Los Estados y la comunidad internacional deben frenar y revertir urgentemente la peligrosa tendencia global de adopción de leyes restrictivas sobre las asociaciones, incluidas aquellas similares a las de agentes extranjeros / influencia extranjera, con el fin de proteger la democracia, han instado personas expertas en derechos humanos de la ONU y regionales en una Declaración Conjunta.
En vísperas del Día Mundial de la Democracia, la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación emitió una Declaración Conjunta con expertos de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN (CIDHEA) y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, advirtiendo del nocivo fenómeno global del creciente uso de leyes sobre agentes de influencia extranjera, entre otras leyes, políticas y prácticas, acompañadas de una dañina retórica antiderechos, que restringen el derecho a la libertad de asociación y las libertades democráticas.
Estas leyes amenazan la existencia de una sociedad civil independiente, que es clave para garantizar la inclusión, el pluralismo y la participación pública de todas las personas en la sociedad. El uso de estas leyes en todas las regiones como armas para reprimir el espacio cívico, con el pretexto de aumentar la transparencia y proteger la seguridad y la soberanía del Estado, ha contribuido al retroceso democrático mundial y al aumento del autoritarismo, advirtieron las y los expertos. Esto está socavando aún más la participación pública plena e inclusiva, especialmente cuando el mundo ha estado atravesando un año electoral sin precedentes.
Entre otras cuestiones, las y los expertos regionales y de la ONU expresaron su preocupación por el hecho de que las iniciativas legislativas denominadas de “agentes extranjeros” o de “influencia extranjera”, y las leyes con efectos similares, introducen obligaciones, restricciones o prohibiciones innecesarias, desproporcionadas y discriminatorias para las asociaciones, tales como: obligaciones de registro separadas, adopción de la etiqueta estigmatizante de “agente extranjero” vinculada al origen extranjero de su financiación u otros beneficios; requisitos de información excesivamente onerosos, intrusivos y costosos; y prohibición de participación pública en los procesos de toma de decisiones.
Como tales, estas leyes incumplen las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho de las asociaciones a acceder libremente a los recursos, y están exacerbando las narrativas hostiles y la estigmatización de la sociedad civil en su conjunto, además de tener un efecto amedrentador sobre el activismo público.
Para garantizar un entorno que permita a las personas organizarse y formar asociaciones de forma libre y segura, así como actuar colectivamente para fortalecer y proteger la democracia, las personas expertas pidieron conjuntamente a los Estados que deroguen las legislaciones existentes y se abstengan de adoptar este tipo de leyes.
Aumentar la “transparencia” y la seguridad es primordial, sin embargo, estas leyes amplias y estigmatizantes, claramente dirigidas a la sociedad civil, de hecho reducen la capacidad de la sociedad civil para desempeñar su papel vital de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia inclusiva y las instituciones democráticas.
Prensa CIDH
