“Todo este aprendizaje, desde que nacimos en 2013, nos ha servido para seguir reclamando justicia y exigirle al Estado que responda por la muerte de mi hijo y por la muerte de todos los hijos asesinados arbitrariamente”.
Pausada y satisfecha, Aracelis Sánchez, una madre fundadora de la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos (ORFAVIDEH), celebra, con la timidez y el aplomo que proyecta, el recorrido de este colectivo de víctimas que nació en 2013 -tras el asesinato de su hijo Darwin a manos de agentes de seguridad del Estado-, con el objetivo de acompañar y visibilizar los abusos cometidos por policías y militares en comunidades pobres, cuya actuación, en los últimos años, ha elevado dramáticamente las ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos ilegales y los casos de torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes.
El pasado fin de semana ORFAVIDEH -bajo el auspicio de Provea- realizó en Caracas su cuarto encuentro anual que contó con la asistencia de 45 personas provenientes de los estados Trujillo, Guárico, Bolívar, Miranda, Carabobo, Lara, La Guaira, Monagas y Distrito Capital.
Después de 11 años y tras haber atendido a más de 300 familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, el trayecto de las personas que conforman esta agrupación, los ha convertido en defensores de Derechos Humanos, cuya solidez y legitimidad moral tienen cimientos irrefutables: son víctimas directas de los abusos y se han empeñado en obtener justicia individual, pero también en formarse para apoyar a otros y exigir garantías de no repetición.
“Ante tanta impunidad y tanto temor por denunciar, nos satisface poder brindar herramientas para que las familias se atrevan y podamos luchar para que se acabe la impunidad y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”, dice orgullosa Aracelis Sánchez, quien en 2018 fue reconocida con la Mención Especial de la 9° Edición del Premio de Derechos Humanos otorgado por la Embajada de Canadá en Venezuela.
“Esto nos motiva. Queremos que las personas no pasen por las mismas situaciones que pasé yo o que pasaron otros al principio. Tenemos que darle las herramientas a ese familiar también para que pueda exigir la justicia y que sepa qué son los derechos humanos”.
Temple y perseverancia
Esos principios que llevaron a Aracelis Sánchez y a otras madres de jóvenes asesinados a fundar ORFAVIDEH, motivaron a José Luis Briceño a denunciar a los policías de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana, que asesinaron a su hijo en agosto de 2020.
Luis Miguel Briceño de 28 años de edad fue asesinado, junto a otras cinco personas, el 2 de agosto de 2020 en el sector El Campito del estado La Guaira. La versión de los agentes de la DIP indicó que los fallecidos se habían enfrentado a los policías mientras estos realizaban un procedimiento para liberar a un ciclista secuestrado.
Pero a escasos días de lo ocurrido, los familiares desmintieron la versión oficial.
“Dicen que fue un enfrentamiento cuando fue un ajusticiamiento, tenemos videos cuando montan a los muchachos vivos en una patrulla y se los llevan a un destino incierto, apareciendo luego con varias heridas de bala y los carros donde andaban, prácticamente destrozados”, declaró José Luis Briceño al Diario La Verdad de Vargas, el 3 de agosto de 2020.
Desde entonces, el Sr. Briceño, junto al colectivo de activistas del que ahora es parte, no ha dejado de denunciar y presionar a las autoridades para que se esclarezca lo ocurrido y se sancione a los culpables por la muerte de su hijo.
Afirma que todo esa experiencia le ha dado fuerzas a él y a su familia para exigir justicia. “Hemos encontrado, en medio de estas circunstancias, de este dolor, más fuerza. Todo esto nos ha hecho más fuertes como familia. Por lo menos mi carácter tiene más temple, hay hacer las cosas con firmeza y perseverancia, porque todo esto me ha hecho ser más perseverante”.
En su caso esa perseverancia ha rendido frutos.
El viernes 18 de julio está prevista la segunda audiencia de juicio contra los funcionarios acusados por la muerte de su hijo Luis Miguel Briceño, y José Luis aspira que sean condenados.
