estatales, así como de detenciones arbitrarias. Tal es el caso de Kennedy Tejeda, quien se encuentra privado de libertad desde el 2 de agosto en el estado Carabobo luego de preguntar por el paradero de personas manifestantes en un comando militar.
Otras personas defensoras de derechos humanos han sido privadas de libertad por su mera labor de defensa. La Comisión destaca el caso del defensor de las personas LGBTI, Yendri Velásquez, quien fue detenido arbitrariamente cuando se disponía a realizar un viaje para participar ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.
En los casos documentados, la privación de la libertad estuvo acompañada de una serie de violaciones a las garantías judiciales, como la incomunicación, la imposición de defensores públicos, la no presentación oportuna ante tribunales, o la presentación ante tribunales en materia de terrorismo. Las personas detenidas estarían siendo acusadas de delitos como terrorismo o asociación para delinquir.
Asimismo, se tiene información sobre la anulación arbitraria de al menos 36 pasaportes de personas defensoras, periodistas y sus familiares, sin que se les comunique oficialmente de este hecho ni el motivo de la medida adoptada por el Estado. La Comisión observa que estas medidas tendrían como finalidad obstruir las actividades de incidencia realizada por personas defensoras fuera de Venezuela. Esto estaría generando temor en las personas defensoras y representantes de la sociedad civil, de salir del país ante la posibilidad de que su pasaporte sea anulado.
La represión, que se profundizó en la crisis poselectoral, se inserta en un contexto de ataques contra personas defensoras que ha sido ampliamente documentado por la CIDH. Según información de la sociedad civil, en el primer semestre del año hubo 592 ataques contra las personas defensoras; 92% más que en el mismo periodo de 2023. En el mes de julio de 2024 hubo 56 ataques contra personas defensoras; de estos ataques, el 20% ocurrió los tres días posteriores a la elección.
En este contexto represivo, la Asamblea Nacional aprobó, el 15 de agosto, la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines». Ley que ha sido motivo de preocupación de la CIDH pues limita arbitrariamente las actividades que pueden ser desarrolladas por organizaciones sin fines de lucro y otorga a las autoridades del régimen la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, según su criterio, en actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
La Comisión reitera a Venezuela la importancia que labor de defensa de derechos humanos representa para la consolidación de las democracias y el Estado de derecho. Por ello hace un llamado a cesar los actos de hostigamiento y detenciones y asegurar que estas personas puedan llevar a cabo sus actividades de defensa, libres de cualquier tipo de amedrentamiento.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.
