El 5 de agosto, la administración Trump anunció nuevas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La extensión reciente de la orden ejecutiva 13692 tiene la intención de limitar aún más el acceso del gobierno de Maduro al comercio internacional. Las sanciones están dirigidas a limitar las relaciones de compañías de terceros a nivel mundial que interactúen con el gobierno.
Como organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos y el rechazo al autoritarismo en Venezuela que ha causado la grave crisis actual de derechos humanos y de refugiados, los grupos firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la capacidad que estas amplias sanciones económicas tienen para exacerbar la emergencia humanitaria de Venezuela y causar más sufrimiento al pueblo venezolano. La profunda crisis económica del país empezó antes de las sanciones y tiene sus orígenes en años de mala gestión y corrupción. Sin embargo, como ha destacado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe en julio, las sanciones financieras y petroleras están “agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria”.
Hoy, millones de venezolanos sufren una falta general de acceso a bienes esenciales, incluyendo alimentos y medicinas básicas. Las exportaciones de petróleo de Venezuela representan la principal fuente de divisas que se utilizan para pagar importaciones y limitar estos ingresos por lo tanto pone en riesgo la importación de alimentos y medicamentos que muchos necesitan.
La Orden Ejecutiva firmada por Trump el lunes afirma que estas últimas sanciones no afectarán las transacciones relacionadas con las importaciones de alimentos, medicamentos o ropa. Sin embargo, excepciones de estilo similar en las previas rondas de sanciones estadounidenses no han impedido restricciones provocadas por prácticas de sobrecumplimiento. Es claro que esta práctica ha tenido el efecto de restringir significativamente el trabajo legal de organizaciones independientes de asistencia humanitaria. Las instituciones financieras, en lugar de correr el riesgo de entrar en conflicto con el Departamento del Tesoro de EE. UU., han optado por congelar cuentas legítimas y negar transacciones legales, incluso aquellas asociadas con colegas que trabajan para aliviar la crisis humanitaria y apoyar una transición democrática. Además, el impacto económico de estas sanciones será la reducción de las importaciones en un contexto en el que millones de venezolanos comunes ya son muy vulnerables.
Este anuncio por el gobierno de Trump se basa en la idea de que imponer sanciones económicas amplias obligará a un cambio de régimen en el corto plazo. Desafortunadamente, como lo demuestran los casos de Irán, Corea del Norte, Cuba y Siria, tales sanciones a menudo fortalecen a líderes autoritarios proporcionándoles un chivo expiatorio al cual culpar por los graves efectos de sus políticas represivas, y además profundizan la dependencia de la población a políticas asistencialistas que constituyen medidas de control social de esos gobiernos.
No se debe ignorar que el anuncio sucedió mientras los representantes del gobierno de Maduro y la oposición se encuentran en Barbados para un proceso de negociación mediado por el gobierno noruego. Todo esfuerzo y medida internacional de presión para avanzar hacia un cambio democrático pacífico en Venezuela debe orientarse a favorecer este proceso de negociación, evitando causar mayores daños a una población que ya ha visto sus derechos humanos severamente afectados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que encuentre formas de abordar la crisis de Venezuela de manera que no agraven el sufrimiento de la población. Si no hay forma de evitar el costo humano de estas medidas y por el contrario proporcionar ayuda humanitaria con la urgencia y en la dimensión requerida, entonces deberían ser levantadas. El gobierno de los Estados Unidos necesita apoyar los esfuerzos para lograr una solución política al conflicto en vez de obstaculizarlos.
Acción Solidaria – Venezuela
Caleidoscopio Humano – Venezuela
Civilis Derechos Humanos – Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela
Comisión de DDHH del Zulia (Codhez) – Venezuela
Comunidad en Movimiento A.C – Venezuela
Instituto Mead de Venezuela A.C, Conciencia Ciudadana A.C – Venezuela
Laboratorio de Paz – Venezuela
Proyecta Ciudadanía A.C – Venezuela
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) – Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C – Venezuela
Conectas Direitos Humanos – Brasil
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) – Perú
Dejusticia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Colombia
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) – EE.UU.
Missão Paz – Brasil