“Dios mediante esta semana nos toca la segunda audiencia y ya están imputados con los cuatro delitos que se le imputó desde un principio: homicidio calificado con alevosía, uso de arma orgánica y simulación de hecho punible”, dice entre la fe religiosa de quien se reconoce “creyente de la palabra de Dios” y la convicción de que en el país “no hay igualdad de justicia entre los civiles y los funcionarios policiales que cometen estos abusos”.
Violencia y discriminación estructural
En contextos de debilitamiento de la institucionalidad democrática, ascenso de gobernanzas autoritarias y empobrecimiento generalizado de la población, se exacerban los abusos y la violencia estatal tiende a imponerse como un claro mecanismo para el control social.
Dicha situación, que propicia un escenario generalizado de negación de la ciudadanía, es atizada por la ausencia de respuestas estatales basadas en una dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha establecido que «[…] el derecho a la vida presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa) y que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de todos quienes se encuentren bajo su jurisdicción. Ello incluye adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna«.
Contrario a esto, el permanente aliento que las autoridades venezolanas brindan a la comisión de abusos por parte de agentes de la fuerza pública, y la ausencia de mecanismos efectivos para acceder a la justicia, han generado las condiciones para el aumento exponencial de la violencia institucional, la consolidación de la impunidad y la perpetuación de las condiciones de exclusión y discriminación, sobre todo de las personas que viven en situación de pobreza .
De acuerdo a los registros de Provea, entre enero de 2013 y diciembre de 2023, al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad, en medio de operativos de seguridad ciudadana realizados en zonas populares del país. La mayoría de estos casos continúan sin ser investigados ni sancionados. Según reconoció la ex-Fiscal General Luisa Ortega Díaz en 2016, hasta el 98% de los casos de violaciones de Derechos Humanos ocurridas en el país suelen quedar impunes,
La desigualdad que acusa el Sr. José Luis Briceño desde el relato de su experiencia personal, es el reflejo de los constantes obstáculos para acceder a la justicia, pero también obedece a la permanente exposición a los abusos a la que están sometidas las personas en situación de pobreza o que habitan comunidades pobres. Según ha descrito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «La situación de pobreza trae consigo una exposición acentuada a violaciones de derechos humanos; vulnerabilidad incrementada por las restricciones derivadas de la situación socioeconómica de las personas».
La violencia estatal tiene un impacto severo en la garantía y disfrute de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las personas afectadas.
El daño al proyecto de vida de los fallecidos y sus deudos, la afectación a la integridad física y psíquica del núcleo familiar y el cambio en las dinámicas de vida de las personas impactadas por estos hechos, añaden más dificultades para la realización plena de otros derechos como el trabajo, la salud, la alimentación, la educación entre otros.
Esta situación se hace más evidente en un contexto de crisis económica como la que atraviesa Venezuela en la que, además de sortear las dificultades de la vida diaria, las personas deben enfrentarse a un sistema de justicia excluyente y privatizado por la vía de los hechos.
«Esta situación me cambió la vida. Enterrando a mi hijo decidí dedicarme por completo a exigir justicia. Actualmente doy tareas dirigidas para tener algún ingreso, pero cuando me llaman de la Fiscalía tengo que estar subiendo a Caracas y eso significa que no puedo trabajar y tengo que gastar en el pasaje«, cuenta Jennifer Rotundo, una antigua docente que debió abandonar su empleo para dedicarse al caso de su hijo Luis Ángelo Martínez Rotundo, quien fue asesinado por funcionarios del CICPC el 4 de julio del 2017 en la ciudad de Charallave, estado Miranda.
Hasta la fecha, no hay ningún funcionario imputado por los hechos.
Pero a pesar de los tropiezos, los aprendizajes y la solidaridad colectiva alivianan el camino para Jennifer Rotundo: «Todo esto se siente horrible al principio. pero nunca pensé que debido a esta experiencia del asesinato de mi hijo, iba a terminar ayudando a mucha gente en su proceso por la búsqueda de justicia. Ahora se siente bonito ayudar a los demás, darle herramientas para que no sufran todo ese proceso que uno pasó y que es cuesta arriba. Es una experiencia satisfactorio».
Prensa Provea
